Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05779-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05779-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05779-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
17 de septiembre de 2026
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05779-00
Demandante: Catering Salazar Gaviria
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón
Bogotá, D.C., 17 de septiembre de 2026
Referencia: Acción de tutela
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05779-00
Demandante: CATERING SALAZAR GAVIRIA
Demandada: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL
Temas: Derecho fundamental al debido proceso. Lista de elegibles
Convocatoria 27. Improcedencia de la acción de tutela. Requisito
general de subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Catering Salazar Gaviria
contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera
Judicial.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 23 de julio de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, la señora
Catering Salazar Gaviria pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso administrativo, a la igualdad y de acceso a cargos públicos.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión a que el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial estaría
posesionando a jueces laborales del circuito que conformaron la lista de elegibles de la
Convocatoria 27 sin que quedara en firme el acto administrativo que resuelve las
solicitudes de reclasificación.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA. AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad y al
acceso a cargos y funciones públicas en condiciones de mérito (arts. 13, 29, 40-7 y 125 C.P.).
SEGUNDA. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera
Judicial ABSTENERSE de remitir a los Consejos Seccionales de la Judicatura las relaciones de
aspirantes por sede de fecha 17 de julio de 2026 (listas de elegibles para opción de sede) del cargo de
Juez Laboral del Circuito elaboradas con el orden inicial del Registro Nacional de Elegibles contenido
en la Resolución PCSJSR26-033 de 2026, hasta tanto se expida el acto de reclasificación ordenado en
su artículo 4° de la Resolución CJR26-0467 del 25 de junio de 2026, que quedó en firme el 22 de julio
de 2026.
TERCERA. ORDENAR a la entidad accionada que, una vez expedido el acto de reclasificación en los
términos de la Resolución CJR26-0467, elabore las relaciones de aspirantes por sede del cargo de Juez
Laboral del Circuito con el orden actualizado del registro, reconociéndome la posición que en el me
corresponda, y proceda al envío de estas a los Consejos Seccionales.
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CUARTA. DEJAR SIN EFECTOS la relación de aspirantes por sede del cargo de Juez Laboral del
Circuito publicada el 17 de julio de 2026 (JLC-RAS-0726), en cuanto desconoce la actualización de
puntajes resuelta en la Resolución CJR26-0467.
QUINTA. Subsidiariamente, si al momento del fallo ya se hubieren efectuado nombramientos con base
en las listas cuestionadas con posterioridad a la expedición de la Resolución CJR26-0467, DEJAR SIN
EFECTOS tales actuaciones en cuanto me afecten y ORDENAR que se rehagan respetando el orden
actualizado.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
Manifestó la parte actora que participó en el concurso de méritos (Convocatoria 27) para
conformar la lista de elegibles para el cargo de juez laboral del circuito. Que a través de
la Resolución PCSJSR26-033 del 11 de febrero de 2026, el Consejo Superior de la
Judicatura conformó el registro nacional de elegibles para el cargo de juez laboral. Que
en el artículo 2.º de esa resolución fue inscrita en la posición 70, con un puntaje total de
658,68.
Que, de acuerdo con el inciso tercero del artículo 165 de la Ley 270 de 1996 y con el
Acuerdo 1242 de 2001, en los meses de enero y febrero de cada año los integrantes de
los registros de elegibles podían solicitar la actualización de su inscripción para la
reclasificación de los factores de experiencia adicional, docencia y capacitación.
Que en el mes de febrero de 2026 presentó su solicitud de actualización y que, de
acuerdo con el artículo 1 del Acuerdo 1242 de 2001, esa solicitud debía decidirse a más
tardar el último día hábil del mes de marzo, que para su caso sería el 31 de marzo de
2026.
