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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05735-00

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05735-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Dirección Seccional Ejecutiva de la Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, la directora (E) de la unidad de carrera judicial en nombre del Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo seccional de la Judicatura del Atlántico por las razones indicadas. Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05735-00 Accionante: Jorge Iván Rodríguez González Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros Referencia: Primera instancia de acción de tutela SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo promovido por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. CUARTO: En caso de no ser impugnada REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05735-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

10 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05735-00
Accionante: JORGE IVÁN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra el procedimiento y la decisión de nombramiento de cargo en
provisionalidad por parte de juez quinto de familia de Barranquilla. Improcedencia
por ser procedente el medio de defensa judicial ordinario.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Antecedentes

1. En nombre propio, Jorge Iván Rodríguez González promovió acción de tutela
contra el Juez Quinto (5º) de familia de Barranquilla y el Consejo Superior de la
Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura de Barranquilla, en busca de la
protección de su derecho fundamental al debido proceso.

2. Denunció que fue coaccionado por el titular del Juzgado Quinto (5º) de Familia
para que de manera anómala y contraria a derecho le suministrara su clave personal
para acceder a la plataforma de publicaciones del micrositio de la Rama Judicial,
clave que de manera única y exclusiva manejaba en razón a sus funciones como
empleado de carrera en la mencionada autoridad judicial.

3. Derivado de la condición de subordinado, el tutelante indicó que le entregó la
clave de acceso, información que el juez quinto (5º) requería para realizar una
“maniobra ajena al debido proceso consistente en realizar una publicación de una
vacante del cargo de oficial mayor, soslayando de ascenso”1 del tutelante. Indicó
que, en su condición de empleado de carrera, abogado, con más de 10 años de
experiencia, “era casi requisito de ley que dicho cargo fuera una oportunidad de
ascenso directo para los empleados del mismo despacho, entre los cuales por la
condición de empleado tenía pleno marco legal para que el suscrito accediera a esa
oportunidad de ascenso laboral”2.

4. Como fundamento de su escrito menciona llamadas telefónicas anónimas en las
que, personas le advierten que su jefe, el juez quinto de familia de Barranquilla, “fue
desleal”. Indica que hay prueba inexorable de que cumple perfectamente con el

1
Folio 1 del escrito de amparo
2
Folio 1 del escrito de amparo

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05735-00
Accionante: Jorge Iván Rodríguez González
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

perfil para acceder al ascenso en carrera y ejercer la vacante temporal de 3 años
de oficial mayor “que se originó producto de la licencia no remunerada que le fue
concedida a quien hasta hace pocos días se posesionara del cargo, más allá de mi
preparación profesional como abogado, más allá de mis más de 10 años de
experiencia en carrera en la rama judicial, está en el hecho, irónico inclusive, que el
mismo doctor Alejandro Castro Batista, en ocasiones anteriores me ha hecho el
nombramiento provisional en dicho cargo en esa misma célula judicial ( las pruebas
de tales nombramiento obran en las certificaciones laborales perfectamente
recaudable en el área de recursos humanos de la rama judicial)”3.

5. Advirtió que, es nulo de pleno derecho todo nombramiento externo al cargo
vacante de oficial mayor que el titular del juzgado quinto de familia de Barranquilla
realice sin el lleno de los requisitos, en abierta violación al debido proceso y en
atropello a su derecho al ascenso público laboral.

6. Solicitó como pretensiones el amparo de su derecho al debido proceso-acceso al
ascenso en carrera judicial de la rama judicial conforme los parámetros normativos
de la Ley 2430 de 2024, en el cargo de oficial mayor actualmente vacante por 3
años, en el juzgado quinto de familia de Barranquilla. Por ello solicitó que se declare
que es nula de pleno derecho “la publicación externa de convocatoria realizada por
el doctor Alejandro Castro Batista”.

Trámite del amparo

7. En auto de 23 de julio de 2026, el despacho sustanciador admitió el amparo
contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura
del Atlántico y el Juzgado Quinto de Familia del Circuito Judicial de Barranquilla. Se
vinculó como tercero a la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial
de Barranquilla y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en calidad de
terceros con interés. Además, requirió a las autoridades accionadas para que se
pronunciaran de manera concreta sobre los hechos expuestos por el accionante.
De otra parte, negó la medida provisional. Entre otras decisiones.

