RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-05765-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05765-00

Fecha
7 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05765-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

7 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05765-00 (9082)
Accionante: Guido Dante Fortunati
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Tema: debido proceso y acceso a la administración de justicia. Subtema 1: medio
de control de reparación directa. Subtema 2: mora judicial.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por el señor Guido Dante Fortunati contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia.

1. Síntesis del caso

El señor Guido Dante Fortunati presentó acción de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la
administración de justicia, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, con ocasión de la presunta mora en la que incurrió en el trámite de un
recurso de apelación dentro del medio de control de reparación directa identificado
con el radicado núm. 05001-33-33-026-2019-00496-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1.
A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05765-00, índice 2, certificado DC682F1C964293D6 7C228D4B6F64B29
2350B9F75AEFE30F C88BC3587A958A16.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05765-00 (9082)
Accionante: Guido Dante Fortunati
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

2.
El señor Guido Dante Fortunati y la señora Joency Yoana Rentería Valencia
presentaron demanda de reparación directa contra el INPEC el 3 de diciembre de
2019. El conocimiento del trámite correspondió al Juzgado Veintiséis Administrativo
Oral de Medellín bajo el radicado 05001-33-33-026-2019-00496-00.

3.
El juzgado profirió sentencia el 27 de septiembre de 2024 mediante la cual
negó las pretensiones de la demanda. La parte actora formuló recurso de apelación
el cual se concedió al Tribunal Administrativo de Antioquia.

4.
La Secretaría General del Tribunal remitió el proceso por reparto al despacho
quince, el 20 de noviembre de 2024 bajo el radicado núm. 05001-33-33-026-2019-
00496-01.

5.
El magistrado sustanciador, por auto del 30 de abril de 2025, requirió al
juzgado de origen el archivo audiovisual de la audiencia inicial. El juez informó a
través de memorial recibido el 7 de mayo de 2025 que el ataque cibernético de
septiembre de 2023 impidió la recuperación inmediata de la grabación audiovisual.

6.
El despacho quince admitió el recurso de apelación por auto del 19 de febrero
de 2026 y corrió traslado a las partes de la información relacionada con la pérdida
del video. Los intervinientes guardaron silencio.

7.
La secretaría del Tribunal pasó el expediente al despacho para sentencia el
16 de marzo de 2026.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8.
La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

PRIMERA. Que se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso sin
dilaciones injustificadas y al acceso efectivo a la administración de justicia.

SEGUNDA. Que se ordene al Tribunal Administrativo de [Antioquia] proferir la
sentencia de segunda instancia dentro del proceso de reparación directa radicado
05001333302620190049601, en un término perentorio no superior a quince (15) días
hábiles contados a partir de la notificación del fallo de tutela.

TERCERA (subsidiaria). En caso de que el despacho considere que existen causas
objetivas que impiden fijar el término anterior, que se ordene al Tribunal Administrativo
de [Antioquia] informar a este despacho, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación del fallo, la fecha cierta en la que será proferida la
sentencia, así como las razones concretas que justifican la demora ya causada.

9.
Como fundamento de sus pretensiones, el accionante manifestó que el
Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró sus derechos fundamentales por la
mora excesiva en resolver el trámite de la segunda instancia dentro del medio de
control de reparación directa.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05765-00 (9082)
Accionante: Guido Dante Fortunati
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

10.
De igual manera, señaló la tardanza en la admisión del recurso, por cuanto
este ingresó al Tribunal el 20 de noviembre de 2024 y solo fue admitido el 19 de
febrero de 2026.

11.
Indicó que el expediente ingresó para fallo el 16 de marzo siguiente y al 22 de
julio de 2026, fecha de presentación de la tutela, aun no se había emitido la decisión
de fondo, pese a haber transcurrido el término previsto en el numeral 7 del artículo
247 del CPACA.

12.
En su criterio, la acción tutela procede frente a la mora judicial, ante la ausencia
de otro mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para obtener el cumplimiento
de los términos procesales.

13.
Finalmente, sostuvo que la congestión judicial no opera como una justificación
automática ni exime a la autoridad judicial de resolver los asuntos dentro de un plazo
razonable.

2.3. Trámite procesal

14.
El despacho ponente, mediante auto del 24 de julio de 20262, admitió la
demanda, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de Antioquia y puso en
conocimiento el escrito de tutela a la señora Joency Yoana Rentería Valencia, al
INPEC, al establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad La
Paz de Itagüí y al Juzgado Veintiséis Administrativo Oral de Medellín, en calidad de
terceros con interés.

