Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05770-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05770-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05770-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
7 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05770-00
Accionante: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE – IFC
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Defecto sustantivo - Se configura por falta
de aplicación, indebida aplicación o por interpretación errónea de las disposiciones legales /
Autonomía y literalidad del pagaré como título valor – El pagaré presta mérito ejecutivo por sí
solo, sin necesidad de integrarlo con el contrato que le dio origen.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare (en adelante IFC),
vulnerados por las autoridades judiciales accionadas al declarar la terminación
intempestiva del proceso ejecutivo promovido contra el señor Jairo Alberto Granados
Barragán.
2. Las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo al exigir la
presentación del contrato de mutuo escrito para conformar un título ejecutivo complejo,
con desconocimiento de la autonomía y la literalidad del pagaré No. 1894, que presta
mérito ejecutivo por sí solo. El mismo defecto se configuró (i) al desatender las reglas
sobre los efectos de la declaratoria de falta de jurisdicción y abstenerse de continuar
con la ejecución, pese a que en la jurisdicción ordinaria civil se había librado un
mandamiento de pago plenamente válido, y (ii) al exigir la exhibición física del pagaré
original sin observar las normas sobre el uso de tecnologías de la información previstas
en la Ley 2213 de 2022.
II. ANTECEDENTES
La demanda
3. El Instituto Financiero de Casanare (IFC), a través de demanda de tutela presentada
el 23 de julio de 2026, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados por
el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare.
Hechos relevantes
4. El 22 de marzo de 2002, el señor Jairo Alberto Granados Barragán suscribió el Pagaré
No. 1894 por un valor de $20.000.000, a favor del Fondo para el Desarrollo de Casanare
(FONDESCA). Como garantía colateral de la obligación, se constituyó un contrato de
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prenda sin tenencia sobre quince semovientes bovinos.
5. Mediante el Decreto No. 0073 del 30 de mayo de 2002 y la Resolución No. 0606 del
26 de agosto de 2002, el departamento reorganizó la estructura de FONDESCA y
modificó su denominación a Instituto Financiero de Casanare (IFC), entidad de fomento
departamental que asumió por subrogación legal los derechos y obligaciones de la
extinta entidad acreedora.
6. Ante el incumplimiento en el pago de las cuotas de amortización, el IFC, a través de
su apoderado judicial, presentó en 2004 una demanda ejecutiva singular con título
prendario de menor cuantía contra el deudor ante la Jurisdicción Ordinaria Civil de Yopal.
7. El 16 de febrero de 2005, el extinto Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Yopal
libró mandamiento de pago por el capital reclamado más los intereses moratorios.
Posteriormente, tras notificarse por conducta concluyente al demandado, el Juzgado
Segundo Civil Municipal de Yopal dictó la Sentencia No. 048 del 8 de julio de 2009, en
la que ordenó seguir adelante con la ejecución y el avalúo de los bienes embargados.
8. Con posterioridad a la orden de ejecución, el expediente civil entró en un prolongado
letargo y parálisis por inactividad de las partes que se extendió por casi quince años.
Esta inactividad mutua condujo a que, el 22 de julio de 2024, el despacho civil decretara
de oficio el desistimiento tácito y la terminación del proceso, decisión contra la cual la
apoderada del IFC interpuso recurso de reposición para salvaguardar las medidas
cautelares y reactivar el cobro de la cartera pública.
9. El 18 de noviembre de 2024, al resolver dicho recurso, el Juzgado Segundo Civil
Municipal de Yopal realizó un control de legalidad oficioso y declaró su falta de
competencia por jurisdicción. En consecuencia, declaró la nulidad de lo actuado desde
la orden de seguir adelante del año 2009, inclusive, y remitió el proceso digitalizado a
reparto de los Jueces Administrativos de Yopal.
10. El 25 de noviembre de 2025, el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal avocó el
conocimiento del asunto, pero, en la misma providencia, decidió abstenerse de continuar
con la ejecución y declaró terminado el proceso y ordenó levantar las medidas cautelares
vigentes desde 2005. El despacho argumentó que, por tener el IFC naturaleza estatal,
la obligación de mutuo correspondía a un contrato estatal regulado por la Ley 80 de
1993, de carácter solemne, de manera que el pagaré era insuficiente por sí solo sin el
respectivo contrato de mutuo escrito para configurar un título ejecutivo complejo.
