Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05737-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05737-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05737-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05737-00
Accionante: YAMILETH PALOMINO ROMERO y LEYDI LORENA BRAND COBO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Vinculados: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
legitimación en la causa por activa y por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se declara improcedente la acción de tutela promovida por Yamileth Palomino
Romero, por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, toda vez que
pretende reabrir una controversia de carácter legal relacionada con la interpretación y
aplicación de la causal de recusación prevista en el numeral 2 del artículo 141 del Código
General del Proceso, asunto definido por el juez natural y ajeno a la naturaleza y finalidad
del amparo constitucional. Respecto de Leydi Lorena Brand Cobo, se declara
improcedente la acción por falta de legitimación en la causa por activa, al no acreditarse
que el abogado estuviera facultado para actuar en su representación.
II. ANTECEDENTES
La acción de tutela
2. El 22 de julio de 2026, el abogado Jairo Iván Galindo interpuso acción de tutela en
nombre de Yamileth Palomino Romero y Leydi Lorena Brand Cobo contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. Solicitó el amparo de los derechos al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y a la independencia e imparcialidad judicial,
vulnerados con el Auto Interlocutorio 134 del 11 de junio de 2026, mediante el cual el
tribunal accionado negó la recusación formulada contra el magistrado Omar Edgar Borja
Soto.
3. La recusación se formuló dentro del trámite de apelación del incidente de nulidad
promovido en el proceso de reparación directa que las accionantes habían adelantado
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional. El apoderado la
sustentó en que el magistrado Borja Soto había intervenido previamente en ese proceso
como ponente de la sentencia de segunda instancia que negó las pretensiones de las
demandantes, circunstancia que, a su juicio, comprometía su imparcialidad para resolver
la apelación del incidente de nulidad.
Hechos relevantes
4. En ejercicio del medio de control de reparación directa, las señoras Yamileth Palomino
Romero y Leydi Lorena Brand Cobo promovieron demanda en contra la Nación –
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Accionante: Yamileth Palomino Romero, Leydi
Lorena Brand Cobo
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el propósito de obtener la
reparación de los daños sufridos con ocasión de los hechos atribuidos al suboficial del
Ejército Nacional Fabián Andrés Moncada Palacios.
5. Las demandantes atribuyeron responsabilidad al Estado por los hechos de violencia
sexual de los que afirmaron haber sido víctimas en el año 2010, los cuales relacionaron
con la conducta del referido miembro del Ejército Nacional y con el ejercicio de sus
funciones como integrante de esa institución.
6. Dentro del proceso de reparación directa se debatió la responsabilidad patrimonial del
Estado por los daños reclamados. Para tal efecto, fueron incorporados distintos
elementos probatorios relacionados con la ocurrencia de los hechos, la conducta
atribuida a Fabián Andrés Moncada Palacios y su condición mental, aspectos cuya
valoración adquirió especial relevancia para determinar la imputación del daño a la
entidad demandada.
7. El 8 de noviembre de 2013, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Buga profirió la sentencia, mediante la cual negó las pretensiones formuladas por las
demandantes dentro del medio de control de reparación directa.
8. Inconformes con esa determinación, las demandantes interpusieron recurso de
apelación. El asunto fue resuelto en segunda instancia mediante sentencia del 24 de
agosto de 2018, en cuya adopción intervino el magistrado Omar Edgar Borja Soto,
decisión en la que se mantuvo la negativa de las pretensiones formuladas.
9. Las accionantes cuestionaron la valoración probatoria efectuada en la decisión de
segunda instancia, pues consideraron que se tuvieron en cuenta determinados
elementos de convicción y se omitió valorar otros que resultaban relevantes para
establecer la responsabilidad del Estado.
10. Señalaron que dicha actuación configuró un defecto fáctico en dimensión negativa;
no obstante, precisaron que este cuestionamiento se expuso a título ilustrativo y no
constituye el objeto de la presente acción de tutela, sino que pretende evidenciar que el
magistrado Omar Edgar Borja Soto ya había conocido del asunto y fijado criterio sobre
el material probatorio.
11. El 2 de julio de 2024, el apoderado judicial de las accionantes presentó ante el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga solicitud de
nulidad insaneable respecto de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas
dentro del proceso de reparación directa.
12. Fundamentó la solicitud en la falsa motivación de esas decisiones, por la falta de
valoración de las pruebas periciales relativas a la condición de salud mental de Fabián
Andrés Moncada Palacios, e invocó el término de prescripción extraordinaria de diez
años previsto en el artículo 1 de la Ley 791 de 2002.
