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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05717-00

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05717-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por activa, conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05717-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 05717 00
Accionante: Norberto Ardila Ardila en calidad de agente oficioso del
señor Arturo Flórez Flórez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por activa

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Norberto Ardila Ardila en calidad
de agente oficioso del señor Arturo Flórez Flórez, en contra de la providencia proferida el
23 de junio de 2026 por el Tribunal Administrativo de Santander, en el proceso de
ejecutivo identificado con el radicado núm. 68001 33 33 012 2016 00134 00/01/02.

1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Norberto Ardila Ardila, actuando en calidad de agente oficioso del señor Arturo
Flórez Flórez, promovió acción de tutela en contra de la precitada providencia, y para ello,
formuló las siguientes pretensiones1:

12.1. AMPARAR los derechos fundamentales del señor ARTURO FLORÉZ
FLÓREZ a OBTENER UNA PENSIÓN JUSTA, DIGNA, AL DEBIDO PROCESO,
AL ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL DE LA
IGUALDAD, AL DEL MÍNIMO VITAL, A DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA, AL DE LA
SEGURIDAD JURÍDICA, AL CUMPLIMIENTO REAL DE LAS DECISIONES
JUDICIALES, Y ESPECIALMENTE AL DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS.

12.2. ORDENAR DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido por el Despacho 002
del Tribunal Administrativo de Santander del 23 de junio de 2026, por medio del
cual modificó las decisiones que habían actualizado la liquidación del crédito y
concluyó que la UGPP no tiene obligación pendiente a favor del accionante y
ordena dar por terminado el proceso por pago total de la obligación.

11.3. Como consecuencia del amparo, ORDENAR a la accionada REHACER LA
LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO y reliquidar la mesada pensional, dando estricto
cumplimiento a las sentencias objeto de recaudo y teniendo en cuenta los
siguientes parámetros:

12.3.1. Fijar como valor inicial de la mesada pensional, con efectos a partir del 1.º
de enero de 2000, la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 05717 00.

1

Radicado: 11001 03 15 000 2026 05717 00
Accionante: Norberto Ardila Ardila en calidad de agente oficioso
del señor Arturo Flórez Flórez
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($672.482,79).

12.3.2. Incrementar dicha mesada, año por año, con los porcentajes de reajuste
pensional correspondientes a la variación anual del Índice de Precios al
Consumidor (IPC) decretados por el Gobierno Nacional, esto es: para el año 2000
el 9,23 %, para el año 2001 el 8,75 %, para el año 2002 el 7,65 %, y así
sucesivamente hasta el año 2026, cuyo incremento corresponde al 5,10 %.

12.3.3. Tener en cuenta, para la determinación del ingreso base de la liquidación,
la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de
servicios, comprendido entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 1999, así:

Sueldo………………………………..$ 4.084.795,00
Sueldo de vacaciones………………$ 684.733,03
Sobresueldo…………………………. $ 2.475.693,00
Subsidio de alimentación……………$ 235.961,00
Auxilio de transporte…………………$ 264.132,00
Bonificación por servicios……………$ 185.672,50
Prima de servicios……………………$ 493.007,78
Prima de vacaciones…………………$ 684.733,00
Prima de Navidad…………………….$ 741.794,00
Total factores salariales……………..$ 9.850.521,31

12.3.4. Ordenar la inclusión inmediata en nómina en el valor reliquidado de la
mesada pensional, la cual para el año 2026 asciende a la suma de DOS
MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON UN
CENTAVO ($2.605.205,01).

12.3.5. Ordenar que se tenga en cuenta en la reliquidación, los intereses
moratorios sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo previsto en el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993, el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y la
imputación legal de pagos prevista en el artículo 1653 del Código Civil, aplicando
estas disposiciones conforme a la interpretación fijada por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y de los Altos Tribunales. [Negrillas y mayúsculas del escrito
de tutela].

2. SITUACIÓN FÁCTICA
La parte accionante informó que el señor Arturo Flórez Flórez promovió demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la entonces Caja Nacional de Previsión
Social – Cajanal, hoy UGPP, con el propósito de obtener la reliquidación de su pensión.

El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Bucaramanga, autoridad judicial que accedió a las pretensiones mediante sentencia
del 19 de diciembre de 2008, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo
de Santander mediante sentencia del 4 de mayo de 2012.

Según lo señalado en el escrito de tutela, las referidas sentencias ordenaron reliquidar la
pensión del señor Flórez teniendo en cuenta el 75% de todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicios, comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 1999, incluyendo sueldo, sueldo de vacaciones, sobresueldo, subsidio
de alimentación, auxilio de transporte, bonificación por servicios, prima de servicios,
prima de vacaciones y prima de Navidad.