2.4. Intervenciones

15.
El Juzgado Veintiséis Administrativo Oral de Medellín3 remitió el enlace de
acceso al expediente virtual de primera instancia y certificó que en el plenario no
hay datos registrados de notificación de la señora Joency Yoana Rentería Valencia.

16.
La cárcel y penitenciaría de alta y mediana seguridad La Paz de Itagüí4 pidió
su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva y declarar
improcedente el amparo. Manifestó que a la institución solo le corresponde ejecutar
las penas de prisión y las medidas de aseguramiento.

17.
El Tribunal Administrativo de Antioquia5 solicitó negar el amparo constitucional.
Destacó la congestión judicial del despacho, el cual tramita 481 procesos ordinarios
frente a un promedio de 561 expedientes por magistrado en la corporación.

2
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05765-00, índice 4, certificado 009CD9AB59FC0C1F
E6E8C731A5978F94 2B4950D065E6A561 A7F9EAA26D25D2DD.
3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05765-00, índice 12, certificado 5149D818FA2863BF
05B21BA774156F68 47095EBB0E923FC8 5ED4EC5D9735B416.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05765-00, índice 14, certificado BD509723DEF3A41D
3C9111A3BC987365 8C9E2CCB0E2CCED4 600CC980BAE150A9.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05765-00, índice 15, certificado 12E0FD183363028E
55D91310A7B53540 2BF8FB8490844D74 7B4E97D7CB3C066D.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05765-00 (9082)
Accionante: Guido Dante Fortunati
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

18.
Señaló que el expediente ingresó por reparto el 20 de noviembre de 2024.
Explicó que el 30 de abril de 2025 requirió al juzgado de primera instancia la
grabación de la audiencia inicial y, tras ser informado sobre la pérdida del archivo
por un ataque cibernético, admitió el recurso de apelación el 19 de febrero de 2026
y pasó el proceso para fallo el 16 de marzo siguiente.

19.
Precisó que el despacho respeta estrictamente el orden legal de turno fijado
en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, en articulación con las directrices de
priorización por bloques temáticos avaladas por la Ley 2430 de 2024 y el Acuerdo
1 de 2025.

20.
Por esta razón, puntualizó que el expediente ocupa el puesto 357 en turno de
fallo y estimó la resolución del caso para el segundo semestre de 2027.

21.
El INPEC6 pidió la desvinculación de la institución por falta de legitimación en
la causa por pasiva, en la medida en que la inconformidad del acto versa
exclusivamente sobre los plazos procesales del Tribunal accionado y no
compromete el ejercicio de las atribuciones penitenciarias.

22.
La señora Joency Yoana Rentería Valencia guardó silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

23.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Guido Dante Fortunati contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

3.2. Legitimación en la causa

24.
La legitimación en la causa por activa del señor Guido Dante Fortunati está
acreditada, porque es parte demandante dentro del proceso de reparación directa
en el cual se alega la mora judicial y, por tanto, titular de los derechos fundamentales
cuya protección pretende.

25.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Antioquia, en la medida en que es la autoridad judicial a cargo del
proceso de segunda instancia respecto del cual se predica la mora judicial.

26.
Por otro lado, se advierte que la cárcel y penitenciaría de alta y mediana
seguridad La Paz de Itagüí y el INPEC solicitaron su desvinculación, al considerar
que carecen de legitimación en la causa por pasiva.

6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05765-00, índice 18, certificado 584CAA35A0E16618
38D7AA20146BE9CC C5AC3B4F98980A98 9674DA1CF9D13534.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05765-00 (9082)
Accionante: Guido Dante Fortunati
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

27.
Al respecto, la Sala aclara que la vinculación de estas entidades al presente
asunto tuvo lugar en calidad de terceros con interés, con el fin de garantizar sus
derechos de defensa y contradicción, toda vez que el INPEC en el medio de
reparación directa es la entidad demandada y dado el lugar donde ocurrieron los
hechos se vinculó a la cárcel La Paz de Itagüí.

28.
En consecuencia, la decisión que resuelva la acción de tutela podría incidir en
sus intereses. Por los motivos expuestos, se negarán las solicitudes de
desvinculación.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

29.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala
la ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez7.

