Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05721-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05721-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-05721-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05721-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: ALBA VARGAS MÁRQUEZ
TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA
PARTE ACTORA PRETENDE DEBATIR ASPECTOS QUE YA FUERON
OBJETO DE ANÁLISIS EN SEDE ORDINARIA, ADEMÁS, TAMPOCO SE
CUMPLE CON LA CARGA ARGUMENTATIVA REQUERIDA EN EL
ASUNTO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, A LA SEGURIDAD
SOCIAL Y AL MÍNIMO VITAL.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora
contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “E”- DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora ALBA VARGAS MÁRQUEZ, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
1
En adelante el TRIBUNAL.
2
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Actora: ALBA VARGAS MÁRQUEZ
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al
mínimo vital, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL, al
haber proferido la sentencia de 17 de abril de 2026 dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el número único de radicación 2024-00088-01.
I.2.- Hechos
Manifestó que a través de la Resolución 003 de 20 de enero de 1977
expedida por la COORDINACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE
CASANARE, fue nombrada docente y tomó posesión del cargo el 1o.
de febrero de ese año como maestra de las escuelas urbanas de la
localidad.
Mencionó que el 22 de noviembre de 1978 el ministro de educación
nacional, en el marco del convenio prestacional bajo el Decreto 2768
de 19752, celebrado entre el Gobierno Nacional y el Vicariato de
Casanare, expidió la Resolución núm. 6525 de 1978, mediante la cual
ratificó su nombramiento como docente en segunda primaria de la
seccional urbana del municipio de Orocué.
2
Derogado por el Decreto 2155 de 1987 "Por el cual se derogan los Decretos 2768 de 1975 y 2484
de 1976 y se dictan otras disposiciones.”
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Advirtió que laboró de manera ininterrumpida del 1o. de febrero de
1977 al 10 de marzo de 2021, esto es, más de 44 años al servicio
del magisterio como consta en el Certificado de Información Laboral
CETIL núm. 202205892099216900280004 de 11 de mayo de 2022.
Señaló que el 16 de mayo de 2022 solicitó a la UNIDAD DE
GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES (UGPP)3 que le fuera
reconocida la pensión gracia, no obstante, le fue negada mediante la
Resolución núm. PRD 022726 de 1o. de septiembre de 2022.
Adujo que, ante dicha negativa, promovió demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
UGPP, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de los actos
que le negaron el reconocimiento y pago de su pensión gracia.
Señaló que el referido proceso fue identificado con el número único
de radicación 2024-00088-00 y le correspondió por reparto al
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE
BOGOTÁ4 que, en sentencia de 2 de septiembre de 2025, negó las
pretensiones de la demanda.
3
En adelante UGPP.
4
En adelante el JUZGADO.
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Indicó que inconforme con lo anterior, presentó recurso de apelación
el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 17
de abril de 2026, confirmó la decisión del a quo.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto fáctico al
haber realizado una valoración incompleta y errónea de las pruebas
allegadas, lo cual la llevó a determinar que el tiempo de servicio de
la señora VARGAS MÁRQUEZ era de carácter nacional por el hecho
de que su nombramiento fue ratificado por el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL en 1978.
Además, precisó que no se tuvo en cuenta el certificado CETIL núm.
202205892099216900280004 que acreditaba que su plaza estaba
siendo financiada con recursos del sistema general de
participaciones.
Adujo que el TRIBUNAL también incurrió en desconocimiento del
precedente judicial5 al desconocer la jurisprudencia del Consejo de
5
Consejo de Estado, CE-SUJ-SII-11-2018 del 21 de junio de 2018, Magistrado Ponente: Carmelo
Perdomo Cueter.
Corte Constitucional, Sentencia SU-014 de 22 de enero 2020. Magistrado Ponente: José Fernando Reyes
Cuartas.
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Estado en la que se establece que lo esencialmente relevante frente
al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza
a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial nacionalizada y no
a la autoridad que firma el acto, por lo que dicha circunstancia
también llevó a incurrir en defecto sustantivo ya que aplicó de
manera indebida la regla de exclusión de los docentes nacionales a
una educadora que por fuente de financiación ostenta la calidad de
nacionalizada.
