Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05784-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05784-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05784-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
9 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05784-00
Accionante: EUTIQUIO ORTEGA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Temas: Tutela contra autoridad judicial. Tardanza en proferir sentencia de
segunda instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Eutiquio Ortega, quien actúa en nombre propio, contra el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 23 de julio de 2026, fue recibida por esta Corporación la demanda de tutela
presentada por el señor Eutiquio Ortega en defensa de sus derechos fundamentales
a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital, los cuales considera
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander con ocasión de la
presunta mora en proferir sentencia de segunda instancia en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado n.º 54-001-33-33-010-2022-
00373-01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“Se ordene al tribunal superior del distrito judicial de Cúcuta [entiéndese Tribunal
Administrativo de Norte de Santander] que RESUELVA DE FONDO, dentro de un
plazo prudencial perentorio, el amparo de mi derecho fundamental a la Seguridad Social,
me reconozca derecho de forma inmediata mi derecho a la pensión de jubilación,
conforme lo decretado en el fallo judicial proferido por el Juzgado administrativo 10 del
Circuito de Cúcuta. (resaltado fuera de texto)
Se ordene la inclusión a nomina, toda vez que se trata de un derecho necesario para
garantizar el mínimo vital y, con ello, la subsistencia digna de personas beneficiarias de
la pensión de JUBILACION”.
2. Hechos
El accionante narró que nació el 10 de diciembre de 1958, que laboró como docente
desde el 10 de marzo de 1997 y que ya cumplió con el tiempo requerido para
acceder a su pensión de jubilación.
Que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en procura de
obtener la nulidad del acto administrativo contenido en la respuesta a la solicitud de
reconocimiento de pensión con radicado NDS2022EE011210 suscrita por el
secretario de Educación de Norte de Santander y notificada el 20 de abril de 2022
que le negó la pensión de jubilación bajo el régimen excepcional, desconociendo
que la vinculación del docente se produjo antes del 27 de junio de 2003.
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Accionante: Eutiquio Ortega
El Juzgado Décimo Administrativo de Cúcuta conoció la demanda bajo el radicado
54-001-33-33-010-2022-00373-00 y por sentencia de 29 de julio de 2024 accedió a
las pretensiones, declaró nulo el acto administrativo contenido en el oficio
NDS2022EE011210 de 19 de abril de 2022 y como restablecimiento del derecho
dispuso que el FOMAG reconozca y pague la pensión de jubilación en favor del
señor demandante a partir de la fecha de adquisición del estatus pensional, esto es,
desde el 25 de agosto de 2021 y dando cumplimiento a la actualización monetaria
de las mesadas que se causen hasta la ejecutoria de la sentencia y con los intereses
que se llegaren a causar en los términos de los artículos 187 y 192 del CPACA.
La entidad demandada Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo de
Pensiones del Magisterio FOMAG, interpuso recurso de apelación el 8 de agosto de
2024 y el proceso fue remitido al Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
que con auto de 25 de noviembre de 2024, lo admitió, sin embargo, han transcurrido
1 año y 8 meses sin que se conozca decisión de fondo.
Finalmente, el accionante señaló su condición de persona mayor de 68 años de
edad con múltiples afecciones de salud y a cargo de su esposa y una cuñada, a lo
que agregó que vive en una zona de alto riesgo por razones de violencia.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora sostuvo que requería el reconocimiento y pago inmediato de su
pensión de jubilación, pues afirmó que había cumplido los requisitos legales para
acceder a esa prestación económica y que, además, la sentencia de primera
instancia había reconocido su derecho. Señaló que la prolongación del trámite
judicial afectaba sus derechos fundamentales, dado que era adulto mayor, padecía
afecciones de salud física y mental, carecía de ingresos para garantizar su
subsistencia y tenía a su cargo a su esposa y a una cuñada, también adultas
mayores, esta última, según indicó, en situación de invalidez. Por esas
circunstancias, consideró comprometidos sus derechos a la seguridad social, al
mínimo vital, a la vida digna y a la salud.
Afirmó que el reconocimiento y pago oportuno de la pensión constituía una garantía
constitucional, especialmente cuando su falta de satisfacción comprometía la
subsistencia y otros derechos fundamentales de las personas de la tercera edad.