8. El apoderado de la Dirección Seccional Ejecutiva de la Administración
Judicial4 intervino con el fin de solicitar que se desvincule por falta de legitimación
en la causa por pasiva, pues dicha autoridad no ha incurrido en acción u omisión
que implique riesgo o amenaza de vulneración de los derechos fundamentales del
tutelante, toda vez que los hechos se circunscriben a actuaciones del Juzgado
Quinto (5º) de familia de Barranquilla.

9. La apoderada de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial intervino
en idéntico sentido. Solicitó la desvinculación del proceso por carecer de
legitimación en la causa por pasiva, pues conforme la norma estatutaria, Ley 270
de 1996, reformada por los artículos 46 y subsiguientes de la Ley 2430 de 2024, no
tiene competencia en la administración del personal de los juzgados. Sus

3
Índice samai 1, escrito de amparo, folio 2.
4
Índice samai 8.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05735-00
Accionante: Jorge Iván Rodríguez González
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

competencias se limitan a las indicadas en el artículo 98 de la mencionada
disposición.

10. Alejandro Castro Batista, titular del Juzgado Quinto (5º) de Familia de
Barranquilla, intervino con el fin de indicar que no ha coaccionado al tutelante.
Aclaró que la publicación de la vacante se gestionó de acuerdo con los
procedimientos establecidos y sin recurrir a ningún acto de constreñimiento o
manipulación. Señaló que “[e]l procedimiento para la provisión de la vacante de
Oficial Mayor se realizó conforme a la normativa vigente, que no establece un
‘ascenso directo’ como un requisito de ley ineludible para la provisión de cargos
temporales”. En general indicó que el procedimiento de convocatoria se realizó
siguiendo los procedimientos indicados para ese tipo de requerimientos. Aclaró que,
si bien el accionante ha sido encargado en el cargo que ahora motiva la tutela en
ocasiones anteriores, “dicha idoneidad y las designaciones anteriores no generan
un derecho adquirido o preferencial absoluto para la provisión definitiva de la
vacante de Oficial Mayor en el despacho”.

11. Insistió en la legalidad del procedimiento de provisión de la vacante temporal del
cargo de oficial mayor, además de que no se produjo coacción contra el tutelante,
o actuación contraria a derecho y que en todo caso, la acción resulta improcedente
por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, pues el actor cuenta con los
medios judiciales de defensa ordinarios para controvertir la legalidad del
procedimiento de provisión de la vacante de oficial mayor, concretamente, ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. En todo caso, del expediente resulta
claro que no se ha presentado vulneración a los derechos fundamentales del actor.

12. Informó que el proceso de selección llevó a que se proveyera, temporalmente,
el cargo de oficial mayor. Manifestó que la decisión no obedeció a criterios
subjetivos, sino que fue resultado del ejercicio de sus facultades normativas para la
provisión de cargos en provisionalidad cuando no existe lista para nombrar
servidores.

13. La directora (e) de la Unidad de Carrera Judicial en nombre del Consejo
Superior de la Judicatura5 intervino y solicitó su desvinculación del proceso de
tutela pues no vulneró ni puso en riesgo ningún derecho fundamental del actor.

14. El Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico intervino con el fin de
solicitar que se declare que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues los
hechos objeto de la tutela escapan a su competencia relacionada con proveer
vacantes temporales en los despachos judiciales.

CONSIDERACIONES
Competencia

15. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo

5
Índice samai 11.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05735-00
Accionante: Jorge Iván Rodríguez González
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

37 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.