I.4.- Pretensiones
La actora solicita el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial de segunda
instancia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “E” el
17 de abril de 2026, dentro del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho con radicado 11001-33-35-026-
2024-00088-01, mediante la cual se resolvió confirmar la
sentencia de primera instancia que negó el reconocimiento de la
Pensión Gracia.
ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “E”,
que en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas,
proceda a dictar un fallo de reemplazo en el cual realice una
valoración probatoria integral conforme a los dictámenes de la
sana crítica, aplicando obligatoriamente las subreglas
jurisprudenciales de las sentencias CE-SUJ-SII-11-2018 del
Consejo de Estado y SU-014 de 2020 de la Corte
Constitucional, reconociendo que la financiación de la plaza
docente mediante recursos del Sistema General de
Participaciones (SGP) le confiere el estatus de docente
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nacionalizada para efectos del acceso a la Pensión Gracia. […]”.
(resaltado del texto)
I.5. Defensa
I.5.1.- El JUZGADO solicitó ser desvinculado del presente trámite
por falta de legitimación en la causa por pasiva y, además, manifestó
que la decisión adoptada por el TRIBUNAL fue proferida con
fundamento en las disposiciones normativas y jurisprudenciales
aplicables, por lo que no se avizora vulneración alguna de los
derechos fundamentales alegados.
I.5.2.- La UGPP solicitó ser desvinculada de la presente acción
constitucional al no tener legitimación en la causa por pasiva, debido
a que no ha causado daño alguno ni ha puesto en peligro el derecho
al debido proceso alegado por la actora.
I.5.3.- El TRIBUNAL pidió que se desestimen las pretensiones
elevadas en la acción constitucional de la referencia, por cuanto no
se configuran las causales generales ni específicas de procedibilidad
que hagan procedente su estudio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
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La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
La Sala advierte que el JUZGADO y la UGPP solicitaron ser
desvinculadas de la acción constitucional de la referencia, por falta
de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 20066, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
6
Criterio reiterado por la Corte en recientes pronunciamientos, entre otros, en sentencias T-262 de 5
de julio de 2024 y T-019 de 5 de febrero de 2026, M.P. Juan Carlos Cortés González y Miguel Polo
Rosero, respectivamente.
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La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que el JUZGADO conoció en primera instancia del medio
de control objeto del presente estudio, y la UGPP fungió como parte
demandada dentro del mismo, como terceros les asiste interés
directo en las resultas del proceso constitucional de la referencia,
razón por la que la Sala denegará sus solicitudes de desvinculación
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por falta de legitimación en la causa por pasiva y así se dispondrá en
la parte resolutiva de la presente providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
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Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
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conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se
deje sin efecto la providencia de 17 de abril de 2026, proferida por
el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2024-00088-01.
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Los disensos de la demandante radican en que la autoridad judicial
accionada incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial al no valorar las
pruebas allegadas al proceso y aplicar a su caso una regla de
exclusión para los docentes nacionales, desconociendo el precedente
de las sentencias CE-SUJ-SII-11-2018 y SU-014 de 2020.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
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la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional7, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».8
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
7
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [11].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [12].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [13].
[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [14]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [15].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
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natural [16]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito general de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
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Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia
que propone la parte actora implica la reapertura de un asunto que
ya fue resuelto en sede ordinaria y del cual se pretende constituir
una instancia adicional, comoquiera que los argumentos expuestos
en el escrito de tutela más que invocar algún defecto contra la
sentencia controvertida, buscan que se realice un nuevo estudio del
caso puesto a consideración del juez de conocimiento.
En efecto, revisada la providencia cuestionada, se advierte que las
inconformidades que ahora trae la actora a esta sede constitucional
ya fueron resueltas de forma admisible por el TRIBUNAL, así:
“[…] 6. CASO CONCRETO
En el presente asunto, la señora Alba Vargas Márquez solicita el
reconocimiento de la pensión gracia, por considerar que
desempeñó su labor de docente en instituciones educativas del
orden territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980,
completó más de 20 años de servicios en tal calidad, cumplió los
50 años el 28 de enero de 2007 y ejerció el cargo con honradez,
consagración y buena conducta.
