RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-05712-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05712-01

Fecha
1 de octubre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05712-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 13 de agosto de 2026 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05712-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

1 de octubre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., primero (1.°) de octubre dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05712-01
Accionante: Lina María Roldan Ramírez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho

Decisión: Confirmar la decisión de declarar improcedente la acción de tutela
por incumplimiento del requisito de inmediatez

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte actora contra la providencia del 13 de agosto
de 2026 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante la cual
declaró improcedente la acción de tutela por falta del requisito de inmediatez.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. La señora Lina María en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuso demanda contra el municipio de Santa
Rosas de Osos, con el propósito de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos por medio de los cuales se declaró la vacancia del empleo de
técnico administrativo, código 367, grado 02 con fundamento en la causal de
abandono del cargo.

3. El proceso correspondió al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín que, mediante sentencia del 23 de mayo de 2023 resolvió
acceder parcialmente a las pretensiones, en consecuencia, declaró la nulidad de
los actos administrativos y ordenó el pago de los salarios y demás emolumentos
causados y dejados de percibir entre el 2 de junio de 2016 y el 1° de junio de 2017.

4. En sede apelación, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Decisión por medio de la sentencia del 24 de septiembre de 2025 resolvió revocar
el numeral 2.° de la sentencia y, en su lugar, negó el restablecimiento del derecho
pretendido, al considerar que, antes de que se expidieran las resoluciones por
medio de las cuales se declaró el abandono del cargo, ya existía una decisión
administrativa independiente, contenida en el oficio 1100-2278 del 13 de mayo de

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05712-01
Accionante: Lina María Roldan Ramírez

2016, mediante el cual se informó a la actora que su nombramiento provisional
finalizaría el 3 de junio de 2016, teniendo en cuenta que el cargo ocupado ya no
existía, debido a modificaciones en la planta de personal. Decisión que fue
notificada a las partes el mismo día en que se profirió.

2.2. Fundamento jurídico

5. La parte actora alegó que la decisión cuestionada adolece de un defecto
sustantivo por inaplicación de lo preceptuado en los artículos 41, literal i), de la
Ley 909 de 2004, 2.2.11.1.9 y 2.2.11.1.10 del Decreto 1083 de 2015, 95 de la Ley
1437 de 2011 y 29 de la Constitución Política, al igual que el desconocimiento de
la sentencia C-1189 de 2005 de la Corte Constitucional.

6. Al respecto, señaló que, la autoridad judicial accionada negó restablecimiento del
derecho con fundamento en los presuntos efectos jurídicos del oficio 1100-2278 del
13 de mayo de 2016, el cual no objeto de la demanda, luego, no podía considerarse
en el proceso, máxime cuando no fue aplicado por la administración, además de
ser incompatible con la causal de retiro del servicio por abandono del cargo.

7. De otra parte, sostuvo que la decisión adolece de un defecto fáctico por indebida
valoración del material probatorio, particularmente, hizo referencia al oficio 1110-
2696 del 14 de junio de 2016 que, permitía inferir la prestación efectiva del servicio
por el 1° y 2 de junio de 2016, la Resolución 0908 de 13 de julio 2016, que se
justificó en una inasistencia laboral que para esa fecha se afirmó estar vigente y la
declaración de parte, en las que se advirtieron las razones médicas y de seguridad
que motivaron la ausencia del puesto de trabajo.

8. Así como también, manifestó que el Tribunal desconoció precedente del
Consejo de Estado contenido en la sentencia de unificación del 9 de agosto de 2025
en la que se fijó como criterio que la nulidad del acto de retiro del servicio conlleva,
como consecuencia el restablecimiento del derecho, esto es, el reintegro, el pago
de salarios y prestaciones dejados de percibir, y la consideración del tiempo de
desvinculación como de servicio activo sin solución de continuidad e indemnización
compensatoria.

9. Finalmente, indico que, la autoridad judicial accionada incurrió en una violación
directa de la Constitución, toda vez que la sentencia censurada desconoció el
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades contemplado en el
artículo 53 de la C.P.

2.3. Pretensiones

10. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«PRIMERA: Que se TUTELEN los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al trabajo y al mínimo vital de la
señora Lina María Roldán Ramírez.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, se DEJE SIN EFECTOS el
numeral PRIMERO de la parte resolutiva de la Sentencia N.° 136 del 24 de
septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Decisión, dentro del proceso radicado 05001333303520170009802, en
cuanto revocó el numeral segundo de la sentencia de primera instancia y negó el

www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05712-01
Accionante: Lina María Roldan Ramírez

restablecimiento del derecho.