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Accionante: Norberto Ardila Ardila en calidad de agente oficioso
del señor Arturo Flórez Flórez
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander

El actor sostuvo que existían inconsistencias en la determinación de algunos de los
factores salariales utilizados para la liquidación pensional. En particular, indicó que el
INPEC certificó una prima de vacaciones por valor de $1.369.466, mientras que en las
decisiones judiciales y liquidaciones posteriores se tomó un valor de $684.733,
circunstancia que, a su juicio, incidió negativamente en el cálculo de la primera mesada
pensional. Asimismo, afirmó que la mesada correspondiente al año 2000 no fue
incrementada con el 9,23 % del IPC decretado para esa anualidad.

Manifestó que la UGPP, mediante la Resolución RDP 003499 del 28 de enero de 2013,
fijó el valor de la primera mesada pensional en $557.456, mientras que la contadora del
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bucaramanga, mediante oficio CL-0246
del 13 de noviembre de 2019, la estableció en $572.862. A juicio del accionante, ambos
valores eran inferiores al que realmente correspondía de acuerdo con las sentencias de
nulidad y restablecimiento del derecho y con la documentación obrante en el expediente.

Continuó relatando que promovió un proceso ejecutivo en contra de la UGPP para
obtener el cumplimiento de las sentencias y que el Tribunal Administrativo de Santander,
mediante auto del 23 de junio de 2026, resolvió la apelación interpuesta contra las
actualizaciones del crédito efectuadas mediante autos del 4 de diciembre de 2023 y del
16 de enero de 2025, acogió la liquidación elaborada el 14 de octubre de 2025 por el
contador adscrito a la Corporación y concluyó que no existía obligación pendiente a cargo
de la UGPP. En consecuencia, dispuso la terminación del proceso ejecutivo por pago
total de la obligación.

El accionante consideró que dicha providencia desconoció las pruebas documentales
aportadas, las sentencias objeto de ejecución y los argumentos planteados por la parte
ejecutante, pues otorgó prevalencia a la liquidación efectuada por el contador del Tribunal
sin confrontarla con los documentos que acreditaban los valores efectivamente percibidos
durante el último año de servicios. Por ello, estimó que la decisión produjo una reducción
injustificada de su mesada pensional y frustró la obtención plena de los derechos
reconocidos judicialmente.

Como fundamentos de la acción, el accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo de
Santander incurrió en errores fácticos y jurídicos al resolver la apelación dentro del
proceso ejecutivo.

Al respecto, en primer lugar, afirmó que la providencia cuestionada omitió incluir en la
liquidación el valor correspondiente al sueldo de vacaciones por $684.733,03, certificado
por el INPEC, y tampoco aplicó el incremento del 9,23 % del IPC a la mesada liquidada
al 31 de diciembre de 1999, circunstancias que habrían generado una disminución
progresiva del valor de la pensión a lo largo de los años.

En segundo lugar, alegó que los pagos efectuados por la UGPP no fueron imputados
inicialmente a los intereses y posteriormente al capital, como, en su criterio, lo disponen
el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 1653 del Código Civil. Afirmó que la
autoridad judicial y la entidad ejecutada desconocieron el régimen aplicable a las
obligaciones derivadas del incumplimiento de sentencias pensionales, sustituyendo el
cálculo de intereses moratorios por simples actualizaciones monetarias.

En tercer lugar, anotó que no fueron liquidados adecuadamente los intereses moratorios
causados sobre las diferencias pensionales insolutas posteriores a la ejecutoria de las
sentencias que ordenaron la reliquidación de la prestación. A su juicio, los intereses
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 05717 00
Accionante: Norberto Ardila Ardila en calidad de agente oficioso
del señor Arturo Flórez Flórez
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander

debían calcularse sobre cada saldo pendiente hasta la fecha efectiva de pago, conforme
a las disposiciones legales que regulan la mora en materia pensional.

Para sustentar jurídicamente sus pretensiones, invocó los artículos 13, 29, 48, 53, 86 y
209 de la Constitución Política; el Decreto 2591 de 1991; diversas disposiciones de la
Ley 100 de 1993, especialmente su artículo 141; el artículo 1653 del Código Civil; y los
artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Asimismo, citó jurisprudencia del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y de la
Corte Suprema de Justicia relacionada con la mora en el pago de obligaciones
pensionales, los intereses moratorios y la imputación de pagos en materia pensional.
Particularmente, hizo referencia a la sentencia del Consejo de Estado del 30 de mayo de
2024, a las sentencias C-601 de 2000, SU-065 de 2018 y SU-063 de 2023 de la Corte
Constitucional, así como a la sentencia SL2291-2018 de la Corte Suprema de Justicia.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 17 de julio de 20262 y correspondió por reparto a la Sala de
Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, autoridad que, mediante
auto del 21 de julio de 20263 dispuso remitir el expediente a esta Corporación por
competencia.