13. Mediante Auto de Sustanciación 50 del 20 de marzo de 2025, el Juzgado glosó sin
consideración alguna la solicitud, al advertir que el expediente se encontraba archivado
desde la ejecutoria de la Sentencia 142 del 24 de agosto de 2018, sin que se hubiera
propuesto nulidad alguna durante las dos instancias del proceso.
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14. El apoderado judicial interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación
contra esa decisión. Mediante Auto Interlocutorio 62 del 27 de enero de 2026, el Juzgado
no repuso la providencia recurrida, al considerar que la falsa motivación invocada no
corresponde a ninguna de las causales de nulidad insaneable previstas taxativamente
en el artículo 136 del Código General del Proceso, y concedió la apelación en el efecto
devolutivo ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
15. En el trámite de esa apelación correspondió nuevamente al magistrado Omar Edgar
Borja Soto el conocimiento del asunto. Por esa razón, las accionantes formularon
recusación en su contra, con fundamento en la causal prevista en el numeral 2 del
artículo 141 del Código General del Proceso, al estimar que su intervención previa como
ponente de la Sentencia 142 del 24 de agosto de 2018 comprometía la garantía de
imparcialidad judicial para resolver un asunto relacionado con la nulidad de aquella
misma actuación.
16. Mediante Auto Interlocutorio 134 del 11 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca negó la recusación formulada contra el magistrado Omar Edgar Borja
Soto.
17. Contra esa decisión, las accionantes interpusieron recurso de reposición, el cual fue
declarado improcedente mediante auto interlocutorio 155 del 11 de julio de 2026.
18. Con fundamento en lo anterior, acudieron al juez constitucional con el propósito de
que se deje sin efectos la providencia que negó la recusación, se reconozca la
configuración de la causal prevista en el numeral 2 del artículo 141 del Código General
del Proceso y, en consecuencia, sea una Sala distinta la que resuelva el recurso de
apelación interpuesto contra la decisión adoptada frente al incidente de nulidad.
Pretensiones
19. Las accionantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y a la independencia e imparcialidad
judicial, en consecuencia, pidieron dejar sin efectos el Auto Interlocutorio 134 del 11 de
junio de 2026, que negó la recusación formulada contra el magistrado Omar Edgar Borja
Soto; declarar configurada la causal prevista en el numeral 2 del artículo 141 del Código
General del Proceso y disponer que una Sala distinta resuelva el recurso de apelación
interpuesto contra la decisión adoptada frente al incidente de nulidad.
Fundamentos
20. Las accionantes sostuvieron que la decisión que negó la recusación vulneró las
garantías de independencia e imparcialidad judicial, pues el magistrado Omar Edgar
Borja Soto había conocido previamente del proceso de reparación directa y actuado
como ponente de la sentencia del 24 de agosto de 2018, mediante la cual se confirmó la
negativa de sus pretensiones.
21. Señalaron que dicha intervención previa impedía que el magistrado participara en la
resolución del recurso de apelación relacionado con el incidente de nulidad, pues, a su
juicio, ello implicaría que revisara una actuación respecto de la cual ya había conocido y
fijado criterio. Por esta razón, consideraron configurada la causal de recusación prevista
en el numeral 2 del artículo 141 del Código General del Proceso.
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22. Cuestionaron la valoración probatoria realizada en la sentencia de segunda instancia
del proceso de reparación directa y señalaron que en ella se incurrió en un defecto fáctico
en dimensión negativa, por haberse omitido elementos probatorios que consideraban
determinantes para establecer la responsabilidad del Estado. No obstante, precisaron
que tales argumentos fueron expuestos a título ilustrativo y no constituyen el objeto de la
presente acción de tutela, sino que pretenden demostrar el conocimiento previo que el
magistrado tenía del asunto.
23. Con fundamento en lo anterior, afirmaron que la providencia que negó la recusación
desconoció sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y
las garantías de independencia e imparcialidad judicial, al permitir que el magistrado
continuara interviniendo en el asunto pese a haber conocido previamente del proceso y
fijado criterio sobre la controversia.
Trámite impartido
24. El 23 de julio de 2026, se admitió la tutela en contra del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y como tercero interviniente se notificó a la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional, por ser los sujetos procesales vinculados al proceso de
reparación directa en el cual se suscitaron las decisiones judiciales cuestionadas.
25. En el auto admisorio se dispuso a requerir a las accionantes, señoras Yamileth
Palomino Romero y Leydi Lorena Brand Cobo, para que, en el término de dos (2) días
hábiles contados a partir de la notificación de ese proveído, allegaran al despacho el
poder amplio y suficiente otorgado al abogado Jairo Iván Galindo Arce para su
representación en el presente trámite constitucional.