En apoyo de esa postura invocó los artículos 1, 11, 12, 16, 46, 48 y 53 de la
Constitución Política y citó las sentencias T-426 de 1992, T-526 de 1992 y T-135 de
1993 de la Corte Constitucional.
En cuanto a la procedencia del amparo, adujo que la existencia de otro mecanismo
judicial no descartaba la tutela cuando aquel no resultaba eficaz para obtener la
protección inmediata de los derechos fundamentales.
4. Trámite procesal
La demanda de tutela fue remitida por la Corte Suprema de Justicia por auto de 22
de julio de 2026, en tanto el accionado era el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander.
Por auto de 29 de julio de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda de
tutela y ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada.
Asimismo, se dispuso la vinculación del Juzgado Décimo Administrativo de Cúcuta
y al Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio –, en calidad de terceros con interés. De igual modo, se vinculó a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en virtud de lo previsto en el
artículo 610 del Código General del Proceso.
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Accionante: Eutiquio Ortega
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones n.° 140947 a
140952 de 4 de agosto de 2026, con el fin de poner en conocimiento de las partes
y terceros el contenido de la providencia.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Norte de Santander
El magistrado ponente rindió informe en el que solicitó denegar las pretensiones de
la acción, pues consideró que no se configuró una actuación arbitraria del despacho
ni una vulneración de los derechos fundamentales atribuible a este. Para sustentar
su postura, reseñó las actuaciones surtidas dentro del proceso ordinario y explicó
las razones por las cuales, a su juicio, no existió una mora judicial injustificada.
Indicó que el proceso 54-001-33-33-010-2022-00373-01, correspondiente al medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue recibido en la Secretaría
del Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 30 de septiembre de 2024 y
asignado por reparto a su despacho. Añadió que mediante auto del 25 de noviembre
de 2024, admitió el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
contra la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de
Cúcuta y que, una vez cumplido el trámite correspondiente, el expediente ingresó al
despacho para fallo el 4 de diciembre de 2024.
Precisó que la duración del proceso no podía contabilizarse desde la sentencia de
primera instancia o desde la interposición del recurso de apelación, como lo planteó
el accionante, sino desde la fecha en la que el expediente ingresó efectivamente al
despacho para proferir sentencia de segunda instancia.
Frente a la solicitud de tramitar y proferir una decisión de fondo, invocó el artículo
18 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, de los cuales
derivó que, por regla general, los asuntos debían resolverse conforme al orden
cronológico de ingreso al despacho y que su alteración estaba limitada a los
supuestos de prelación previstos en el ordenamiento jurídico. Explicó que el sistema
de asignación de turnos atendía exclusivamente a la fecha de ingreso de los
expedientes, bajo criterios objetivos y uniformes destinados a garantizar los
principios de igualdad y seguridad jurídica.
Señaló que el proceso del accionante ocupaba el turno 174 para sentencia de
segunda instancia y que existían múltiples expedientes que habían ingresado con
anterioridad y permanecían pendientes de decisión. Agregó que entre estos se
encontraban numerosos asuntos pensionales en los que concurrían circunstancias
personales, familiares, económicas o de salud igualmente apremiantes, por lo que
alterar injustificadamente el orden podía afectar el derecho a la igualdad de quienes
esperaban una decisión en procesos anteriores. Aclaró que no desconocía las
circunstancias personales expuestas por el accionante, pero estimó que estas, por
sí solas, no constituían una causal que autorizara la alteración del turno.
Como sustento de su postura, citó las sentencias T-230 de 2013 y T-803 de 2012
de la Corte Constitucional, respecto de los eventos en los cuales el incumplimiento
de los términos judiciales podía estar justificado. Expuso que la mora judicial
vulneraba los derechos fundamentales cuando existía incumplimiento de los
términos legales, no mediaba una razón que justificara la demora y la tardanza
resultaba imputable a una omisión de la autoridad judicial.
Finalmente, afirmó que el despacho adoptaba medidas permanentes para reducir
los tiempos de respuesta, pero que la alta carga laboral, la congestión judicial, la
prelación constitucional y legal de las acciones de tutela y de otros asuntos
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preferentes, así como la complejidad de los procesos, incidían en los tiempos de
decisión. Añadió que durante 2026 ejercía las funciones de presidente del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, lo que implicaba atender actividades
administrativas adicionales a la función jurisdiccional, sin contar con personal
adicional destinado exclusivamente a esas labores. Con fundamento en esas
circunstancias, concluyó que no existió una actuación arbitraria ni una vulneración
de derechos fundamentales atribuible a su despacho.
