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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05733-00

Fecha
20 de agosto de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05733-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Distrito de Santiago de Cali, atendiendo las razones que preceden. SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado contra el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Cali y NEGAR la solicitud de amparo interpuesta por el señor Jorge Ernesto Andrade contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de acuerdo con lo señalado anteriormente. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 32 El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 dispuso: «Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social. La alteración del orden de que trata el inciso precedente constituirá falta disciplinaria. En estos casos, el Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales, en lo de su competencia, solicitarán al Juez o Ponente la explicación pertinente para efectos administrativos y disciplinarios. El Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales obrarán de oficio o a petición de quienes hayan resultado afectados por la alteración del orden». 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Jorge Ernesto Andrade Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Rad: 11001-03-15-000-2026-05733-00

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05733-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

20 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05733-00
Demandante: JORGE ERNESTO ANDRADE
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTRO

Tema: Tutela - Presunta mora judicial – Se declara carencia actual de
objeto por hecho superado y se niega amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena de
esta Corporación.
I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo2

El señor Jorge Ernesto Andrade, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca3 y el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito Judicial de Cali con el fin de reclamar el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Dichas garantías constitucionales las estimó vulneradas en razón a que no se ha
impartido trámite, ni se ha resuelto el recurso de apelación que promovió contra la
sentencia de primera instancia proferida el 20 de marzo de 2026 dentro del proceso
de protección de los derechos e intereses colectivos identificado con radicado 76001-
33-33-012-2025-00200-00/01.

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 002 de Samai. Tutela radicada el 22 de julio de 2026.
3 De acuerdo con el escrito de tutela, el accionante lo denomina «Tribunal Superior de Cali», sin
embargo, en garantía del acceso a la administración de justicia, y en atención a las pruebas
documentales aportadas, se infiere que la acción se plantea es respecto al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, autoridad judicial, a quien se le tendría que asignar la competencia en segunda
instancia de la acción popular que se cuestiona en el presente asunto, por causa del recurso apelación
que el accionante formuló contra la sentencia proferida por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito
Judicial de Cali.

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Demandante: Jorge Ernesto Andrade
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Rad: 11001-03-15-000-2026-05733-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]
Dentro de la afectación, se le ordenen al TRUBUNAL SUPERIOR DE CALI, para que le
suministre información al despacho judicial del juzgado de tutelas con el fin poder dictar
setencia de fallo de accion de tutela y poder saber porque no se ha dado ninguna
respuestas al recursos de apelacion en donde contaban con 20 dias habiles para emitir
una respuestas y ordenar la revocatoria de la setencia de accion popular4.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El señor Jorge Ernesto Andrade, formuló acción popular contra el Distrito Especial,
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, por la
presunta vulneración de los derechos colectivos consagrados en el artículo 4 de la
Ley 472 de 1998, en razón a la falta de espacios físicos adecuados para el ejercicio
de las funciones de los jueces de paz de esa ciudad.

En primera instancia conoció del proceso el Juzgado Doce Administrativo del Circuito
Judicial de Cali, con el radicado 76001-33-33-012-2025-00200-00 que, mediante
sentencia del 20 de marzo de 2026 negó las pretensiones tras considerar que no se
encontraba acreditada la amenaza o lesión a los intereses de la comunidad. Decisión
que fue notificada a las partes por correo electrónico remitido el 25 del mismo mes y
año.

Inconforme con lo anterior, el accionante elevó recurso de apelación el 6 de abril de
2026 que se concedió mediante auto del 28 (sic) de julio de 2026. El expediente se
remitió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para resolver la alzada el 5 de
agosto de 2026. Sin embargo, a la fecha de radicación de la tutela, esto es, el 22 de
julio de 2026, no se había impartido el trámite respectivo frente al recurso me mención.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

Para la parte actora, las autoridades judiciales accionadas, vulneraron las garantías
constitucionales invocadas, ante la mora injustificada en tramitar y resolver de fondo
el recurso de apelación formulado contra la sentencia de primera instancia dentro de
la acción popular aludida que le fue contraria a sus intereses, pese que, a su juicio, ya
feneció el plazo de 20 días hábiles para emitir la decisión de fondo.

4 Transcripción literal del texto original con posibles errores.

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Señaló que el recurso en cuestión no habría sido repartido internamente ante el
competente y que en caso se haberse asignado a una autoridad sin competencia, este
debió remitirse de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015.

