Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05796-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05796-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05796-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05796-00
Accionante: ÓSCAR JAVIER ARAQUE GARZÓN COMO GERENTE DEL
INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra providencia judicial / Proceso ejecutivo derivado de contrato de mutuo
celebrado por empresa industrial y comercial del Estado / Pagaré como título ejecutivo /
Régimen de derecho privado de la actividad crediticia / Defecto sustantivo configurado por
aplicación de normas no llamadas a regir el caso / Amparo del debido proceso y del acceso
a la administración de justicia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por el señor Óscar Javier Araque Garzón, como gerente del Instituto Financiero de
Casanare, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución
Política, en el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 y en el Decreto 333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 23 de julio de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela contra el
Juzgado Cuarto (4.°) Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal
Administrativo de Casanare, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Hechos relevantes
2. El Instituto Financiero de Casanare presentó demanda ejecutiva singular contra
los ciudadanos Neyla Sirley Rivera Reyes y José Manuel Cepeda Amaya, con el fin
de obtener el pago por la suma de $12.694.083 representada en el pagaré núm.
4111227 del 25 noviembre de 2010, más los intereses corrientes causados desde
el 20 de octubre de 2015 hasta el 19 de noviembre de 2015 y los moratorios
causados desde el 20 de noviembre de 2015 hasta el 30 de marzo de 2017, según
la tasa pactada, sin que en ningún caso se excediera la máxima moratoria permitida.
1
Que ingresó para fallo el 6 de agosto de 2026.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05796-00
Accionante: Óscar Javier Araque Garzón como gerente del Instituto Financiero del Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
3. Con la demanda ejecutiva, según lo reseñado2 por el Juzgado Cuarto (4.°)
Administrativo del Circuito Judicial de Yopal se aportaron, entre otros, los siguientes
documentos:
a. Copia digitalizada del pagaré núm. 4111227 suscrito el 25 de noviembre de
2010 por los ejecutados.
b. Carta de instrucciones para diligenciamiento del pagare en blanco.
4. La demanda fue presentada inicialmente ante el Juzgado Segundo Civil Municipal
de Yopal, que mediante auto del 5 de junio de 2017 libró mandamiento de pago y,
posteriormente, por providencia del 8 de marzo de 2018, ordenó seguir adelante la
ejecución. Sin embargo, mediante auto del 18 de noviembre de 2024, dicho
despacho declaró la falta de competencia por jurisdicción, declaró la nulidad de lo
actuado desde la orden de seguir adelante con la ejecución —está incluida— y
dispuso remitir el expediente a los juzgados administrativos de Yopal.
5. El asunto correspondió al Juzgado Cuarto (4.°) Administrativo del Circuito Judicial
de Yopal que, por medio de auto del 2 de octubre de 2025, resolvió:
“PRIMERO: AVOCAR conocimiento del proceso, con fundamento en lo
indicado en precedencia.
SEGUNDO: NO LIBRAR MANDAMIENTO EJECUTIVO a favor de la EICE
INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE (IFC) en contra de NEYLA
SIRLEY RIVERA REYES y JOSE (sic) MANUEL CEPEDA AMAYA, por las
razones expuestas.
TERCERO: Por secretaría notifíquese la presente providencia, acorde con
lo dispuesto en artículo 201 CPACA modificado por el artículo 50 de la Ley
2080 de 2021, e infórmese de la publicidad del estado en la página web de
la Rama Judicial y al correo electrónico del actor. […]”3.
6. El a quo encontró que, como la obligación que se pretendía ejecutar devenía de
un contrato estatal, se trataba de un título ejecutivo complejo, por lo que, para
establecer la existencia de una obligación clara, expresa y exigible, debían
necesariamente allegarse todos los documentos que lo conformaban, al ser una
unidad jurídica.
7. De esta manera, dado que la parte ejecutante omitió acreditar la existencia del
título ejecutivo complejo, pues no aportó el contrato de mutuo que alegó haber
suscrito, el Juzgado consideró que los documentos “se advierte que no fue aportado
el título ejecutivo que cumpliera con los requisitos de forma, pues como se ha
señalado, de conformidad con la jurisprudencia aplicable al caso y el precedente del
Tribunal Administrativo de Casanare, si el título a ejecutar es un contrato, este por
regla general es complejo; y debe ser aportado, el escrito del negocio jurídico estatal
con el fin de verificar la oponibilidad de excepciones, junto con sus documentos de
garantía, actas y demás actos que acrediten la existencia clara, expresa y exigible
de la obligación; atendiendo en todo caso que, los títulos valores no son ejecutables
2
Folio 52. Archivo “005_DemandaWeb_Anexos_DOCUMENTOSRELEXP2025”. Citado por el
Juzgado en “001Demandapdf”, índice 00003 SAMAI)”.