30.
El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable8; y el segundo consiste en
que se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo
contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda
en entredicho […]»9.

31.
En el presente asunto, el presupuesto de subsidiariedad se encuentra
satisfecho, debido a que la parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa
judicial para discutir la vulneración de los derechos fundamentales derivada de la
falta de decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso de
reparación directa.

32.
De igual forma, la Sala tendrá por cumplido el requisito de inmediatez, en la
medida en que la autoridad judicial accionada no ha proferido la sentencia de
segunda instancia en el proceso de reparación directa desde que el expediente pasó
al despacho el 16 de marzo de 2026. Además, la mora judicial alegada, en principio,
permanece en el tiempo10.

33.
En consecuencia, la acción de tutela resulta procedente para estudiar la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, con ocasión de la mora atribuida al Tribunal
Administrativo de Antioquia.

7
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
8
Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
9
Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en sentencia SU-084 de 2019.
10
Corte Constitucional, sentencia T-032 de 2023.
«La Corte Constitucional ha señalado que en aquellos casos en los que se demuestre que la vulneración del
derecho es permanente en el tiempo y el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, pero la situación es continua y actual, el principio de inmediatez en la interposición de
la tutela no es exigible de manera estricta».
5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05765-00 (9082)
Accionante: Guido Dante Fortunati
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

3.4. Problema jurídico

34.
La Sala debe determinar si ¿el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en
mora judicial injustificada y vulneró los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia del accionante, dentro del medio de control
de reparación directa identificado con el radicado núm. 05001-33-33-026-2019-
00496-01?

35.
Para el efecto, se estudiará: (i) la acción de tutela en casos de mora judicial; y (ii)
caso en concreto.

3.5. La acción de tutela en casos de mora judicial

36.
La Corte Constitucional ha dispuesto en su jurisprudencia que el debido
proceso es una garantía para obtener una decisión de fondo, sin dilaciones
injustificadas y dentro de plazos razonables, esto conforme con lo dispuesto en la
Ley 1957 de 2019 que estableció la eficacia, eficiencia, celeridad y economía
procesal en las actuaciones de la jurisdicción. La mora judicial se configura en los
siguientes escenarios:

4.9. A partir de la lectura del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y el artículo 29 constitucional, puntualmente del enunciado que señala que
toda persona tiene derecho “a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas”
la Corte ha reconocido que la mora judicial se debe a dos motivos: (i) por un lado el
capricho, arbitrariedad o falta de diligencia de los funcionarios judiciales encargados
de adoptar las providencias, o (ii) por la sobrecarga de trabajo que afrontan los jueces
de la República, la que a la postre produce un represamiento de procesos que impide
que los mismos se fallen conforme a los códigos adjetivos. A partir de la anterior
consideración, este Tribunal ha distinguido entre la mora judicial justificada (producida
por sobrecarga y congestión judicial) y la injustificada (causada por la arbitrariedad)11.

37.
Del mismo modo, el alto tribunal expuso que la mora judicial que no es
imputable a la autoridad judicial accionada es aquella que está justificada en las
siguientes razones:

[C]uando «(i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se
demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que
generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia
en el plazo previsto en la ley»12.

38.
De acuerdo con lo anterior, para que se configure la mora judicial y pueda
estudiarse en las acciones de tutela, es prerrequisito haber sido diligente dentro del
proceso ordinario y demostrar que existe arbitrariedad o falta de diligencia de los
funcionarios judiciales.

11
Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020, reiterada en sentencia T-183 de 2024.
12
Corte Constitucional, sentencia T-183 de 2024.
6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05765-00 (9082)
Accionante: Guido Dante Fortunati
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

39.
En ese orden, la Corte Constitucional indicó que no todo incumplimiento de los
términos procesales vulnera derechos fundamentales, por cuanto dicha vulneración
solo es el resultado de la inexistencia de un motivo válido que justifique la mora.

3.6. Caso Concreto

40.
En el asunto bajo estudio, el señor Guido Dante Fortunati atribuyó al Tribunal
Administrativo de Antioquia una mora judicial en el trámite de segunda instancia del
proceso de reparación directa.

41.
En particular, cuestionó el tiempo transcurrido entre el reparto del recurso de
apelación, ocurrido el 20 de noviembre de 2024, su admisión, efectuada el 19 de
febrero de 2026, y el ingreso del expediente al despacho para sentencia, el 16 de
marzo siguiente.