Cuestión previa

16. La Dirección Seccional Ejecutiva de la Administración Judicial, la Dirección
Ejecutiva de la Administración Judicial, la directora (e) de la unidad de carrera
judicial en nombre del Consejo Superior de la Judicatura, Consejo seccional de la
Judicatura del Atlántico solicitaron su desvinculación del proceso de tutela. Indicaron
que carecen de legitimación en la causa por pasiva puesto que los hechos de la
tutela se relacionan con la provisión de un cargo en provisionalidad. No obstante,
conforme el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, deben concurrir al proceso de
amparo las entidades o instancias que eventualmente se vean afectadas por el fallo
de amparo. En el caso concreto, puesto que, se trata de una petición de amparo
relacionada con el supuesto derecho de ascenso de un servidor de carrera judicial,
en los términos de la Ley 2430 de 2024, las instancias vinculadas en el auto
admisorio deben concurrir al proceso, pues un eventual sentido del fallo, puede
llegar a afectarlas, y en esa medida, deben estar en condiciones de ejercer el
derecho de defensa. Por lo anterior, en la parte motiva, se negará la solicitud de
desvinculación.

Determinación del problema jurídico

17. De manera preliminar, la Sala debe resolver si la acción de tutela satisface el
requisito de subsidiariedad para controvertir el procedimiento y el acto mediante los
cuales se proveyó temporalmente el cargo de oficial mayor del Juzgado Quinto de
Familia del Circuito de Barranquilla. En particular, deberá establecerse si el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho resulta idóneo y eficaz y si se
acreditó un perjuicio irremediable que justifique la intervención transitoria del juez
constitucional.

18. Con el fin de resolver el anterior problema jurídico, en primer lugar, se reiterará
el precedente sobre la procedencia de la acción de tutela para cuestionar decisiones
administrativas relacionadas con el nombramiento en provisionalidad de cargos en
autoridades judiciales.

Procedencia de la acción de tutela para cuestionar proceso y decisiones de
administrativas relacionadas con el nombramiento en provisionalidad de
cargos en el caso concreto

19. El artículo 6 del decreto 2591 de 1991 prescribe que será improcedente la acción
de tutela cuando el actor cuente con mecanismos judiciales ordinarios o
extraordinarios pendiente de agotar, salvo que se encuentre ante un perjuicio
irremediable que haga procedente el amparo transitorio o cuando en el caso
concreto, el medio judicial ordinario pendiente de agotar, o sea inidóneo o ineficaz.

20. El Juez Quinto (5º) de Familia de la ciudad de Barranquilla, en su contestación
del escrito de amparo, indicó que, en el caso concreto, profirió un acto de

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05735-00
Accionante: Jorge Iván Rodríguez González
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

nombramiento de un nuevo servidor judicial para el cargo de oficial mayor, el cual
se encontraba vacante. Indicó que, si bien, no existe un derecho adquirido para el
ascenso solicitado por el tutelante, y que, además rechazó explícitamente la
acusación de haber ejercido coacción contra el demandante, señala que, en todo
caso, este último cuenta con el medio judicial ordinario de nulidad y restablecimiento
del derecho para cuestionar el procedimiento de selección y nombramiento de la
persona que fue seleccionada en provisionalidad en el cargo de oficial mayor en el
juzgado quinto de familia de Barranquilla. En esa medida, indica que, el supuesto
derecho al ascenso, o el supuesto hecho de coacción deben ser resueltos a través
del medio judicial ordinario de defensa.

21. En efecto, la jurisprudencia constitucional6 ha indicado que, por regla general,
es improcedente la acción de tutela contra las decisiones administrativas por medio
de las que se realizan nombramientos en provisionalidad, esto pues, el medio
judicial ordinario de defensa judicial es el de nulidad y restablecimiento del derecho
con medidas cautelares, medio judicial idóneo y eficaz para cuestionar, entre otras,
supuestos actos irregulares, de coacción o sin fundamentos normativos o cuando
se produjo en casos de violación a la ley sustancial. Se ha indicado que,
excepcionalmente, la acción de tutela es procedente cuando el tutelante se
encuentra ante un perjuicio irremediable7, entendido como una amenaza grave,
urgente, inminente y cierta a un derecho fundamental y cuya consecuencia es la
habilitación a que, de manera transitoria, se proteja la petición constitucional.