1.5. Trámite de la acción de tutela

El 27 de julio de 20265, la Magistrada Ponente admitió la acción de tutela y ordenó
notificar a la parte accionante6 y como accionados al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y al Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Cali 7.

Asimismo, se dispuso la vinculación del Distrito Especial de Cali [entidad accionada
en la acción popular bajo radicado 76001-33-33-012-2025-00200-00] y de la Nación-
Rama Judicial- Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial [vinculada en la misma acción constitucional en cita]8.

1.6. Intervención

1.6.1. Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Cali9

La titular del despacho accionado manifestó que el recurso presentado oportunamente
por el señor Jorge Ernesto Andrade ingresó a despacho por la secretaría del juzgado
el 29 de julio de 2026 y fue concedido en esa misma fecha, mediante providencia
notificada el 30 de julio de 2026, por lo que una vez quedara ejecutoriado ese auto, el
expediente sería remitido al superior funcional para que conociera de la segunda
instancia.

Señaló que ante tal situación se configuraría una carencia de objeto por hecho
superado. Sin embargo, advirtió que el tiempo transcurrido entre la presentación del
recurso y su ingreso a despacho no obedeció a negligencia, abandono de funciones
ni a una conducta arbitraria por parte de esa sede judicial, sino a la elevada carga
laboral, pues «entre el 8 de abril y el 29 de julio de 2026 la Secretaría, tramitó 2.964
peticiones, solicitudes y memoriales; notificó y comunicó 449 providencias; realizó el
trámite de 171 procesos para paso a despacho; notificó 69 sentencias de tutela;
remitió 39 acciones de tutela a la Corte Constitucional; adelantó actuaciones
relacionadas con acciones populares, acciones de cumplimiento, hábeas corpus y
procesos ordinarios, además de las demás actividades propias del funcionamiento del
despacho» entre otras gestiones.

5Índice 004 de Samai.
6Índice 007 de Samai. La notificación fue remitida a los correos: andradejorge293@gmail.com,
jorgeandrade293@hotmail.com, juezdepaz.cali@outlook.com, jorgeernestoandrade@gmail.com,
andradejorge2931@hotmail.com.
7Índice 007 de Samai. La notificación fue remitida a los correos:
s01tadvale@cendoj.ramajudicial.gov.co, s02tadvale@cendoj.ramajudicial.gov.co,
rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co y adm12cali@cendoj.ramajudicial.gov.co.
8 Índice 007 de Samai. Entidades notificadas a través de los correos
notificacionesjudiciales@cali.gov.co, notificacion.tutelas@cali.gov.co,
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co, deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co,
info@cendoj.ramajudicial.gov.co, deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co.
9 Índice 011 de Samai.

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En razón a lo anterior, aludió a la causa objetiva asociada a la carga laboral del
despacho que justificó la mora alegada y solicitó denegar el amparo deprecado.

1.6.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial10

La entidad refirió que sin perjuicio de que se configure la carencia actual de objeto por
hecho superado, la tutela se torna improcedente por no cumplir el requisito de
subsidiariedad «en tanto existen otros mecanismos para solicitar la vigilancia de
administrativa de los procesos judiciales por la presunta mora judicial, de manera que
no puede acudir al amparo constitucional para desplazar los medios de defensa
judicial ordinarios que tiene a su alcance».

Precisó que, en todo caso, el actor no invocó la existencia de algún perjuicio
irremediable que tornara procedente la tutela como mecanismo transitorio y aludió a
su falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.3. Distrito de Santiago de Cali11

Refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva de este ente territorial en razón
a que el trámite de los recursos, su decisión y la mora cuestionada le son atribuibles
a las autoridades judiciales accionadas y en tal sentido la entidad no estaría llamada
a responder por las presuntas vulneraciones alegadas, ni posee la facultad legal para
satisfacer las pretensiones del actor.

Sin embargo, consideró que el recurso formulado por el accionante había sido
presentado de manera extemporánea, por fuera del término de tres días contemplado
en el artículo 322 del Código General del Proceso, aplicadas por remisión del artículo
37 de la Ley 472 de 1998.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sección Quinta es competente para conocer de la acción constitucional del
asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución
Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1. del
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto
la tutela se dirige contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2.2. Cuestión previa

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Distrito de Santiago de Cali
aludieron a su falta de legitimación en la causa por pasiva dentro del presente trámite
constitucional.

10 Índice 012 de Samai.
11 Índice 013 de Samai.