3
Folio 54. Archivo “005_DemandaWeb_Anexos_DOCUMENTOSRELEXP2025”.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05796-00
Accionante: Óscar Javier Araque Garzón como gerente del Instituto Financiero del Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
ante la jurisdicción contenciosa administrativa, por no ser esta competente de
conocer la acción cambiaria”4.
8. La parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación
contra el auto que se abstuvo de seguir adelante la ejecución. Expresó que un
pagaré suscrito en el marco de un contrato de mutuo celebrado por una entidad
estatal sí podía servir como título ejecutivo cuando la obligación fuese clara, expresa
y exigible, en virtud de lo consignado en el artículo 297 del CPACA, el cual
estableció que los contratos estatales y los documentos que contengan sus
garantías podían servir de base para su ejecución en sede contenciosa.
9. El Juzgado Cuarto (4.°) Administrativo del Circuito Judicial de Yopal, a través de
providencia del 4 de diciembre de 2025, confirmó la decisión recurrida, bajo los
mismos argumentos que soportaron el auto primigenio, y concedió el recurso de
apelación.
10. El trámite del recurso fue asignado al Tribunal Administrativo del Casanare que,
mediante auto del 29 de enero de 2026, confirmó lo resuelto en primera instancia.
11. El ad quem señaló que “para el presente trámite ejecutivo vía jurisdicción
contenciosa administrativa, el contrato es un presupuesto sine qua non, que no fue
aportado. Tal como lo explica el Consejo de Estado en la citada sentencia 5 de
octubre de 2020, para conformación del título ejecutivo complejo se requiere aportar
todos los documentos que lo integran, entre ellos el respectivo contrato con el que
se acredite las condiciones allí pactadas para recibir los pagos. Corolario de ello,
como en el sub examine no se cuenta con el contrato de mutuo no resulta posible
determinar la constitución de aquel”5.
Pretensiones
12. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):
“Solicitamos de manera muy respetuosa a los Honorables Magistrados,
obtener a través de su justicia la protección de los derechos fundamentales
al debido proceso y al Acceso a la Administración de Justicia de mi
representado Instituto Financiero de Casanare, por defecto sustancial,
indebida valoración probatoria, exceso ritual manifiesto y violación directa
de la Constitución, dentro del proceso ejecutivo de radicado 850013333-
004-2025-00338-00, en que incurren el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, así como otros
que sufren la misma suerte por la misma interpretación.
Con las decisiones adoptadas por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Yopal, en auto de 2 de Octubre de 2025, en la cual se dispuso:
“NO LIBRAR MANDAMIENTO EJECUTIVO a favor de la EICE
INSTITUTOFINANCIERO (sic) DE CASANARE (IFC) en contra de NEYLA
SIRLEY RIVERA REYES y JOSE MANUEL CEPEDA AMAYA (…)”, y la
confirmatoria, emitida por el Tribunal Administrativo de Casanare en
providencia de fecha 29 de enero de 2026, se desconoce los derechos
4
Folio 53 ibid.
5
Folio 82. Ibid.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05796-00
Accionante: Óscar Javier Araque Garzón como gerente del Instituto Financiero del Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
fundamentales al debido proceso y al Acceso a la Administración de Justicia
del Instituto Financiero de Casanare, en consecuencia solicito
comedidamente:
PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al
Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE, que se desconocieron por el JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL en auto emitido en
fecha 2 de Octubre de 2025 y su confirmatorio, emitido el 29 de enero
de 2026 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro
del proceso 850013333-004-2025-00338-00
SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 2
de Octubre de 2025 emitido por el JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, así como la decisión
que desato la apelación, proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE en fecha 29 de enero de 2026,
dentro del medio de control 850013333-004-2025-00338-00, por
encontrarse tales decisiones afectadas por indebida valoración
probatoria al restarle mérito ejecutivo al pagaré 4111227 y exceso
ritual manifiesto al exigir adosar al expediente un contrato de mutuo
con la ritualidad de constar por escrito, ajena a este tipo de contratos
de régimen civil, así como por defecto sustancial dado el sacrificio del
derecho sustancial y el desconocimiento de precedente judicial
vertical y por esa vía cercenar injustamente los derechos
fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de
Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE - IFC.
TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de su competencia, en
el impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la
notificación del fallo de tutela, se proceda a rehacer las actuaciones
procesales censuradas, para que en su lugar el JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, ordene seguir
adelante en la ejecución, a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE en contra de los demandados NEYLA SIRLEY RIVERA
REYES Y JOSE MANUEL CEPEDA AMAYA, decrete y efectivice las
medidas cautelares, dentro del proceso ejecutivo 850013333-004-
2025-00338-00, adelante el proceso hasta su finalización, y se
abstenga de exigir requisitos innecesarios en este tipo de procesos.
CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter
comunis10 o se extienda, respecto de los procesos ejecutivos que
cursen en los Juzgados Administrativos de Yopal, en los que sea
demandante el INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, y en los
que se desconozca el pagaré como título ejecutivo autónomo, existan
similares supuestos fácticos y jurídicos o que se presente análogas
circunstancias, así como ordenar al JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de sucesivo se
abstengan de incurrir en las conductas que dieron origen a la presente
acción.
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Accionante: Óscar Javier Araque Garzón como gerente del Instituto Financiero del Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del
cumplimiento del fallo de tutela proferido”6.
Fundamentos de la demanda de tutela
13. La parte demandante sostiene que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en una violación directa de la Constitución, toda vez que
desconocieron los derechos reconocidos en la ley sustancial y la observancia de
estándares constitucionales ante dudas en la aplicación de la ley, y simplemente
negaron el mandamiento de pago, so pretexto de la necesidad de integrar un
supuesto título ejecutivo complejo, vulnerando así sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
14. Aduce la omisión de la fuerza vinculante de las providencias de la Corte
Constitucional, como lo son los autos A-2014 de 2024 y A-1455 de 2025, cuyos
extremos conceptuales son inseparables, porque ambos hacen parte de la ratio de
la decisión. Además, alega que se vulnera la seguridad jurídica y la confianza
legítima, dado que el Instituto Financiero de Casanare durante más de dos décadas
otorgó los créditos de buena fe sin hacer suscribir contrato escrito de mutuo, por
estar acogido al derecho privado en sus operaciones de colocación de cartera, de
manera que el sorpresivo viraje judicial, al asignar la jurisdicción a los jueces
administrativos, es inoponible a situaciones jurídicas consolidadas, como lo son
créditos otorgados y pagarés suscritos.
15. Adicional a ello, la parte actora manifiesta una vulneración de su derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia, por cuanto “el Juzgado dejo
de tener en cuenta que ya habían actuaciones procesales surtidas conforme a
derecho y en firme, es decir que ya se había librado mandamiento de pago en la
jurisdicción ordinaria, no obstante con desconocimiento del artículo 16 de la ley 1564
de 2012, aplicable a lo Contencioso Administrativo por disposición del Artículo 306
de la ley 1437 de 2011, que regulan en la Prorrogabilidad e Improrrogabilidad de la
Jurisdicción y la Competencia, y se dejó de observar que lo actuado conservar la
validez”7.
16. Por otro lado, señala que se incurrió en un defecto fáctico por la indebida
valoración del pagaré núm. 4111227 y la carta de instrucciones, que además de ser
un título valor que contiene una obligación clara, expresa y exigible, es autónomo y
por ende, es un título ejecutivo simple, no complejo. Sin embargo, precisa que las
decisiones enjuiciadas restaron toda posibilidad de mérito ejecutivo y se negaron a
decretar el mandamiento de pago.
17. El accionante también manifiesta la ocurrencia de un defecto sustantivo,
puesto que con la demanda ejecutiva se allegó un título valor diligenciado conforme
a una carta de instrucciones. Dicho documento, a su juicio, constituye por sí mismo
un título ejecutivo, es decir, tiene mérito ejecutivo autónomo, del cual surge una
obligación clara, expresa y exigible. No obstante, aduce que a partir de una lectura
6
Folios 19 y 20 del escrito de tutela.
7
Folio 29 ibid.