11. El 1 de diciembre de 2025, la apoderada judicial del IFC radicó recurso de reposición
y, en subsidio, apelación contra el auto de terminación, en el que alegó la autonomía del
pagaré como título ejecutivo simple de derecho privado y la imposibilidad de aplicar
retroactivamente criterios formales y contractuales excesivos a un cobro judicial civil
consolidado.
12. El 22 de enero de 2026, la sala de decisión mayoritaria del Tribunal Administrativo
de Casanare resolvió el recurso de apelación, confirmó en su integridad el auto de
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primera instancia del 25 de noviembre de 2025 y respaldó la exigencia del contrato
escrito de mutuo para proceder con la ejecución.
13. El Magistrado Leonardo Galeano Guevara formuló un salvamento de voto frente a la
providencia del Tribunal. Se apartó de la sala mayoritaria al argumentar que el pagaré
es un título valor autónomo y literal que no requiere solemnidades contractuales de
derecho público para prestar mérito ejecutivo pleno ante la jurisdicción contencioso-
administrativa.
Pretensiones
14. La entidad accionante solicitó dejar sin efectos las providencias cuestionadas y
ordenar que se libre el mandamiento de pago y se siga tramitando el proceso ejecutivo
promovido contra el deudor Jairo Alberto Granados Barragán.
Fundamentos de la demanda de tutela
15. Existe una violación directa de la Constitución, porque el juez y el Tribunal
Administrativo adoptaron un criterio arbitrario e inconstitucional para desconocer la
naturaleza del derecho de acción y de jurisdicción. Inaplicaron los Autos A-2014 de 2024
y A-1455 de 2025 de la Corte Constitucional, que concluyeron que el contrato de mutuo
no debía constar por escrito, pues el pagaré presta mérito ejecutivo por sí solo.
16. Se vulneró la seguridad jurídica y la confianza legítima porque «el IFC durante más
de dos décadas procedió con plena buena fe a otorgar los créditos sin hacer suscribir
contrato escrito de mutuo, por estar acogido al derecho privado en sus operaciones de
colocación de cartera, de manera que el sorpresivo viraje judicial al asignar la jurisdicción
a los jueces administrativos es inoponible a situaciones jurídicas consolidadas (créditos
otorgados y pagarés suscritos) antes de producirse el auto de la Corte».
17. En la jurisdicción ordinaria es impensable la censura al título ejecutivo simple
contenido en el pagaré o la exigencia de requisitos ajenos al negocio jurídico. La
autonomía, independencia y literalidad de los títulos valores mantienen su exigibilidad
sin someterlos a solemnidades contractuales que la ley mercantil no prevé.
18. Es falsa la conclusión a la que llegó el Tribunal. El artículo 93 de la Ley 489 de 1998
—que generó la interpretación del juez y del Tribunal— dice que las empresas
industriales y comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales de
competencia con el sector privado y/o público, no se rigen por el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, sino por las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales.
19. El contrato de mutuo celebrado por el IFC en desarrollo de la actividad comercial de
crédito propia del objeto social de la entidad no se regula por la Ley 80 de 1993 y
tampoco está sometido a la solemnidad de constar por escrito. La falta de contrato por
escrito no se originó en una omisión de la entidad, sino en la ley, que somete estas
actividades financieras al régimen del derecho privado.
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20. La afirmación del Tribunal sobre no exhibir el título valor en su original es «contrario
a la situación fáctica y jurídica actual, […] dado que a la luz de la ley 2213 de 2022 “Es
deber de los sujetos procesales, realizar sus actuaciones (…) a través de medios
tecnológicos”, […] no obstante, de requerir los documentos físicos, basta con que el
Juzgador lo disponga y habilite el medio de entrega a efectos de aportar tales
documentos». El juez no debió negar el derecho de la entidad, sino requerirla para que
aportara el título en físico.
