Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05753-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05753-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05753-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05753-00
Accionante: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO
NACIONAL
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ - SALA
TERCERA DE DECISIÓN
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra auto que decretó medida cautelar dentro de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en curso. Se declara improcedente por no
satisfacer los requisitos de subsidiariedad y de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por el Ministerio de Defensa -Ejército Nacional, de conformidad con lo consagrado
en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 29 del Decreto 2591 de
19911.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El 22 de julio de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela contra la Sala
Tercera (3.ª ) de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y de los principios
constitucionales de “juez natural” e igualdad procesal.
Hechos relevantes
2. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
señor Huber Arley Mejía Muñoz, demandó a la entidad tutelante con el fin de obtener
la nulidad de la Orden Administrativa de Personal No. 1180 del 28 de febrero de
2023, proferida por el Comando de Personal del Ejército Nacional, por medio de la
cual se dispuso su retiro del servicio activo por disminución de la capacidad
psicofísica en su calidad de soldado profesional. A título de restablecimiento del
derecho solicitó el reintegro, la reubicación laboral en los programas de
rehabilitación integral y el pago de los salarios, prestaciones y perjuicios causados2.
1
Que ingresó al despacho para fallo el 12 de agosto de 2026.
2
Índice 00003, documento: 1_ED_01DEMANDAANEXOS(.pdf) NroActua 3, expediente de primera
instancia radicado: 18-001-33-33-005-2023-00387-00, SAMAI.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05753-00
Accionante: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá - Sala Tercera de decisión
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
3. En el escrito de demanda, el actor pidió el decreto de medidas cautelares
consistentes en la suspensión provisional de los efectos del acto de retiro y el
reintegro al servicio activo con reubicación laboral. Mediante auto interlocutorio No.
277 del 11 de octubre de 2024, el Juzgado Quinto (5º) Administrativo de Florencia
admitió la demanda y ordenó correr traslado de la solicitud cautelar3, término dentro
del cual la entidad demandada se opuso a su prosperidad4.
4. En auto interlocutorio No. 300 del 30 de julio de 2025, el Juzgado Quinto (5º)
Administrativo de Florencia negó el decreto de las medidas cautelares. Consideró
que la solicitud no fue debidamente sustentada, que no se acreditaron los requisitos
de los artículos 229 y 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA) y que no se probó el perjuicio irremediable
invocado5.
5. La parte demandante apeló esa decisión. El recurso fue concedido en el efecto
devolutivo mediante proveído del 6 de febrero de 20266 y el expediente fue remitido
al Tribunal Administrativo del Caquetá el 17 de febrero de 20267 . El asunto
correspondió por reparto al Despacho 002. El proyecto registrado el 6 de marzo de
2026 fue derrotado en Sala del 10 de marzo siguiente, por lo cual se dispuso el
cambio de ponente.
6. En auto del 24 de junio de 2026, la Sala Tercera (3.ª ) de Decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá, con ponencia de la magistrada Yanneth Reyes
Villamizar, revocó el auto del 30 de julio de 2025 y, en su lugar, decretó la
suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Orden Administrativa de
Personal No. 1180 del 28 de febrero de 2023 y ordenó al Ejército Nacional el
reintegro provisional del demandante mediante su reubicación en funciones
compatibles con su condición de salud, hasta tanto se profiera la decisión de fondo.
7. Con apoyo en la jurisprudencia constitucional sobre estabilidad laboral reforzada,
la Sala estimó que el material aportado permitía advertir una apariencia de buen
derecho y un riesgo de perjuicio irremediable, dado que el actor registra una pérdida
de capacidad laboral acumulada del 48.64%, fue declarado no apto sin
recomendación de reubicación. La decisión no fue unánime. La magistrada Ana
María Lozada Vásquez salvó el voto por considerar que, de la confrontación exigida
por el artículo 231 del CPACA, no surgía una vulneración ostensible que justificara
la suspensión provisional, que el acto de retiro se sustentó en el concepto de la
Junta Médico Laboral y que el examen de su legalidad debía reservarse para la
sentencia, una vez agotado el debate probatorio.
