Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-05794-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-05794-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-05794-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
1 de octubre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Primero (1. °) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026 05794-01
Accionante: CÉSAR MANUEL BAQUIRO MUÑÓZ
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO Y OTROS
Tema: Tutela contra providencia de la misma naturaleza — confirma
improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 14 de agosto del 2026 por la Sección Primera del Consejo
de Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de
1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos
333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena
del Consejo de Estado.
Por auto del 27 de julio del 20262, el a quo admitió la acción constitucional, y
mediante la providencia del 3 de septiembre del 20263 se concedió la
impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor César Manuel Baquiro Muñoz, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala
Segunda de Decisión y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Armenia. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 del expediente electrónico de primera instancia en Samai. Al respecto, resulta oportuno
precisar que se tuvo por accionante al señor César Muñoz, y como accionados Tribunal
Administrativo del Quindío – Sala Segunda de Decisión y el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Armenia. Además, se dispuso la vinculación como terceros con interés al municipio
de Envigado – Secretaría de Movilidad; al Ministerio de Transporte; al Consocio Circulemos
Digital – Ventanilla Única de Servicios (VUS); a Datatools S.A.; a Olimpia IT S.A.S.; a Soluciones
Red S.A.S.; a la Concesión RUNT 2.0 S.A.S.; a Seikou S.A.S.; a Inchcape Colombia S.A.S. (antes
Didacol S.A.S.); al Club Team Subaru Motor Sport Colombia / Subbie Legends; a la Federación
de Aseguradores Colombianos (Fasecolda); y a la Delegatura de Protección de Datos Personales
de la Superintendencia de Industria y Comercio.
3 Índice 28 del expediente electrónico de primera instancia en Samai.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: César Manuel Baquiro Muñoz
Accionados: Tribunal Administrativo del Quindío y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026 05794-01
fundamentales al debido proceso, de acceso efectivo a la administración de
justicia, al habeas data y a la igualdad.
2. El accionante atribuyó la transgresión de sus garantías constitucionales a
la sentencia del 17 de julio de 2026, mediante la cual el Tribunal Administrativo
del Quindío, Sala Segunda de Decisión, confirmó la providencia de primera
instancia proferida el 11 de junio de 2026 por el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito Judicial de Armenia que declaró la improcedencia de la acción de
tutela que promovió en contra del municipio de Envigado, Secretaría de
Movilidad, el Ministerio de Transporte, el Consorcio Circulemos Digital, Ventanilla
Única de Servicios, Datatools S.A., Olimpia IT S.A.S., Soluciones Red S.A.S., la
Concesión RUNT 2.0 S.A.S., Seikou S.A.S., Inchcape Colombia S.A.S., el Club
Team Subaru Motor Sport Colombia / Subbie Legends, la Federación de
Aseguradores Colombianos, Fasecolda y la Delegatura de Protección de Datos
Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio.
3. En concreto, el tutelante solicitó lo siguiente:
PRIMERA: Que se TUTELEN los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso efectivo a la administración de justicia, al habeas data y a la igualdad del
accionante César Manuel Baquiro Muñoz.
SEGUNDA: Que, en consecuencia, se DEJE SIN EFECTOS la sentencia de
segunda instancia proferida el 17 de julio de 2026 por el Tribunal Administrativo
del Quindío – Sala Segunda de Decisión, dentro del expediente de tutela con
radicación 63001-3333-002-2026-00144-01.
TERCERA: Que se ORDENE al Tribunal Administrativo del Quindío – Sala
Segunda de Decisión que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación del fallo que aquí se pretende, o dentro del término que la H.
Corporación estime razonable, profiera una nueva sentencia de segunda
instancia en la que valore de manera integral el material probatorio obrante en el
expediente —en especial el oficio de la Secretaría de Movilidad de Envigado, el
Oficio 20124100632161 del 28 de noviembre de 2012 del Ministerio de
Transporte, su ratificación mediante el Radicado MT No. 20264200773081 del 31
de mayo de 2026, y los precedentes administrativos y judiciales invocados,
incluido el de la placa EWT813 de la propia Secretaría de Movilidad de
Envigado— y resuelva de fondo el problema jurídico planteado por el accionante.