5.2. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional
A través de apoderado judicial rindió informe en el que solicitó la desvinculación de
esa entidad y sostuvo que, respecto de esta, la acción de tutela resultaba
improcedente. Afirmó que esa cartera ministerial no ejecutó acción u omisión alguna
que vulnerara o amenazara los derechos fundamentales invocados por el
accionante y que, por tanto, no existía relación de causalidad entre su actuación y
la afectación alegada.
Alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, pues consideró que no era
responsable de la conducta cuestionada ni tenía competencia o injerencia respecto
de las actuaciones y decisiones que motivaron la solicitud de amparo, las cuales
atribuyó a otros organismos o entidades. Añadió que no tenía vínculo con la relación
jurídica sobre la cual recaía la controversia constitucional y que, por esa razón, no
era la autoridad llamada a satisfacer las pretensiones del accionante.
Para sustentar sus argumentos, hizo referencia a las funciones asignadas al
Ministerio de Educación Nacional por el Decreto 5012 de 2009 y señaló que sus
competencias se relacionaban con la formulación, dirección, regulación,
seguimiento y evaluación de las políticas y del servicio educativo, sin que
comprendieran la actuación reclamada en esta acción de tutela.
Asimismo, sostuvo que el amparo resultaba improcedente porque el accionante
contaba con otros medios de defensa, no se satisfacía el requisito de inmediatez,
no se acreditaba una vulneración de derechos fundamentales atribuible al Ministerio
ni se configuraba un perjuicio irremediable.
Finalmente, reiteró que una orden de protección dirigida contra esa cartera sería de
imposible cumplimiento ante la ausencia de una actuación suya relacionada con la
presunta vulneración y, en consecuencia, solicitó su desvinculación del trámite
constitucional.
5.3. Respuesta de La Fiduprevisora S.A
A través de la Gerencia Jurídica solicitó declarar improcedente la acción de tutela y
desvincularla del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva. En primer
lugar, sostuvo que el amparo no satisfacía los requisitos generales y específicos de
procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales, pues consideró que la
argumentación del accionante resultaba insuficiente para acreditar alguna de esas
causales y que el mecanismo constitucional pretendía invalidar actuaciones
procesales anteriores. En sustento, citó la Sentencia T-233 de 2007 y reseñó los
requisitos generales y los defectos específicos que habilitaban excepcionalmente la
intervención del juez constitucional frente a decisiones judiciales.
Asimismo, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no
era responsable de la vulneración alegada y que no existía nexo causal entre alguna
acción u omisión atribuible a la entidad y la amenaza o afectación de los derechos
fundamentales del actor. Sobre este aspecto invocó las sentencias T-416 de 1997
y SU-322 de 2024.
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Finalmente, sostuvo que no existió vulneración de los derechos fundamentales
invocados, pues afirmó que las entidades involucradas actuaron conforme al
ordenamiento jurídico y que no podía atribuirse al juez de instancia el
desconocimiento de los precedentes judiciales relacionados con el asunto
5.4. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta, guardó silencio
sobre los hechos que dieron origen a la presente acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión preliminar
En el escrito de contestación, el Ministerio de Educación Nacional y La Previsora
S.A. solicitaron su desvinculación por considerar que no vulneraron los derechos
fundamentales del accionante y que no se cuenta con legitimación en la causa por
pasiva.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que al
estudiar la falta de legitimación en la causa por pasiva ha explicado que este requisito “hace
referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada
a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la
transgresión del derecho alegado resulte demostrada” 1. Así las cosas, la Sala negará
las solicitudes presentadas debido a que su participación en este trámite
constitucional se dio en calidad de terceros con interés, por fungir como
demandados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho cuya presunta
mora en proferirse la decisión de segunda instancia es objeto de reproche.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander ha incurrido en mora judicial injustificada en el trámite de la demanda del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado n.º 54-001-33-33-
010-2022-00373-01 que amerite la intervención del juez de tutela.