8. La entidad tutelante sostuvo que contra el auto del 24 de junio de 2026 no procede
recurso ordinario alguno y que la medida cautelar continúa produciendo efectos
jurídicos y materiales, por lo que la acción de tutela sería el único mecanismo eficaz
para la protección inmediata de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
3
Índices 00010 y 00011, ibidem, SAMAI.
4
Índice 00019, ibidem, SAMAI.
5
Índice 00034, ibidem, SAMAI.
6
Índice 00040, ibidem, SAMAI.
7
Índice 00046, ibidem, SAMAI.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05753-00
Accionante: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá - Sala Tercera de decisión
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
acceso a la administración de justicia, a la igualdad procesal y a la tutela judicial
efectiva.
Pretensiones
9. La parte accionante solicitó lo siguiente:
“PRIMERA: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso, consagrado
en el artículo 29 de la Constitución Política, así como los derechos de acceso
efectivo a la administración de justicia, igualdad procesal y tutela judicial efectiva
de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO
NACIONAL, vulnerados con ocasión de la providencia proferida por la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con Radicado No. 18001-
33-33-005-2023-00387-01.
SEGUNDA: Como consecuencia del amparo constitucional solicitado, DEJAR
SIN EFECTOS el auto mediante el cual la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá revocó la decisión del Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Florencia y decretó la medida cautelar solicitada
por la parte demandante, por haber sido proferido con vulneración del derecho
fundamental al debido proceso y con desconocimiento de los parámetros
constitucionales y legales que regulan el ejercicio de la potestad cautelar.
TERCERA: ORDENAR a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá que, dentro del término que señale el fallo de tutela,
profiera una nueva decisión respecto de la solicitud de medida cautelar
formulada dentro del referido proceso judicial, observando estrictamente el
derecho fundamental al debido proceso, los artículos 29, 228 y 229 de la
Constitución Política, el régimen previsto en los artículos 229 a 233 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la
naturaleza instrumental, provisional y excepcional de las medidas cautelares, el
principio de presunción de legalidad de los actos administrativos y el deber de
motivación reforzada.
CUARTA: ORDENAR que la nueva providencia se adopte prescindiendo de los
defectos constitucionales identificados en esta acción de tutela, garantizando el
pleno respeto por el debido proceso, el derecho de defensa, el principio de
contradicción, la igualdad procesal entre las partes y los límites constitucionales
que rigen el ejercicio de la función jurisdiccional.
QUINTA: DISPONER que la nueva decisión judicial valore integralmente los
presupuestos previstos en el artículo 231 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, desarrollando un análisis
suficiente sobre la necesidad, proporcionalidad, razonabilidad, motivación
reforzada y ponderación de los derechos e intereses constitucionales
comprometidos, sin anticipar el juicio definitivo reservado a la sentencia.”
10. Como medida provisional solicitó:
“Con fundamento en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, respetuosamente
solicito que, mientras se resuelve de fondo la presente acción de tutela, se
decrete como medida provisional la suspensión de los efectos del auto proferido
por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05753-00
Accionante: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá - Sala Tercera de decisión
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
mediante el cual se decretó la medida cautelar dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con Radicado No. 18001-33-33-005-
2023-00387-01.”
Fundamentos de la acción de tutela
11. La entidad imputó a la providencia cuatro defectos: (i) falta de motivación
suficiente y desbordamiento del ámbito propio del juicio cautelar, porque el Tribunal
no realizó una valoración meramente provisional sino que anticipó el examen de
legalidad reservado a la sentencia y omitió el análisis completo de los presupuestos
del artículo 231 del CPACA; (ii) violación directa de la Constitución, por ausencia de
un verdadero juicio de necesidad, idoneidad, proporcionalidad y ponderación entre
los derechos del demandante y la presunción de legalidad del acto administrativo,
la organización del servicio, la autonomía administrativa y el debido proceso de la
entidad; (iii) defecto sustantivo, por aplicar de manera descontextualizada el
precedente constitucional sobre estabilidad laboral reforzada, sin armonizarlo con
el régimen especial del personal de las Fuerzas Militares; y (iv) desconocimiento de
la presunción de legalidad del acto administrativo y de la fuerza probatoria del
concepto técnico de la Junta Médico Laboral, al restarle eficacia en una etapa
preliminar y sin agotarse el debate probatorio. Agregó que la orden de reintegro
produjo materialmente los mismos efectos perseguidos con las pretensiones
principales del proceso ordinario.