42.
Para resolver la controversia, la Sala examinará los documentos aportados al
expediente de tutela y las actuaciones registradas en el sistema Samai,
correspondientes al trámite de segunda instancia dentro del expediente de
reparación directa con radicado núm. 05001-33-33-026-2019-00496-01.

43.
Así pues, se encuentra acreditado que la Secretaría General del Tribunal
Administrativo de Antioquia remitió el expediente al despacho quince, por reparto,
el 20 de noviembre de 202413.

44.
De igual forma, se constata que el magistrado sustanciador del referido
despacho, mediante auto del 30 de abril de 202514, requirió al Juez Administrativo
Veintiséis de Medellín para que remitiera el registro audiovisual de la audiencia
inicial. El juzgado dio respuesta el 7 de mayo de 202515.

45.
Posteriormente, el despacho en providencia del 19 de febrero de 2026 admitió
el recurso de apelación y puso en conocimiento de las partes la respuesta
relacionada con la imposibilidad de recuperar el registro audiovisual, para que se
pronunciaran al respecto, no obstante, los sujetos procesales guardaron silencio.
Finalmente, el expediente ingresó al despacho para sentencia el 16 de marzo de
202616.

46.
En este contexto, se observa que, durante el período comprendido entre el
reparto del recurso y su admisión, el Tribunal realizó una actuación dirigida a
establecer la disponibilidad de una pieza procesal que no se encontraba incorporada
al expediente. Se destaca que la imposibilidad de obtenerla fue atribuida por el
juzgado de primera instancia a una contingencia tecnológica ocurrida con
anterioridad.

13
Samai, exp. 05001-33-33-026-2019-00496-01, índice 1.
14
Samai, exp. 05001-33-33-026-2019-00496-01, índice 6.
15
Samai, exp. 05001-33-33-026-2019-00496-01, índice 6, certificado A5DA30B19596CCFA
4F805D02B88AEF6C 1B19210E4E21C3AF A8C3B74E322C9AC9.
16
Samai, exp. 05001-33-33-026-2019-00496-01, índice 13, certificado 692F274EC27AC8CC
66DE82D64C4539CE 5E62AFAE3309E8DF B156FDE8292D88D7.
7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05765-00 (9082)
Accionante: Guido Dante Fortunati
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

47.
Por tanto, la sola comparación entre la fecha de reparto y la fecha de admisión
no permite concluir que durante ese período hubiera existido una inactividad
injustificada del Tribunal. Por el contrario, se encuentra acreditada una actuación
procesal encaminada a verificar la existencia y disponibilidad del registro
audiovisual, cuya ausencia podía incidir en el trámite de la segunda instancia.

48.
Así las cosas, la Sala considera que la mora en la admisión del recurso se
encuentra justificada, dado que estuvo precedida por una circunstancia objetiva que
hacía necesario establecer la disponibilidad de la audiencia inicial surtida en primera
instancia, con el fin de garantizar la integridad del expediente. Por ello, el lapso
cuestionado no permite atribuir al despacho accionado una conducta arbitraria o
negligente.

49.
Ahora bien, el accionante sostuvo que, para la fecha de presentación de la
tutela, aún no se había emitido la sentencia de segunda instancia.

50.
En efecto, el expediente ingresó al despacho para sentencia el 16 de marzo
de 2026 y, al 22 de julio siguiente no se había proferido la decisión de fondo. Por
tanto, para esa fecha había transcurrido el término previsto en el artículo 247 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para
proferir la sentencia de segunda instancia.

51.
Sin embargo, su vencimiento no determina, por sí solo, la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, pues es necesario establecer si la mora judicial
estuvo justificada en las circunstancias particulares del despacho y del proceso.

52.
Sobre el particular, la autoridad judicial puso de presente que la corporación
tiene 13.463 procesos vigentes y que 481 correspondían al despacho quince, frente
a un promedio de 561 procesos por despacho. Señaló que esta carga dificulta que
los procesos ordinarios sean decididos dentro del término previsto en el artículo 247
del CPACA.

53.
El Tribunal explicó que atiende acciones de tutela, acciones de cumplimiento,
acciones populares, revisiones de acuerdos, recursos de insistencia, hábeas corpus
y acciones de grupo, entre otros asuntos que tienen prelación constitucional o legal.