Que el Consejo Superior de la Judicatura prorrogó en dos ocasiones el plazo para
resolver las solicitudes de actualización, pero que, sin embargo, continuó la provisión de
vacantes con el orden inicial del registro. Que de lo anterior daba cuenta la Resolución
CJR26-0467 de 2026, en la que se advertía que entre el 7 de mayo y el 28 de junio de
2026, ocho integrantes de la lista se posesionaron en distintas ciudades.
Que mediante la Resolución CJR26-0467 del 25 de junio de 2026, se resolvieron las
solicitudes de actualización y se modificó su inscripción, al asignarle 70,00 puntos por
experiencia adicional y docencia y 20,00 por capacitación adicional, con lo que, según
dijo, su puntaje aumentaba a 737,74 puntos y pasaría a la posición 20 del registro,
aproximadamente.
Dijo que el artículo 3 de la Resolución CJR26-0467 del 25 de junio de 2025 disponía que
contra las decisiones individuales procedía el recurso de reposición y el artículo 4 ibidem
ordenaba que, una vez la actualización adquiriera firmeza, se procedería con la
reclasificación del registro nacional de elegibles conforme a los nuevos puntajes.
Que el 30 de junio de 2026 renunció por correo electrónico a los términos de ejecutoria
de la Resolución CJR26-0467. Que entendía que con la renuncia personal a términos
ese acto no adquiría firmeza, pero que, sin embargo, dentro del término para interponer
los recursos, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial publicó la relación de
aspirantes al cargo de juez laboral de circuito (documento JLC-RAS-0726), que fue
elaborado con el orden y puntajes iniciales de la Resolución PCSJSR26-033, es decir,
sin incorporar las actualizaciones.
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4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumplía con
el requisito de subsidiariedad, de acuerdo con las sentencias SU-913 de 2009, T-443 de
2022 y SU-452 de 2024 proferidas por la Corte Constitucional, debido a que el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho no era idóneo ni eficaz frente a la
provisión de cargos que se consumían en cuestión de semanas.
Que la falta de idoneidad se demostraba con que entre mayo y junio de 2026 ya se habían
posesionado ocho personas. Que mientras se decidía el proceso contencioso, las sedes
restantes se agotarían, con lo que se configuraría un perjuicio irremediable, que exigía
que se adoptaran medidas urgentes e impostergables.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que el artículo 125 de la Constitución disponía que
los empleados del Estado eran de carrera y que su ingreso se haría a través de concurso
público de mérito. Que, respecto de la Rama Judicial, los artículos 156, 160, 162, 164 y
165 de la Ley 270 de 1996 ordenaban que el registro de elegibles se conformaba en
estricto orden descendente de puntaje y que la provisión de las vacantes se efectuaría
con quienes encabezaran el registro.
Que la Corte Constitucional1 ha sostenido que las listas y registros de elegibles eran actos
administrativos particulares que generaban derechos singulares a favor de quienes las
integran, que el orden de mérito vinculaba al nominador y que su desconocimiento
vulneraba los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a
cargos públicos.
Que el inciso tercero del artículo 165 de la Ley 270 de 1996 confería a los integrantes del
registro el derecho a solicitar la actualización de su inscripción para la reclasificación de
los factores de experiencia y capacitación. Que ese derecho pretendía que los
nombramientos reflejaran el mérito real. Que, por ello, era por lo que el artículo 1 del
Acuerdo 1242 de 2001 ordenaba resolver las solicitudes a más tardar el último día hábil
del mes de marzo. Que el sistema estaba diseñado para que la reclasificación quedara
definida antes de que el registro se aplicara en la provisión de vacantes.
Propuso dos cargos, a saber: i) << la administración prorrogó su propio plazo y trasladó a los
concursantes las consecuencias de su mora, continuando la provisión de vacantes con un orden
desactualizado>> en el que señaló que el Consejo Superior de la Judicatura incumplió el
plazo del Acuerdo 1242 de 2001, al prorrogar en dos ocasiones el término para resolver
las solicitudes de reclasificación, que finalmente concluyó el 3 de julio de 2026, por
razones que le eran atribuibles a su propia gestión.