12. Con base en lo anterior, solicitó amparar sus derechos fundamentales, dejar sin
efectos el auto del 24 de junio de 2026 y ordenar a la Sala accionada proferir una
nueva decisión cautelar que valore integralmente los presupuestos del artículo 231
del CPACA, sin anticipar el juicio definitivo reservado a la sentencia. Como medida
provisional, pidió la suspensión de los efectos del auto cuestionado mientras se
resuelve la presente acción.
Trámite en primera instancia
13. Mediante auto del 23 de julio de 2026, este despacho admitió la acción de tutela,
ordenó las notificaciones de rigor y vinculó, como terceros con interés, al Juzgado
Quinto (5º) Administrativo del Circuito Judicial de Florencia, al Ministerio Público, al
señor Huber Arley Mejía Muñoz y a los demás intervinientes del proceso ordinario.
14. En la misma providencia, este despacho negó la medida provisional solicitada,
al no encontrar acreditadas la apariencia de buen derecho, el peligro en la demora
ni la proporcionalidad de la medida.
15. Además, se ordenó la remisión en préstamo del expediente ordinario, se
reconoció personería adjetiva a la apoderada de la accionante y se suspendieron
los términos hasta el reingreso del expediente al despacho.
Intervenciones:
16. Las intervenciones allegadas al trámite de tutela se sintetizan a continuación:
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05753-00
Accionante: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá - Sala Tercera de decisión
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Interviniente Síntesis de la intervención
Juzgado Quinto (5º) Remitió en préstamo el expediente del proceso de nulidad y
Administrativo de restablecimiento del derecho con radicado 18001-33-33-005-2023-
Florencia 00387-01. Posteriormente allegó memorial con su escrito de
respuesta y la evidencia de las notificaciones surtidas dentro de ese
proceso.8
Nación - Ministerio de Allegó la dirección de notificación del señor Huber Arley Mejía Muñoz,
Defensa Nacional - vinculado como tercero con interés.9
Ejército Nacional
(accionante)
Huber Arley Mejía Muñoz Fue notificado en la dirección aportada por la entidad accionante. El
(tercero con interés) 5 de agosto de 2026 mediante apoderado, allegó escrito de oposición
formal a la acción de tutela, solicitó negar o declarar improcedente,
argumentó que ninguno de los defectos alegados se configura.10
Tribunal Administrativo Guardaron silencio, pese a que fueron notificados en debida forma.11
del Caquetá - Sala
Tercera de Decisión y el
Ministerio Público
Cuadro 1. Intervenciones en el trámite de tutela
II. CONSIDERACIONES
Competencia
17. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problema jurídico y metodologías de decisión
18. Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela satisface los requisitos
generales de subsidiariedad y relevancia constitucional para controvertir el auto del
24 de junio de 2026, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Caquetá decretó
una medida cautelar dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que actualmente se encuentra en curso.
19. De superarse ese examen, la Sala deberá resolver el siguiente problema de
fondo: ¿la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá incurrió
en los defectos de decisión sin motivación, sustantivo, fáctico y violación directa de
la Constitución, al revocar el auto del 30 de julio de 2025 y decretar la suspensión
provisional de los efectos de la Orden Administrativa de Personal núm. 1180 del 28
de febrero de 2023, junto con el reintegro provisional del demandante, de modo que
tales yerros resultaron determinantes de la decisión cautelar?
20. Para resolver los problemas planteados, la Sala expondrá: (i) el marco de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y la caracterización
8
Índices 00012 y 00015, expediente de tutela, SAMAI.
9
Índice 00014, expediente de tutela, SAMAI.
10
Índice 00018, expediente de tutela, SAMAI.