La juez de primera instancia negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que, la vinculación anterior al 31 de
diciembre de 1980 tuvo carácter nacional, en atención a que, el
acto de nombramiento fue expedido por el Ministerio de
Educación Nacional y su salario se pagó con recursos del Sistema
General de Participaciones.
La parte actora en el recurso de apelación sostuvo que, al
margen de que el acto administrativo de nombramiento lo haya
expedido el Ministerio de Educación y que sus salarios fueron
financiados por el Sistema General de Participaciones, su
vinculación como docente fue del orden territorial, dado que
ocupó una plaza perteneciente al municipio de Orocué.
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Como se indicó en el marco normativo planteado, la pensión
gracia corresponde a un beneficio o dádiva concedida por el
Estado al personal docente que (i) ostente una vinculación
territorial o nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de
1980 y satisfaga los demás requisitos previstos en las Leyes 114
de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, los cuales se sintetizan en
(ii) acreditar 20 años de servicios como docente territorial o
nacionalizado; (iii) cumplir 50 años de edad; y (iv) haber
desempeñado el cargo con honradez, consagración y buena
conducta.
En ese sentido, la sala procederá al estudio de los requisitos
reseñados en los siguientes términos:
(i) Vinculación como docente territorial o nacionalizada
con antes del 31 de diciembre de 1980
En esta oportunidad se encuentra demostrado que mediante la
Resolución 6525 de 22 de noviembre de 1978, el Ministerio de
Educación Nacional, en uso de sus facultades legales, ratificó el
nombramiento de la señora Alba Vargas Márquez, como docente
en segunda primaria de la seccional urbana del municipio de
Orocué efectuado por el «Ordinario Competente de Casanare»,
en virtud del contrato para la prestación del servicio de
educación oficial en ese departamento celebrado entre el
Gobierno Nacional y el Vicariato de Casanare. Al respecto en
dicho acto se expuso:
Adicionalmente, según certificado expedido por la Secretaría de
Educación de Casanare el 8 de septiembre de 2015, la
demandante prestó sus servicios como docente del orden
nacional, desde el 1 de febrero de 1977, pues así, se advierte
del siguiente aparte:
LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DE CASANARE
HACE CONSTAR
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Que, VARGAS MARQUEZ ALBA, identificada con cédula de
ciudadanía No. 30.001.634, presta sus servicios como docente
NACIONAL en el Institución Educativa URBANA La Inmaculada
del municipio de Orocué, financiada con Recursos del Sistema
General de Participaciones, así: Nombrada mediante Resolución
No. 003 de enero 4 de 1977 y Acta de Posesión del 1 de febrero
de 1977, en la Escuela Urbana del Municipio de Orocué.
Dicha información, la corroboró la misma dependencia en
constancia del 8 de septiembre de 2015, así como también del
CETIL de 11 de mayo de 2022 y la historia laboral de 26 de junio
del mismo año, en los cuales se plasmó lo siguiente:
(i) Certificación Electrónica de Tiempos Laborados
(CETIL) nro. 202205892099216900280004 de 11 de
mayo de 2022
Conforme al material que obra en el expediente, la sala
considera que, si bien la demandante se vinculó como docente
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, su situación legal
y reglamentaria no tuvo la naturaleza de territorial sino nacional,
pues su nominador siempre fue el Ministerio de Educación
Nacional.
Frente a esta situación, la parte actora sostiene que la plaza
ocupada fue de carácter territorial al margen de que el Ministerio
de Educación haya intervenido en el acto de nombramiento. Al
respecto, resulta oportuno resaltar que el simple hecho de haber
prestado sus servicios en el municipio de Orocué, Casanare, no
le otorga el derecho a que sea categorizado como docente del
orden territorial, toda vez que, de acuerdo con el acto de
nombramiento, es evidente que el Gobierno Nacional, a través
del Ministerio de Educación, estaba a cargo de las instituciones
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educativas de esa región, al punto que autorizaba las novedades
de personal.