26. En cumplimiento de ese requerimiento, el abogado Jairo Iván Galindo Arce allegó
memorial con el poder otorgado por Yamileth Palomino Romero y manifestó desistir de
la actuación respecto de Leydi Lorena Brand Cobo.
Intervenciones
27. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca1 solicitó declarar improcedente la
acción de tutela o, subsidiariamente, negar el amparo, al considerar que no satisface el
requisito de relevancia constitucional, pues la inconformidad de las accionantes se limita
al desacuerdo con el Auto Interlocutorio 134 del 11 de junio de 2026, que negó la
recusación formulada en su contra, por lo que, se pretende reabrir una discusión jurídica
ya decidida.
28. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
29. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia,
conforme a los artículos 86 de la Constitución y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de
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Samai, Índice 010. Expediente primera instancia.
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Lorena Brand Cobo
1991, concordantes con el Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el reglamento
interno de esta corporación.
Problema Jurídico y metodología de la decisión
30. Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela promovida por Yamileth
Palomino Romero cumple los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, en particular, el de relevancia constitucional.
31. De superarse dicho análisis, la Sala determinará si el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, así como las garantías de independencia e imparcialidad
judicial, al negar la recusación formulada contra el magistrado Omar Edgar Borja Soto.
Análisis de la Sala
Legitimación en la causa
32. De conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela
puede ser promovida directamente por el titular de los derechos fundamentales o por
quien actúe en su representación. Cuando se ejerce mediante apoderado judicial, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que debe acreditarse el respectivo mandato
para promover la acción constitucional, pues la ausencia de los elementos esenciales
del apoderamiento desconfigura la legitimación en la causa por activa y conduce a la
improcedencia del amparo2.
33. En el presente asunto, el abogado Jairo Iván Galindo promovió la acción de tutela en
nombre de Yamileth Palomino Romero y Leydi Lorena Brand Cobo. Frente a Yamileth
Palomino Romero, allegó el poder especial que lo facultaba para actuar en su
representación, de manera que respecto de ella se encuentra acreditada la legitimación
en la causa por activa.
34. Sin embargo, mediante memorial del 30 de julio de 2026, manifestó que no contaba
con poder otorgado por Leydi Lorena Brand Cobo, que no tenía contacto con ella y que,
por esa razón, no podía aportar el mandato correspondiente. En consecuencia, solicitó
que la actuación continuara únicamente respecto de Yamileth Palomino Romero.
35. Tampoco se advierte que Leydi Lorena Brand Cobo haya comparecido
posteriormente al trámite para ratificar la actuación adelantada en su nombre o
manifestar de manera inequívoca su voluntad de promover la solicitud de amparo,
circunstancia que permitiría superar las deficiencias relacionadas con el apoderamiento
judicial.
36. En consecuencia, el abogado que promovió la acción de tutela carece de legitimación
en la causa por activa para actuar en representación y defensa de los intereses de Leydi
Lorena Brand Cobo, al no acreditar poder especial que lo facultara para promover el
amparo en su nombre, ni advertirse que aquella hubiera ratificado posteriormente su
actuación. Por tanto, la acción de tutela promovida respecto de Leydi Lorena Brand Cobo
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Sentencia T-194/12
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será declarada improcedente, mientras que el estudio de los demás requisitos de
procedibilidad continuará únicamente respecto de Yamileth Palomino Romero.
Inmediatez
37. Se cumple este requisito, porque el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
profirió el Auto Interlocutorio 134, que negó la recusación, el 11 de junio de 2026, y
mediante Auto Interlocutorio 155 del 9 de julio de 2026 declaró improcedente el recurso
de reposición interpuesto contra esa decisión, mientras que la acción de tutela se
presentó el 22 de julio de 2026, término que la Sala considera razonable.
Relevancia constitucional
38. La acción de tutela no es una instancia adicional para discutir aspectos económicos,
de mera legalidad o la interpretación legítima de los jueces naturales; solo procede
cuando afloran serias dudas sobre la arbitrariedad, el capricho o la irracionalidad de una
decisión judicial.
39. La Sala declarará improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional. Aunque la accionante invocó la vulneración de sus derechos al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, así como de las garantías de
independencia e imparcialidad judicial, su inconformidad se circunscribe, en esencia, a
cuestionar la decisión mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
negó la recusación formulada contra el magistrado Omar Edgar Borja Soto.
40. La argumentación de la accionante se sustenta en que el referido magistrado había
conocido previamente del proceso de reparación directa y actuado como ponente de la
sentencia 142 del 24 de agosto de 2018, mediante la cual se confirmó la decisión que
negó las pretensiones.