11
Índice 00008, expediente de tutela, SAMAI.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05753-00
Accionante: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá - Sala Tercera de decisión
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
de los defectos invocados, (ii) el requisito de subsidiariedad frente a las decisiones
cautelares adoptadas en procesos en curso, (iii) el requisito de relevancia
constitucional y (iv) el análisis del caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
21. La acción de tutela contra providencias judiciales procede de manera
excepcional. La Corte Constitucional fijó en la sentencia C-590 de 200512 los
requisitos generales de procedencia y las causales específicas de procedibilidad.
La sentencia T-410 de 202413 reiteró esa metodología y precisó que el juez
constitucional debe verificar, primero, el cumplimiento de todos los requisitos
generales y, solo si estos concurren, si se configura alguno de los defectos
alegados.
22. Los requisitos generales de procedencia son los siguientes14: (i) que la cuestión
debatida tenga evidente relevancia constitucional; (ii) que se agoten todos los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance del interesado,
salvo que se pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable o que los
existentes no sean idóneos ni eficaces15; (iii) que se cumpla el requisito de
inmediatez; (iv) que, cuando se alegue una irregularidad procesal, esta incida de
manera determinante en la decisión cuestionada; (v) que se identifiquen de forma
razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados, y que
estos hayan sido alegados en el proceso, de haber sido posible; y (vi) que no se
dirija contra sentencias de tutela. El incumplimiento de uno solo de estos requisitos
impide el estudio de fondo.
23. Superado ese examen, corresponde verificar la configuración de alguna causal
específica de procedibilidad: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto,
defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
Análisis del caso concreto
24. La entidad accionante formuló cuatro (4) cargos contra el auto del 24 de junio
de 2026. Su correspondencia con las causales específicas de procedibilidad se
precisa a continuación:
Defecto Caracterización jurisprudencial Cargo formulado por la
invocado accionante
Decisión Se configura cuando la providencia El Tribunal no analizó de manera
sin carece de sustento fáctico y jurídico completa los presupuestos del
motivació que permita conocer las razones de lo artículo 231 del CPACA y
n decidido y controvertirlas. desbordó el ámbito propio del
juicio cautelar.
12
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005. M.P: Jaime Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, Sentencia T-410 de 2024. M.P.: Natalia Ángel Cabo.
14
Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la Sentencia SU-
215 de 2022 de la Corte Constitucional. M.P.: Natalia Ángel Cabo.
15
Corte Constitucional, Sentencia SU-659 de 2015. M.P.: Alberto Rojas Ríos.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05753-00
Accionante: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá - Sala Tercera de decisión
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Defecto Caracterización jurisprudencial Cargo formulado por la
invocado accionante
Defecto Se presenta cuando la decisión se Aplicación descontextualizada del
material o funda en una norma inaplicable al precedente sobre estabilidad
sustantivo caso, en una interpretación irrazonable laboral reforzada, sin armonizarlo
de aquella o en la aplicación con el régimen especial del
manifiestamente equivocada del personal de las Fuerzas Militares.
precedente.
Defecto Tiene lugar cuando el juez omite Se restó eficacia al concepto de la
fáctico decretar o valorar pruebas
Junta Médico Laboral y a la
determinantes, o les atribuye un presunción de legalidad del acto
alcance que no se desprende de su de retiro, sin agotarse el debate
contenido. probatorio.
Violación Ocurre cuando la autoridad judicial Ausencia de un juicio de
directa de desconoce una norma constitucional necesidad, idoneidad,
la aplicable o deja de aplicar la excepción
proporcionalidad y ponderación
Constituci de inconstitucionalidad. entre los derechos del
ón demandante y las prerrogativas de
la entidad.
Cuadro 2. Caracterización de los defectos invocados, conforme a las sentencias C-
590 de 2005 y T-410 de 2024
25. A continuación, se realiza el estudio formal de la acción de tutela.
26. Legitimación en la causa: La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
está legitimada por activa. El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 10
del Decreto 2591 de 1991 habilitan a toda persona para reclamar la protección de
sus derechos fundamentales por sí misma o por medio de representante. La Corte
Constitucional admite que las personas jurídicas, incluidas las de derecho público,
sean titulares del debido proceso y del acceso a la administración de justicia cuando
concurren como partes a un proceso judicial16. En este asunto, la entidad
accionante es la parte demandada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 18001-33-33-005-2023-00387-01 y atribuye la vulneración
de esos derechos al auto del 24 de junio de 2026. Actúa por conducto de apoderada
judicial, a quien este despacho le reconoció personería adjetiva.17
27. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá está
legitimada por pasiva. Los artículos 5 y 13 del Decreto 2591 de 1991 disponen que
la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades que
vulnere o amenace derechos fundamentales. La autoridad accionada profirió el auto
del 24 de junio de 2026, que constituye el objeto del reproche constitucional.