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Sobre el particular, la Sala encuentra necesario precisar que no se dispondrá su
desvinculación toda vez de que su llamado se hizo como terceros en virtud del
eventual interés que les pueda representar este asunto, ante la decisión que se
adopte.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala dar respuesta al siguiente interrogante:

• ¿El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito Judicial de Cali, incurrieron en mora judicial al no dar
trámite ni resolver el recurso de apelación formulado contra la sentencia de
primera instancia al interior del proceso de protección de los derechos e
intereses colectivos identificado con el radicado 76001-33-33-012-2025-00200-
00/01?

Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) la
naturaleza de la acción de tutela; (ii) el derecho al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia; (iii) mora judicial; (iv) de la carencia actual de objeto; y (v)
el análisis del caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto
2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable12.

2.5. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia

Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación armónica
de los artículos 229 de la Constitución13, del derecho fundamental al debido proceso14

12 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
13 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará

en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
14 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

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y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de fundamental al
derecho de acceso a la administración de justicia15.

El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para que
resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y con el
mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada a
derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales
previstas en la Constitución y en la ley […]»16.

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no puede
concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los jueces,
o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de los
asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados
judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad
y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca
de los hechos materia de su decisión […]»17.

Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende
que el derecho a la tutela judicial efectiva implica de una parte, que cuando el «[…]
ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre una respuesta
rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y garantías”18, y de otro lado,
“la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las
condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio
público sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las actuaciones nominales que no
logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la
necesidad de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que
representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas […]»19.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996,
modificado por la Ley 2430 de 202420, y con sustento en los principios de celeridad,

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a
la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
15 Sentencia T-006 de 1992.
16 Sentencia T-476 de 1998.
17 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
18 Corte Constitucional C-796 de 2006. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
19 Ibidem.
20 ARTÍCULO 1o. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley

2430 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> La administración de justicia es la parte de la función
pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los
derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia
social.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> La administración de justicia es un servicio público esencial.
Deberá garantizarse su prestación mediante las herramientas, recursos y mecanismos conforme a los
parámetros señalados en la ley.
Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo, se deberán aprovechar las tecnologías de la
información y las comunicaciones, así como de los recursos que permitan garantizar la prestación

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eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez, como director
del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de evitar el desgaste
que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con una sentencia
inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de las partes.

Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el Estado
Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial que aplica
irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se proyecta más allá
de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su
responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El juez
que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas
imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos
mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material […]»21.

2.6. La mora judicial

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede llegar
a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en aquellos
casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no en la
complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de
carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisión
sistemática de sus deberes.22

Asimismo, el máximo tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»23.

En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:

[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor
tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, para
valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la jurisprudencia
ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando
existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este
sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento
jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los
términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y
dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando
se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de
justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se
acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma
providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el
funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una
omisión en el cumplimiento de sus funciones.

continua del servicio de justicia, asegurando el acceso, el ejercicio del derecho a la intimidad y a la
reserva de los datos personales y confidenciales que por una u otra razón pudiesen ser de conocimiento
público.
21 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-1019 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada en
relación con la existencia de mora judicial24, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En
el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a la
administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes en un proceso.

2.7. Carencia actual de objeto

La sala ha explicado en varias ocasiones25 que la acción de tutela ha sido instituida
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean violentados o amenazados de manera actual e inminente.

No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.

En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de
tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i) por hecho
superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación sobreviniente.

Al respecto, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 1.º de septiembre de
2016, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los
derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo tanto,
se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento
de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales
objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón
de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho,
pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez
constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las
garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que
fue especialmente previsto para esta acción26.

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre
este respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo

24 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-2012-

01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal Administrativo
de Antioquia. M.P.: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014, Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-
00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado: Procuraduría General de la Nación.
25 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 15.11.17, Rad. 2017-00085-01, y M.P. Rocío Araújo Oñate,
Sentencia 19.10.17, Rad. 2017-2365-00.
26 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se

transcribe literalmente: «Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005».

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la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su
amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o
que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro
ya subsanado. (Negrillas propias).

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia
actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita
salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular,
se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente
descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho
superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por
la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente27.

Con base en el marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido
que:

El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de
1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa cuando
en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad demandada ha
realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los derechos
fundamentales28.