21. En sentencia STC2392-2022, la Corte Suprema de Justicia precisó que por la
implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las
prácticas judiciales es excesivo reclamar en el proceso ejecutivo, desde la etapa inicial,
la exhibición física del título valor. Al exigir la presentación de la demanda y sus anexos
mediante mensaje de datos no queda otra opción distinta que digitalizar el título valor
para demostrar la existencia de la obligación.
22. El Tribunal incurrió en un exceso ritual manifiesto y en una abierta denegación de
acceso a la administración de justicia, al solicitar el pagaré en original para librar el
mandamiento de pago. Este requisito configuró un defecto procedimental.
23. El magistrado del Tribunal Administrativo de Casanare que salvó el voto expuso los
argumentos que reafirman los errores de la decisión y refuerzan la violación del derecho
de acceso a la administración de justicia. En su salvamento de voto, se destaca que el
cambio de jurisdicción no puede alterar la naturaleza del derecho sustancial ni suprimir
la autonomía cambiaria del título valor.
24. Desde el 30 de enero de 2025 se han negado cerca de 257 mandamientos de pago
bajo la premisa de convertir el pagaré en un título complejo y exigir contratos por escrito,
aun cuando el mutuo es consensual, «con la gravedad adicional, que actualmente
cursan en situación similar, aproximadamente dos mil ciento noventa (2190) procesos
que por cambio de jurisdicción están siendo remitidos desde los juzgados civiles a los
juzgados administrativos, procesos que representan para la entidad, un valor patrimonial
de aproximadamente veintinueve mil ochocientos ochenta y cinco millones cuatrocientos
treinta y ocho mil pesos m/cte ($29.885.438.000.oo) y que según esta postura de la
jurisdicción administrativa darán al traste con sus pretensiones y derechos, con alto
riesgo de prescripción de muchas de estas obligaciones».
25. La autonomía e independencia de los jueces para interpretar y aplicar las normas
jurídicas no es absoluta; encuentra límite en el orden jurídico preestablecido, los valores,
principios, derechos y garantías que identifican el Estado Social de Derecho.
26. El defecto fáctico se presentó por la valoración defectuosa del material probatorio
porque sí se aportó el título valor simple junto con la carta de instrucciones, solo que
digitalizado. Además, se desconoció que la entidad se rige por las normas de derecho
privado.
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27. El contrato de mutuo se materializó con la entrega del dinero, por lo que es
equivocado restarle mérito ejecutivo al pagaré que respaldó el cumplimiento de la
obligación de pago. Esto desconoce la independencia, autonomía y literalidad de los
títulos valores, restando toda eficacia jurídica a la obligación que el deudor
expresamente aceptó al suscribir el documento cambiario.
28. Los jueces de instancia incurrieron en defecto sustantivo, porque de acuerdo con el
numeral 3 del artículo 297 del CPACA, en concordancia con el numeral 5 del artículo 99
de la misma normativa, el título valor sí es exigible de forma autónoma en la jurisdicción
de lo contencioso administrativo. Estas disposiciones prevén la exigibilidad de cualquier
acto proferido con ocasión de la actividad contractual y de cualquier documento que
provenga del deudor, como ocurre con el título valor aportado.
29. En síntesis, «los jueces de conocimiento dejaron de aplicar [los] artículo[s] 2, 29 y
229 constitucional, el artículo 297 numeral 3 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 99
numeral 5 del CPACA, los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998, el artículo 93 de la
Ley 1474 de 2011, los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, y los artículos 621 y 709
del Código de Comercio y con ello cercenan el derecho sustancial de mi representada y
renuncian a la verdad jurídica objetiva».
Trámite impartido
30. El 27 de julio de 2026, la consejera ponente admitió la acción de tutela presentada
por el Instituto Financiero de Casanare (IFC) contra el Juzgado Quinto Administrativo
del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, y vinculó al señor Jairo
Alberto Granados Barragán, en calidad de tercero con interés legítimo.