28. También cuentan con interés en el presente asunto los sujetos vinculados en el
trámite. El Juzgado Quinto (5º) Administrativo de Florencia profirió el auto del 30 de
julio de 2025, que fue revocado por la providencia cuestionada. El señor Huber Arley
Mejía Muñoz es el demandante dentro del proceso ordinario y el beneficiario directo
16
Corte Constitucional, Sentencia SU-182 de 1998, M.P: Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio
Hernández Galindo.
17
Índice 00005, expediente de primera instancia 18-001-33-33-005-2023-00387-00, SAMAI.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05753-00
Accionante: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá - Sala Tercera de decisión
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
de la medida cautelar, de modo que la decisión de esta acción incide en su situación
jurídica. El Ministerio Público fue notificado para que interviniera en defensa del
orden jurídico y de los derechos fundamentales.
29. La acción satisface el requisito de inmediatez: El auto cuestionado se profirió el
24 de junio de 2026, se notificó el 9 de julio de 202618 y la tutela se presentó el 22
de julio de 2026, esto es, término que equivale a menos de un mes y que resulta
razonable.
30. Sobre el requisito de subsidiariedad: La jurisprudencia ha sostenido que el
amparo no procede si el ordenamiento ofrece un medio idóneo y eficaz para ventilar
el reproche19 . Este presupuesto exige que el accionante agote los medios ordinarios
y procesales disponibles en el trámite judicial correspondiente, salvo que estos no
resulten idóneos o eficaces en el caso concreto, o que se pretenda evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. Lo anterior cobra especial importancia
frente a autos interlocutorios que resuelven sobre medidas cautelares, toda vez que
"i) no se trata de decisiones definitivas; ii) la persona tiene a su disposición distintos
recursos jurídicos para controvertir el auto, en el marco del proceso judicial en el
cual fue emitido y, además, iii) tiene la posibilidad de recurrir la decisión final"20. La
procedencia excepcional del amparo contra este tipo de providencias exige,
entonces, la demostración de un perjuicio irremediable, esto es, de un daño
inminente, grave y que reclame medidas urgentes e impostergables.
31. En el presente asunto, la providencia cuestionada fue proferida dentro de un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que continúa en trámite y en el
cual todavía debe adelantarse el debate probatorio y resolverse de fondo la
legalidad de la Orden Administrativa de Personal núm. 1180 del 28 de febrero de
2023. La medida decretada por el Tribunal consistente en la suspensión provisional
del acto de retiro y el reintegro temporal del demandante no resolvió definitivamente
la controversia ni sustituyó la sentencia que debe proferirse al finalizar el proceso.
32. Si bien contra el auto del 24 de junio de 2026, mediante el cual se resolvió la
apelación, no procede un recurso ordinario adicional, ello no significa que la entidad
accionante carezca de mecanismos procesales ante el juez natural para cuestionar
la permanencia de la cautela. En efecto, el artículo 235 del CPACA autoriza la
modificación o revocatoria de la medida, en cualquier estado del proceso y a petición
de parte, entre otros eventos, cuando se advierta que no se cumplieron los
requisitos para su otorgamiento. Por esa vía, la entidad puede someter al juez
natural los cuestionamientos relativos al cumplimiento de los presupuestos del
artículo 231, a la valoración del concepto de la Junta Médico Laboral y a las demás
circunstancias relevantes para establecer si la medida debe mantenerse,
modificarse o revocarse.
33. De igual manera, las cuestiones centrales invocadas en la tutela como la
legalidad del acto de retiro, el alcance de la estabilidad laboral reforzada dentro del
18
Índice 00005, expediente de proceso ordinario 18001-33-33-005-2023-00387-01, SAMAI.