CUARTA (subsidiaria): En el evento de no accederse a las pretensiones
anteriores, se solicita ORDENAR, como mecanismo transitorio y mientras se
resuelve de fondo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
la suspensión provisional de los efectos de la sentencia atacada y del acto
administrativo contenido en el oficio No. 0010740-0000006-20260409 del 9 de
abril de 2026, así como ORDENAR a la Secretaría de Movilidad de Envigado y a
la Concesión RUNT 2.0 S.A.S. abstenerse de exigir, como único medio de
prueba, la certificación de la extinta CANCAR S.A.S. o de Inchcape Colombia
S.A.S., y en su lugar proceder a la corrección registral del vehículo de placa
BWL789 con base en la declaración o manifiesto de importación, la factura de
venta original, en estricta aplicación de lo dispuesto por el propio Ministerio de
Transporte en el Oficio 20124100632161 de 2012 y en su ratificación del 31 de
mayo de 2026 (Radicado MT No. 20264200773081).
QUINTA: Que se OFICIE a la Secretaría General de la Corte Constitucional para
que informe sobre el estado del trámite de eventual revisión del expediente de
tutela con radicación 63001-3333-002-2026-00144-01, para lo cual haya lugar
dentro de la presente acción.
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Accionante: César Manuel Baquiro Muñoz
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Radicado: 11001-03-15-000-2026 05794-01
SEXTA: Que se NOTIFIQUE la presente decisión a todas las partes y vinculados
del trámite de tutela original, en los términos del artículo 30 del Decreto 2591 de
19914.
1.2. Hechos
4. El señor César Manuel Baquiro Muñoz es propietario del vehículo Subaru
de placa BWL789, registrado en el RUNT bajo la clase «campero» y con
carrocería «cabinado», aunque sostiene que sus características técnicas
corresponden a un automóvil tipo Station Wagon.
5. El 12 de marzo de 2026, solicitó a la Secretaría de Movilidad de Envigado
corregir la información registral del automotor. Mediante Oficio 0010740-
0000006-20260409 del 9 de abril siguiente, esa autoridad negó la petición, al
considerar que para efectuar la modificación debía corregirse la documentación
que sustentó la matrícula inicial.
6. El 1. º de junio de 2026, el interesado presentó acción de tutela contra el
Municipio de Envigado, Secretaría de Movilidad, el Ministerio de Transporte y
otras entidades y particulares. Solicitó, principalmente, corregir en el RUNT la
clase del vehículo, expedir una nueva licencia de tránsito e inaplicar la exigencia
de una certificación de la extinta sociedad CANCAR S.A.S. o de Inchcape
Colombia S.A.S.
7. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Armenia,
mediante sentencia del 11 de junio de 2026, declaró improcedente la acción,
pues consideró que el actor podía controvertir la respuesta de la Secretaría de
Movilidad de Envigado a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho y, además, no había agotado el procedimiento de inspección técnica
ofrecido por Inchcape Colombia S.A.S. para obtener una certificación sobre las
características del automotor.
8. El accionante impugnó la decisión y sostuvo, entre otros aspectos, que el
Ministerio de Transporte había indicado que la corrección debía adelantarse
directamente ante los organismos de tránsito, así como que distintas autoridades,
incluida la propia Secretaría de Movilidad de Envigado, habían corregido registros
de vehículos Subaru en condiciones semejantes sin exigir la certificación
señalada.
9. El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Segunda de Decisión,
mediante sentencia del 17 de julio de 2026, confirmó la improcedencia, pues
consideró que la legalidad de la respuesta administrativa debía controvertirse
mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
escenario en el cual podían solicitarse medidas cautelares, sin que se hubiera
acreditado un perjuicio irremediable.
4 Trascripción literal que puede contener errores.
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10. Asimismo, el Tribunal tuvo en cuenta que Inchcape Colombia S.A.S.
informó sobre la posibilidad de inspeccionar el vehículo en un taller autorizado y
expedir el correspondiente certificado técnico, trámite que no había sido iniciado
por el accionante, por lo que concluyó que aún existía una alternativa para
obtener la corrección administrativa pretendida.
11. Inconforme con esa determinación, el señor César Manuel Baquiro Muñoz
presentó una nueva acción de tutela, al considerar que las autoridades judiciales
omitieron valorar pruebas determinantes sobre el procedimiento aplicable a la
corrección del registro y que esa omisión configuraba la excepción de cosa
juzgada fraudulenta.
