Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05794-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05794-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05794-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
14 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 05794 00
Accionante: César Manuel Baquiro Muñoz
Accionados: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Segunda de
Decisión y otro
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela, por cuanto se
dirige contra una sentencia de tutela y no se acreditó la
existencia de fraude que habilite de manera excepcional su
procedencia, conforme a los criterios fijados en la
Sentencia SU-627 de 2015.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor César Manuel Baquiro Muñoz
en contra del Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Segunda de Decisión y el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor César Manuel Baquiro Muñoz, actuando en nombre propio, interpuso acción de
tutela en contra de las precitadas autoridades judiciales con ocasión de las sentencias de
segunda y primera instancia adoptadas en la acción de tutela identificada con el radicado
núm. 63001 33 33 002 2026 00144 00/01, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:
PRIMERA: Que se TUTELEN los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso efectivo a la administración de justicia, al habeas data y a la igualdad del
accionante César Manuel Baquiro Muñoz.
SEGUNDA: Que, en consecuencia, se DEJE SIN EFECTOS la sentencia de
segunda instancia proferida el 17 de julio de 2026 por el Tribunal Administrativo
del Quindío – Sala Segunda de Decisión, dentro del expediente de tutela con
radicación 63001-3333-002 2026-00144-01.
TERCERA: Que se ORDENE al Tribunal Administrativo del Quindío – Sala
Segunda de Decisión que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación del fallo que aquí se pretende, o dentro del término que la H.
Corporación estime razonable, profiera una nueva sentencia de segunda instancia
en la que valore de manera integral el material probatorio obrante en el expediente
—en especial el oficio de la Secretaría de Movilidad de Envigado, el Oficio
20124100632161 del 28 de noviembre de 2012 del Ministerio de Transporte, su
ratificación mediante el Radicado MT No. 20264200773081 del 31 de mayo de
2026, y los precedentes administrativos y judiciales invocados, incluido el de la
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 05794 00.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 05794 00
Accionante: César Manuel Baquiro Muñoz
Accionados: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Segunda de Decisión y otro
placa EWT813 de la propia Secretaría de Movilidad de Envigado— y resuelva de
fondo el problema jurídico planteado por el accionante.
CUARTA (subsidiaria): En el evento de no accederse a las pretensiones
anteriores, se solicita ORDENAR, como mecanismo transitorio y mientras se
resuelve de fondo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
la suspensión provisional de los efectos de la sentencia atacada y del acto
administrativo contenido en el oficio No. 0010740-0000006-20260409 del 9 de
abril de 2026, así como ORDENAR a la Secretaría de Movilidad de Envigado y a
la Concesión RUNT 2.0 S.A.S. abstenerse de exigir, como único medio de prueba,
la certificación de la extinta CANCAR S.A.S. o de Inchcape Colombia S.A.S., y en
su lugar proceder a la corrección registral del vehículo de placa BWL789 con base
en la declaración o manifiesto de importación, la factura de venta original, en
estricta aplicación de lo dispuesto por el propio Ministerio de Transporte en el
Oficio 20124100632161 de 2012 y en su ratificación del 31 de mayo de 2026
(Radicado MT No. 20264200773081).
QUINTA: Que se OFICIE a la Secretaría General de la Corte Constitucional para
que informe sobre el estado del trámite de eventual revisión del expediente de
tutela con radicación 63001-3333-002-2026-00144-01, para lo cual haya lugar
dentro de la presente acción.
SEXTA: Que se NOTIFIQUE la presente decisión a todas las partes y vinculados
del trámite de tutela original, en los términos del artículo 30 del Decreto 2591 de
1991. [Mayúsculas y negrillas originales del escrito tutela].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante relató que es propietario de un vehículo automotor cuyas especificaciones
técnicas de fabricación lo ubican en la categoría «Station Wagon», clasificación que, de
acuerdo con la tabla anexa a la Resolución 5443 de 2009 del Ministerio de Transporte,
se identifica con la clase de vehículo «AUTOMÓVIL»; sin embargo, afirmó que en el
Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) el automotor aparece inscrito como
«”Campero”, con carrocería tipo “Cabinado”».
