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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05729-00

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05729-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor José Rigoberto Amaya Mora, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia. Segundo. ORDENAR a la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, otorgue al señor José Rigoberto Amaya Mora una respuesta clara, coherente y de fondo a la petición elevada el 8 de noviembre de 2024 y reiterada los días 18 de diciembre de 2024 y 31 de marzo de 2025. Tercero. NEGAR las demás pretensiones solicitadas. Cuarto. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Quinto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05729-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05729-00
Accionante: José Rigoberto Amaya Mora.
Accionado: Alcaldía de Cali – Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali.

Tema: Derecho de Petición y debido proceso. Concede amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor José Rigoberto Amaya
Mora, en contra de la Alcaldía de Cali – Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali.

ANTECEDENTES

El accionante solicita se amparen sus derechos fundamentales de petición y debido
proceso, que considera vulnerados por la autoridad accionada.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que aparece reportado en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y
Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) con el comparendo No.
76001000000045603933 del 10 de septiembre de 2024 a las 10:01 a.m., en la
carrera 5 calle 31 de la Comuna 4 de la ciudad de Santiago de Cali, por la infracción
C02, vinculada al vehículo JCL93B, por un valor de $572.520 COP.

Que en la fecha y hora indicada en el comparendo, se encontraba trabajando en el
municipio de Fonseca, La Guajira, y que tenía como residencia el municipio de
Villanueva del mismo departamento. Por lo que, nunca transitó ni cometió la
infracción referida.

Que ha presentado múltiples solicitudes de exoneración, impugnación y eliminación
del comparendo, así:

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• El 8 de noviembre de 2024, presentado por la página web de la alcaldía con
radicado No. 202441730102322062

• El 18 de diciembre de 2024 envió petición al correo electrónico
contactenos@cali.gov.co

• El 14 de enero de 2025 reenvió al mismo correo la petición y, fue trasladado
formalmente por competencia al SIMIT el 1 de abril de 2025.

Que no le han dado respuesta a las peticiones y aun así, la Secretaría de Movilidad
de Santiago de Cali inició proceso de cobro coactivo.

PRETENSIONES

Solicitó que se amparen los derechos invocados, que se ordene a la Secretaría de
Movilidad de Santiago de Cali que en el término de 48 horas emita respuesta de
fondo respecto a las peticiones realizadas desde el 2024 y que se suspenda
definitivamente el proceso de cobro coactivo.

Además, solicitó la actualización de las bases de datos SIMIT y RUNT respecto a
los estados de cobro de las obligaciones, mientras se resuelve la actuación
administrativa.

TRÁMITE DEL PROCESO

El 24 de julio de 2026, se admitió la acción; se negó la medida provisional solicitada;
y se ordenó notificar a la autoridad accionada.

El 11 de agosto de 2026, se vinculó a la Federación Colombiana de Municipios
SIMIT, entidad contra la cual el accionante presentó una pretensión.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

La Alcaldía de Cali – Secretaría de Movilidad fue debidamente notificada, sin
embargo, guardó silencio.

POSICIÓN DEL VINCULADO

La Federación Colombiana de Municipios SIMIT fue debidamente notificada, sin
embargo, guardó silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes temáticas: i)

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generalidad de la acción de tutela; ii) derecho de petición; y iii) análisis del caso
concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Derecho de petición

El derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política de Colombia, permite el establecimiento de una comunicación efectiva entre
la Administración y los ciudadanos, cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia
impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado
democrático de derecho.

Así mismo, las reglas consagradas en la Constitución y la ley y desarrolladas por la
jurisprudencia, dan cuenta de la calidad que debe tener la respuesta que se brinde:
debe resolver el fondo del asunto y debe ser coherente, entendiendo por ello la
armonía entre lo solicitado por el peticionario y la decisión adoptada por la
peticionada.

Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que «la satisfacción del derecho
de petición no depende de la respuesta favorable a lo solicitado, por lo que hay
contestación incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos
que conducen a ello. De ahí que se diferencie el derecho de petición del derecho a
lo pedido»1.

En el mismo sentido, ha establecido la jurisprudencia Constitucional el imperativo
de que el solicitante conozca el contenido de la contestación emitida, para lo cual,
la autoridad debe realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad con
los estándares contenidos en el CPACA y que este deber se mantiene, incluso,
cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia
de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada2.

1
Sentencia T-242 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Véanse también, entre otras,
las Sentencias T-180 de 2001, T-192 de 2007, T-558 de 2012, T-155 de 2018 y T-051 de 2023.
2
Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Véase también, entre otras, las sentencias
T-430 de 2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019.
Artículo 74 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. (…)” Capítulo V de la Ley 1437 de
2011, sobre PUBLICACIONES, CITACIONES, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Corte
Constitucional. Sentencia T-230 de 2020.

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Ahora, en caso de que no sea posible dar respuesta dentro del término, antes del
vencimiento la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el
término en el cual se dará la contestación, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 1755 de 2015, artículo 14.

Así las cosas, la garantía del derecho de petición se entiende cumplida con la
manifestación adecuada a la solicitud planteada, con la respuesta efectiva para la
solución del caso y con la oportuna comunicación de esta al interesado.