19
Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 2020. M.P:. Richard S. Ramírez Grisales.
20
Ibidem, que reitera la Sentencia SU-659 de 2015.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05753-00
Accionante: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá - Sala Tercera de decisión
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
régimen especial de las Fuerzas Militares y el valor probatorio de los conceptos
médico-laborales serán objeto de decisión en la sentencia que ponga fin al proceso
ordinario. En ese momento, con plenitud de debate y de prueba, el juez natural
determinara si el retiro se ajustó al ordenamiento jurídico y si procede o no el
restablecimiento solicitado. Contra la decisión definitiva podrán ejercerse los medios
de impugnación previstos en la ley.
34. Tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que habilite
excepcionalmente la intervención del juez de tutela. La entidad accionante no
demostró un riesgo cierto y próximo para sus derechos fundamentales, distinto de
los efectos propios del cumplimiento de la medida cautelar. En concreto: (i) no existe
inminencia, porque no se probó una amenaza actual diferente del desacuerdo con
la decisión judicial; (ii) no se acreditó gravedad, dado que el reintegro es provisional
y puede ser modificado, revocado o dejado sin efectos por la sentencia; (iii) no se
demostró urgencia, pues permanecen disponibles los mecanismos procesales ante
el juez natural; y (iv) la protección no es impostergable, porque los cuestionamientos
pueden plantearse mediante el artículo 235 del CPACA y resolverse definitivamente
en el fallo ordinario.
35. Los efectos administrativos y patrimoniales derivados del reintegro provisional
no tienen, por sí solos, carácter irreversible. Si la sentencia resulta favorable a la
entidad demandada, la medida cautelar perderá sus efectos y la situación jurídica
deberá ajustarse a lo decidido por el juez natural. La sola imposición temporal de
cargas administrativas o económicas, sin la demostración de una afectación grave
e irreparable, no satisface la exigencia constitucional del perjuicio irremediable. En
consecuencia, la acción de tutela no cumple el requisito de subsidiariedad.
36. Sobre el requisito de relevancia constitucional: La Corte ha insistido en que la
relevancia constitucional exige que el caso plantee un problema ius-fundamental
real, grave y específico, y no una simple inconformidad con la valoración probatoria
o la interpretación normativa realizada por el juez natural21. Este requisito cumple,
principalmente, tres finalidades: (i) preservar la autonomía, independencia y
competencia de los jueces ordinarios; (ii) reservar la tutela para la protección
efectiva de derechos fundamentales y evitar su utilización en controversias
meramente legales o probatorias; y (iii) impedir que el amparo constitucional se
convierta en una instancia adicional destinada a revisar la corrección de decisiones
adoptadas dentro de los procesos ordinarios. Por ello, corresponde diferenciar entre
un juicio de validez constitucional de la providencia y un simple juicio sobre su
corrección jurídica.
37. En el presente asunto, los reproches de la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional se dirigen contra la manera en que el Tribunal
Administrativo del Caquetá interpretó y aplicó los artículos 229 a 231 del CPACA al
resolver la solicitud de medidas cautelares. En particular, la entidad cuestiona que
el Tribunal hubiera considerado acreditadas la apariencia de buen derecho y el
riesgo de perjuicio irremediable, que valorara los documentos médico-laborales en
21
Corte Constitucional, sentencia SU-033 de 2018, M.P: Alberto Rojas Ríos y sentencia SU-134 de
2022. M.P: José Fernando Reyes Cuartas
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05753-00
Accionante: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá - Sala Tercera de decisión
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
favor del demandante y que aplicara el precedente constitucional sobre estabilidad
laboral reforzada al régimen especial de los soldados profesionales.
38. Tales cuestionamientos no configuran, por sí mismos, un problema
constitucional autónomo. En realidad, expresan una discrepancia frente a la
interpretación del régimen legal de las medidas cautelares, el alcance provisional
de los elementos probatorios y la forma en que debía ponderarse la presunción de
legalidad del acto administrativo con la situación de salud del demandante. Estos
asuntos pertenecen al ámbito de competencia del juez contencioso administrativo y
deben resolverse dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
39. La entidad accionante sostiene que la providencia carece de motivación
suficiente y que el Tribunal anticipó el examen de legalidad reservado a la sentencia.