22. En el presente asunto, el cuestionamiento principal recae sobre el procedimiento
de convocatoria y el acto mediante el cual se proveyó temporalmente el cargo de
oficial mayor del Juzgado Quinto (5º) de Familia del Circuito de Barranquilla. En
efecto, conforme la contestación del escrito de tutela, el Juez Quinto (5) de Familia
de la ciudad de Barranquilla, indicó que ya proveyó el cargo de oficial mayor en
provisionalidad, motivo por el cual, lo que corresponde es cuestionar a través de los
medios judiciales ordinarios, como el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, dichas actuaciones y decisiones.

23. El actor sostiene que, por ser empleado de carrera del mismo despacho, reunir
los requisitos del cargo y haberlo desempeñado anteriormente en provisionalidad,
debía ser considerado para proveer la vacante temporal de oficial mayor, de
conformidad con el artículo 132 de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 2430
de 2024. Sin embargo, establecer si el procedimiento adelantado por el nominador
se ajustó a esa disposición, si la persona finalmente designada se encontraba
dentro de alguna de las categorías legalmente habilitadas para ocupar la vacante y
si los criterios empleados para efectuar el nombramiento respetaron las reglas de
mérito, igualdad y publicidad supone un examen de legalidad propio de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese escenario, el accionante puede
acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA, controvertir tanto el procedimiento como el acto de
nombramiento y solicitar las medidas cautelares que estime necesarias, incluso de

6
Corte Constitucional, T-318 de 2025, SU-067 de 2022, T-425 de 2019
7
Corte Constitucional, T-424 de 2024

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05735-00
Accionante: Jorge Iván Rodríguez González
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

urgencia, para preservar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de
la sentencia.

24. Dicho mecanismo resulta idóneo y eficaz en las circunstancias acreditadas. El
accionante conserva su vinculación en propiedad como citador del Juzgado Quinto
(5º) de Familia de Barranquilla, participó en el procedimiento mediante la remisión
de su hoja de vida y no demostró que el nombramiento cuestionado afecta su
estabilidad laboral, su mínimo vital o alguna condición de especial protección
constitucional. Tampoco acreditó un derecho cierto e incontrovertible a ocupar el
cargo de oficial mayor, pues su inscripción en carrera respecto del empleo de
citador, su experiencia profesional y los encargos anteriores constituyen elementos
que podían ser valorados dentro del proceso de selección, pero no evidencian, por
sí solos, una titularidad automática sobre la vacante temporal. En consecuencia, la
pérdida de la oportunidad de ser designado no configura un perjuicio grave,
inminente e impostergable que no pueda ser discutido y, de ser el caso, reparado
por el juez natural.

25. Por otra parte, en cuanto a la alegada coacción para suministrar la clave de
acceso al micrositio de la Rama Judicial, el accionante plantea una controversia
fáctica que no puede resolverse con los elementos allegados al trámite de tutela.
Mientras el accionante afirma que entregó la credencial debido a su condición de
subordinado y relaciona este hecho con la finalidad de la convocatoria, el titular del
despacho niega haber ejercido presión, constreñimiento o manipulación. En esas
condiciones, no es posible establecer en este mecanismo preferente y sumario, cuál
de las versiones corresponde a lo ocurrido ni si el uso de la clave tuvo incidencia en
el procedimiento de nombramiento. Por tanto, la sola existencia de afirmaciones
contrapuestas impide identificar una vulneración cierta y actual del debido proceso,
por lo que tales hechos deben ser esclarecidos a través de los mecanismos
judiciales o administrativos correspondientes.

26. Así, al existir un medio judicial idóneo y eficaz para controvertir el trámite de la
convocatoria para proveer un empleo y el acto nombramiento en provisionalidad, y
no haberse demostrado un perjuicio irremediable, la acción de tutela resulta
improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Por lo anterior, se
declarará improcedente el amparo por no satisfacer el requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Dirección Seccional
Ejecutiva de la Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva de la Administración
Judicial, la directora (E) de la unidad de carrera judicial en nombre del Consejo
Superior de la Judicatura y el Consejo seccional de la Judicatura del Atlántico por
las razones indicadas.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05735-00
Accionante: Jorge Iván Rodríguez González
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo promovido por las razones
expuestas en la parte motiva de la providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.

CUARTO: En caso de no ser impugnada REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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