Adicionalmente, no obra otro medio de prueba que permita
desvirtuar lo consignado, tanto en el acto administrativo de
nombramiento, como en las certificaciones que aportó la parte
actora con la presentación de la demanda.
Lo expuesto, contrario a lo manifestado por la parte
demandante, guarda relación con una de las reglas
jurisprudenciales impuestas por el Consejo de Estado en la
sentencia de unificación de 21 de junio de 2018, según la cual,
para determinar la calidad de docente territorial se requiere
copia de los actos administrativos donde conste el vínculo o, en
su defecto, la respectiva certificación de la autoridad nominadora
que permita determinar de «manera inequívoca» el tipo de
vinculación territorial, que en esta oportunidad no se logró
demostrar.
Bajo estas previsiones, se colige que la demandante no acreditó
su vínculo como docente con anterioridad al 31 de diciembre de
1980 y, en consecuencia, esta sala se releva del análisis de los
demás requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, los cuales corresponde a
demostrar 20 años de servicios como docente territorial, 50 años
de edad y buena conducta.
Así las cosas, como no le asiste razón a la demandante en los
argumentos expuestos en el recurso de apelación, se confirmará
la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de
la demanda […]”.
De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae
que el TRIBUNAL, a partir de la jurisprudencia dispuesta para el
asunto y del material probatorio obrante en el expediente ordinario,
encontró que la actora no era beneficiaria de la pensión gracia
solicitada, comoquiera que no obraban pruebas que permitieran
controvertir la naturaleza jurídica de su nombramiento, toda vez que
si bien se vinculó como docente con anterioridad al 31 de diciembre
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de 1980, su situación legal y reglamentaria no tuvo naturaleza
territorial sino nacional, pues su nominador fue el Ministerio de
Educación Nacional.
En efecto, resaltó que el simple hecho de haber prestado sus
servicios en el municipio de Orocué, no le otorgaba el derecho a ser
categorizada como docente territorial, ya que el acto de
nombramiento fue expedido por el Ministerio de Educación Nacional,
quien para la fecha estaba encargado de las instituciones educativas
de esa región. Además, que no se allegó ningún otro documento que
desvirtuara lo consignado en el acto de nombramiento expedido por
el Gobierno Nacional, por lo que su nombramiento se hizo en calidad
de docente nacional.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que el TRIBUNAL se
pronunció frente a todos los aspectos que pretende controvertir la
actora en la presente acción de tutela, pues fundamentó su decisión
en la postura jurisprudencial aplicable al asunto sometido a su
consideración, lo que descarta el desconocimiento del precedente
endilgado, de tal forma que no se vislumbra que pudo haber actuado
de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites del
principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece del
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requisito general de la relevancia constitucional.
Asimismo, en lo que se refiere al desconocimiento del precedente
alegado, es del caso destacar que tampoco se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional en relación con las sentencias
invocadas como desconocidas, comoquiera que la parte actora no
precisó la relación fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo
resuelto en esa oportunidad y la controversia del presente asunto.
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa
del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
Sección17 ha indicado:
“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]” (Resaltado fuera del texto).
Significa lo precedente que lo pretendido por la actora es que el juez
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.
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de tutela haga un nuevo examen integral de los argumentos
expuestos en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, con la finalidad de que se haga una corrección al análisis
que hizo la autoridad judicial accionada y se acoja la interpretación
que propone, como si el mecanismo de amparo fuera una instancia
o recurso adicional a los previstos en el trámite ordinario.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
demandante, sino una divergencia derivada de la interpretación que
el juez natural efectuó de la jurisprudencia aplicable, en la cual el
juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción
de tutela el carácter de un recurso adicional para controvertir las
decisiones judiciales y de paso invadir la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
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En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud
de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por el JUZGADO
VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO BOGOTÁ
y la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES
(UGPP), por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
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TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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