41. En su criterio, esa circunstancia impedía que interviniera posteriormente en la
resolución del recurso de apelación relacionado con el incidente de nulidad promovido
contra la actuación, pues ello implicaría revisar un asunto respecto del cual ya había
conocido y fijado criterio.
42. A partir de lo anterior, consideró configurada la causal de recusación prevista en el
numeral 2 del artículo 141 del Código General del Proceso y cuestionó el Auto
Interlocutorio 134 del 11 de junio de 2026, que negó la recusación, así como el Auto
Interlocutorio 155 del 9 de julio del mismo año, que declaró improcedente el recurso de
reposición interpuesto contra aquella determinación. En consecuencia, pretende que el
juez constitucional deje sin efectos la decisión que negó la recusación y disponga que
una Sala distinta conozca del recurso de apelación.
43. En esas condiciones, la controversia propuesta se contrae a determinar si el
conocimiento previo que tuvo el magistrado Omar Edgar Borja Soto del proceso de
reparación directa configura la causal de recusación prevista en el numeral 2 del artículo
141 del Código General del Proceso. Se trata, entonces, de un asunto de mera legalidad,
pues su resolución exige establecer el alcance de dicha disposición procesal y verificar
si la actuación anterior del magistrado se subsume en el supuesto allí previsto, cuestión
que corresponde definir al juez natural dentro del trámite de la recusación.
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44. En ese sentido, la sola inconformidad de la accionante con la interpretación y
aplicación de esa causal no transforma el debate en uno de naturaleza constitucional ni
habilita al juez de tutela para efectuar una nueva valoración sobre su configuración.
45. La Sala no desconoce que en el escrito de tutela se formularon extensos
cuestionamientos frente a la sentencia de primera instancia del 8 de noviembre de 2013
y la sentencia de segunda instancia del 24 de agosto de 2018, relacionados,
principalmente, con la valoración del material probatorio y la presunta configuración de
un defecto fáctico en dimensión negativa.
46. La parte accionante cuestionó que se hubieran valorado determinados elementos de
convicción y omitido otros que, a su juicio, resultaban relevantes para establecer la
responsabilidad del Estado, especialmente los relacionados con la condición de salud
mental de Fabián Andrés Moncada Palacios y su incidencia en los hechos que dieron
origen al medio de control de reparación directa. Sin embargo, en el mismo escrito de
tutela se precisa que tales planteamientos se exponen únicamente a título ilustrativo y
“no [son] el objeto de la acción de tutela”3, pues los utiliza para sustentar que el
magistrado Omar Edgar Borja Soto ya había conocido del acervo probatorio y fijado
criterio sobre la controversia.
47. Por tanto, esos cuestionamientos no permiten trasladar el debate sobre la sentencia
de reparación directa al escenario constitucional ni modifican el objeto de la presente
acción. Su exposición constituye el fundamento utilizado por la accionante para justificar
la recusación, mas no una pretensión autónoma encaminada a obtener, mediante esta
tutela, la revisión de la valoración probatoria realizada en aquella providencia.
48. De esta manera, la sola invocación de las garantías de independencia e
imparcialidad judicial no dota de relevancia constitucional a la controversia, pues la
accionante no evidencia una afectación iusfundamental autónoma que trascienda su
desacuerdo con la interpretación y aplicación de la causal de recusación.
49. Acceder al estudio propuesto implicaría que el juez de tutela determinara
nuevamente si los hechos alegados se subsumen en el numeral 2 del artículo 141 del
Código General del Proceso y, con ello, sustituyera al juez natural en la resolución de
una cuestión de naturaleza procesal.
50. En conclusión, la controversia planteada no trasciende el ámbito de la legalidad ni
evidencia, en los términos expuestos en la solicitud de amparo, una vulneración
autónoma de derechos fundamentales. Por el contrario, refleja la inconformidad de la
accionante con la decisión adoptada frente a la recusación, circunstancia insuficiente
para habilitar la intervención excepcional del juez constitucional y convertir la acción de
tutela en una instancia adicional para replantear una cuestión ya decidida por el juez
natural.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
3
Página 3 escrito de Tutela – SAMAI índice 00002.
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Accionante: Yamileth Palomino Romero, Leydi
Lorena Brand Cobo
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida en nombre de
Leydi Lorena Brand Cobo, por falta de legitimación en la causa por activa, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Yamileth
Palomino Romero, por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, por incumplimiento del requisito general de relevancia constitucional,
conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
TERCERO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. Si no se impugna esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el enlace
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puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
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