Que no cuestionaba las prórrogas, sino que simultáneamente se hubiere continuado con
la etapa de opción de sede y posesión, con un orden sin actualizar. Que la mora en las
actuaciones de la administración no podía implicar la pérdida de los derechos de quienes
actuaron oportunamente.
Que había presentado su solicitud de reclasificación dentro del término y la definición
tardía de esa solicitud, que era imputable a la entidad, no podía tener como efecto que
se asignaran las sedes en un orden que no incorporaba su mérito acreditado.
1 Citó las sentencias SU-913 de 2009, SU-446 de 2011, T-340 de 2020, T- 081 de 2021, T-443 de 2022 y SU-452 de
2024
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Que, si la entidad demandada consideraba necesario prorrogar los términos para resolver
las solicitudes de reclasificación, lo propio era que aplazara la elaboración y remisión de
las listas de opción de sede hasta tanto se resolviera la reclasificación.
ii) <<las listas de opción de sede no podían elaborarse ni pueden remitirse a los Consejos
Seccionales sin esperar la firmeza de la Resolución CJR26-0467 y la expedición del acto de
reclasificación que ella misma ordena>>, en el que indicó que la Resolución CJR26-0467 del
25 de junio de 2026 ya había reconocido que su puntaje total era de 737,74. Que el
artículo 4 de esa resolución había ordenado que, cuando estuviera en firme la
actualización, se procedería con la reclasificación del registro, con lo que reconocía que
el orden vigente sería modificado.
Que, sin embargo, el 17 de julio de 2026 se publicó la relación de aspirantes por sede,
con el orden y puntaje inicial, en los que, según dijo, en la sede Cali se le excluye de tres
vacantes pese a que, con la actualización, estaría en posición de optar.
Que remitir a los Consejos Seccionales las listas de opciones de sede con fundamento
en el orden inicial, después de haberse resuelto las solicitudes de actualizaciones,
constituía la ejecución de una etapa irreversible del concurso, con lo que se vaciaba de
contenido el derecho a la actualización previsto en el artículo 165 de la Ley 270 de 1996;
se desconocería el derecho subjetivo derivado de la posición real de mérito; se
quebrantaría el derecho a la igualdad, debido a que concursantes con menor puntaje
actualizado accederían a mejores sedes y se contrariaría la Resolución CJR26-0467, que
condicionaba el nuevo orden de la lista a la firmeza de la actualización.
Adujo que, conforme a la sentencia SU-446 de 2011 dictada por la Corte Constitucional,
los nombramientos efectuados con desconocimiento del orden de mérito del respectivo
concurso eran contrarios a la Constitución y podían ser dejados sin efectos.
Que si no se accedía a sus pretensiones se le causaría un perjuicio irremediable, porque
las opciones de sede son de ejecución instantánea e irreversibles, puesto que cada
aspirante elige en su turno la sede, con lo que esta saldría del inventario. Que las ocho
posesiones evidenciadas en la Resolución CJR26-0467 demostraban que la
consumación del daño estaba en curso.
Que <<la relación del 17 de julio de 2026 concreta la amenaza en la sede de Cali, con solo tres
vacantes, dos aspirantes con puntaje actualizado inferior al mío me anteceden y agotarían las
vacantes. Ninguna reparación posterior podrá restituirme íntegramente el turno de elección que
corresponde a mi posición real, aproximadamente la 20 del registro actualizado>>.
5. Trámite procesal
Por auto del 28 de julio de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandado al director de la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, y en calidad de
terceros con interés, a los concursantes que integran la lista de elegibles para el cargo
de Juez Laboral del Circuito (270015) en la convocatoria 027 de 2018.