1.3. Sustento de la vulneración
12. El accionante reconoció que, por regla general, la tutela no procede contra
sentencias de la misma naturaleza; no obstante, sostuvo que su caso se
enmarcaba en la excepción de cosa juzgada fraudulenta desarrollada en las
sentencias SU-627 de 2015 y T-073 de 2019, pues, en su criterio, la providencia
cuestionada se sustentó en una lectura incompleta del expediente y en una
interpretación contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial.
13. Como sustento, alegó un defecto fáctico en su dimensión negativa,
debido a que el Tribunal habría omitido valorar el Radicado MT 20264200773081
del 31 de mayo de 2026, en el que el Ministerio de Transporte señaló que la
corrección de la clase de los vehículos debía adelantarse ante los organismos de
tránsito, con fundamento en los documentos que respaldan su registro.
14. También reprochó la falta de estudio de distintas actuaciones
administrativas mediante las cuales se corrigió la clasificación de vehículos
Subaru sin exigir una certificación de CANCAR S.A.S. o de Inchcape Colombia
S.A.S., particularmente la relacionada con el automotor de placa EWT813,
tramitada por la propia Secretaría de Movilidad de Envigado. A su juicio, este
último constituía un término de comparación relevante para examinar la
vulneración del derecho a la igualdad.
15. Agregó que la sentencia interpretó de manera contraevidente una decisión
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, pues dedujo
de ella la existencia de un procedimiento obligatorio de certificación ante
Inchcape Colombia S.A.S., aunque aquella sociedad había manifestado que no
contaba con información sobre vehículos importados antes de 2014.
16. Asimismo, alegó un defecto sustantivo, porque el Tribunal habría
aplicado de manera abstracta el requisito de subsidiariedad, sin examinar la
eficacia concreta del medio de control ordinario frente a la permanencia de
información supuestamente inexacta en una base de datos pública. También
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afirmó que se le impuso una carga de imposible cumplimiento, consistente en
aportar una certificación de una sociedad liquidada o de una empresa que carecía
de los antecedentes técnicos correspondientes.
17. Finalmente, sostuvo que no pretendía simplemente reabrir el debate
resuelto en la tutela inicial, sino demostrar que la omisión de pruebas oficiales,
relevantes e indiscutidas desvirtuaba la premisa sobre la existencia de un trámite
administrativo pendiente y hacía fraudulenta la cosa juzgada. Por ello, solicitó
dejar sin efectos la sentencia del 17 de julio de 2026 y ordenar que se profiriera
una nueva decisión en la que se valorara integralmente el material probatorio.
1.4. Intervenciones
18. La Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, solicitó su
desvinculación, pues señaló que no interviene en la categorización de los
vehículos en el RUNT ni en la expedición de las pólizas SOAT, dado que estas
materias corresponden a las autoridades y entidades legalmente competentes.
19. El Municipio de Envigado, Secretaría de Movilidad, sostuvo que la
información del vehículo provino de los documentos aportados para su matrícula
inicial y que no podía modificarla autónomamente, pues la corrección debía
originarse en la actualización de aquellos documentos y en su reporte al RUNT.
En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción y mantener incólume
la sentencia cuestionada.
20. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Armenia manifestó que el trámite constitucional respetó las oportunidades de
contradicción y defensa, y que resolvió con fundamento en el material obrante en
el expediente, por lo que se atuvo a lo que se decidiera en esta acción.
21. El Ministerio de Transporte solicitó declarar improcedente el amparo.
Explicó que respondió las solicitudes relacionadas con la expedición de una
circular sobre la corrección de la información vehicular y precisó que la
determinación de la clase del automotor corresponde al fabricante, su registro al
importador y la eventual corrección al organismo de tránsito, mediante acto
administrativo motivado y con fundamento en los documentos exigidos por la
normativa.
22. La Concesión RUNT 2.0 S.A.S. presentó un escrito que, según advirtió
el a quo, no guardaba relación con los hechos, las partes ni las pretensiones de
la acción de tutela.
23. Inchcape Colombia S.A.S. se opuso a las pretensiones y solicitó su
desvinculación. Señaló que no importó el vehículo objeto de controversia, pues
representa a la marca Subaru únicamente desde 2014, y que no tiene
competencia para modificar la información registrada en el RUNT, aunque puede
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expedir certificaciones técnicas previa inspección física del automotor.