Intervenciones
31. El Tribunal Administrativo de Casanare1 sostuvo que la providencia de segunda
instancia del 22 de enero de 2026 se sustentó debidamente en el análisis del material
probatorio allegado y en la normatividad aplicable al caso, atendiendo la naturaleza
jurídica del IFC. La acción constitucional, además, resulta improcedente por ausencia
de relevancia constitucional, pues no puede ser utilizada por la entidad actora como una
tercera instancia de debate judicial.
32. El Juzgado Quinto Administrativo de Yopal2 remitió el expediente del proceso
ejecutivo. No presentó informe sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
33. Esta Subsección es competente para resolver en primera instancia la acción de
tutela de la referencia, conforme a los artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto
1 Índice 11 de Samai, expediente de primera instancia.
2 Índice 09 de Samai, expediente de primera instancia.
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2591 de 1991, concordantes con el Acuerdo 080 de 2019, por el que se expidió el
Reglamento Interno de esta corporación.
Legitimación en la causa
34. El artículo 86 de la Constitución Política prevé que «toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces (…) la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública».
35. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela «podrá ser
ejercida en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en
uno de sus derechos fundamentales».
36. En el caso concreto, el IFC se encuentra legitimado en la causa por activa porque
es el demandante del proceso ejecutivo que terminó con las decisiones cuestionadas.
37. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple porque el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare son autoridades públicas y profirieron las providencias de primera y segunda
instancia a las que se les atribuye la vulneración de las garantías constitucionales
invocadas.
Problema jurídico y metodología de la decisión
38. La Sala determinará si procede amparar los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia del IFC, presuntamente vulnerados
por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal y por el Tribunal
Administrativo de Casanare, con ocasión de las providencias que declararon la
terminación del proceso ejecutivo.
39. Para ello, verificará si la acción de tutela cumple los requisitos de procedibilidad. Si
se cumplen, resolverá si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los
defectos alegados y si se vulneraron los derechos fundamentales invocados al exigir la
conformación de un título ejecutivo complejo contractual para la ejecución del pagaré.
Análisis de la Sala
Inmediatez
40. La Corte Constitucional estableció que uno de los requisitos generales para la
procedencia de la acción de tutela es que esta se haya presentado en un plazo
razonable, esto es, justo y moderado, para garantizar los principios de seguridad jurídica
y cosa juzgada, y para evitar que se emplee como una instancia adicional3.
3 Sentencias SU-961 de 1999, T-043 de 2016, T-016 de 2006, T-594 de 2008, T-1028 de 2010 y SU-499 de 2016,
entre otras.
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41. En sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017, ese tribunal supremo resaltó que
la acción de tutela no tiene un término de caducidad legalmente establecido4, pero debe
presentarse en un plazo oportuno. El Consejo de Estado consideró que cuando la tutela
se dirige contra una providencia judicial, un plazo de seis meses resulta razonable5.
42. En el caso que se analiza, el 22 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de
Casanare profirió en segunda instancia el auto que confirmó la decisión de abstenerse
de continuar con la ejecución solicitada por el IFC contra Jairo Alberto Granados
Barragán y ordenó levantar las medidas cautelares. La demanda de tutela se radicó el
23 de julio de 2026. Dado que entre la última actuación judicial cuestionada y la
interposición del amparo constitucional transcurrió un término inferior a los seis meses,
la Sala concluye que dicho plazo resulta plenamente oportuno y razonable para el
ejercicio de la acción constitucional.
Subsidiariedad
43. Este requisito se encuentra satisfecho porque la entidad accionante no cuenta con
otro mecanismo judicial, ordinario o extraordinario, para cuestionar las decisiones que
negaron el mandamiento de pago en el proceso ejecutivo que interpuso contra el señor
Jairo Alberto Granados Barragán. La providencia del 22 de enero de 2026 se profirió en
la segunda instancia del proceso ejecutivo por el superior funcional de la causa, por lo
que contra ella no proceden recursos ordinarios ni tampoco los extraordinarios de
revisión o de unificación de jurisprudencia, al no encuadrarse el debate de suficiencia
del pagaré en las causales taxativas y específicas que rigen dichos mecanismos
extraordinarios.