4. De la mora judicial y la noción de plazo razonable
La mora judicial fue definida por esta Corporación como la conducta dilatoria del
juez en resolver sobre un determinado asunto que conoce dentro de un proceso
judicial. Tiene fundamento en cuanto tal conducta desconozca los términos de ley y
carezca de motivo probado y razonable, evento en el cual constituiría un obstáculo
para el acceso a la administración de justicia2.
En efecto, de acuerdo con la sentencia C-279 de 20133 de la Corte Constitucional,
el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia comprende
distintos aspectos de cada proceso judicial: (i) el derecho a la acción o de promoción
de la actividad jurisdiccional; (ii) la existencia de mecanismos para la resolución de
1 Sentencia T-005 de 2022.
2
Sentencia del 11 de octubre de 2012, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. Exp. 2012-00052-01(AC).
3 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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conflictos; (iii) la posibilidad de fundamentar las peticiones; (iv) la obtención de una
respuesta de fondo; (v) procedimientos adecuados, idóneos y efectivos; y (vi) que
los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y
en observancia del debido proceso.
Para determinar si existe mora judicial, es preciso analizar la razonabilidad del plazo
y establecer el carácter injustificado en el incumplimiento de los términos.
La Corte Constitucional ha puntualizado que, no obstante, los análisis que se hagan
sobre la justificación del funcionario sobre la mora judicial, “el derecho a un debido
proceso sin dilaciones injustificadas no pierde efectividad ni siquiera en aquellos
supuestos en que los retrasos se deben a los defectos estructurales de la
organización y funcionamiento de la rama judicial.” En tales eventos, para establecer
que el retraso es justificado es necesario, además, mostrar que se han intentado
agotar todos los medios que las circunstancias permitan para evitarlo 4.
Reiterando el anterior precedente judicial, la Sala Plena de la Corte Constitucional
en la sentencia SU-394 de 20165 indicó que la acción de tutela es procedente
cuando las autoridades judiciales incurren en mora judicial injustificada, teniendo
en cuenta que, en estos casos, es posible que el derecho a un debido proceso se
lesione a causa del incumplimiento de los términos procesales, por lo que puede
materializarse un daño que genere perjuicios no subsanables6. La mora judicial
injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe un incumplimiento
objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilación
y (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de los
deberes del funcionario judicial7.
Así mismo, expresó que para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable se
deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto (incluida
la afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del
procesado); (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes; (iv)
la valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el
trámite.
En sentencia T-441 de 20208, la Corte Constitucional acogió dicha postura e indicó
que “el derecho de acceso a la administración de justicia es un bastión del Estado
social de derecho, en cuanto garantía de la efectividad de los principios, derechos
y deberes establecidos en la Constitución. Sin embargo, esta prerrogativa no se
agota en la mera facultad de presentar solicitudes ante las autoridades judiciales,
pues también se extiende a la salvaguarda de obtener decisiones de fondo en las
controversias, las cuales deben ser adoptadas en un término razonable de tal forma
que la respuesta judicial sea oportuna”, lo que implica para el juez de tutela que en
caso de verificar la existencia de mora judicial pueda ordenar la resolución del
asunto en un término perentorio o con observancia de los plazos previstos en la ley.
En conclusión, para identificar si la autoridad judicial incurre en mora judicial, se
debe realizar una valoración de los aspectos objetivos y subjetivos que rodean la
tardanza. Los primeros se relacionan con la complejidad del asunto y la urgencia de
darle solución. Los segundos se refieren a la actitud de los interesados y la conducta
de los funcionarios judiciales dentro del proceso. De esta forma, el simple hecho de
sobrepasar los términos legales dispuestos para fallar no configura la mora judicial,
ya que deben analizarse otras circunstancias particulares.
4
Sentencia T-030 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
5
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
6
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T- 186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa.
7
En este aspecto, la Corte Constitucional reiteró los criterios enunciados en la Sentencia T-230 de 2013, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
8 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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5. Estudio y solución del caso concreto
El señor Eutiquio Ortega, quien actuó en nombre propio, presentó acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al considerar vulnerados
sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital,
por la tardanza que atribuyó a esa autoridad judicial para proferir sentencia de
segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado con el n.º 54-001-33-33-010-2022-00373-01.