La Sala no define en esta etapa si la interpretación del Tribunal fue acertada, sino
si los reproches permiten identificar prima facie una actuación judicial
manifiestamente arbitraria que trascienda el plano de la legalidad. Al respecto, el
auto cuestionado expuso las razones por las cuales consideró acreditados los
presupuestos cautelares, identificó los elementos médicos y laborales relevantes y
explicó la aplicación provisional del precedente sobre estabilidad laboral reforzada.
La circunstancia de que la accionante no comparta esas conclusiones no demuestra
que la decisión sea arbitraria, caprichosa o carente de fundamento objetivo.
40. Tampoco se advierte que el Tribunal sustituyó definitivamente el juicio de
legalidad reservado para la sentencia. La suspensión de los efectos del acto de
retiro y el reintegro provisional fueron adoptados dentro de un juicio cautelar,
caracterizado por una valoración preliminar y sumaria, y no definieron de manera
definitiva la legalidad de la Orden Administrativa de Personal núm. 1180 del 28 de
febrero de 2023. La medida no impide que, una vez agotado el debate probatorio,
el juez natural adopte una conclusión distinta en la sentencia.
41. El argumento relativo a la aplicación descontextualizada del precedente
constitucional sobre estabilidad laboral reforzada tampoco supera el plano
interpretativo. Determinar cómo se articula esa protección con el régimen especial
de las Fuerzas Militares, cuál es el alcance del concepto de la Junta Médico Laboral
y qué peso debe atribuirse a la pérdida de capacidad laboral son cuestiones
jurídicas y probatorias propias del proceso ordinario. La tutela no puede utilizarse
para que el juez constitucional elija entre dos interpretaciones razonables ni para
imponer una valoración diferente del material aportado.
42. Por su parte, el salvamento de voto presentado frente al auto cuestionado
confirma que existe una discrepancia jurídica sobre la concurrencia de los
presupuestos cautelares, pero no demuestra, por sí sola, que la decisión sea
arbitraria ni habilita al juez de tutela para escoger entre ambas posiciones. Una
magistrada consideró que no se cumplían los presupuestos del artículo 231 del
CPACA, mientras que la mayoría estimó que el material disponible justificaba la
protección provisional. La existencia de posiciones divergentes no demuestra una
vulneración constitucional; por el contrario, evidencia un desacuerdo jurídico
razonable cuya definición corresponde al juez natural.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05753-00
Accionante: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá - Sala Tercera de decisión
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
43. Además, la entidad no demuestra que el auto cuestionado afecte de manera
directa, grave y específica el contenido esencial de sus derechos fundamentales.
Los efectos administrativos y patrimoniales derivados del reintegro provisional no
transforman el debate en constitucional, especialmente porque son temporales,
modificables y dependientes de la decisión definitiva. La invocación del debido
proceso y del acceso a la justicia se utiliza, en este caso, para cuestionar la
corrección de la decisión cautelar, pero no para demostrar una lesión
iusfundamental distinta del desacuerdo con su resultado.
44. En consecuencia, la solicitud de amparo pretende que el juez de tutela revise
nuevamente: (i) el cumplimiento de los presupuestos legales de la medida cautelar;
(ii) la valoración provisional de los documentos médicos; (iii) el alcance de la
estabilidad laboral reforzada dentro del régimen militar; y (iv) la ponderación
efectuada por el Tribunal. Acceder a ese examen convertiría la tutela en una
instancia adicional del trámite cautelar y desplazaría indebidamente al juez
contencioso administrativo.
45. Por tanto, la acción no satisface el requisito de relevancia constitucional. Los
cargos formulados no plantean una cuestión iusfundamental real, grave y
específica, sino una controversia interpretativa y probatoria sobre la aplicación del
régimen legal de medidas cautelares dentro de un proceso judicial en curso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la
Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional contra la Sala Tercera
de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05753-00
Accionante: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá - Sala Tercera de decisión
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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