5
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Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
no sólo excesivamente formalista sino también distante de la finalidad de la
administración de justicia y de los derechos constitucionales, las autoridades
accionadas impusieron exigencias improcedentes que desbordan su margen de
interpretación razonable.
18. Así, considera que los jueces de conocimiento omitieron la aplicación de los
artículos 2, 29 y 229 de la Constitución; del numeral 3.° del artículo 297 de la Ley
1437 de 2011; del numeral 5.° del artículo 99 del CPACA; de los artículos 85 y 93
de la Ley 498 de 1998; del artículo 93 de la Ley 1474 de 2011; de los artículos 2221
y 2222 del Código Civil; y de los artículos 621 y 709 del Código de Comercio. Y con
ello, refiere, afectaron su derecho sustancial y se apartaron de la búsqueda de la
verdad jurídica objetiva.
19. Finalmente, la parte demandante plantea un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, en atención que el contrato de mutuo acuerdo, por
escrito, no se requiere para integrar el título ejecutivo, ya que “se está ejerciendo la
ejecución de un título ejecutivo simple, contenido en un título valor autónomo, que
contiene una obligación clara, expresa y exigible; pero adicionalmente la falta del
contrato escrito, no se originó en alguna omisión de la parte demandante, sino en la
ley, actuación que se desarrolló conforme a la naturaleza de empresa industrial y
comercial del Estado, y que permite que los actos y contratos correspondientes al
giro ordinario de sus negocios se adelanten conforme a las normas de derecho
privado, máxime que el contrato de mutuo conforme al art. 2221 y 2222 del C.C.,
siendo un contrato consensual se perfecciona con la entrega de la cosa, sin que sea
necesaria la ritualidad de elevarlo a escrito”8.
Trámite procesal
20. Por medio de auto del 27 de julio de 2026, se admitió la acción de tutela de la
referencia y se ordenó notificar al Juzgado Cuarto (4.°) Administrativo del Circuito
Judicial de Yopal y al Tribunal Administrativo de Casanare como accionados y al
Banco de Bogotá, al Ministerio Público, a los ciudadanos Neyla Sirley Rivera Reyes,
José Manuel Cepeda Amaya y a los demás intervinientes dentro del proceso
ejecutivo radicado núm. 85001-33-33-004-2025-00338-00/01, como terceros con
interés en las resultas del proceso, para que ejerciera su derecho de defensa. De
igual modo, se ordenó la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.
Intervenciones
21. El Juzgado Cuarto (4.°) Administrativo del Circuito Judicial de Yopal aportó
el enlace de acceso al expediente contentivo del proceso radicado núm. 85001-33-
33-004-2025-00338-00, promovido por el Instituto Financiero de Casanare contra
los ciudadanos Neyla Sirley Rivera Reyes y José Manuel Cepeda Amaya.
22. El Tribunal Administrativo de Casanare sostuvo que la decisión que es objeto
de la presente acción de tutela se ajustó a las normas y a la jurisprudencia
8
Folio 40 ibid.
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05796-00
Accionante: Óscar Javier Araque Garzón como gerente del Instituto Financiero del Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
aplicables, en atención a que la naturaleza jurídica del IFC establece que es
empresa de gestión económica de carácter departamental, sometida al régimen
jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado, contemplado en la
Ley 489 de 1998; por ende, los contratos que celebre para el desarrollo de su objeto
se sujetan a las disposiciones del Estatuto General de la Contratación de las
entidades estatales.
23. En esa medida, señaló que los contratos deben constar por escrito en aplicación
a los dispuesto en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993, justamente porque el negocio
jurídico que subyace al pagaré que pretende ejecutarse es un contrato estatal, y por
ello en concepto de la Sala mayoritaria del Tribunal, se requiere prueba de su
existencia en los términos del artículo 75 ibidem, pues el escenario corresponde al
de un proceso ejecutivo en sede de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
24. Pese a haber sido notificadas en debida forma, las demás partes guardaron
silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
25. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
26. Ahora bien, en el escrito de tutela la parte accionante sostiene que “[e]n virtud a
la relevancia económica y social del asunto objeto de estudio, solicitamos que en
aplicación del art 271 del CPACA, se estudie la presente acción de tutela en
Sala Plena del Consejo de Estado”9.