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a través del magistrado ponente,
solicitó negar las pretensiones al considerar que no existió una mora judicial
injustificada que pudiera atribuírsele, pues el proceso ingresó para fallo de segunda
instancia el 4 de diciembre de 2024 y conforme a los artículos 18 de la Ley 446 de
1998 y 63A de la Ley 270 de 1996, debía respetar el orden cronológico de los
asuntos pendientes de decisión. Indicó que el expediente ocupaba el turno 174 y
que lo antecedían múltiples procesos, incluidos asuntos pensionales con
circunstancias personales, familiares, económicas y de salud igualmente
apremiantes, por lo que alterar injustificadamente ese orden podía afectar el
derecho a la igualdad de quienes esperaban una decisión anterior.
Añadió que la alta carga laboral, la congestión judicial, la prelación de las acciones
de tutela y de otros asuntos preferentes, la complejidad de los procesos y las
funciones administrativas que ejercía como presidente del Tribunal incidían en los
tiempos de decisión, sin que contara con personal adicional para estas últimas
labores. Por ello, concluyó que la tardanza estaba justificada y que no se configuró
una actuación arbitraria ni una vulneración de derechos fundamentales imputable
al despacho.
Teniendo en consideración las manifestaciones de las partes y conforme con las
actuaciones que reposan en el Sistema para la Gestión Judicial - SAMAI, la Sala
evidencia que en el referido proceso se han proferido, entre otras, las siguientes
actuaciones:
⚫ El 22 de junio de 2022, el actor promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fomag, con la pretensión que se anulara el acto administrativo contenido en
el radicado NDS2022EE011210 suscrito por el Secretario de Educación del
Departamento Norte de Santander y notificado el 20 de abril de 2022 que le negó la
pensión de jubilación bajo el régimen excepcional, desconociendo que la vinculación
del docente se produjo antes del 27 de junio de 2003.
⚫ El 29 de julio de 2024, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta
profirió sentencia en la que accedió a las pretensiones de la demanda. Dicha decisión
fue objeto del recurso de apelación por la parte demandada, en el que alegó no
compartir la decisión de otorgar la pensión de jubilación al demandante por el régimen
legal aplicable.
⚫ Por auto de 28 de agosto de 2024 se concedió el recurso de alzada y, en consecuencia,
el asunto se remitió el 4 de septiembre de 2024 al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander.
⚫ El 30 de septiembre de 2024 se asignó el asunto por reparto al despacho del
magistrado Hernando Ayala Peñaranda del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander.
⚫ Por auto de 25 de noviembre de 2024 se admitió el recurso de apelación y el 4 de
diciembre del mismo año el asunto ingresó al despacho para proferir sentencia de
segunda instancia.
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Accionante: Eutiquio Ortega
⚫ A través de memoriales presentados los días 26 de junio de 2025 y 11 de mayo de
2026, el apoderado judicial del accionante presentó impulsos procesales con el fin de
que se profiera la sentencia de segunda instancia.
⚫ Con respuestas emitidas el 13 de agosto de 2025 y 27 de mayo de 2026,
respectivamente, el Despacho accionado informó al demandante que su proceso ha
avanzado del turno 226 al turno 174.
De las actuaciones reseñadas se advierte que el proceso ingresó al despacho del
magistrado ponente para proferir sentencia de segunda instancia el 4 de diciembre
de 2024 y que, para la fecha de presentación de la acción de tutela, el 23 de julio
de 2026 habían transcurrido más de diecinueve meses sin que se adoptara una
decisión. Tal lapso superó el término legal para resolver el recurso de apelación,
circunstancia que impone establecer si el retardo obedeció a una conducta
negligente de la autoridad judicial o si, por el contrario, estuvo sustentado en
razones objetivas que permitan calificarlo como una mora judicial justificada.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que el incumplimiento de
los términos procesales no comporta, por sí solo, una vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, pues
la mora puede encontrarse justificada, entre otros eventos, cuando obedece a
problemas estructurales que generan una carga laboral o congestión judicial que
supera la capacidad del despacho, siempre que la tardanza no resulte atribuible a
una conducta negligente del funcionario judicial9.
En este caso, la Sala no advierte elementos que permitan atribuir el retardo a una
conducta arbitraria, caprichosa o negligente del magistrado encargado del proceso.