3.2. Recibidas las diligencias, este despacho, mediante auto del 24 de julio de 20264
requirió al señor Arturo Flórez Flórez para que aportara el poder especial conferido al
profesional del derecho Norberto Ardila Ardila para promover la presente acción de tutela
y, a su vez, corrigiera el escrito de tutela, precisando de manera clara, concreta y
específica las pretensiones cuyo amparo solicitaba.

3.3. Mediante escrito radicado el 31 de julio de 20265, el señor Norberto Ardila Ardila
manifestó que su intervención en la presente acción de tutela es como agente oficioso
del señor Arturo Flórez Flórez.

3.4. Por auto del 12 de agosto de 20266 el despacho ponente de esta decisión admitió la
tutela y ordenó notificar7 al Tribunal Administrativo de Santander, como parte accionada;
así como vincular8 al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05717 00.
3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

11001 03 15 000 2026 05717 00.
4 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

11001 03 15 000 2026 05717 00.
5 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

11001 03 15 000 2026 05717 00.
6 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05717 00.
7 Esta orden se cumplió el 14 de agosto de 2026. Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 05717 00.
8 Ibidem.

4

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 05717 00
Accionante: Norberto Ardila Ardila en calidad de agente oficioso
del señor Arturo Flórez Flórez
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, como terceros con interés
en el resultado del proceso.

De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo de Santander y al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga para que allegaran copia digital del
expediente correspondiente al proceso identificado con el radicado núm. 68001 33 33
012 2016 00134 00/01/02.

3.5. La UGPP allegó escrito9 en el que solicitó que la acción de tutela sea declarada
improcedente respecto de esa entidad, al considerar que no ha vulnerado derecho
fundamental alguno del señor Arturo Flórez Flórez.

Indicó que las pretensiones de la demanda estaban dirigidas exclusivamente contra el
Tribunal Administrativo de Santander y contra la decisión adoptada el 23 de junio de 2026
dentro del proceso ejecutivo radicado 68001-33-33-012-2016-00134-02, razón por la cual
la UGPP carecía de legitimación en la causa por pasiva para pronunciarse sobre las
inconformidades planteadas por el actor.

Sostuvo que la acción de tutela pretendía utilizarse como una instancia adicional para
cuestionar la providencia judicial proferida por el tribunal accionado, pues el accionante
buscaba que se revocara una decisión adoptada luego de valorar la liquidación elaborada
por el contador adscrito a esa corporación, quien concluyó que no existía obligación
pendiente a cargo de la UGPP.

Por último, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva de la UGPP, y solicitó su
desvinculación del presente trámite tutelar.

3.6. Las demás partes e intervinientes guardaron silencio.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 10 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,11 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202112, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201913, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.

9
Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 05717 00.
10 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
11 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
12 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 05717 00
Accionante: Norberto Ardila Ardila en calidad de agente oficioso
del señor Arturo Flórez Flórez
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente14:

4.2.1. El señor Arturo Flórez Flórez, actuando por conducto de apoderado judicial,
promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra Cajanal, hoy
UGPP, con el fin de obtener la nulidad parcial de la Resolución con radicado núm. 17805
del 13 de mayo de 1998, mediante la cual se le reconoció una pensión vitalicia de vejez
por valor de $203.606,24, efectiva a partir del 1.º de septiembre de 1995; de la Resolución
núm. 024079 del 10 de septiembre de 1999, que mantuvo dicho reconocimiento; y de la
Resolución núm. 02680 del 31 de marzo de 2004, por la cual se declaró configurado el
silencio administrativo negativo y se confirmó el acto ficto presunto.

Como restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión
ordinaria de jubilación a partir del 1.º de enero de 2000, liquidada sobre el 85 % de los
factores salariales legales, así como su reliquidación, junto con el pago de las diferencias
adeudadas, incrementos y reajustes previstos en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

4.2.2. La demanda correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Bucaramanga, que mediante sentencia del 19 de diciembre de 2008 accedió a las
pretensiones de la demanda.

4.2.3. Contra dicha decisión ambas partes interpusieron recurso de apelación. Mediante
sentencia del 4 de mayo de 2012, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la
providencia de primera instancia.

