Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05792-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05792-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-05792-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
7 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., siete (07) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05792-00
Accionante: Luis Eduardo Cruz Cárdenas
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se ampara –
configuración de desconocimiento de precedente judicial – inobservancia de las
cargas de transparencia y suficiencia argumentativa / liquidación pensión de vejez
servidores públicos del INPEC.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional.
I. A N T E C E D E N T E S
A. La demanda y sus fundamentos
1. El 23 de julio de 2026, el señor Luis Eduardo Cruz Cárdenas presentó acción de
tutela en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y
el principio de favorabilidad.
2. Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas con ocasión de la sentencia
de 17 de abril de 2026 proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho2 que promovió en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones–
COLPENSIONES, cuyo propósito era obtener la nulidad de las resoluciones que le
reconocieron su pensión de vejez y las que negaron su reliquidación. El motivo de
su inconformidad fue que la mesada se calculó, teniendo en cuenta como ingreso
base de liquidación (IBL) el promedio de lo devengado en los últimos 10 años de
servicio.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Proceso con radicación: 11001-33-35-026-2020-00246-01.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05792-00
Accionante: Luis Eduardo Cruz Cárdenas
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
3. El Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante sentencia
de 8 de octubre de 2021, negó las pretensiones de la demanda, al estimar que el
actor no estaba inmerso en el régimen de transición del Decreto 2090 de 2003,
necesario para que le aplicara lo dispuesto en la Ley 32 de 1986; pues no había
cotizado 500 semanas al 28 de julio de 2003, por lo que su pensión de vejez no podía
liquidarse con el IBL del último año de servicios, sino conforme lo previsto en el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección B,
mediante fallo de 17 de abril de 2026, confirmó la decisión de primera instancia.
Expuso que el actor laboró en el INPEC del 1° de septiembre de 1995 al 1° de junio
de 2016 y, cuando entró a regir la Ley 100 de 1993, no había cumplido los requisitos
para hacerse beneficiario de la pensión de vejez, por lo que se debía aplicar el
régimen transicional consagrado en el artículo 36 de esa normativa. Afirmó que,
como aquel laboró 20 años al servicio del Estado, al encontrarse en el régimen de
transición, la edad, el tiempo de servicio y el monto de la pensión serían los
establecidos en la legislación anterior, pero las demás condiciones se regirían por la
Ley 100 de 1993.
5. Sostuvo que, conforme con el fallo de unificación del Consejo de Estado del 28 de
agosto de 2018, el IBL debía ser el promedio de los salarios sobre los cuales cotizó
durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, y los factores
salariales a incluir eran aquellos sobre los cuales hubiese efectuado aportes,
específicamente, los señalados en el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994.
6. La parte actora expresó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales, en la medida en que desconoció lo previsto en el parágrafo 5
transitorio del acto legislativo 01 de 2005, el cual indica que para quienes se
vincularon al INPEC con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 2090 de 2003,
“se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente (…) por razón de los riesgos de
su labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben
haberse cubierto las cotizaciones correspondientes”.
7. Sostuvo que la norma es taxativa y aplica a quienes ingresaron con anterioridad
al 28 de julio de 2003, ya que después de dicha fecha se emplea el Decreto 2090 de
2003. Pero la accionada resolvió el asunto conforme al artículo 6 de ese último
Decreto, para exigir la cotización de 500 semanas.
8.Por otra parte, aseveró que hubo un desconocimiento del precedente judicial,
debido a que no se tuvieron en cuenta las sentencias proferidas por el Consejo de
Estado que establecen la forma de liquidar la pensión de los servidores públicos del
INPEC. Específicamente, las decisiones de 25 de abril de 2019, radicado 11001-03-
25-000-2016-00759-00; 27 de abril de 2006; 22 de abril de 2010; 10 de agosto de
2006; 22 de febrero de 2007; 3 de marzo de 2011; 2 de febrero de 2023, radicado
23001-23-33-000-2016-00445-01; y 3 de julio de 2025 radicado 25000-23-42-000-
2019-01601-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05792-00
Accionante: Luis Eduardo Cruz Cárdenas
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
9. Manifestó que el Tribunal dejó de apreciar lo previsto en la Ley y en la
jurisprudencia, sin que en este último caso hubiese fundamentado las razones por
las cuales se apartaba del criterio jurisprudencial establecido por el órgano de cierre
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Con base en lo anterior, concluyó que
en su caso hubo desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución Política.