24. La Superintendencia de Industria y Comercio solicitó su
desvinculación, porque el accionante no había presentado ante esa entidad
peticiones, quejas o denuncias relacionadas con los hechos y la controversia no
se encontraba dentro de sus competencias.
25. Finalmente, el Consorcio Circulemos Digital solicitó negar el amparo
respecto de esa entidad o, subsidiariamente, desvincularlo. Explicó que
administra los registros distritales de tránsito de Bogotá, mientras que el vehículo
se encuentra matriculado en Envigado, por lo que carece de competencia para
corregir o actualizar su información registral.
1.5. Sentencia de primera instancia
26. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 14 de
agosto de 2026, declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que se
dirigía contra una sentencia de la misma naturaleza y que no se acreditó la
configuración de una cosa juzgada fraudulenta. Asimismo, negó las solicitudes
de desvinculación formuladas por Fasecolda, Inchcape Colombia S.A.S., la
Superintendencia de Industria y Comercio y el Consorcio Circulemos Digital,
debido a que intervinieron en el trámite constitucional cuestionado y tenían
interés en sus resultas.
27. Recordó que, de conformidad con la Sentencia SU-627 de 2015, la tutela
contra una sentencia de tutela es, por regla general, improcedente y solo puede
admitirse excepcionalmente cuando la decisión fue producto de una situación de
fraude, siempre que no exista identidad procesal entre ambas solicitudes y el
interesado carezca de otro medio eficaz para resolver la controversia.
28. En el caso concreto, estimó que el accionante no demostró que la
providencia cuestionada hubiera sido producto de una actuación engañosa,
artificiosa o deliberadamente dirigida a defraudar el ordenamiento jurídico, ni que
estuviera fundada en hechos falsos u ocultos o en el uso abusivo de los
mecanismos procesales. Por el contrario, advirtió que la sentencia fue proferida
dentro de un trámite regular y con fundamento en la valoración jurídica realizada
por el juez constitucional.
29. Finalmente, señaló que los reparos sobre la falta de valoración de algunas
pruebas, la subsidiariedad y la inexistencia de un perjuicio irremediable reflejaban
la inconformidad del actor con el análisis y las conclusiones de la primera tutela,
pero no acreditaban una situación de fraude que habilitara excepcionalmente una
nueva acción contra la sentencia del 17 de julio de 2026. En consecuencia,
declaró improcedente el amparo sin examinar los demás argumentos formulados.
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1.6. Impugnación
30. Inconforme con la decisión de primera instancia, el señor César Manuel
Baquiro Muñoz impugnó la sentencia porque, en su criterio, la Sección Primera
del Consejo de Estado limitó el análisis de la cosa juzgada fraudulenta a la
existencia de una actuación dolosa o deliberadamente dirigida a defraudar el
ordenamiento, pero omitió examinar el fraude a la ley derivado de una
interpretación normativa abiertamente contraria a los postulados constitucionales
y a la buena fe judicial, modalidad que, según afirmó, también fue reconocida en
la Sentencia T-073 de 2019.
31. Reiteró que el Tribunal Administrativo del Quindío no se pronunció sobre
el Radicado MT 20264200773081 del 31 de mayo de 2026 ni sobre la corrección
realizada por la Secretaría de Movilidad de Envigado respecto del vehículo de
placa EWT813, elementos que, a su juicio, desvirtuaban la necesidad de agotar
un trámite de certificación ante Inchcape Colombia S.A.S. Añadió que esos
reparos no podían calificarse como una discrepancia con la valoración judicial,
porque recaían sobre pruebas que, según sostuvo, no fueron examinadas.
32. Asimismo, insistió en que la permanencia de la información cuestionada
en el RUNT vulneraba de forma continua su derecho al habeas data, que el medio
de control ordinario no resultaba eficaz para obtener su corrección oportuna
debido a la larga duración de este tipo de procesos, y que se le había impuesto
una carga de imposible cumplimiento, consistente en aportar una certificación de
CANCAR S.A.S., sociedad liquidada, o de Inchcape Colombia S.A.S., que no
contaba con la información de los vehículos importados antes de 2014.