En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante
determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta Sección Quinta), lo que
indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la autoridad
demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos
fundamentales.

De hecho, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos
en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de
revisión ante ese tribunal229.

En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se supere
antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha destacado
que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la conducta
desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de reproche, en caso
de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la conducta lesiva de los
derechos afectados30.

27 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se

transcribe literalmente: «Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013».
28 Corte Constitucional. Sentencia T-038/19, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
29 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
30 Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

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2.8. Caso concreto

El señor Jorge Ernesto Andrade alegó que sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia se vulneran por parte del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y del Juzgado Doce Administrativo del Circuito
Judicial de Cali, con ocasión a la presunta mora judicial injustificada en la que han
incurrido, al no dar trámite ni resolver el recurso de apelación formulado contra la
sentencia de primera instancia dictada al interior del proceso de protección de los
derechos e intereses colectivos identificado con radicado 76001-33-33-012-2025-
00200-00/01.

Argumentó que desde el 6 de abril de 2026 interpuso oportunamente el recurso en
mención, sin embargo, hasta la fecha de radicación de la tutela, esto es, 22 de julio
de 2026 no se había impartido trámite alguno, ni emitido la respectiva decisión de
segundo grado.

En el informe allegado por el juzgado accionado a la presente acción constitucional,
la titular del despacho explicó en ese momento que el expediente fue ingresado desde
la secretaría el 29 de julio de esta anualidad para el respectivo pronunciamiento, el
cual en efecto se emitió mediante auto notificado en estado del día hábil siguiente, a
través del cual se concedió en efecto suspensivo la alzada planteada por el actor.
Precisó que una vez quedara en firme el anterior proveído, el expediente sería remitido
al superior para lo de su competencia.

Asimismo, puso de presente la congestión y alta carga laboral, pues manifestó que
tiene asignados aproximadamente 306 procesos en curso y que la secretaría del
juzgado entre el 8 de abril y el 29 de julio de 2026 tramitó 2.964 peticiones, solicitudes
y memoriales; notificó y comunicó 449 providencias; realizó el trámite de 171 procesos
para paso a despacho; notificó 69 sentencias de tutela; remitió 39 acciones de tutela
a la Corte Constitucional, entre otras actuaciones, por las que consideró que la mora
alegada obedeció a causas objetivas que desvirtúan la vulneración alegada.

Por su parte, el tribunal accionado guardó silencio frente al requerimiento
constitucional realizado, no obstante, realizada la consulta en el sistema de
información SAMAI se pueden observar las siguientes gestiones desplegadas con
relación al expediente objeto de acción, en las que se refleja la radicación del asunto
el 5 de agosto de 2026 y la notificación por estado, del 10 de agosto de 2026 del auto
que admitió el recurso presentado por el señor Jorge Ernesto Andrade, así:

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En ese orden de ideas, resulta necesario precisar que los hechos que dieron origen a
la interposición de la tutela y frente a los cuales reclama el actor la correspondiente
protección, obedecieron a dos situaciones dentro del proceso de protección de los
derechos e intereses colectivos identificado con radicado 76001-33-33-012-2025-
00200-00/01, esto es, de una parte, la presunta mora atribuible al Juzgado Doce
Administrativo del Circuito Judicial de Cali en dar impulso o trámite al recurso de
apelación formulado por el accionante el 6 de abril de 2026, que hasta la fecha de
interposición de la tutela no había procedido con el respectivo ingreso a despacho y
concesión de la alzada y, por otro lado, a la supuesta mora del tribunal en emitir una
decisión de fondo que colocara fin al asunto en cuestión.

2.8.1. Del hecho superado

Entonces, frente al primer escenario cabe advertir que la vulneración discutida por el
actor dejó de existir durante el presente trámite constitucional, comoquiera que el
juzgado procedió a realizar las gestiones echadas de menos por el señor Jorge
Ernesto al proferir y notificar el auto que concedió el recurso de apelación por él
formulado, así como remitir ante el superior jerárquico el expediente para lo de su
competencia.

Con lo anterior, desapareció la omisión cuestionada por el señor Jorge Ernesto
Andrade, pues su escrito de apelación i) fue ingresado a despacho una vez formulada
esta acción, posteriormente por parte del Juzgado Doce Administrativo del Circuito
Judicial de Cali ii) se concedió la alzada por auto del 28 (sic) de julio de 2026,
notificado en estado del 30 siguiente, y iii) se admitió en auto del 6 de agosto de 2026
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, tal como consta en la publicación
de Samai anteriormente evidenciada.