10. Manifestó que se le causa un grave perjuicio, en tanto se le estaría reconociendo
un monto menor de pensión de jubilación, por no aplicar la Ley 4° de 1966.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
11. Por auto del 27 de julio de 20263 se admitió la presente acción, se ordenó notificar
de su presentación a las partes y se vinculó a la Administradora Colombiana de
Pensiones– COLPENSIONES, en calidad de tercero con interés.
12. Se comunicó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, si
lo consideraba pertinente dentro del marco de las competencias a ella asignadas,
interviniera en el presente asunto. También se requirió al Juzgado 26 Administrativo
del Circuito de Bogotá para que remitiera copia digital del expediente 11001-33-35-
026-2020-00246-00/01.
(i) Administradora Colombiana de Pensiones– COLPENSIONES 4.
13.
Indicó que no podía pronunciarse frente a lo solicitado en esta acción
constitucional, debido a que no está dentro de sus competencias, y por lo mismo no
ha lesionado ningún tipo de derecho del actor.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Análisis del caso concreto
14. EstaSubsección encuentra que el presente asunto satisface los requisitos
generales para habilitar la procedencia excepcional del mecanismo de amparo.
15. Previa constatación de la suficiencia argumentativa ofrecida en la demanda al
haberse identificado de forma clara y concreta los motivos de la violación que
atribuye a la decisión acusada, la Sala considera que la cuestión que se debate en
esta oportunidad trasciende el ámbito de la mera legalidad y es de relevancia
constitucional, en la medida en que se persigue la efectiva protección de los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados con ocasión del desconocimiento del precedente en el
que habría incurrido la accionada, al examinar la reliquidación de la pensión de
jubilación del señor Luis Eduardo Cruz Cárdenas.
3 Notificado el 3 de agosto de 2026.
4 Contestación enviada al correo electrónico, consta de 4 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05792-00
Accionante: Luis Eduardo Cruz Cárdenas
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
16. En ese sentido, lo que se somete a consideración del juez de tutela no se limita a
la corrección de la providencia censurada por un desacuerdo de criterios, sino a la
observancia del precedente aplicable en materia de pensión de jubilación cuando se
trata del personal del INPEC; asunto que guarda estrecha relación con la garantía
efectiva de derechos fundamentales, así como con los principios de igualdad y
seguridad jurídica.
17. Aunado a lo anterior, (i) la parte accionante no cuenta con otro mecanismo judicial
idóneo y eficaz para obtener la protección de los derechos fundamentales que
estima transgredidos a causa de la providencia cuestionada, toda vez que se trata
de una sentencia de segunda instancia mediante la cual culminó el proceso ordinario
y los reparos que le fueron endilgados no son susceptibles de ser encauzados a
través de algún recurso extraordinario; (ii) la solicitud de amparo fue ejercida
oportunamente, pues fue presentada el 23 de julio de 2026 y el fallo cuestionado se
notificó el 19 de junio de 2026, es decir, dentro de un término razonable; y (iii) no se
trata de una tutela interpuesta contra una sentencia proferida en un proceso de la
misma naturaleza o contra una de aquellas providencias respecto de las cuales este
mecanismo constitucional es absolutamente improcedente.
18. Teniendo claro lo anterior y una vez superado el estudio de los requisitos
generales, corresponde a la Sala determinar si la autoridad accionada incurrió en la
causal específica de procedibilidad atribuida por la parte accionante.
19. La jurisprudencia constitucional ha definido el precedente judicial como el
conjunto de sentencias previas al caso sometido a consideración de una autoridad
judicial que, por su relevancia y pertinencia para resolver el problema jurídico
planteado, deben ser tenidas en cuenta por el fallador para su resolución5.
20. La observancia del precedente encuentra fundamento en los principios de
igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima, orientados a garantizar que
situaciones fácticas y jurídicas análogas reciban un tratamiento uniforme por parte
de las autoridades judiciales, evitando decisiones arbitrarias o contradictorias que
comprometan la integridad del orden jurídico y el derecho de acceso efectivo a la
administración de justicia.
21. Según la autoridad judicial que profiera la decisión, la Corte ha distinguido el
precedente en dos clases: el horizontal y el vertical. El primero alude al deber que
tienen los jueces de ser consistentes sobre sus propias decisiones y respecto de
aquellas tomadas por autoridades de igual jerarquía. El segundo se refiere a la
obligación de acatar los lineamientos sentados por las instancias superiores
encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción 6. El
carácter vinculante del precedente de las Altas Cortes se deriva de su carácter de
órganos de cierre de cada jurisdicción.