27. Sin embargo, al tratarse de una acción de tutela, su trámite se rige por las
disposiciones del Decreto 2591 de 1991 y, en lo no regulado por este, por las
normas del Código General del Proceso. A su vez, la competencia para conocer de
esta clase de asuntos se determina conforme a las reglas de distribución previstas
en el Reglamento Interno del Consejo de Estado. Ninguno de estos ordenamientos
contempla la posibilidad de que las partes soliciten que una acción de tutela sea
conocida por la Sala Plena con fundamento en su trascendencia social o económica.
En la práctica, el conocimiento por dicha instancia ha tenido lugar por iniciativa de
la propia Sala Plena o a solicitud de alguna de las secciones de la Corporación.
28. En suma, el conocimiento de acciones de tutela por parte de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo constituye una medida excepcional, que no procede a
petición de las partes, sino por determinación de la propia Sala o a solicitud de
alguna de las secciones de la Corporación, siempre que existan razones que
justifiquen su intervención, particularmente cuando resulte necesario unificar
criterios jurisprudenciales o el asunto revista especial importancia jurídica.
9
Folio 5 del escrito de tutela.
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
29. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad?
30. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si el Juzgado Cuarto
(4.°) Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal Administrativo del
Casanare, con la expedición de las providencias del 2 de octubre de 2025 y del 29
de enero de 2026, incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo y procedimental y
en una violación directa de la Constitución y, por consiguiente, en la vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de la parte accionante?
31. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto.
Análisis formal de la acción de tutela
a) Requisitos de procedibilidad y de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales
32. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 200510,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.
33. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar11: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela12, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional13 o el Consejo de Estado14,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP15; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
10
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
11
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
12
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
14
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
15
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05796-00
Accionante: Óscar Javier Araque Garzón como gerente del Instituto Financiero del Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable16 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
34. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se
concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación,
se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.
i. Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es
expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia;
ii. Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad
judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado
asunto;
iii. Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización
indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;
iv. Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas
contrarias a la garantía de los derechos fundamentales.
v. Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido
inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de
influir en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica
probada en el caso;
vi. Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber
de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;
vii. Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso
con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos
establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los
dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga
de justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de
precedente.
viii. Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una
providencia judicial desconoce por completo un postulado de la
Constitución, le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice.
16
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
9
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05796-00
Accionante: Óscar Javier Araque Garzón como gerente del Instituto Financiero del Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
35. En este contexto, la Sala estudiará en el caso concreto los elementos formales.
En caso de superarlos se iniciará el estudio de mérito.
B) estudio de los requisitos formales en el caso concreto
36. En el presente asunto se encuentra demostrado que (i) la parte accionante no
cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí expuesto, por
cuanto la providencia del 29 de enero de 2026 puso fin a la discusión relativa al
mandamiento de pago; (ii) la acción se presentó dentro del plazo razonable porque
la providencia atacada se notificó el 30 de enero de 2026, quedó ejecutoriada el 6
de febrero del año en curso y la solicitud de amparo se presentó el 23 de julio
siguiente; (iii) en cuanto se invoca un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, la irregularidad alegada tendría carácter determinante, pues la exigencia
cuestionada —aportar un contrato de mutuo escrito— constituyó precisamente la
razón por la cual las autoridades se abstuvieron de librar mandamiento ejecutivo;
(iv) se identificaron claramente los hechos generadores de la presunta vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia de la parte accionante; y (v) no se trata de una sentencia de tutela, de
una decisión expedida en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad por
parte de la Corte Constitucional o el Consejo de Estado17 ni de una sentencia
interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la
Paz18.
37. En este contexto, la Sala advierte que (vi) se cumple con el requisito de
relevancia constitucional, dado que la parte actora explicó las razones por las cuales
considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte accionante.
Los reproches no se limitan a cuestionar cuál interpretación legal resulta más
acertada respecto del título ejecutivo, sino que plantean si la imposición judicial de
una solemnidad no prevista para el negocio jurídico subyacente impidió
injustificadamente que una entidad pública accediera al proceso ejecutivo, pese a
la existencia de precedentes constitucionales que habían examinado situaciones
comparables. Por tanto, el debate compromete prima facie las garantías del debido
proceso y de acceso efectivo a la administración de justicia.