Informó que presentó derecho de petición ante el municipio de Envigado – Secretaría de
Movilidad, con el propósito de obtener la corrección, actualización o modificación de la
información registrada en el RUNT.
Señaló que, mediante Oficio núm. 0010740-0000006-20260409 del 9 de abril de 2026,
dicha entidad negó la solicitud al considerar que la modificación únicamente podía
realizarse por orden judicial.
En virtud de lo anterior, indicó que en el mes de mayo del 2026 interpuso acción de tutela
en contra del municipio de Envigado – Secretaría de Movilidad; el Ministerio de
Transporte; Consocio Circulemos Digital – Ventanilla Única de Servicios (VUS); Datatools
S.A.; Olimpia IT S.A.S.; Soluciones Red S.A.S.; Conseción RUNT 2.0 S.A.S.; Seikou
S.A.S.; Inchape Colombia S.A.S. (antes Didacol S.A.S.); Club Team Subaru Motor Sport
Colombia / Subbie Legends; Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda); y la
Delegatura de Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y
Comercio, por la vulneración de derechos fundamentales al habeas data, al debido
proceso administrativo, a la igualdad y de petición.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 05794 00
Accionante: César Manuel Baquiro Muñoz
Accionados: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Segunda de Decisión y otro
El conocimiento del citado asunto correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Armenia, autoridad que, mediante sentencia del 11 de junio de 2026 declaró
improcedente el amparo por incumplimiento del requisito de subsidiariedad al considerar
que la respuesta emitida por la Secretaría de Movilidad constituía un acto administrativo
definitivo susceptible de ser controvertido a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Inconforme con dicha decisión presentó impugnación y el Tribunal Administrativo del
Quindío – Sala Segunda de Decisión, mediante sentencia del 17 de julio de 2026 la
confirmó.
En cuanto a la procedencia de la presente acción, sostuvo que, si bien la acción de tutela
contra providencias proferidas dentro de otro trámite de tutela es, por regla general,
improcedente, el presente caso se enmarca en la excepción de cosa juzgada fraudulenta
desarrollada por la jurisprudencia constitucional.
Al respecto, explicó que las providencias cuestionadas fueron proferidas por una
autoridad distinta de la Corte Constitucional que omitieron valorar pruebas documentales
determinantes, circunstancia que, a su juicio, desvirtúa el fundamento de la decisión y
habilita el estudio excepcional del amparo.
Igualmente, afirmó que el asunto reviste relevancia constitucional por involucrar la
permanencia de información inexacta en una base de datos pública y la imposición de
una carga probatoria imposible para obtener su corrección.
Agregó que no dispone de otro mecanismo judicial eficaz, por cuanto la providencia
cuestionada corresponde a una sentencia de segunda instancia dictada dentro de un
proceso de tutela, frente a la cual no procede recurso alguno, y sostuvo que el requisito
de inmediatez se satisface, dado que el fallo fue proferido el 17 de julio de 2026.
Expuso que las irregularidades procesales alegadas tuvieron incidencia decisiva en el
sentido del fallo, pues la omisión en la valoración integral del material probatorio,
especialmente del Radicado MT núm. 20264200773081 de 2026, condujo, en su criterio,
a descartar erradamente la existencia de un perjuicio irremediable.