33. Con la impugnación, el actor aportó lo que denominó una «prueba
sobreviniente»5, correspondiente al Radicado MT 20261341169601 del 13 de
agosto de 2026, expedido por el Ministerio de Transporte. Señaló que, según ese
documento, no existe fundamento normativo para exigir exclusivamente una
certificación del importador o del representante de la marca para corregir la clase
de un vehículo particular en el RUNT, pues corresponde al organismo de tránsito
examinar los documentos y demás elementos probatorios que permitan
establecer la información correcta.
34. Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar la sentencia del 14 de
agosto de 2026, conceder el amparo, dejar sin efectos la providencia del 17 de
julio de 2026 y ordenar al Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Segunda de
5 Mediante el Radicado MT núm. 20261341169601 del 13 de agosto de 2026, la Coordinación del
Grupo de Conceptos y Apoyo Legal de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de
Transporte respondió la consulta presentada por el señor Carlos Manuel Freyle Sánchez,
radicada ante esa cartera con el núm. 20243031187762 del 19 de julio de 2024, sobre el
procedimiento y los requisitos aplicables a la corrección de la clase de vehículos particulares en
el RUNT. La entidad precisó que el concepto fue emitido en términos generales y abstractos, por
lo que no resolvía un caso particular ni tenía carácter obligatorio o vinculante, de conformidad con
el artículo 28 del CPACA.
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Decisión proferir una nueva decisión en la que valore integralmente el material
probatorio. Subsidiariamente, pidió ordenar a la Secretaría de Movilidad de
Envigado resolver la solicitud de corrección sin exigir como único medio de
prueba una certificación de CANCAR S.A.S. o de Inchcape Colombia S.A.S.
II. CONSIDERACIONES
35. La Sala confirmará la improcedencia de la solicitud de amparo presentada
por la accionante. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se superan
los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra tutela.
2.1. Caso concreto
La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
36. El Consejo de Estado6 y la Corte Constitucional7, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales8 y a la configuración de algún
defecto especial9 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
37. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
38. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
8 A saber: (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv)
inmediatez; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los
hechos vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la
misma naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública
de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
9 Estos son: (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv)
defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento
del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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39. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
40. La Sala advierte que el señor César Manuel Baquiro Muñoz está
legitimado en la causa por activa, pues promovió la acción de tutela en la que se
profirieron las sentencias que considera vulneradoras de sus derechos
fundamentales.
41. Por su parte, el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Segunda de
Decisión, y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia están
legitimados en la causa por pasiva, dado que profirieron las sentencias del 17 de
julio y 11 de junio de 2026, respectivamente, dentro del trámite constitucional
cuestionado. Aunque los defectos alegados y las pretensiones se concentran en
la decisión de segunda instancia, el accionante también dirigió la tutela contra el
juzgado «en cuanto resulte pertinente por unidad de actuación».
42. Tutela contra una decisión de la misma naturaleza. De acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Sección, la procedencia de
esta acción constitucional en contra de providencias judiciales es excepcional, lo
que implica, entre otras, verificar que el objeto de este mecanismo no sea
controvertir decisiones de tutela.
43. Esta causal de improcedencia se justifica en la necesidad de salvaguardar
la eficacia de los derechos fundamentales y de la acción de tutela, instituida
constitucionalmente como un mecanismo de protección iusfundamental célere y
definitivo. En palabras de la Corte Constitucional:
De aceptarse que la tutela procede contra sentencias de tutela ésta perdería su
efectividad como mecanismo de acceso a la justicia para amparar los derechos
fundamentales. El derecho a acceder a la justicia no comprende tan sólo la
existencia formal de acciones y recursos sino ante todo que las personas puedan
obtener de los jueces una decisión que resuelva las controversias jurídicas
conforme a derecho. Si la acción de tutela procediera contra fallos de tutela,
siempre sería posible postergar la resolución definitiva de la petición de amparo
de los derechos fundamentales, lo cual haría inocua esta acción y vulneraría el
derecho constitucional a acceder a la justicia.10
44. La anterior regla de improcedencia admite tan solo una excepción: la cosa
juzgada fraudulenta11. Esta se presenta en aquellos eventos en los que «las
partes o el juez usan el proceso con fines ilegales o dolosos y con ello afectan
los derechos de terceros y atentan contra el bien social de la administración de
justicia»12. Sin embargo, la carga de la prueba del fraude es del accionante. En
10 Corte Constitucional, Sentencia T-470 de 2018.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-627 de 2015.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-023 de 2023.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: César Manuel Baquiro Muñoz
Accionados: Tribunal Administrativo del Quindío y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026 05794-01
efecto, este tiene el deber de «aportar medios de prueba que demuestren con un
alto grado de certeza, es decir, de manera “clara”, “cierta”, “suficiente” y
“coherente” que las decisiones cuestionadas son fraudulentas»13.