Relevancia constitucional
44. La acción de tutela no es una instancia adicional para discutir aspectos económicos,
de mera legalidad o la interpretación legítima de los jueces naturales6. Este mecanismo
solo procede cuando afloran serias dudas sobre la arbitrariedad, el capricho o la
irracionalidad de una decisión judicial.
45. La solicitud de amparo que se analiza tiene relevancia constitucional porque
pretende la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia presuntamente vulnerados por la inaplicación de normas
legales de obligatorio cumplimiento, así como por el desconocimiento del precedente
fijado por la Corte Constitucional.
4 En sentencia C-543 de 1992 la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del
Decreto 2591 de 1991. La razón principal de esa decisión fue «la oposición entre el establecimiento de un término
de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de la Constitución cuando señala que ella puede
intentarse en todo momento».
5 En sentencia de 11 de abril de 2019, rad. 11001-03-15-000-2018-03905-01, esta Subsección estimó que cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial, el plazo razonable de seis meses debe contabilizarse desde la
notificación de la decisión o, desde la ejecutoria, cuando se hubieren realizado trámites adicionales que incidieron
en su firmeza.
6 En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia constitucional tiene
tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las autoridades judiciales de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación de los derechos
fundamentales e (iii) impedir que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces.
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46. De entrada, se advierte la posible materialización de esos yerros y, con ello, una
obstaculización del acceso a la administración de justicia, lo que, según la Corte
Constitucional7, permite considerar que un asunto es constitucionalmente relevante.
47. Aparte, se busca restablecer el derecho al debido proceso por la exigencia de
requisitos adicionales a los que contempla la ley, por el desconocimiento de la
implementación de las tecnologías de la información para radicar demandas y
memoriales, y por la incongruencia con lo expuesto por la Corte Constitucional en estos
asuntos.
48. No se observa que la entidad accionante utilice este mecanismo como una instancia
adicional del proceso ejecutivo por una simple diferencia con la interpretación que
acogieron los jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa. Más bien, se endilga
a las providencias cuestionadas yerros de notable importancia que, eventualmente,
vulneraron derechos fundamentales y que merecen ser evaluados por el juez
constitucional.
49. El hecho de que el IFC apelara el auto del 25 de noviembre de 2025 con razones
similares a las que invoca en esta acción de tutela no implica por sí solo que la tutela
carezca de relevancia constitucional. De los argumentos de la demanda de tutela se
aprecia que el accionante considera que el Tribunal Administrativo de Casanare también
incurrió en defectos y convalidó otras anomalías que comprometieron sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
50. En esa medida, es entendible que en la acción de tutela el IFC insista en todos los
aspectos que constituyen vicios de validez de la decisión cuestionada. La intención del
accionante no es, entonces, que se reabra el debate sobre la procedencia del
mandamiento de pago ni se centra en una simple diferencia interpretativa y tampoco
puede entenderse que versa sobre un aspecto eminentemente económico.
51. Las críticas presentadas cuentan, además, con una carga argumentativa suficiente
para entender en qué se hace consistir la vulneración de derechos fundamentales.
Defecto sustantivo en el caso concreto
52. Esta Sala considera que en el caso analizado se incurrió en defecto sustantivo, por
las razones que se exponen a continuación.
53. El debate que plantea la acción de tutela se contrae a establecer si el pagaré No.
1894 presta mérito ejecutivo por sí solo o si, como lo concluyeron las autoridades
7 En la sentencia de unificación 103 de 2022, la Corte explicó que un asunto es constitucionalmente relevante, entre
otros escenarios, cuando, a priori, se identifica una lesión del derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, cuya garantía incluye, precisamente, la posibilidad de acceder al sistema judicial. Esto último, de acuerdo
con la sentencia T-244 de 2007, también de la Corte Constitucional.
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judiciales accionadas, debía integrarse con el contrato de mutuo escrito para conformar
un título ejecutivo complejo.
54. El pagaré es un título valor de contenido crediticio y, como tal, se rige por los
principios de incorporación, literalidad y autonomía. El artículo 619 del Código de
Comercio lo concibe como el documento necesario para legitimar el ejercicio del
derecho literal y autónomo que en él se incorpora, de manera que el derecho cambiario
se ejerce con el documento y en los términos que este consigna.