38. De igual modo, no es un asunto de mera legalidad o de discrepancia
interpretativa, sino de un evento de naturaleza excepcional que habilita la
intervención del juez constitucional porque, como ha resuelto en casos similares
esta Subsección19, se está frente a una duda sobre la potencial afectación de
derechos constitucionales que desbordaría el juicio de los jueces naturales, al
tratarse de una controversia relacionada con el derecho fundamental al debido
proceso.
17
Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-379 de 2019, SU-355 de
2020, SU-388 de 2021, SU-074 de 2022 y SU-114 de 2023.
18
Corte Constitucional, Sentencias SU-478 de 2014 y SU-388 de 2023.
19
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 1° de marzo de 2024. Rad.
11001-03-15-000-2023-07457-00. Consejera Ponente: María Adriana Marín.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05796-00
Accionante: Óscar Javier Araque Garzón como gerente del Instituto Financiero del Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
39. De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se erija
en una instancia adicional al proceso ejecutivo o en un medio para resolver
desacuerdos de aspectos meramente legales o económicos, se trata de un asunto
que tiene “la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental”20 y se justifica en la medida de
una posible “afectación desproporcionada a derechos fundamentales21”.
40. De conformidad con lo expuesto, esta Subsección estudiará la procedencia
materia de la demanda.
b) Análisis del caso concreto y de los defectos específicos
41. En términos generales, el defecto sustantivo22 se configura cuando una
providencia judicial se fundamenta en una norma inexistente, derogada,
inconstitucional o que no resulta aplicable al caso concreto, así como cuando la
autoridad judicial efectúa una interpretación que desconoce abiertamente el
contenido normativo aplicable o produce una afectación injustificada de derechos
fundamentales23. Dado el carácter excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, no basta con que exista una interpretación jurídica discutible, sino que el
yerro debe ser ostensible y determinante para la decisión adoptada24.
42. De ahí que el juez de tutela no esté llamado a sustituir al juez natural en la
selección o interpretación ordinaria de las normas aplicables. Su intervención se
justifica únicamente cuando la decisión cuestionada desborda el margen razonable
de interpretación judicial, porque se sustenta en disposiciones que no gobiernan el
supuesto analizado o prescinde de normas determinantes para establecer el
régimen jurídico aplicable, con incidencia directa en los derechos fundamentales de
las partes.
43. En el presente asunto, corresponde determinar si las autoridades accionadas
incurrieron en ese defecto al exigir que el contrato de mutuo celebrado por el
Instituto Financiero de Casanare constara por escrito, con fundamento en los
artículos 93 de la Ley 489 de 1998 y 39 de la Ley 80 de 1993, sin examinar
previamente si la actividad crediticia que dio origen al pagaré se encontraba
sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública o al
régimen especial de derecho privado aplicable a determinadas actividades
comerciales de las empresas industriales y comerciales del Estado.
44. En el presente asunto, la parte accionante enjuicia las providencias del 2 de
octubre de 2025 y del 29 de enero de 2026, proferidas por el Juzgado Cuarto (4.°)
Administrativo Oral del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare,
respectivamente, en el curso del proceso ejecutivo radicado núm. 85001-33-33-004-
20
Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
21
Ibid.
22
Sentencia SU-397 de 2019.
23
Sentencia SU-296 de 2020.
24
Sentencias SU-228 de 2021 y SU-474 de 2020.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05796-00
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
2025-00338-00/01. Ello, por cuanto negaron el mandamiento de pago al restarle
mérito ejecutivo al pagaré aportado con la demanda y exigir un contrato de mutuo,
por escrito, aun cuando eso no era requisito en la jurisdicción ordinaria, donde se
interpuso la demanda.
45. En criterio de la Sala, no resulta acertado sostener que los artículos 93 de la Ley
489 de 1998 y 39 de la Ley 80 de 1993 fueran aplicables a la actividad desarrollada
por la parte accionante, de manera que pudiera exigirse la celebración de un
contrato de mutuo por escrito como presupuesto para conformar un título ejecutivo
complejo. El Tribunal fundamentó su decisión en el artículo 93 de la Ley 489 de
1998, según el cual los contratos celebrados por las empresas industriales y
comerciales del Estado para el cumplimiento de su objeto se sujetan al Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública; sin embargo, omitió
considerar que esta disposición fue modificada por el artículo 14 de la Ley 1150 de
2007, posteriormente modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011.