2.8.2. De la mora judicial

No obstante, en lo concerniente al segundo supuesto de la mora judicial injustificada,
invocada por el actor contra el tribunal, la Sala no encuentra configurada la misma,
pues resulta evidente que el tiempo transcurrido desde que el expediente fue recibido

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por dicha autoridad a la fecha en que se realiza esta Sala de decisión, es razonable e
inferior al plazo previsto en el artículo 37 de la Ley 472 de 199831.

Obsérvese que ese cuerpo colegiado solo tuvo conocimiento del proceso objeto de
tutela en razón a las gestiones desplegadas por el a quo, quien le remitió el expediente
en cuestión el 5 de agosto de 2026, cuando se encontraba en trámite el presente
asunto.

Al respecto la Corte Constitucional ha indicado que la dilación injustificada que
configura la violación del derecho fundamental al debido proceso, se caracteriza por
(i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar actuación por
parte del funcionario competente; (ii) la omisión en el cumplimento de las obligaciones
en el trámite de los procesos a cargo de la autoridad judicial y (iii) la falta de motivo
razonable y prueba de que la demora obedece a circunstancias que no se pueden
contrarrestar.

De las actuaciones obrantes en SAMAI registradas por las autoridades judiciales
accionadas, se evidencia lo siguiente:

Fecha Actuación
Recepción memorial recurso de apelación elevado por el señor
6.° de abril de 2026
Jorge Ernesto contra sentencia de primera instancia.
29.° de julio de 2026 Ingreso expediente a despacho.
Auto proferido por el juzgado, a través del cual se concede en
28.°(sic) de julio de 2026 efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por el
actor.
30.° de julio de 2026 Notificación por estado del anterior proveído.
5.° de agosto de 2026 Remisión del expediente al tribunal.
Radicación expediente en el Tribunal Administrativo del Valle
5.° de agosto de 2026
del Cauca e ingreso a despacho.
6.° de agosto de 2026 Auto admite recurso de apelación.
10.° de agosto de 2026 Notificación por estado del anterior auto.
17.° (sic) de agosto de 2026 Al despacho para sentencia.

Como se observa, el recurso del que se reclama su falta de trámite y de resolución se
radicó ante el juzgado con un poco menos de cuatro meses de antelación a la tutela
y el expediente fue recibido por el tribunal el 5 de agosto de 2026, estando en curso
esta acción.

Entonces, mal podría cuestionársele al tribunal la falta de emisión de la sentencia que
resuelva de fondo el recurso de apelación si para la fecha de interposición de la tutela
no le había sido asignado el conocimiento del proceso.

31 Artículo 37º.- Recurso de Apelación. El recurso de apelación procederá contra la sentencia que se

dicte en primera instancia, en la forma y oportunidad señalada en el Código de Procedimiento Civil, y
deberá ser resuelto dentro de los veinte (20) días siguientes contados a partir de la radicación del
expediente en la Secretaría del Tribunal competente. […]».

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Aunado a lo anterior no se observa la existencia de un perjuicio irremediable de la
parte actora, que amerite la intervención del juez constitucional para ordenar la
agilización de las diligencias al tribunal accionado, máxime cuando la Ley exigía el
agotamiento de ciertas etapas procesales previo a la emisión del fallo, como lo fue por
ejemplo la admisión del recurso, pues alterarlo conlleva a la posible configuración de
faltas disciplinarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 446
de 199832.

Por lo expuesto, esta Sala de Decisión declarará la carencia actual de objeto
únicamente respecto al juzgado y negará el amparo deprecado contra el tribunal ya
que no se evidencia una situación de dilación indebida.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y el Distrito de Santiago de Cali, atendiendo las
razones que preceden.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado contra el
Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Cali y NEGAR la solicitud de
amparo interpuesta por el señor Jorge Ernesto Andrade contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, de acuerdo con lo señalado anteriormente.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

32 El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 dispuso: «Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias

exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que
dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo,
en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también
podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio
Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social.
La alteración del orden de que trata el inciso precedente constituirá falta disciplinaria. En estos casos,
el Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales, en lo de su competencia, solicitarán
al Juez o Ponente la explicación pertinente para efectos administrativos y disciplinarios. El Consejo
Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales obrarán de oficio o a petición de quienes hayan
resultado afectados por la alteración del orden».

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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