Finalmente, manifestó que los hechos fueron expuestos oportunamente durante el trámite
de la tutela inicial y reiteró que, aunque la providencia cuestionada corresponde a una
sentencia de segunda instancia proferida dentro de una acción de tutela, en el caso
concreto se configura la excepción de cosa juzgada fraudulenta reconocida por la
jurisprudencia constitucional, lo que, a su juicio, permite la procedencia excepcional del
presente amparo.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 05794 00
Accionante: César Manuel Baquiro Muñoz
Accionados: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Segunda de Decisión y otro
3.1. La tutela fue radicada el 23 de julio de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 27 de julio de 20263 la admitió y dispuso notificar4 al Tribunal
Administrativo del Quindío – Sala Segunda de Decisión y al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Armenia, como partes accionadas; así como vincular5 al
municipio de Envigado – Secretaría de Movilidad; al Ministerio de Transporte; al Consocio
Circulemos Digital – Ventanilla Única de Servicios (VUS); a Datatools SA.; a Olimpia IT
SAS; a Soluciones Red SAS; a la Concesión RUNT 2.0 SAS.; a Seikou SAS.; a Inchcape
Colombia SAS (antes Didacol SAS); al Club Team Subaru Motor Sport Colombia / Subbie
Legends; a la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda); y a la Delegatura
de Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio,
como terceros con interés directo en el resultado del proceso.
De igual forma, se requirió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia y
a la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, para que allegara
copia digital o el hipervínculo de consulta del expediente correspondiente a la acción de
tutela identificada con el radicado núm. 63001 33 33 002 2026 00144 00/01.
3.2. La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) allegó escrito6 en el que
sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto es una entidad
gremial sin ánimo de lucro cuya función consiste en representar los intereses del sector
asegurador, sin ejercer inspección, vigilancia o control sobre las compañías de seguros
ni intervenir en la categorización de vehículos registrada en el RUNT, la expedición de
pólizas SOAT o la determinación de sus tarifas, competencias que corresponden a las
autoridades y entidades legalmente facultadas.
Afirmó que no vulneró derecho fundamental alguno del accionante, por lo que solicitó su
desvinculación del presente trámite constitucional.
3.3. El municipio de Envigado presentó escrito7 en el que manifestó que no vulneró los
derechos fundamentales invocados por el accionante, pues la información registral del
vehículo de placas BWL789 proviene de la declaración de importación y de los
documentos aportados al momento de su matrícula inicial, en los cuales el automotor fue
registrado como campero.
Indicó que carece de competencia para modificar dicha información de manera
autónoma, ya que la corrección de las características del vehículo debe originarse en la
actualización de la declaración de importación por parte del importador, ensamblador o
fabricante y su correspondiente reporte al RUNT, tras lo cual el organismo de tránsito
podrá efectuar el trámite respectivo.
Agregó que la Resolución núm. 5443 de 2009 impone tales obligaciones a los
importadores, ensambladores y fabricantes, mas no a los organismos de tránsito, y
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 05794 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 05794 00.
4 Esta orden se cumplió el 29 de julio de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 05794 00.
5 Ibidem.
6 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 05794 00.
7 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 05794 00.
4
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Accionante: César Manuel Baquiro Muñoz
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precisó que ya había dado respuesta de fondo al derecho de petición presentado por el
accionante.
Finalmente, solicitó mantener incólume la sentencia cuestionada y declarar improcedente
la acción de tutela, al considerar que no se configura defecto alguno en la providencia
judicial controvertida ni vulneración de derechos fundamentales.
3.4. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia rindió informe8 en el que
explicó que el trámite se surtió bajo las ritualidades y oportunidades correspondientes,
por lo que se atiene a lo resuelto por esta Sección, reiterando que brindó todas las
oportunidades de oposición y debate a las partes, por ende, falló con base en lo obrante
en el expediente.
3.5. El Ministerio de Transporte9 solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al
sostener que no vulneró el derecho fundamental de petición del accionante, pues dio
respuesta de fondo a la solicitud radicada el 2 de septiembre de 2025 mediante el Oficio
núm. 20264200501651 del 13 de abril de 2026, el cual fue notificado al correo electrónico
autorizado por el peticionario.
Explicó que la propuesta presentada por el Club Team Subaru Motor Sport Colombia para
expedir una circular que permitiera corregir la clase de los vehículos en el RUNT no era
jurídicamente viable, por cuanto implicaba modificar el alcance de la Resolución
20203040006765 de 2020 mediante un instrumento que carece de competencia para
alterar actos administrativos de carácter general.