55. En virtud de la autonomía cambiaria, la obligación que consta en el pagaré es
independiente del negocio jurídico que le dio origen. Por eso el acreedor no está
obligado a acreditar la relación causal ni a aportar el contrato subyacente para reclamar
su pago, sin perjuicio de las excepciones que el deudor pueda proponer en el curso del
proceso ejecutivo.
56. Los requisitos del pagaré están señalados de manera taxativa en los artículos 621
y 709 del Código de Comercio, que exigen la mención del derecho que se incorpora, la
firma de quien lo crea, la promesa incondicional de pagar una suma determinada, el
nombre de la persona a quien debe hacerse el pago, la indicación de ser pagadero a la
orden o al portador y la forma de vencimiento.
57. Ninguna de esas disposiciones condiciona el mérito ejecutivo del pagaré a que se
acompañe el contrato del cual surgió la obligación, ni somete su eficacia a solemnidad
alguna distinta de las que el propio estatuto mercantil consagra.
58. En el caso concreto, se aportó al proceso el pagaré No. 1894 firmado por el deudor
el 22 de marzo de 2002, acompañado de su respectiva carta de instrucciones y contrato
de prenda, que especificó que el señor Jairo Alberto Granados Barragán se obliga a
pagar solidaria e incondicionalmente a la orden del Fondo para el Desarrollo de
Casanare - FONDESCA (hoy IFC) «la suma de VEINTE MILLON(ES) PESOS M/CTE
($20,000,000), que de dicha entidad he(mos) recibido a entera satisfacción y que
destinare(mos) exclusivamente a desarrollar el proyecto de inversión soporte de este
crédito».
59. En ese entendido, al Tribunal le correspondía analizar el contenido del pagaré y
determinar si cumplía los requisitos de los artículos 621 y 709 del Código de Comercio
para prestar mérito ejecutivo.
60. También era necesario tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 297 del CPACA,
que establece que constituye título ejecutivo «cualquier acto proferido con ocasión de
la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a
cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones», redacción que no excluye los
títulos valores como sugirió el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal. Dicho artículo
se refiere genéricamente al acto jurídico entendido como cualquier manifestación
consciente y voluntaria destinada a producir efectos jurídicos, no al acto administrativo
o al contrato que también fueron contemplados en la norma, de manera expresa (núm.
3 y 4).
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61. Al condicionar el mandamiento de pago a la presentación del contrato de mutuo
escrito, las autoridades judiciales accionadas exigieron un requisito que no contemplan
ni el Código de Comercio ni el CPACA, y despojaron al pagaré de la autonomía y la
literalidad que lo caracterizan.
62. Los yerros en los que incurrieron los operadores judiciales accionados configuraron
un defecto sustantivo y restringieron, injustificadamente, los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la entidad accionante.
63. Cabe mencionar que el defecto sustantivo es una forma auténtica de violación
directa de la ley por falta de aplicación, indebida aplicación o por interpretación errónea
de las disposiciones legales 8 . En el presente asunto, como ya se mencionó, las
falencias advertidas constituyen un defecto sustantivo por la falta de aplicación de las
normas que gobiernan el pagaré como título valor y por la indebida aplicación de las
que exigen la solemnidad escrita de los contratos estatales.
64. Por último, es relevante poner de presente que en una sentencia reciente 9 se
discutió un asunto de contornos fácticos y jurídicos similares a los que aquí se analizan
y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado amparó los derechos
del IFC con argumentos similares a los que se acogen en esta sentencia.
Otros yerros que configuran el defecto sustantivo
65. Recientemente, en casos similares10, esta Subsección advirtió la inobservancia de
los jueces administrativos y del Tribunal Administrativo de Casanare respecto de las
reglas relativas a declaratoria de falta de jurisdicción, especialmente aquella prevista
en el artículo 138 del CGP, según la cual «lo actuado conservará su validez y el proceso
se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta
se invalidará».