TERCERA: Que se ORDENE al Tribunal Administrativo de Antioquia que, dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, o dentro
del término que el Despacho estime razonable, profiera una nueva decisión de
reemplazo en la que, aplicando de manera coherente la sentencia de unificación de
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 9 de agosto de 2022 (Rad.
11001032500020170015100) y valorando integralmente el acervo probatorio en
particular, la contradicción advertida entre la causal de abandono del cargo invocada
por la propia entidad demandada y los pretendidos efectos del Oficio No. 1100-2278
del 13 de mayo de 2016, se pronuncie de fondo sobre el recurso de apelación.

CUARTA: (subsidiaria): En el evento de que el Honorable Consejo de Estado
considere que no procede ordenar el proferimiento de una nueva sentencia por el
Tribunal accionado, se solicita que, en su condición de juez constitucional,
CONFIRME directamente el numeral segundo de la Sentencia N.° 174 del 23 de
mayo de 2023 del Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín, y ORDENE al
Municipio de Santa Rosa de Osos, el pago a favor de la señora Lina María Roldán
Ramírez, de los salarios, emolumentos y prestaciones sociales causados entre el 2
de junio de 2016 y el 1 de junio de 2017, debidamente indexados conforme a la
variación del índice de precios al consumidor.

QUINTA: Que se prevenga al Tribunal Administrativo de Antioquia, para que, en lo
sucesivo, aplique de manera coherente y sin excepciones no previstas la
jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, en materia de efectos de la
nulidad de los actos de retiro del servicio.
(…)»

2.4. Intervenciones

11. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado mediante auto del 23 de julio de 2026, en el que ordenó notificar
al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión como accionado
y al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y al
municipio de Santa Rosa de Osos como terceros interesados en el resultado en el
proceso.

12. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión remitió
link del proceso, pero no rindió informe al respecto.

13. El Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
después de hacer un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso,
manifestó que se abstenía de pronunciarse respecto de los argumentos de la
demanda. No obstante, advirtió que actuó conforme al ordenamiento jurídico y la
jurisprudencia aplicable al asunto en cuestión.

14. No se rindieron más informes.

2.5. Sentencia impugnada

15. La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia del 13 de agosto
de 2026, resolvió declarar improcedente la acción de tutela por falta del requisito
de inmediatez.

16. Alrespecto, indicó que la sentencia cuestionada fue proferida el 24 de
septiembre de 2025, se notificó por mensaje de datos el 25 de septiembre de 2025;
cobró ejecutoria el 2 de octubre del mismo año. Sin embargo, la acción de tutela se

www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05712-01
Accionante: Lina María Roldan Ramírez

radicó el 22 de julio de 2026, es decir, que se promovió cuando ya se había vencido
el plazo de los seis meses establecido jurisprudencialmente.

2.6. Impugnación

17. La parte actora manifestó que el requisito de inmediatez debía examinarse bajo
los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en atención a las circunstancias
particulares del caso y no en sentido estricto, tal como lo hizo el juez constitucional
de primera instancia.

18. De conformidad con lo anterior, solicitó que
se revoque la decisión y, en
consecuencia, se amparen los derechos fundamentales invocados en protección.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

19. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 2019 1 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

20. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión al
proferir la sentencia del 24 de septiembre de 2025, vulneró los derechos
fundamentales al trabajo, al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
igualdad, y mínimo vital, al incurrir en los defectos sustantivo, fáctico, violación
directa de la Constitución y desconocimiento de precedente.

21. Ahora bien, previamente, deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de inmediatez comoquiera que en la decisión de primer grado se declaró
la improcedencia del mecanismo constitucional con fundamento en dicha causal.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

22. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

1 Reglamento interno del Consejo de Estado.

www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05712-01
Accionante: Lina María Roldan Ramírez

23. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

24. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

3.4. Del requisito de inmediatez

25. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, se debe acreditar que la
tutela contra providencia judicial se ha interpuesto en un plazo razonable, respecto
de lo cual ha señalado:

«[…] de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de
resolución de conflictos».