Asimismo, precisó que la determinación de la clase de un vehículo corresponde al
fabricante y su registro al importador, mientras que la corrección de dicha información
compete a los organismos de tránsito, previo acto administrativo motivado y con
fundamento en los documentos soporte exigidos por la normativa.
3.6. RUNT allegó escrito10 dentro del presente trámite constitucional. No obstante, una
vez revisado su contenido, se advierte que este no se encuentra relacionado con los
hechos, las partes ni las pretensiones que son objeto de la presente acción de tutela.
3.7. Inchcape Colombia SAS allegó escrito11 en el que se opuso a las pretensiones de la
acción de tutela y sostuvo que no vulneró los derechos fundamentales invocados por el
accionante, toda vez que el vehículo objeto de controversia no fue importado por esa
sociedad, la cual ostenta la representación de la marca Subaru únicamente desde el año
2014.
Señaló que intervino oportunamente en el trámite de la tutela inicial, en ejercicio de su
derecho de defensa, exponiendo las razones fácticas y jurídicas por las cuales consideró
improcedente el amparo.
8 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 05794 00.
9 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 05794 00.
10 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 05794 00.
11 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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Asimismo, alegó la improcedencia de la acción de tutela en su contra por tratarse de un
particular que no presta un servicio público ni se encuentra en alguna de las hipótesis
previstas en el artículo 86 de la Constitución para su procedencia contra particulares, y
afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva, puesto que no tiene
competencia para modificar la información registrada en el RUNT ni para ordenar
cambios en la documentación de los vehículos, limitándose, cuando es solicitado, a
expedir certificaciones técnicas previa inspección física del automotor.
En consecuencia, solicitó a la Sala desvincularla del presente trámite constitucional por
falta de legitimación en la causa por pasiva y, subsidiariamente, declarar que existen
otros mecanismos judiciales para resolver la controversia, al no evidenciarse vulneración
alguna de los derechos fundamentales del accionante.
3.8. La Superintendencia de Industria y Comercio allegó escrito12 en el que sostuvo que
carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto, una vez verificado su sistema
de información, constató que el accionante no ha presentado peticiones, quejas,
denuncias o actuaciones administrativas relacionadas con los hechos objeto de la
presente acción de tutela.
Indicó que las materias discutidas no se encuentran dentro de las competencias que la
ley le asigna, las cuales se circunscriben, entre otras, a la protección al consumidor, la
protección de datos personales, la libre competencia, la metrología legal, la propiedad
industrial y determinados asuntos jurisdiccionales, por lo que no le corresponde
pronunciarse sobre la controversia planteada.
En ese sentido, afirmó que las presuntas vulneraciones alegadas no derivan de
actuaciones atribuibles a esa entidad y que, en consecuencia, no está llamada a
responder por los hechos objeto del amparo. Por lo anterior, solicitó a la Sala desvincular
a la Superintendencia de Industria y Comercio del presente trámite constitucional por falta
de legitimación en la causa por pasiva.
3.9. El Consorcio Circulemos Digital allegó escrito13 en el que manifestó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto su objeto se limita a la prestación de los
servicios administrativos asociados a los registros distritales de tránsito de Bogotá D.C.,
en virtud del Contrato de Concesión 2021-2519 suscrito con la Secretaría Distrital de
Movilidad.
Indicó que, tras verificar sus bases de datos, constató que el accionante no ha presentado
peticiones ante esa concesión y que los hechos objeto de la controversia se relacionan
exclusivamente con el registro del vehículo de placas BWL789 ante la Secretaría de
Movilidad de Envigado, organismo donde se encuentra matriculado el automotor.
Asimismo, precisó que no tiene competencia para modificar o actualizar la información
registral del vehículo, pues dicha facultad corresponde al organismo de tránsito en cuya
jurisdicción reposa el registro, de conformidad con las competencias previstas en el
Código Nacional de Tránsito.
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Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 05794 00.
13
Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 05794 00.