4.2.4. El 30 de agosto de 2013, la UGPP consignó la suma de $ 41.369.176,19 por
concepto de «pago parcial» de la obligación.

4.2.5. Con fundamento en las anteriores decisiones judiciales, el señor Arturo Flórez
Flórez promovió proceso ejecutivo. En consecuencia, el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Bucaramanga, mediante auto del 16 de junio de 2016, libró mandamiento
de pago por la suma de $96.928.803, más los intereses moratorios correspondientes.

4.2.6. Posteriormente, mediante providencia del 12 de diciembre de 2017, el Juzgado
negó las excepciones propuestas, ordenó seguir adelante con la ejecución, practicar la
liquidación del crédito conforme al artículo 446 del Código General del Proceso y condenó
en costas a la parte ejecutada. Esta decisión fue apelada.

4.2.7. Al resolver la apelación, el Tribunal Administrativo de Santander, mediante
providencia del 1 de noviembre de 2018, modificó parcialmente la decisión y ordenó
reliquidar la pensión con efectos a partir del 31 de diciembre de 1999, incluyendo la
totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios,
comprendido entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 1999.

Asimismo, dispuso el pago indexado de las diferencias pensionales causadas, el
descuento de los aportes correspondientes a los factores salariales reconocidos y declaró
prescritas las sumas causadas con anterioridad al 27 de junio de 2003.

14 Lo que se desprende del expediente del proceso ejecutivo identificado con radicado núm. 68001 33 33

012 2016 00134 00/01/02.
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del señor Arturo Flórez Flórez
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander

4.2.8. Mediante auto del 4 de diciembre de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo Oral
del Circuito de Bucaramanga actualizó la liquidación del crédito conforme a la elaborada
por la contadora de los juzgados administrativos de la ciudad hasta el 30 de abril de 2023,
estableciendo un saldo a favor del ejecutante de $28.153.046.

4.2.9. Inconforme con dicha determinación, la UGPP interpuso recurso de apelación.

4.2.10. Mediante auto del 16 de enero de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Bucaramanga repuso parcialmente la decisión del 4 de diciembre de 2023
respecto de la imputación del pago de $23.475.300,87, efectuado en septiembre de 2020
mediante cupón núm. 49548; negó la reposición respecto del pago de $36.403.377,19,
realizado en agosto de 2013 mediante cupón núm. 265818; aprobó la liquidación del
crédito elaborada por la contadora de los juzgados administrativos por valor de
$3.892.623 y concedió, en efecto diferido, el recurso de apelación interpuesto por la
UGPP.

4.2.11. Finalmente, mediante auto del 23 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de
Santander resolvió el recurso de apelación y modificó los autos del 4 de diciembre de
2023 y del 16 de enero de 2025, ajustando la liquidación del crédito a la elaborada por
esa Corporación el 14 de octubre de 2025.

4.3. CUESTIÓN PREVIA

La Sala se pronunciará sobre la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por la UGPP.

Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Corte Constitucional en sentencia T-416
del 28 de agosto de 1997 señaló lo siguiente:

[…] 2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de
las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute
en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o
atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces
simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al
demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor
le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

(…)

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución
como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se
promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la
acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las
personas, y lo mismo señala el segundo estatuto. (Subrayas fuera del texto original).

La Sala advierte que la UGPP, solicitó su desvinculación del presente asunto, aduciendo
que los hechos que fueron esbozados en la petición de amparo no eran atribuibles a esa
entidad.

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Accionante: Norberto Ardila Ardila en calidad de agente oficioso
del señor Arturo Flórez Flórez
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander

Al respecto, es menester señalar que tal y como quedó constancia en el auto admisorio
de la demanda, la vinculación al presente asunto es consecuencia del interés que le
puede asistir en las resultas del proceso, toda vez que ha intervenido en el expediente
núm. 68001 33 33 012 2016 00134 00/01/02 en calidad de demandada. De ahí que no
sea posible acceder a su petición de desvinculación.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

El artículo 86 de la Constitución Política establece lo siguiente:

Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma
o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (Se
destaca).

A su turno, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone lo siguiente:

La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no
esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia
ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. (Se destaca).

Sobre la agencia oficiosa la Corte Constitucional ha considerado que es indispensable
que el agente oficioso afirme que actúa en dicha condición y demuestre que el titular del
derecho amenazado o vulnerado se encuentra en imposibilidad de promover su propia
defensa, “[…] bien sea por circunstancias físicas, como la enfermedad, o por razones
síquicas que pudieren haber afectado su estado mental, o en presencia de un estado de
indefensión que le impida acudir a la justicia […]”15.