Además, como lo señaló la misma Corporación2, el requisito de la inmediatez protege
los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela ejercida en un
plazo irrazonable3»; «da vigencia al principio de seguridad jurídica, al impedir que el
amparo se convierta en un factor que atente contra ella»4; y previene el abuso del
derecho, al «evitar el uso de este mecanismo constitucional como herramienta
supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos»5.

26. Se trata entonces de una condición que permite concretar la urgencia del
amparo constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un plazo
razonable, pues la tutela es un medio excepcional de protección pronta y eficaz de
derechos, por lo que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial.

27. En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de
agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados a

2 Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2013.
3 Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1084 de 2006,

T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.
4 Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-

1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009, T-691 de 2009 y T-883 de 2009, entre otras.
5 Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-692 de 2006, T-

1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras.

www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05712-01
Accionante: Lina María Roldan Ramírez

partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente» 6.

3.5. Caso concreto

28. De conformidad con los antecedentes descritos, la Sala procede a determinar si
se cumplen la totalidad de los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para discutir la providencia del 24 de
septiembre de 2025, particularmente, el requisito de inmediatez.

29. De las piezas procesales que reposan en el expediente digital se observa lo
siguiente:

30. El proceso correspondió al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín que, mediante sentencia del 23 de mayo de 2023 resolvió
acceder parcialmente a las pretensiones, en consecuencia, declaró la nulidad de
los actos administrativos y ordenó el pago de los salarios y demás emolumentos
causados y dejados de percibir entre el 2 de junio de 2016 y el 1° de junio de 2017.

31. En sede apelación, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Decisión por medio de la sentencia del 24 de septiembre de 2025 resolvió revocar
el numeral 2.° de la sentencia y, en su lugar, negó el restablecimiento del derecho
pretendido, decisión que fue notificada a las partes por correo electrónico en la
misma fecha en que se profirió, razón por la que cobró ejecutoria el 1.° de octubre
de ese año, conforme con lo preceptuado en el artículo 302 del CGP, disposición
normativa que prevé:

«ARTÍCULO 302. EJECUTORIA. Las providencias proferidas en audiencia
adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan
recursos.

No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia,
solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.

Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días
después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin
haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda
ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.»

32. En ese sentido, la Sala entiende que la decisión cuestionada en esta sede cobró
ejecutoria el 1.° de octubre de 2025, comoquiera que no se presentó solicitud de
adición o aclaración. Sin embargo, la acción de tutela se presentó el 22 de julio de
2026, es decir, 9 meses y 21 días después de que adquirió ejecutoria la decisión
cuestionada.

33. Así las cosas, la Sala considera que en el presente asunto no se acredita el
requisito de inmediatez porque la señora Lina María Roldan Ramírez promovió la
acción de tutela cuando había transcurrido 9 meses y 21 días desde la ejecutoria
de la providencia que se pretende dejar sin efectos, esto es, la sentencia del 24 de
septiembre de 2025.

34. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la carga de la
argumentación en cabeza del demandante aumenta de manera proporcional a la

www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05712-01
Accionante: Lina María Roldan Ramírez

distancia temporal que existe entre la presentación de la acción de tutela y el
momento en que se consideró vulnerado un derecho, pues, en ausencia de
justificación, el paso del tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales
y consolida los efectos de la sentencia6.

35. Sin embargo, la parte accionante no expuso ningún argumento que justifique la
tardanza en la interposición del amparo, por lo que es importante reiterar que el
juez constitucional parte de la presunción que si se está ante una vulneración de
derechos fundamentales que requiere medidas urgentes, inaplazables e
inmediatas, el titular del derecho afectado debe procurar su protección lo antes
posible; contrario sensu, la demora excesiva e injustificada para controvertir una
decisión judicial pone en tela de juicio la urgente necesidad de la protección
constitucional que se puede obtener vía acción de tutela y, antes bien, revela una
afectación al principio de seguridad jurídica en caso de existir un derecho
reconocido a una contraparte procesal.

36. En ese orden de ideas, la Sala procederá a confirmar la decisión de declarar
improcedente la acción de tutela porque no cumple el requisito de inmediatez, lo
que la releva de analizar los demás presupuestos de procedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 13 de agosto de 2026 proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta sentencia

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

6 Corte Constitucional, sentencia T-581 de 2012. Asimismo, pueden verse las sentencias T-491 de 2009 y T-

189 de 2009.

www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.