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Accionados: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Segunda de Decisión y otro
Finalmente, arguyó que no ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante y
solicitó a la Sala negar el amparo respecto de esa entidad o, subsidiariamente,
desvincularla del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 14 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,15 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202116, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201917, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente18:
4.2.1. El 1 de junio de 2026, el señor César Manuel Baquiro Muñoz promovió acción de
tutela contra el municipio de Envigado - Secretaría de Movilidad, el Consorcio Circulemos
Digital Ventanilla Única de Servicios, Vus Datatools SA, Olimpia It SA, Soluciones Red
SAS, Concesión - Runt 2.0 SAS, Seikou SAS, Inchcape Colombia SAS (Antes Didacol
SAS), el Ministerio de Transporte, el Club Team Subaru Motor Sport Colombia / Subbie
Legends, la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), la Delegatura de
Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el
fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al habeas data, al debido
proceso administrativo, a la igualdad y de petición.
4.2.2. La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Armenia, autoridad judicial que, mediante sentencia del 11 de junio de
2026 declaró improcedente el amparo deprecado.
4.2.3. Inconforme con dicha decisión, el accionante la impugnó y, mediante sentencia del
17 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Segunda de Decisión
confirmó el fallo de primera instancia.
4.3. CUESTIÓN PREVIA
En relación con las solicitudes de desvinculación formuladas por la Federación de
Aseguradores Colombianos (Fasecolda), Inchcape Colombia SAS (Antes Didacol SAS),
14 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
15 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
16 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
17 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
18 Lo que se desprende del expediente correspondiente a la acción de tutela identificada con el radicado
núm. 63001 33 33 002 2026 00144 00/01. Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 05794 00.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionados: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Segunda de Decisión y otro
la Superintendencia de Industria y Comercio y el Consorcio Circulemos Digital –
Concesionario de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, la Sala advierte que no hay lugar
a acceder a ellas, toda vez que dichas autoridades fueron vinculadas al presente trámite
en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso, comoquiera que hicieron
parte de la acción de tutela en el que se profirieron las providencias judiciales acusadas
en esta oportunidad.
4.4. ANÁLISIS DE SALA
En el caso bajo estudio, el señor César Manuel Baquiro Muñoz pretende que se deje sin
efectos la sentencia del 17 de julio de 2026, proferida por Tribunal Administrativo del
Quindío – Sala Segunda de Decisión, dentro de la acción de tutela identificada con el
radicado núm. 63001 33 33 002 2026 00144 00/01.
En dicha providencia se confirmó la sentencia del 11 de junio de 2026, proferida por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia, que había declarado
improcedente el amparo pues consideró que carecía del requisito de subsidiariedad.
En ese sentido, la Sala advierte que la presente solicitud de amparo se promueve en
contra de una sentencia proferida en otra acción de tutela.
Al respecto, uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial que la Corte Constitucional ha establecido es que «no se trate de
sentencias de tutela»19; lo anterior, debido a que:
[…] conforme con el procedimiento establecido para adelantar este tipo de
procesos –artículo 86 de la Constitución Política y Decreto Estatutario 2591 de
1991− los errores en que incurren los jueces de instancia y que afectan el derecho
al debido proceso, pueden ser conocidos y corregidos por la Corte Constitucional
en sede de revisión […]20.
En ese sentido, se tiene que la regla general es que la acción de amparo es improcedente
para cuestionar un fallo de tutela; sin embargo, en la sentencia SU-627 de 2015, la Corte
Constitucional unificó jurisprudencia respecto «de la procedencia de la acción de tutela
contra sentencias de tutela y actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores
a la sentencia». Al efecto, explicó lo siguiente:21
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de
que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
19 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
20 Corte Constitucional. T - 286 del 23 de julio de 2018. M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
21 Corte Constitucional. SU- 627 del 1 de octubre de 2015. M.P.: Mauricio González Cuervo.
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Accionante: César Manuel Baquiro Muñoz
Accionados: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Segunda de Decisión y otro
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,
siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para
resolver la situación.
Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la petición de amparo deviene improcedente,
porque la parte actora está controvirtiendo las sentencias proferidas en otra acción de
tutela y no demuestra que estas hayan sido dictadas como producto de una situación de
fraude, es decir, de cosa juzgada fraudulenta, para cuya configuración «se requiere estar
en presencia de un proceso que formalmente ha cumplido con todos los requisitos
procesales, pero que materializa, en esencia, un negocio jurídico fraudulento a través de
medios procesales, e implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad»22.
Frente a la cosa juzgada fraudulenta, la Corte Constitucional también ha precisado que:
[…] no se configura únicamente en el evento en que se adopte una decisión con
fines ilegales ligados a una intención dolosa, sino que también se materializa en
aquellos eventos en los que el juez adopta una decisión fundada en el fraude a la
ley, derivada de una interpretación normativa abiertamente contraria a los
postulados constitucionales y a la buena fe judicial […]23.
En ese sentido, corresponde verificar si en el presente asunto se configura la excepción
jurisprudencial que habilita, de manera extraordinaria, la procedencia de la acción de
tutela contra sentencias de tutela.
Para que dicha excepción resulte procedente, no basta la mera inconformidad con el
sentido de las decisiones cuestionadas, sino que es necesario que la parte actora
acredite, de manera clara, específica y suficiente, que las providencias de tutela fueron
producto de una situación de fraude o de un fraude a la ley, en los términos definidos por
la jurisprudencia constitucional.
En el presente asunto, el señor Baquiro Muñoz sostuvo que la acción de tutela resulta
procedente al configurarse la hipótesis de cosa juzgada fraudulenta, toda vez que la
sentencia del 17 de julio de 2026 habría omitido valorar pruebas documentales
determinantes, en particular el Radicado MT núm. 20264200773081 de 2026 y otros
elementos relacionados con la corrección de la información registral de su vehículo.
No obstante, del análisis del expediente no se advierte que el accionante haya
demostrado la existencia de una actuación engañosa, artificiosa o deliberadamente
orientada a defraudar el ordenamiento jurídico, ni que la providencia cuestionada se
hubiera adoptado con base en hechos falsos u ocultos, o mediante el uso abusivo de los
mecanismos procesales. Por el contrario, la decisión reprochada fue adoptada dentro de
un trámite constitucional regular y con fundamento en la valoración jurídica efectuada por
el juez de tutela.
22 Corte Constitucional. Sentencia T-073 del 25 de febrero de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
23 Ibidem.
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A ello se suma que los reproches formulados por el actor se orientan a cuestionar la
valoración de las pruebas relacionadas con la corrección de la información registral de su
vehículo, así como las conclusiones alcanzadas por el juez constitucional respecto de la
subsidiariedad y la existencia de un perjuicio irremediable. No obstante, tales
inconformidades reflejan una discrepancia con el análisis efectuado en la providencia
cuestionada y, por sí solas, no permiten acreditar la configuración de una cosa juzgada
fraudulenta ni habilitan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra una
sentencia de tutela.
Por lo anterior, la Sala no encuentra acreditada la existencia de una situación de fraude
ni de una irregularidad manifiesta o deliberada que permita predicar la configuración de
una cosa juzgada fraudulenta. Por el contrario, lo que se evidencia es la inconformidad
del accionante con el sentido de la decisión adoptada dentro del trámite de tutela,
circunstancia que resulta insuficiente para habilitar la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias de la misma naturaleza.
En consecuencia, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala
declarará improcedente la solicitud de amparo por tratarse de una tutela promovida en
contra de una acción de igual naturaleza.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por Federación de
Aseguradores Colombianos (Fasecolda), Inchcape Colombia SAS (Antes Didacol SAS),
la Superintendencia de Industria y Comercio y el Consorcio Circulemos Digital –
Concesionario de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, conforme lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor
César Manuel Baquiro Muñoz, por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 14 de
agosto de 2026.
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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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