Adicionalmente, se denegó la solicitud de medida provisional elevada por la parte actora,
que estaba relacionada con que se ordenara a la entidad demandada que se abstuviera
de remitir a los Consejos Seccionales de la Judicatura las listas de elegibles de opción
de sede o, en su lugar, que, de remitirse, efectuara la actualización de la relación de
aspirantes, al tener en cuenta el orden de reclasificación reconocido en la Resolución
CJR26-0467 de 2026.
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En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 29 de julio de
2026.
6. Intervenciones
La directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura solicitó que se denegaran las pretensiones de la acción de
tutela, por cuanto no amenazó, vulneró o puso en riesgo los derechos fundamentales
reclamados por la parte actora. Dijo que la actuación adelantada en el procedimiento de
actualización y reclasificación de registro nacional de elegibles se ajustó al Acuerdo 1242
de 2001.
Que la publicación de la relación de aspirantes por sede se había efectuado cuando el
procedimiento de actualización del registro nacional de elegibles no había culminado.
Que ni la presentación de la solicitud de reclasificación ni la expedición de la resolución
que decidía las solicitudes individuales modificaban automáticamente el registro, de
acuerdo con lo previsto en el Acuerdo 1242 de 2001.
Que el 17 de julio de 2026, cuando se publicaron las relaciones de aspirantes por sede,
la actuación administrativa no se encontraba en firme, por lo que no era procedente
efectuar la reclasificación del registro nacional de elegibles.
El señor Miguel Ángel Álvarez Londoño, quien dijo integrar el registro nacional de
elegibles de la convocatoria 27 para proveer el cargo de juez laboral del circuito, señaló
que se oponía a las pretensiones de la parte actora, porque no existía vulneración de sus
derechos fundamentales, porque se encontraba en el primer puesto de la lista de
elegibles para la sede de Tuluá, departamento del Valle del Cauca, por lo que contaba
con una posibilidad cierta e inmediata de acceder al cargo al que aspiraba.
Que, de acogerse la interpretación propuesta por la accionante, las consecuencias no se
limitarían a su situación individual, sino que impactarían directamente las expectativas
legítimas y las situaciones jurídicas de los demás concursantes que participan en el
mismo registro de elegibles.
Que la solicitud de amparo no perseguía únicamente la protección de un supuesto
derecho fundamental, sino la obtención de una ventaja individual derivada de una
interpretación particular de la Resolución CJR26-0467.
Que la acción de tutela no satisfacía el requisito de subsidiariedad, porque estaba
relacionada con que se determinara la legalidad administrativa del concurso y ese era un
asunto que debía resolver la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Que, además,
no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.
La señora Diana Fernanda Erasso Fuertes, quien dijo integrar el registro nacional de
elegibles de la convocatoria 27 para proveer el cargo de juez laboral del circuito, solicitó
desestimar las pretensiones de la tutelante, porque la reclasificación aún no se encuentra
en firme.
La señora Vanessa Prieto Ramírez, quien indicó que integraba el registro nacional de
elegibles de la convocatoria 27 para proveer el cargo de juez laboral del circuito, pidió
que se denegaran las pretensiones de la parte actora, debido a que no se evidenciaba la
vulneración de los derechos fundamentales reclamados.
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Señaló que para la expedición del registro nacional de elegibles no era necesario esperar
la expedición del acto administrativo de reclasificación. Que, si la vacante definitiva se
reporta o se publica antes que el acto de reclasificación, la administración estaba en la
obligación de conformar la lista de elegibles con el registro que se encuentre vigente.
La señora Lorena Alexandra Bayona Corredor, quien dijo ser exintegrante del registro
nacional de elegibles de la convocatoria 27 para proveer el cargo de juez laboral del
circuito, solicitó denegar el amparo deprecado o que se declarara improcedente la acción
de tutela.