Por el contrario, de las respuestas ofrecidas a las solicitudes de impulso
presentadas por el accionante se observa que el expediente avanzó dentro del
sistema de turnos, pues pasó del turno 226, informado el 13 de agosto de 2025, al
turno 174 comunicado en mayo de 2026. A ello se suma que el magistrado informó
sobre la existencia de otros procesos pendientes que ingresaron con anterioridad,
varios de ellos de naturaleza pensional y con circunstancias personales, familiares,
económicas o de salud igualmente apremiantes, así como sobre la carga de
asuntos preferentes sometidos al conocimiento del despacho.
Adicionalmente, se debe destacar que el artículo 26 de la Ley 2430 de 2024 modificó
el artículo 63A de la Ley Estatutaria 270 de 1996, que establece que las autoridades
judiciales deben tramitar y fallar los procesos conforme al orden cronológico de
turnos. Sin embargo, se prevén excepciones para casos relacionados con seguridad
nacional, prevención de afectación grave al patrimonio nacional, graves violaciones
de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, procesos de especial
trascendencia económica o social, hechos de corrupción de servidores públicos y
decisiones que involucren a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, los despachos
podrán fijar un orden temático para el estudio preferente de decisiones de fondo y
dar prelación a procesos en los que deba aplicarse precedente vinculante. La
solicitud de prelación podrá ser presentada por la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, el interesado o por la Procuraduría General de la Nación.
Por su parte, la Corte Constitucional10 ha considerado la posibilidad de alteración
del turno, de manera excepcional, cuando se trata de sujetos de especial protección
constitucional, cuando se supera el plazo razonable y ante la posible configuración
de un perjuicio irremediable, para lo cual ha sostenido que “(...) aunque el
incumplimiento de los términos judiciales derive de causas ajenas a la actuación diligente
del funcionario judicial, la jurisprudencia constitucional, en atención a las circunstancias
particulares de la persona que solicita el amparo, ha considerado posible que se adopten
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Ver la sentencia SU 179 de 2021.
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Sentencia SU-179 de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Accionante: Eutiquio Ortega
dos tipos de remedios constitucionales. Por un lado, “ordenar excepcionalmente la
alteración del orden para proferir el fallo, cuando el juez está en presencia de un sujeto
de especial protección constitucional, o cuando la mora judicial supere los plazos
razonables y tolerables de solución, en contraste con las condiciones de espera
particulares del afectado”. Y, por el otro, “en aquellos casos en que se está ante la
posible materialización de un [perjuicio irremediable], se puede ordenar un amparo
transitorio en relación con los derechos fundamentales comprometidos, mientras la
autoridad judicial competente se pronuncia de forma definitiva en torno a la controversia
planteada”. (Negrillas por fuera del texto original).
En ese orden de ideas, en el proceso ordinario no se encuentra acreditado que,
durante el trámite judicial, alguno de los facultados por el artículo 63A de la Ley
Estatutaria 270 de 1996 hubiera solicitado la prelación del asunto. Por tanto, el
magistrado ponente debe, en principio, respetar el turno asignado al expediente y
el de los procesos que habían ingresado con anterioridad.
En ese contexto, si bien se advierte que el término legal para proferir la sentencia
de segunda instancia se encuentra superado y, por tanto existe mora judicial, las
circunstancias acreditadas en el trámite no permiten calificarla como injustificada ni
atribuirla a una conducta negligente, arbitraria o caprichosa de la autoridad
accionada. Hay razones objetivas verificables que justifican que no se haya dictado
sentencia de segunda instancia en el proceso ordinario.
Lo anterior no impide que el señor Eutiquio Ortega solicite ante la autoridad judicial
competente la prelación de su asunto y exponga las circunstancias personales,
familiares, económicas y de salud que, a su juicio, justifican que el proceso sea
decidido con preferencia, con el fin de que dicha solicitud sea valorada por quien
tiene competencia para determinar si se satisfacen los presupuestos para alterar el
orden ordinario de los turnos.
Por lo expuesto, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela, al considerar
que no se evidencia una vulneración a los derechos fundamentales alegados.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Negar las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio de
Educación Nacional y La Previsora S.A., por las razones aquí expuestas.
Segundo.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor
Eutiquio Ortega, quien actúa en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, por las razones expuestas.
Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
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Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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