5 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias T-309 de 2015, SU-113 de 2018, T-220 de 2023 y T-042 de 2026.
6 Al respecto, ver sentencias T-309 de 2015 y SU-113 de 2018.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05792-00
Accionante: Luis Eduardo Cruz Cárdenas
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
22. A efectos de determinar si una sentencia constituye precedente aplicable al caso
concreto, se requiere que: (i) la ratio decidendi de la decisión anterior contenga una
regla jurisprudencial pertinente para abordar el asunto bajo estudio; (ii) dicha regla
resuelva un problema jurídico semejante al debatido en el nuevo caso; y (iii) los
supuestos fácticos guarden similitud con aquellos analizados previamente7.
23. La Corte8 ha precisado que, de encontrar acreditados los supuestos anteriores,
el operador judicial puede apartarse del precedente, siempre que cumpla con una
exigente carga argumentativa. Esta comprende, por un lado, el deber de
transparencia, que consiste en identificar de manera expresa la existencia de la regla
jurisprudencial previamente fijada para casos análogos y, por otro, un deber de
suficiencia, que impone exponer razones serias que justifiquen el apartamiento.
24. No basta alegar un desacuerdo frente al criterio interpretativo, sino que el
funcionario debe exponer razones jurídicas suficientes, serias y razonables que
justifiquen su apartamiento, ya sea porque advierte diferencias relevantes entre el
precedente y el caso concreto o porque considera necesario modificar la regla
jurisprudencial previamente establecida. De esta manera se armoniza la fuerza
vinculante del precedente con los principios de autonomía e independencia judicial
y con el carácter dinámico del derecho.
25. En ese orden, el desconocimiento del precedente se configura cuando la
autoridad judicial omite aplicar una regla jurisprudencial vinculante y plenamente
aplicable al asunto sometido a su conocimiento, sin cumplir con la carga
argumentativa antes descrita.
26. Para sustentar la ocurrencia del desconocimiento del precedente, la parte
accionante afirmó que la autoridad demandada se apartó de la jurisprudencia
pacífica y reiterada del Consejo de Estado en la que se estableció que los miembros
del INPEC vinculados antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003,
conservan integralmente el régimen previsto en la Ley 32 de 1986 y, por tanto, su
pensión debe liquidarse con una tasa de reemplazo del 75% del promedio mensual
de lo devengado en el último año de servicios.
27. Hizo referencia a las decisiones de 25 de abril de 2019; 27 de abril de 2006; 22
de abril de 2010; 10 de agosto de 2006; 22 de febrero de 2007; 3 de marzo de 2011;
2 de febrero de 2023 y 3 de julio de 2025. Adicionó que la accionada no fundamentó
las razones por las cuales se apartaba del criterio establecido por el órgano de cierre
de la jurisdicción contencioso-administrativa.
28. En el presente caso, el asunto en discusión no es el régimen aplicable, sino la
forma de liquidar la pensión de jubilación de los servidores públicos del INPEC,
vinculados antes de la entrada en vigor del Decreto 2090 de 2003, que conservan el
régimen previsto en la Ley 32 de 1986.
7 Al respecto, ver, entre otras, sentencias T-309 de 2015, SU-113 de 2018, T-042 de 2026.
8 En sentencia SU-395 de 2017.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05792-00
Accionante: Luis Eduardo Cruz Cárdenas
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
29. Se observa que en el fallo acusado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección B indicó que el señor Luis Eduardo laboró en el
INPEC del 1° de septiembre de 1995 hasta el 1° de junio de 2016, y cuando entró a
regir la Ley 100 de 1993 no había cumplido los requisitos para hacerse beneficiario
de la pensión de vejez, por lo que debía aplicársele el régimen transicional
consagrado en el artículo 36 de esa normativa. Afirmó que, como aquel laboró 20
años al servicio del Estado, la edad, el tiempo de servicio y el monto de la pensión
serían los establecidos en el régimen anterior, mientras que las demás condiciones
se regirían por la Ley 100 de 1993.
30. Sostuvo que conforme con el fallo de unificación del Consejo de Estado del 28 de
agosto de 2018, como al actor le faltaban más de 10 años, el IBL debía ser el
promedio de los salarios sobre los cuales cotizó durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión, y los factores salariales a incluir eran aquellos sobre
los cuales hubiese efectuado aportes, específicamente, los señalados en el artículo
1° del Decreto 1158 de 1994.