Manifestó que la solicitud de amparo incumplía el requisito de subsidiariedad, porque la
parte actora podía acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Que, en todo caso, la relación de aspirantes se elaboraba con el registro que se
encontrara en firme y que la reclasificación aún no se encontraba vigente.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta por la señora
Catering Salazar Gaviria para proteger sus derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, a la igualdad y de acceso a cargos públicos, presuntamente vulnerados
por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial
con ocasión de que estarían posesionando a jueces laborales del circuito que
conformaron la lista de elegibles de la Convocatoria 27 sin que quedara en firme el acto
administrativo que resuelve las solicitudes de reclasificación.
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela, por cuanto no satisface
el requisito de subsidiariedad, debido a que la parte actora cuenta con otros medios de
defensa judicial para pedir la protección de sus derechos fundamentales reclamados.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) generalidades
de la acción de tutela, (ii) la subsidiariedad, (iii) la subsidiariedad en los concursos de
mérito y, (iv) el análisis del caso concreto.
2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.
La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga la parte demandante.
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3. Sobre el requisito de subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela <<solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable>>. Eso
quiere decir que la subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la
naturaleza excepcional de este mecanismo de protección de derechos fundamentales.
La acción de tutela debe ser el último recurso, no el primero.
La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable. Este requisito busca, en última instancia, asegurar
que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de derechos
fundamentales en circunstancias excepcionales.
4. La subsidiariedad en los concursos de méritos
En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los concursos de
méritos, convocados para acceder a cargos públicos, esta Corporación ha sostenido 2
que, por regla general, las decisiones dictadas en los concursos de méritos son actos
administrativos de trámite, expedidos justamente para impulsar y dar continuidad a la
convocatoria. Como se sabe, contra los actos de trámite no proceden los recursos ni las
acciones contencioso-administrativas y, por lo tanto, la tutela se ve como el remedio
judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales de los
concursantes. Por consiguiente, la Sección ha estudiado de fondo las tutelas en las que
se discuten decisiones de mero trámite.
Sin embargo, en los casos en los que han culminado las etapas del concurso y existe un
acto administrativo que establece la lista de elegibles para proveer los cargos ofertados,
esta Sección ha sostenido que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sí se
erige como el mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos de
las personas que se someten a un concurso de méritos3, pues se trata de un acto
administrativo definitivo, que establece el número de plazas a ocupar y el orden de
elegibilidad, según el puntaje. A la misma conclusión ha llegado la Sala frente a los actos
que excluyen a los participantes del concurso de méritos, por cuanto también se trata de
un acto administrativo definitivo4. En esos casos, se ha determinado que la tutela es
improcedente, habida cuenta de que existe otro medio para la protección de los derechos
fundamentales violados o en situación de amenaza: la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.
En conclusión, la acción de tutela es procedente contra las decisiones que se dicten en
un concurso de méritos, siempre que se trate de actos de trámite. Empero, si se discute
una decisión definitiva (como el acto que contiene el registro de elegibles o el que excluye
a un participante de un concurso, por ejemplo), la acción de tutela es improcedente,
2
En efecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia de AC-00698, sostuvo
que «las decisiones dictadas durante un concurso docente son actos de trámite, expedidos dentro de la actuación
propia del mismo y las determinaciones que en ellos se adoptan se hacen justamente para impulsar y dar continuidad
al proceso de las convocatorias, en cumplimiento de los deberes legales de las entidades involucradas. Contra los
actos de trámite no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las acciones contencioso-administrativas, por lo
tanto, en el caso objeto de estudio, la actora no cuenta con otros medios de defensa para lograr la continuidad en el
concurso docente y las acciones de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho no son eficaces para lograr la
protección a los derechos fundamentales invocados».
3 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias del 10 de junio de 2010. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Expedientes No. 2010-00475-01, 2010-00496-01 y 2010-00583-01.
4 Sentencias del 1.° de julio de 2021, expedientes 11001-03-15-000-2021-03087-00 y 11001-03-15-000-2021-02796-
00, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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porque existen otros medios de defensa judicial, como los medios de control ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los que se puede hacer uso de las
medidas cautelares.