45. En el caso bajo estudio, el señor César Manuel Baquiro Muñoz cuestiona
la sentencia del 17 de julio de 2026, mediante la cual la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío confirmó la improcedencia de la
acción de tutela que promovió para obtener la corrección de la clase de su
vehículo en el RUNT. Sostiene que dicha providencia configuró una cosa juzgada
fraudulenta, debido a que omitió valorar algunos documentos y aplicó de manera
irrazonable el requisito de subsidiariedad.
46. Como lo indicó el a quo, los reparos se concentran en la supuesta falta de
valoración del Radicado MT núm. 20264200773081 del 31 de mayo de 2026, de
las actuaciones administrativas mediante las cuales se corrigió la clasificación de
otros vehículos Subaru y, particularmente, del caso relacionado con el automotor
de placa EWT813. Asimismo, el actor cuestiona que el Tribunal considerara que
podía acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y
adelantar ante Inchcape Colombia S.A.S. el trámite de inspección y certificación
del vehículo.
47. Sin embargo, tales argumentos no demuestran, de manera clara y
suficiente, que la sentencia cuestionada hubiera sido producto de fraude. En
efecto, se dirigen a controvertir la valoración probatoria realizada por el Tribunal
y la conclusión a la que arribó sobre la existencia de otros mecanismos para
resolver la controversia registral, lo cual refleja la inconformidad del actor con el
sentido de la decisión, pero no acredita que el proceso constitucional hubiera sido
utilizado con fines ilegales o para defraudar la administración de justicia.
48. En la impugnación, el actor sostuvo que la primera instancia redujo
indebidamente la cosa juzgada fraudulenta a la existencia de dolo y omitió
examinar la segunda modalidad señalada en la Sentencia T-073 de 2019, esto
es, el fraude a la ley derivado de una interpretación normativa abiertamente
contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial.
49. Con base en el estudio de la decisión impugnada, la Sala evidencia que la
misma no se limitó a descartar una intención dolosa, pues también examinó si la
providencia cuestionada se había sustentado en hechos falsos u ocultos, en el
uso abusivo de los mecanismos procesales o en una interpretación que
permitiera advertir fraude a la ley. Como resultado, concluyó que la decisión fue
adoptada dentro de un trámite regular y con fundamento en la valoración jurídica
efectuada por el juez constitucional.
50. Además, el fraude a la ley no se configura por la sola circunstancia de que
una parte considere equivocada, incompleta o contraria a la Constitución la
13 Id.
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interpretación realizada por el juez. Para que opere la excepción a la
improcedencia de la tutela contra tutela, corresponde demostrar que el proceso
fue utilizado para alcanzar un resultado fraudulento o que la decisión se fundó en
una interpretación abiertamente incompatible con los postulados constitucionales
y la buena fe judicial. Esa carga no se satisface con la formulación de defectos
fácticos o sustantivos propios del régimen general de tutela contra providencias
judiciales.
51. En este caso, el Tribunal Administrativo del Quindío confirmó la
improcedencia porque consideró que la respuesta de la Secretaría de Movilidad
de Envigado podía controvertirse mediante el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, dentro del cual era posible solicitar medidas
cautelares, y porque no se acreditó un perjuicio irremediable. También tuvo en
cuenta que Inchcape Colombia S.A.S. informó sobre la posibilidad de efectuar
una inspección técnica del vehículo, trámite que no había sido adelantado por el
accionante.
52. En consecuencia, aun cuando el actor discrepe de la valoración de
determinados documentos o considere que otros elementos merecían un
pronunciamiento expreso, ello no permite concluir que la providencia se apoyó
en una interpretación abiertamente contraria a la Constitución o a la buena fe
judicial. Admitir lo contrario implicaría asimilar cualquier eventual defecto fáctico,
sustantivo o de motivación a una cosa juzgada fraudulenta y, con ello, convertir
esta excepción en una nueva oportunidad para revisar las sentencias de tutela.