31. Sin embargo, dicha conclusión riñe con el criterio jurisprudencial que para el
momento en que fue adoptada la decisión cuestionada se venía aplicando al interior
de la Sección Segunda del Consejo de Estado en torno a la forma de liquidar la
pensión de vejez de los servidores públicos del INPEC que conservan el régimen
previsto en la Ley 32 de 1986.
32. Con anterioridad, la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación 9
sostenía que a los servidores públicos del INPEC, beneficiarios del régimen de
transición únicamente les aplicaba la edad, el tiempo de servicios y el monto de la
prestación, de modo que, el IBL debía definirse conforme a la Ley 100 de 1993,
circunstancia que excluía la posibilidad de computar la totalidad de los factores
salariales percibidos durante el último año de servicios para efectos de la liquidación
pensional.
33. Sin embargo, las Subsecciones A y B de la Sección Segunda han precisado en
los últimos años10 que, aunque la Ley 32 de 1986 no regula expresamente la forma
de liquidar la pensión de jubilación, los artículos 114 ibidem y 184 del Decreto 407
de 1994 remiten a las disposiciones aplicables a los empleados públicos del orden
nacional. Por ende, han aplicado el artículo 4° de la Ley 4° de 1966, según el cual
la prestación debe liquidarse con el 75 % del promedio mensual de lo devengado
durante el último año de servicios. De igual manera, han señalado que los factores
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 6 de agosto de 2020, radicado 63001-23-
33-000-2018-00155-01, y del 22 de octubre de 2020, radicado 88001-23-33-000-2014-00006-01.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencias de 6
de agosto de 2020, rad. 63001-23-33-000-2018-00155-01; 22 de octubre de 2020, rad. 88001-23-33-000-2014-
00006-01; 1.º de septiembre de 2022, rad. 25000-23-42-000-2015-05761-02; 19 de enero de 2023, rad. 20001-
23-33-000-2018-00321-01; 2 de febrero de 2023, rad. 23001-23-33-000-2016-00445-01; 30 de octubre de 2024,
rad. 08001-23-33-000-2021-00064-01, 27 de septiembre de 2018, rad. 27001-23-31-000-2011-00242-01; 22 de
octubre de 2020, rad. 88001-23-33-000-2014-00006-01; 6 de abril de 2026, rad.50-001-23-33-000-2021-00416-
01. Subsección B, sentencias de 26 de junio de 2025, rad. 68001-23-33-000-2017-01303-01 y 68001-23-33-000-
2020-00717-01. Posteriormente, se han emitido decisiones similares, tal como la del 23 de abril de 2026, rad.
73001-23-33-000-2015-00568-01.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05792-00
Accionante: Luis Eduardo Cruz Cárdenas
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
salariales computables para determinar el IBL son los previstos en el Decreto 446
de 1994, disposición que regula el régimen salarial y prestacional de los empleados
del INPEC.
34. Además, se ha indicado que las pensiones que gozan de un régimen especial no
se rigen por las disposiciones contenidas en las Leyes 33 y 62 de 1985, por lo tanto,
a la pensión de jubilación reconocida a los empleados del INPEC, bajo los requisitos
de la Ley 32 de 1986, los Decretos 407 de 1994, 2090 de 2003, 1950 de 2005
artículo 2° y el parágrafo 5° transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005 no les es
aplicable dicha normativa, tal como lo consagra el artículo 1° de la Ley 33 de 1985,
ni tampoco las previsiones de la Ley 100 de 1993, como lo ha señalado esta
Corporación en anteriores oportunidades11.
35. En este sentido, las reglas fijadas en la sentencia del 28 de agosto de 2018
tampoco resultaban extensibles a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia,
pues en esa decisión el Consejo de Estado se pronunció sobre la forma de
establecer el IBL cuando se trate de eventos en los que la persona se encuentre en
el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
36. La anterior postura ha sido pacífica en los últimos años, no obstante, la autoridad
judicial accionada, pese a reconocer que el señor Luis Eduardo Cruz se encontraba
amparado por el régimen especial previsto en la Ley 32 de 1986, debido a su
vinculación al INPEC con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 2090 de
200312, estimó que el IBL debía ser el promedio de los salarios sobre los cuales
cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, con los
factores señalados en el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994.