46. En este caso, el negocio jurídico se celebró el 25 de noviembre de 2010, cuando
se encontraba vigente ese régimen especial. Además, de acuerdo con las pruebas
y con la naturaleza de la operación que dio origen al pagaré, el IFC desarrollaba
actividades de financiación y otorgamiento de créditos dentro del giro ordinario de
su objeto, actividad de naturaleza comercial sometida, en los términos del artículo
14 de la Ley 1150 de 2007, a las reglas aplicables a quienes desarrollan actividades
semejantes en el sector privado. En consecuencia, no resultaba jurídicamente
suficiente acudir exclusivamente a los artículos 39 de la Ley 80 de 1993 y 93 de la
Ley 489 de 1998 para concluir que el contrato de mutuo debía necesariamente
constar por escrito.
47. Esta conclusión coincide con la jurisprudencia del Consejo de Estado, según la
cual las empresas industriales y comerciales del Estado se rige, como regla general,
por las normas del derecho privado, salvo las excepciones previstas expresamente
por la ley. Esta regla responde a la necesidad de que dichas entidades, cuando
desarrollan actividades industriales y comerciales propias de los particulares,
puedan actuar en condiciones equivalentes a estos, sin prerrogativas exorbitantes
ni procedimientos administrativos que obstaculicen su actuación y las sitúen en
desventaja frente a sus competidores.
48. En consecuencia, los jueces de instancia debieron aplicar el régimen especial
previsto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 y no exigir, con fundamento en los
artículos 93 de la Ley 489 de 1998 y 39 de la Ley 80 de 1993, la existencia de un
contrato de mutuo escrito para la conformación del título ejecutivo complejo,
posición que ha sido reiterada por el Consejo de Estado, entre otras, en las
sentencias de 19 de agosto de 2004, expediente 12.342, y de 6 de febrero de 2006,
expediente 13.414, así como el precedente fijado por esta Subsección, a saber:
“82. En sentencia de 19 de marzo de 202125, esta Subsección explicó con
claridad el marco legal aplicable a la actividad contractual de las EICE.
Estableció que: (i) por regla general, el régimen jurídico de sus actos y
contratos corresponde al contenido en las normas civiles y comerciales, a
25
Radicado 76001-23-33-1000-2004-05155-01 (51.363).
12
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05796-00
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Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
las normas de creación y autorización y a sus estatutos internos, salvo las
excepciones que consagre la ley; (ii) según el artículo 14 de la Ley 1150 de
2007, no se encuentran sometidas en su actividad contractual al Estatuto
General de la Administración Pública, cuando desarrollen actividades
comerciales en competencia con el sector privado y/o público. Esto para
«competir en las mismas condiciones que los particulares, sin las estructuras
rígidas asociadas a un régimen legal específico, como corresponde a las
reglas contractuales de las entidades públicas sujetas al estatuto general de
contratación del estado».
83. En reciente sentencia de 21 de febrero de 202526, la Subsección insistió
en que las EICE cuyas actividades comerciales están en competencia con
el sector privado o público están sometidas a las normas del derecho
privado. En esa ocasión analizó el régimen jurídico del Fondo de Desarrollo
de Proyectos de Cundinamarca -FONDECÚN-, que desarrolla operaciones
de financiación en beneficio del departamento, actividad que se asemeja a
las actividades y finalidad del IFC.
84. En concepto de esta Sala, la aplicación aislada del artículo 93 de la Ley
489 de 1998, sin considerar las previsiones de la Ley 1150 de 2007,
modificada por la Ley 1474 de 2011, ni la naturaleza jurídica y el régimen
legal que rige las actividades de la accionante, hizo que los jueces de
instancia aplicaran el Estatuto General de la Contratación Pública e
insinuaran que los contratos de mutuo que celebró eran inexistentes por no
constar por escrito”27.
49. Así, al estar sometido el IFC a las reglas del derecho privado, para considerar
la existencia y perfeccionamiento del contrato de mutuo celebrado entre la entidad
y los ciudadanos Neyla Sirley Rivera Reyes y José Manuel Cepeda Amaya bastaba
remitirse a las disposiciones del Código Civil que regulan esa tipología contractual,
según las cuales, el artículo 2221 del Código Civil define el mutuo como aquel
«contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas
fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad». El artículo
2222 ibídem precisa que el perfeccionamiento del contrato se logra «por la tradición,
y la tradición transfiere el dominio». El artículo 2230, a su turno, prevé la posibilidad
de estipular intereses en dinero o cosas fungibles.