Al respecto, la Corte Constitucional puntualizó lo siguiente:

La Corte Constitucional se ha ocupado de establecer algunos requisitos que
deben verificarse cuando un ciudadano actúa como agente oficioso de otra
persona. En primer lugar, debe manifestar que actúa en tal calidad. En segundo
lugar, debe encontrarse acreditado en el expediente que la persona a favor de
quien actúa no puede interponer por sí misma el amparo que se invoca. En tercer
lugar, no es necesario que exista una relación jurídica entre el agente y el
agenciado o agenciados titulares de los derechos fundamentales. Y, en cuarto
lugar, cuando ella sea posible, debe existir una ratificación oportuna por parte del
agenciado respecto de los hechos o las pretensiones que se consignan en el
escrito de tutela. Sin embargo, los anteriores requisitos deben aplicarse en forma
flexible, atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso concreto. [Se
destaca].

15 Sentencia SU-707 de 1996. Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara.

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 05717 00
Accionante: Norberto Ardila Ardila en calidad de agente oficioso
del señor Arturo Flórez Flórez
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander

En el asunto bajo examen, el profesional del derecho Norberto Ardila Ardila manifestó
que promueve la presente acción de tutela en calidad de agente oficioso del señor Arturo
Flórez Flórez. Como sustento de ello, expuso lo siguiente:

9. JUSTIFICACIONES DE HECHO Y DE DERECHO PARA ACTUAR COMO
AGENTE OFICIO DEL SEÑOR ARTURO FLÓREZ FLÓREZ.

9.1. El hecho de ser el suscrito apoderado judicial, tanto en la vía administrativa
ante la extinta CAJANAL como en el proceso ordinario y en el ejecutivo.

9.2. Haber agotado todos los medios posibles para obtener la firma del poder
especial para presentar esta acción de tutela por el señor ARTURO FLÓREZ
FLÓREZ, por cuanto: (a) Acudí a su domicilio ubicado en la carrera 14 A No. 1 –
55 barrio San Carlos en Piedecuesta (S), inmueble que se encuentra arrendado,
según los vecinos. (b) Averiguando con familiares del señor Arturo y vecinos de
barrio, -quienes nos dieron los teléfonos de la hermana- la señora ROSA
FLÓREZ32 y su hijo JOSÉ ALEJANDRO JAIMES FLÓREZ informaron que se
encuentra recluido en el centro geriátrico “ACBA LA CASA DE MIS ABUELOS”
ubicado en el Km 4 Vía Piedecuesta, Finca El Paraíso, Piedecuesta, (c) Ellos
manifestaron que está en avanzado estado de inconciencia causado por la
enfermedad de Alzheimer, imposibilitado para firmar el poder.

9.3. Además de lo anterior, por cuanto en el poder general conferido en el proceso
ordinario y ejecutivo, me concede facultades para presentar, “las demás acciones
requeridas relacionadas y derivadas de la presente ACCIÓN, tales como la de la
tutela, la disciplinaria”

Como consecuencia de lo anterior, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO,
manifiesto que actúo como AGENTE OFICIO EN NOMBRE DE MI
PODERDANTE, el señor ARTURO FLÓREZ FLÓREZ, de acuerdo con el artículo
57 del C.G.P.35 y por las razones antes expuestas.

Al respecto, se advierte que si bien el señor Ardila indicó de forma expresa que actúa
como agente oficioso del señor Flórez y como sustento de ello hizo mención del primer
inciso del artículo 57 del Código General del Proceso, el segundo inciso de dicha norma
también dispone que la agencia oficiosa se debe ratificar, lo cual no sucedió en este caso.

Adicionalmente, bajo los lineamientos de la Corte Constitucional, además de la
manifestación expresa de actuar en tal calidad, se debe acreditar que la persona a favor
de quien actúa no puede interponer por sí misma el amparo que se invoca. En este caso,
el señor Ardila alegó que el señor Flórez padece de alzhéimer, pero no allegó
documentación alguna que acredite tal condición.

Finalmente, si el señor Flórez presenta dicho diagnóstico, es considerada una persona
con discapacidad, razón por la cual debe tener un curador quien actúe en su nombre.

En consecuencia, la Sala concluye que el señor Norberto Ardila no se encuentra
legitimado para interponer la presente acción de tutela en calidad de agente oficioso del
señor Arturo Flórez Flórez, por lo tanto, la solicitud de amparo es improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 05717 00
Accionante: Norberto Ardila Ardila en calidad de agente oficioso
del señor Arturo Flórez Flórez
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la UGPP, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por activa, conforme lo expuesto en la parte considerativa de
esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 3 de
septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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