66. Bajo esa premisa, en el caso particular, la Sala encuentra que las autoridades
judiciales accionadas también incurrieron en defecto sustantivo, al dejar de aplicar el
artículo 138 del CGP y abstenerse de continuar con la ejecución solicitada por el
Instituto Financiero de Casanare (IFC), pues con ello desconocieron completamente la
validez del auto proferido el 16 de febrero de 2005, que libró mandamiento de pago y
decretó medidas cautelares, actuación que conservaba plena validez de conformidad
con los efectos legales de la remisión por falta de jurisdicción.
8 La Corte Constitucional ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando:
(i) la decisión judicial se
sustenta en una norma inaplicable al caso concreto; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución
y la ley le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso
concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido el alcance de la norma; (iii) la
interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias
para efectuar una interpretación sistemática; (iv) la norma aplicable al caso concreto es desatendida y, por ende,
inaplicada, o (v) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación
fáctica a la que se aplicó.
Ver sentencias T-804 de 1999, T-522 de 2001, T- 189 de 2005, T-244 de 2007 y T-972 de 2007.
9 Sentencia de 2 de marzo de 2026, radicado 11001-03-15-000-2026-00426-00, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
10 Ver, entre otras, las sentencias del 20 de abril de 2026, expedientes con radicado 11001-03-15-000-2026-01919-
00 y 11001-03-15-000-2026-01087-00, ambas con ponencia del magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez (e).
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67. De otra parte, es un hecho incontrovertible que en la jurisdicción contencioso-
administrativa no es usual encontrar procesos ejecutivos basados en títulos valores. De
hecho, los procesos ejecutivos promovidos por el IFC para hacer exigibles las
obligaciones dinerarias respaldadas en pagarés han sido remitidos y, últimamente,
incoados directamente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, debido al
criterio que adoptó la Corte Constitucional11 al definir ciertos conflictos de jurisdicciones
en esos asuntos.
68. Por ello, es novedosa la situación que se presenta, en tanto las ejecuciones que
normalmente se tramitan en esta jurisdicción suelen tener por título sentencias,
contratos o actos administrativos, para los que no está concebida la exigencia de
exhibirse en su original, que sí se prevé para los títulos valores, conforme a lo
establecido en el artículo 624 del Código de Comercio.
69. Las particularidades que conlleva el uso de canales digitales en los servicios
judiciales no deberían, sin embargo, suponer una barrera para el acceso a la
administración de justicia. Es evidente que la finalidad de los sistemas informáticos en
uso es agilizar y facilitar la comunicación entre los usuarios y los operadores judiciales
e incluye la presentación de demandas y memoriales por vías electrónicas.
70. En esa medida, la afirmación del Tribunal de que «la parte ejecutante no cumplió
con la exhibición del título valor en los términos del artículo 624 del Código de Comercio,
pues no aportó copia original del título valor, sino que se limitó a enseñar una
digitalización del mismo, lo cual impide su cobro» merecía un análisis más exhaustivo
que considerara cómo se presentó la demanda.
71. Para esta Sala no es razonable que el Tribunal acudiera a tal argumento para negar
el mandamiento ejecutivo, sin considerar que el título valor se presentó de forma
digitalizada, no en copia y no existía impedimento para considerar su validez.
Incluso, la autoridad judicial tenía la posibilidad de indagar por el tratamiento que la
jurisdicción ordinaria otorga a este tipo de asuntos. De haber efectuado una
averiguación somera habría advertido que la Corte Suprema de Justicia se refirió al
respecto en la sentencia STC2392 del 2 de marzo de 2022, en la que explicó que, por
el uso de los mensajes de datos y las tecnologías de la comunicación en los procesos
judiciales, la exhibición del título valor varió, pues ahora se adjunta a la demanda de
forma digitalizada.
72. Así las cosas, lo sostenido por el Tribunal se muestra desproporcionado, porque
privilegió un entendimiento restrictivo de la norma que obstaculizó la eficacia del
derecho sustancial. El accionante cumplió los deberes procesales a su cargo con el
nuevo manejo de los expedientes judiciales, a partir de la implementación de las
tecnologías de la información en el sistema judicial. Es claro que el Tribunal no requirió
la entrega del título físico ni habilitó un canal para ese efecto.