53. Tampoco resulta determinante que el actor considere que algunos
documentos desvirtuaban la necesidad de obtener una certificación de Inchcape
Colombia S.A.S., pues ese planteamiento se refiere a la eficacia de las
alternativas administrativas y judiciales identificadas en la primera tutela. Por
tanto, su examen supondría abordar nuevamente el requisito de subsidiariedad y
establecer cuál era el procedimiento correcto para modificar la información del
vehículo, asuntos ya sometidos al juez constitucional.
54. Ahora bien, con la impugnación el actor aportó lo que denominó una
«prueba sobreviniente», correspondiente al Radicado MT núm. 20261341169601
del 13 de agosto de 2026, mediante el cual la Coordinación del Grupo de
Conceptos y Apoyo Legal de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de
Transporte respondió una consulta general sobre los requisitos aplicables a la
corrección de la clase de vehículos particulares en el RUNT.
55. Según el impugnante, dicho documento demuestra que no existe
fundamento normativo para exigir, como requisito general y exclusivo, una
certificación del importador o representante de la marca, pues corresponde a los
organismos de tránsito examinar los documentos y elementos probatorios que
permitan determinar la información correcta.
56. No obstante, su contenido carece de incidencia para establecer la
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procedencia excepcional de esta tutela contra tutela. En efecto, el concepto se
refiere al procedimiento aplicable a la corrección de la información de vehículos
particulares en el RUNT, es decir, al fondo de la controversia administrativa que
originó el primer amparo, (y en todo caso a un asunto propio a ventilar en el
proceso ordinario) pero no demuestra que la sentencia del 17 de julio de
2026 hubiera sido producto de fraude.
57. Además, la propia entidad precisó que el documento fue expedido en
términos generales y abstractos, que no resolvía un caso particular y que carecía
de carácter obligatorio o vinculante, de conformidad con el artículo 28 del CPACA.
También señaló que no existe un procedimiento general y específico para
corregir la clase registrada de los vehículos particulares y que, en cada caso,
corresponde examinar la documentación que respaldó el registro inicial.
58. Así, la eventual relevancia del concepto se circunscribe a determinar
cuáles documentos o soportes puede valorar el organismo de tránsito y si resulta
jurídicamente exigible una certificación del importador o representante de la
marca. Examinar esas cuestiones en esta instancia implicaría reabrir el debate
sustancial resuelto en el primer trámite constitucional, sin que el nuevo
documento permita demostrar fraude en la formación de la cosa juzgada.
59. La Sala tampoco desconoce que el actor sostiene que la información
registrada en el RUNT afecta de manera continua su derecho al habeas data y
que la certificación requerida resultaría difícil o imposible de obtener. Sin
embargo, tales argumentos fueron expuestos para cuestionar la eficacia del
medio ordinario y la valoración del perjuicio irremediable, mas no demuestran que
las autoridades judiciales o las partes hubieran manipulado el trámite, ocultado
información o empleado el proceso con una finalidad fraudulenta.
60. En esas condiciones, la presente acción pretende que un nuevo juez
constitucional reexamine las pruebas relacionadas con la clasificación del
vehículo, determine el procedimiento administrativo aplicable y adopte una
conclusión diferente sobre la subsidiariedad. Ese propósito no corresponde a la
naturaleza excepcional de la tutela contra tutela, cuya procedencia no está
prevista para corregir cualquier eventual desacierto argumentativo o probatorio
de una sentencia constitucional.
61. En suma, el actor no acreditó que la sentencia cuestionada fuera producto
de una actuación dolosa, de una maniobra engañosa o del uso abusivo del
proceso, ni que se sustentara en un fraude a la ley derivado de una interpretación
abiertamente contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial.
Sus reparos expresan una divergencia con la valoración probatoria y con la
conclusión adoptada frente a la subsidiariedad, lo cual no configura la excepción
de cosa juzgada fraudulenta.
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2.2. Conclusión
62. La Sala confirmará la sentencia del 14 de agosto de 2026, mediante la cual
la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de
tutela por estar dirigida contra una decisión de la misma naturaleza y no haberse
acreditado la situación excepcional de fraude.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del 14 de agosto de 2026, dictada por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia del
amparo constitucional por estar dirigida contra una decisión de la misma
naturaleza y no haberse acreditado la situación excepcional de fraude.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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