No sobra advertir que, en materia de concursos de méritos, la competencia del juez de
tutela es extremadamente restringida. Por eso, debe ser cuidadoso en examinar la
vulneración de los derechos fundamentales de los concursantes. Solo en los casos en
que aparezca probada de manera suficiente la vulneración o amenaza, puede adoptar
medidas razonables y pertinentes para conjurarla. El cuidado que debe tener el juez de
tutela lo obliga a prevenir que la protección que concede no haga traumático el concurso
de méritos, al punto de volverlo interminable. Esto es, las decisiones que adopte no
pueden llegar a afectar las condiciones normales en que se desarrolla el concurso ni
afectar los derechos fundamentales de los demás concursantes.
5. Análisis del caso concreto
Para resolver, la Sala estima necesario abordar los dos cuestionamientos de la parte
actora por separado.
5.1. Sobre los actos que prorrogaron el plazo para resolver las solicitudes de
reclasificación
La Sala advierte que los reparos formulados por la parte actora contra las decisiones
administrativas por medio de las cuales se prorrogó el plazo para resolver las solicitudes
de reclasificación no satisfacen el requisito de subsidiariedad, por cuanto se tratan de
actos administrativos generales, respecto de los que se puede promover el medio de
control de nulidad simple, de acuerdo con lo previsto en el artículo 137 del CPACA, según
el cual <<Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la
nulidad de los actos administrativos de carácter general>>.
5.2. Sobre los actos de nombramientos de jueces laborales
De entrada, la Sala advierte que los cuestionamientos presentados en la acción de tutela
respecto de los nombramientos efectuados a jueces laborales sin que estuviere en firme
la reclasificación se tornan improcedentes en la medida en que no se cumple con el
requisito de subsidiariedad, como pasa a exponerse.
Tratándose de actos de nombramiento, los interesados cuentan con el medio de control
de nulidad electoral, en los términos del artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, que
establece que «Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto
popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las
entidades y autoridades públicas de todo orden».
Ahora, cuando lo que se pretende es que, además de que se declare la ilegalidad del
acto de nombramiento, se restablezcan derechos subjetivos, lo procedente será acudir al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 de
la Ley 1437 de 2011, que establece que << Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá
solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en
el inciso segundo del artículo anterior>>.
Sobre la posibilidad de acudir a estos dos mecanismos, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, en sentencia del 25 de junio de 2020, señaló que «cuando se
acusa un acto de nombramiento porque se considera ilegal con el único fin de que se resuelva
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tal ilegalidad, el medio idóneo para acudir a la jurisdicción es la nulidad electoral; mientras que si
se pretende demandar un acto de nombramiento que se cree es ilegal y que además vulnera un
derecho subjetivo, con el propósito de que este se restablezca y el acto se retire del ordenamiento
jurídico, tendrá que demandarse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho».
Esos medios de defensa resultan idóneos y eficaces, porque la parte actora puede pedir
la suspensión provisional de los efectos jurídicos de esos actos, medida cautelar ágil y
efectiva, que permite proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto del proceso
y la efectividad de la sentencia. Incluso, la tutelante puede solicitar medidas cautelares
de urgencia, que pueden ser decretadas sin correr traslado al demandado, en el evento
de que se evidencie urgencia en el caso objeto de discusión, como lo dispone el artículo
2345 del CPACA.
En consecuencia, las anteriores razones son suficientes para que la Sala concluya que
no hay lugar a pronunciarse sobre el fondo del asunto y declarar improcedente la solicitud
de amparo, por cuanto no satisface el requisito de subsidiariedad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la parte actora, por las
razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 6
5 Artículo 234. Medidas cautelares de urgencia. Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra
parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su
adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión
será susceptible de los recursos a que haya lugar.
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada
en el auto que la decrete.
6 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05779-00
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sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto, se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1 y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el cual
se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".
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