50. En esas condiciones, correspondía al Tribunal Administrativo de Casanare
examinar si el pagaré núm. 4111227 y los demás documentos allegados reunían los
requisitos legales para servir de fundamento a la ejecución, a la luz del artículo 297
del CPACA y de las disposiciones civiles y comerciales aplicables, entre ellas los
artículos 621 y 709 del Código de Comercio. Lo que no resultaba jurídicamente
admisible era descartar el mérito ejecutivo del pagaré a partir de la premisa de que
necesariamente debía estar acompañado de un contrato de mutuo celebrado por
escrito, cuando previamente no se había establecido que tal solemnidad resultara
exigible al negocio jurídico concreto.
51. En efecto, la referencia al acto debe entenderse en sentido general, como una
manifestación consciente y voluntaria destinada a producir efectos jurídicos, y no
exclusivamente como acto administrativo o contrato. Al omitir este análisis y adoptar
26
Radicado 25000-23-36-000-2018-00538-02 (69.580).
27
Sentencia del 8 de mayo de 2026. Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A.
Radicado núm. Radicación: 11001-03-15-000-2026-01869-00.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05796-00
Accionante: Óscar Javier Araque Garzón como gerente del Instituto Financiero del Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
una interpretación restrictiva de las normas aplicables, los jueces accionados
incurrieron en un defecto sustantivo que afectó injustificadamente los derechos
fundamentales de la entidad accionante.
52. Acreditado el defecto sustantivo y siendo este suficiente para conceder el
amparo, la Sala se abstendrá de examinar de manera autónoma los restantes
defectos fáctico y procedimental, así como la violación directa de la Constitución
alegada por la parte actora, pues su eventual configuración no modificaría la medida
de protección que corresponde adoptar.
53. Por consiguiente, se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare y (i)
se dejará sin efectos el auto del 29 de enero de 2026, proferido por el Tribunal
Administrativo de Casanare y (ii) se ordenará a dicha autoridad judicial que dicte
una nueva decisión en concordancia con las precisiones realizadas en esta
sentencia.
54. Ahora bien, la Sala no accederá a la solicitud de ordenar directamente que se
libre mandamiento de pago, pues corresponde al Tribunal Administrativo de
Casanare, como juez natural del proceso, efectuar nuevamente el examen de los
documentos aportados y determinar si se satisfacen los demás presupuestos
legales para la ejecución, sin exigir la acreditación escrita del contrato de mutuo con
fundamento en las normas que esta providencia encontró inaplicables. Tampoco se
accederá a la solicitud de extender los efectos de esta decisión a otros procesos
ejecutivos, dado que el presente pronunciamiento recae sobre las providencias y
circunstancias particulares que fueron sometidas al control del juez constitucional.
55. Finalmente, la Sala advertirá al Tribunal Administrativo de Casanare que, en lo
sucesivo, al resolver asuntos en los que se pretenda la ejecución de títulos valores
derivados de operaciones crediticias celebradas por el Instituto Financiero de
Casanare, deberá examinar el régimen jurídico aplicable al negocio subyacente y
abstenerse de exigir, de manera automática, la acreditación de un contrato de mutuo
celebrado por escrito cuando dicha solemnidad no resulte exigible conforme a las
normas que gobiernan la actividad correspondiente. Lo anterior, por cuanto la
imposición de cargas o exigencias carentes de fundamento normativo puede
traducirse en una restricción injustificada del acceso a la administración de justicia
y en la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia del señor Óscar Javier Araque Garzón, como gerente
del Instituto Financiero de Casanare, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05796-00
Accionante: Óscar Javier Araque Garzón como gerente del Instituto Financiero del Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el auto del 29 de enero de 2026, proferido por
el Tribunal Administrativo de Casanare, que confirmó el auto del 2 de octubre de
2025, proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal, mediante el cual se
negó la pretensión de librar mandamiento de pago. En su lugar:
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Casanare que, en el término
de los diez (10) días siguientes a la comunicación de la presente decisión, profiera
auto de reemplazo, en el cual tenga en cuenta las consideraciones señaladas en la
sentencia.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
QUINTO: De no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
15
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