37. La Sala no desconoce que, si bien los jueces y magistrados gozan de autonomía
e independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, ello no los releva del
deber de observar la jurisprudencia vigente y de atender a los cambios
interpretativos introducidos por los órganos de cierre de cada jurisdicción. Por lo
tanto, cuando una autoridad judicial profiere una decisión con desconocimiento de
un precedente consolidado se comprometen los principios de igualdad y seguridad
jurídica.
38. Además, tal facultad exige el cumplimiento estricto de las cargas de transparencia
y suficiencia argumentativa, a efectos de no quebrantar la garantía de igualdad y el
principio de seguridad jurídica. Ello implica, de una parte, identificar expresamente
11 Consejo de Estado - Subsección A 2 de febrero de 2023, rad. 23001 23 33 000 2016 00445 01; 17 de octubre
de 2024, rad. 11001-03-15-000-2024-03720-01; 3 de julio de 2025, rad. 250002342000-2019-01601-01; 16 de
abril de 2026, rad. 05-001-23-33-000-2018-00393-01. Subsección B, 26 de junio de 2025, rad. 68001-23-33-000-
2020-00717-01; 21 de mayo de 2020, rad. 20001-23-39-000-2015-00434-01.
12 Esta postura coincide, no solo con la posición pacífica y uniforme de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, sino también con lo expuesto por la Corte Constitucional, que en sentencia T-012 del 2022 concluyó que
“(…) la interpretación que permite materializar los principios de supremacía constitucional (artículo 4° Superior)
y favorabilidad laboral (artículo 53 Superior) en el caso concreto es aquella que le da primacía al Acto Legislativo
01 de 2005, parágrafo 5° del artículo 1°, con base en el cual se aplica la Ley 32 de 1986 a los funcionarios del
INPEC que hubieren ingresado a la entidad antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, es
decir, el 28 de julio de 2003”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05792-00
Accionante: Luis Eduardo Cruz Cárdenas
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
el precedente del cual se pretende apartar, sin omitirlo o ignorarlo, y de otra, exige
ofrecer razones serias, suficientes y razonadas que expliquen por qué resulta
necesario abandonar la regla jurisprudencial previamente fijada, lo que se echa de
menos en la sentencia objetada.
39. En ese sentido, le correspondía a la autoridad judicial accionada justificar por qué
acogía una postura distinta de la aplicada en la actualidad por las dos Subsecciones
de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Sin embargo, en su decisión no
identificó el criterio jurisprudencial del cual se apartaba, ni expuso las razones por
las que consideraba procedente aplicar al caso la regla conforme a la cual la pensión
debía liquidarse con base en lo cotizado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento y los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994, en lugar del
75% del promedio mensual de lo devengado durante el último año de servicios y de
los factores contemplados en el Decreto 446 de 1994, tal como se venía haciendo
en otras decisiones similares.
40.
De lo expuesto se advierte que la autoridad judicial accionada aplicó una regla
jurisprudencial que no correspondía a la situación del actor, pese a que, para el
momento en que profirió la decisión cuestionada, las Subsecciones A y B de la
Sección Segunda de esta Corporación habían consolidado una línea jurisprudencial
respecto de la forma de liquidar la pensión de los servidores públicos del INPEC
amparados por el régimen especial previsto en la Ley 32 de 1986. En consecuencia,
al apartarse de dicho criterio sin identificarlo ni exponer las razones que justificaran
tal proceder, se configura el desconocimiento del precedente judicial.
41. De acuerdo con lo expuesto, se concederá el amparo solicitado. En
consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia del 17 de abril de 2026, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B
para que, en su lugar, dicha autoridad, bajo la autonomía e independencia judicial
que le asiste, emita una nueva decisión en la que examine el asunto puesto a su
consideración, observando la jurisprudencia actual relacionada con el tema, y las
cargas de transparencia y suficiencia que impone el orden constitucional, a fin de
garantizar la efectiva protección de los derechos fundamentales comprometidos.
42.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia del señor Luis Eduardo Cruz Cárdenas y, en consecuencia,
dejar sin efectos la providencia de 17 de abril de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B en el marco del
proceso 11001-33-35-026-2020-00246-01 para que, en el término de treinta (30) días
contados a partir de la notificación de la presente providencia dicte una nueva
decisión, según lo expuesto en esta providencia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05792-00
Accionante: Luis Eduardo Cruz Cárdenas
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados
tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
13 VF
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