Así mismo, se ha establecido que para la satisfacción del derecho de petición no es
necesario que se acceda a las peticiones invocadas por la parte accionante, sino
que se dé una respuesta de fondo de lo solicitado. Tal es el caso, que cuándo a
quien le llega la solicitud no es competente para resolver, tiene el deber de remitir a
quién si lo es, para emitir una respuesta de fondo y completa, como lo establece el
artículo 21 de la ley 1755 de 2015.

«Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará
de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5)
días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término
señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio
al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se le
comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día
siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente».

Análisis del caso concreto

El señor José Rigoberto Amaya Mora estima que la Secretaría de Movilidad de
Santiago de Cali, le transgrede su derecho fundamental de petición, por no atender
las solicitudes elevadas los días 8 de noviembre de 2024, 18 de diciembre de 2024,
y 14 de enero de 2025.

Pues bien, de las pruebas que obran en el expediente la Sala observa:

• Estado de Cuenta del comparendo del 23 de octubre de 2024 del vehículo
automotor con placa JCL93B, por valor de $728.479 COP, en estado de pago
pendiente.

• Certificación laboral del accionante, de fecha 7 de noviembre de 2024, en la
cual se dice que:

«La suscrita Coordinadora de Gestión del Talento Humano de GASES DE
LA GUAJIRA S.A, E.S.P. Hace constar:

Que el señor AMAYA MORA JOSE RIGOBERTO, se encuentra vinculado a
nuestra compañía a través de contrato a término indefinido desde el 1 de
marzo de 2015, actualmente desempeña el cargo de TECNICO DE
CRITICAS, en las localidades del departamento de La Guajira».

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• Estado de la petición con radicado No. 202441730102322062, del 8 de
noviembre de 2024, en la página de la alcaldía de Cali, que se encuentra en
trámite.

• Correo electrónico enviado a la dirección contactenos@cali.gov.co de fecha
18 de diciembre de 2024, en el cual el accionante manifiesta: «reitero
derecho de petición que ni ha sido contestado por medio de la página de la
alcaldía de Cali con número de radicado 202441730102322062».

• Reenvío de correo electrónico a la misma dirección de la alcaldía de Cali, en
fecha de 14 de enero de 2025.

• Correo electrónico del 31 de marzo de 2025 del peticionario dirigido a la
dirección contactosimit@fcm.org.co solicitando el retiro del comparendo No.
76001000000045603933.

• Correo electrónico del 1 de abril de 2025 en el que «Contacto Simit» remite
por competencia la solicitud anterior a la Secretaría de Tránsito de la ciudad
de Cali, manifestando:

«(…) remito por competencia la petición elevada por el peticionario, para que,
en su calidad de autoridad de tránsito competente y titular de la multa,
resuelva de fondo lo requerido y si es el caso cargue al Simit a través de los
medios tecnológicos dispuestos para tal efecto la novedad a que haya lugar».

La Sala observa que la Secretaría de Movilidad del Municipio Santiago de Cali no
contestó la acción de tutela y, de la documentación allegada por el accionante se
deduce que la entidad no ha dado respuesta a sus peticiones radicadas desde el
2024 hasta el 2025.
Tampoco se acreditó una respuesta de esa entidad al peticionario respecto de las
peticiones directamente dirigidas a esa entidad, ni respecto del traslado realizado
por el SIMIT, en relación con la actualización solicitada.
En cuanto a la pretensión de actualizar las bases de datos del SIMIT y RUNT, se
observa que, si bien el SIMIT no dio respuesta de la presente acción de tutela en la
cual fue vinculado, sí contestó la petición de actualización hecha por el peticionario,
indicándole que no era de su competencia resolver de fondo la solicitud de retirar el
comparendo y remitiendo la solicitud a quien correspondía.
Obsérvese que el SIMIT es una plataforma oficial que centraliza las multas,
comparendos y sanciones viales impuestas en el país, que se actualiza de acuerdo
con los reportes hechos por las autoridades de tránsito del territorio nacional. Por lo
tanto, no se acredita la vulneración de algún derecho por parte de esta entidad al
accionante, pues remitió a quien es el competente para dar respuesta, tal como lo
dispone la norma cuando la peticionada carece de competencia para resolver.
Ahora bien, respecto de la pretensión de suspender el proceso de cobro coactivo,
esta Sala encuentra que de los anexos allegados no es posible verificar la existencia

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de un proceso de cobro coactivo o de los estados de cobro de las bases de datos,
por lo que, se estaría extralimitando la función del juez de tutela.

En consecuencia, se amparará el derecho fundamental de petición y se ordenará a
la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali que, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, otorgue al señor José
Rigoberto Amaya Mora una respuesta clara, coherente y de fondo a las peticiones
elevadas el 8 de noviembre de 2024, 18 de diciembre de 2024 y 31 de marzo de
2025. Y se negaran las demás pretensiones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor José Rigoberto
Amaya Mora, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.

Segundo. ORDENAR a la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali que, dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela,
otorgue al señor José Rigoberto Amaya Mora una respuesta clara, coherente y de
fondo a la petición elevada el 8 de noviembre de 2024 y reiterada los días 18 de
diciembre de 2024 y 31 de marzo de 2025.

Tercero. NEGAR las demás pretensiones solicitadas.

Cuarto. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Quinto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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