54.
Adicionalmente, especificó que ingresaron 143 nuevos litigios al despacho
entre el 16 de marzo y el 29 de julio de 2026 y egresaron 109 sentencias. En ese
orden, precisó que en la actualidad profiere las decisiones de fondo de los procesos
asignados para fallo en febrero de 2020.

55.
A su vez, sostuvo que respeta el orden cronológico de ingreso de los
expedientes para proferir sentencia, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 446
de 1998.

56.
Aunado a lo indicado, informó que el expediente objeto de tutela se encuentra
en el turno 357, estimó que la sentencia sería proferida durante el segundo semestre

8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05765-00 (9082)
Accionante: Guido Dante Fortunati
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

de 2027, sin perjuicio de las excepciones derivadas de la prelación legal y de los
criterios de priorización establecidos para determinados asuntos.

57.
Verificado lo anterior, la Sala no advierte que la falta de decisión del proceso
objeto de tutela obedezca a una conducta arbitraria, caprichosa o negligente del
magistrado sustanciador. Por cuanto, la mora judicial se encuentra justificada con
las condiciones generales de funcionamiento del despacho, la atención de asuntos
con prelación y la obligación de definir los asuntos en el orden de ingreso para fallo.

58.
Esto, sin contar con las acciones constitucionales de tutela que exigen ser
gestionadas de manera prioritaria, lo que implica un trabajo constante en relación
con el flujo permanente de ingresos y egresos por parte del despacho accionado.

59.
En ese orden, es preciso destacar que, el despacho quince del Tribunal
Administrativo de Antioquia tiene una carga procesal significativa, atiende asuntos
sometidos a prelación constitucional o legal y ha proferido decisiones durante el
período comprendido entre el ingreso del expediente al despacho y la presentación
de la acción de tutela.

60.
En igual sentido, la Sala advierte que el despacho accionado no permaneció
inactivo durante el período objeto de análisis. Por el contrario, la información
aportada muestra que profirió 109 sentencias entre el 16 de marzo y el 29 de julio
de 202617 y simultáneamente, recibió 143 nuevos procesos.

61.
Además, cabe puntualizar que al expediente objeto de controversia le
preceden 356 procesos pendientes para sentencia, de manera que, una vez llegue
su turno dentro del cronograma del despacho, la corporación judicial deberá
proceder a resolver la controversia.

62.
De otra parte, el señor Guido Dante Fortunati no acreditó en este trámite
constitucional y tampoco al interior del proceso ordinario, una condición particular
que justifique variar el orden legal de turno respecto de los procesos que anteceden
al suyo. Por ende, acceder a la pretensión del accionante obligaría al Tribunal a
quebrantar dicho orden cronológico de manera injustificada.

63.
Asimismo, se advierte que no resulta procedente ordenar a la autoridad judicial
accionada que fije una fecha cierta para proferir la sentencia, pues una orden en tal
sentido vulneraría los derechos a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de los ciudadanos que, al igual que el accionante,
aguardan su turno de fallo con anterioridad.

64.
Finalmente, la Sala precisa que el accionante puede solicitar al juez natural la
prelación de su proceso, con fundamento en el artículo 18 de la Ley 446 de 199818,

17
Fecha en que el Tribunal accionado rindió el informe.
18
«ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los Jueces dictar las
sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin
que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en
los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá
modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención
a su importancia jurídica y trascendencia social. La alteración del orden de que trata el inciso precedente
9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05765-00 (9082)
Accionante: Guido Dante Fortunati
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

para que dicha autoridad examine las particularidades del caso concreto y
determine si se configuran alguno de los supuestos que le permitan superar los
turnos y decidir de fondo.

4. Conclusión

65.
No se configura una mora judicial injustificada que vulnere los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del
accionante. Por tanto, la Sala, negará la solicitud de amparo.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la cárcel y penitenciaría
de alta y mediana seguridad La Paz de Itagüí y el INPEC, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por el señor Guido Dante Fortunati
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

constituirá falta disciplinaria. En estos casos, el Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales,
en lo de su competencia, solicitarán al Juez o Ponente la explicación pertinente para efectos administrativos y
disciplinarios. El Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales obrarán de oficio o a petición de
quienes hayan resultado afectados por la alteración del orden […]».
10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05765-00 (9082)
Accionante: Guido Dante Fortunati
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.