11 Por ejemplo, en los autos A1691, A1540, A820, A1652, A527, A1883 de 2025, entre otros.
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73. Además, al exigir la presentación física del título valor, la autoridad judicial
accionada también incurrió en un defecto sustantivo, pues desconoció abiertamente
el segundo inciso del artículo 6 de la Ley 2213 de 2022, según el cual la demanda debe
contener sus anexos en medio electrónico.
74. En procesos ejecutivos, esos anexos corresponden, precisamente, al título a
ejecutar. Y, tratándose de pagarés, la presentación de tales anexos se relaciona
estrechamente con la exigencia de exhibición establecida en el artículo 624 del Código
de Comercio, que no necesariamente debe ser física, como lo sugirió la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela12.
Conclusión
75. El Juzgado Quinto Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare, en los autos del 25 de noviembre de 2025 y del 22 de enero de 2026,
respectivamente, incurrieron en yerros que comprometieron el ejercicio y goce de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
del IFC.
76. Los yerros advertidos configuran un defecto sustantivo y consistieron en (i) la
exigencia de un contrato de mutuo escrito para conformar un título ejecutivo complejo,
con desconocimiento de la autonomía y la literalidad del pagaré No. 1894 y de los
artículos 621 y 709 del Código de Comercio; (ii) la falta de aplicación del artículo 138
del CGP sobre la validez de lo actuado ante la jurisdicción ordinaria civil, y (iii) el
desconocimiento de la Ley 2213 de 2022, al no valorar el pagaré aportado de forma
virtual y omitir el deber de requerir al accionante para que lo presentara en físico, si lo
consideraba indispensable.
77. Por lo anterior, se concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia del IFC y, en consecuencia, se
dejarán sin efectos las providencias judiciales cuestionadas y se ordenará retomar el
trámite de la causa ejecutiva, con respeto de la plena validez de las actuaciones surtidas
ante la jurisdicción ordinaria civil y de los lineamientos de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
12 En la sentencia STC2392-2022, dicha sala explicó lo siguiente:
«(…) [D]el tenor literal del artículo 624 del código mercantil se extrae que, para “[e]l ejercicio del derecho consignado
en un título-valor [se] requiere la exhibición del mismo” como prueba del negocio jurídico celebrado entre los
suscriptores del documento.
Situación distinta es que la forma de exhibición de dicho cartular, que antes se efectuaba de manera física
como anexo de la demanda, haya variado en virtud del escenario expuesto en precedencia [pandemia de
Covid-19], lo que, de ninguna manera, puede impedir el acceso a la administración de justicia del acreedor o el
derecho de defensa y contradicción propio del obligado.
En efecto, para cumplir con el deber de aportación de los anexos, dispuesto en el Código General del Proceso (art.
84), el canon 6° del Decreto Legislativo 806 de 2020 dispuso que los mismos debían ser presentados “en forma de
mensaje de datos” junto con la demanda y que de ellos “no será necesario acompañar copias físicas, ni electrónicas”,
de lo que emerge con facilidad que, al menos en la etapa inicial del ejecutivo, la exhibición física del título valor
comporta una ritualidad excesiva que contraría el precepto legal en comento (énfasis añadido)».
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RESUELVE
PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare (IFC), los cuales
fueron vulnerados por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal y por el
Tribunal Administrativo de Casanare, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, (i) DEJAR SIN EFECTOS el auto del
22 de enero de 2026 proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare, así como el
auto del 25 de noviembre de 2025 dictado por el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Yopal, en el marco del proceso ejecutivo con radicación No. 85001-33-33-
005-2025-00057-00/01 promovido contra el señor Jairo Alberto Granados Barragán, y
(ii) ORDENAR a dicho juzgado que retome el proceso en el estado en el que arribó a
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con respeto de la plena validez de las
actuaciones surtidas ante la Jurisdicción Ordinaria Civil, y adopte las decisiones que en
derecho correspondan, con base en los lineamientos de esta sentencia.
TERCERO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha.
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