Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05815-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05815-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05815-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05815-00
Accionante: Alexander Bedoya Posada y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Niega, no se configura el defecto fáctico alegado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela instaurada por los señores Alexander Bedoya Posada, Claudia
Nelly Palta Velasco, Derly Natalia Palta Velasco, Reinaldo Bedoya Posada y
Mauricio Bedoya Posada, quienes actúan en nombre propio, contra el Tribunal
Administrativo del Cauca, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
seguridad jurídica, ocurrida de acuerdo a la parte actora, con la expedición de la
sentencia del 4 de diciembre de 2025 que revocó la providencia del 8 de abril de
2019 dictada por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al interior del proceso
de reparación directa con radicado 19001-33-33-008-2014-00379-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela1 y del expediente, se colige que el 12 de mayo de
2014 el señor Alexander Bedoya Posada sufrió un accidente de motocicleta al
transitar por la vía que conduce del corregimiento de Siberia al corregimiento de
Pescador, en jurisdicción del municipio de Caldono - Cauca, presuntamente a
causa de un bache sin señalización que se encontraba sobre la vía.
3. Con fundamento en tales circunstancias, los accionantes instauraron una
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra
el Departamento del Cauca, el Municipio de Caldono y el Instituto Nacional de
Vías - INVIAS, con el propósito de obtener la declaratoria de responsabilidad
patrimonial por las lesiones sufridas por el señor Bedoya Posada y el
reconocimiento de perjuicios materiales e inmateriales.
1
Presentado el 24 de julio de 2026.
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4. Mediante sentencia núm. 054 del 8 de abril de 2019, el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Popayán declaró administrativamente responsable
al Departamento del Cauca, al estimar acreditada una falla del servicio por
incumplimiento de los deberes de mantenimiento de la vía2; sin embargo, redujo
la condena en un cincuenta por ciento al encontrar configurada una concurrencia
de culpas.
5. Inconforme con dicha decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Cauca mediante
sentencia del 4 de diciembre de 20253, que revocó la providencia de primera
instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda al considerar
insuficiente la prueba del nexo causal entre el estado de la vía y el accidente.
2.2. Fundamento jurídico
6. Los accionantes consideraron vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad jurídica,
al estimar que la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Cauca revocó injustificadamente la decisión favorable obtenida
en primera instancia, producto de una valoración probatoria que califican como
irrazonable y desproporcionada.
7. Como primer reproche, alegaron la configuración de un defecto fáctico, al
sostener que la corporación accionada desconoció la fuerza demostrativa
convergente de los testimonios, fotografías, documentos e informe elaborado por
la autoridad de policía, pese a que, en su criterio, tales elementos permitían
acreditar la ocurrencia del accidente, la existencia del hueco sin señalización y la
relación causal entre dicha circunstancia y las lesiones sufridas por el señor
Bedoya Posada.
8. Asimismo, invocaron la existencia de un defecto sustantivo, por cuanto
consideraron contradictorio que el Tribunal hubiese reconocido la existencia del
bache, la ausencia de señalización y la ocurrencia del accidente, pero hubiese
concluido que no se encontraba acreditado el nexo causal necesario para
2
El a quo declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Instituto Nacional de
Vías y del Municipio de Caldono, y desestimó las excepciones formuladas por el Departamento del Cauca. En
consecuencia, avanzó al estudio de la responsabilidad patrimonial atribuida a esta última entidad. La primera instancia
concluyó que el Departamento del Cauca incumplió las obligaciones legales a su cargo en materia de conservación,
mantenimiento y seguridad de la vía que comunica los corregimientos de Siberia y Pescador, escenario donde ocurrió el
accidente sufrido por el señor Alexander Bedoya Posada. A partir del acervo probatorio, encontró acreditada una falla del
servicio derivada del deficiente estado de la carretera y de la existencia de un hueco que generaba riesgo para los usuarios
de la vía. Asimismo, estimó demostrada la relación entre dichas condiciones de la infraestructura vial y las lesiones
padecidas por el demandante, razón por la cual declaró administrativamente responsable al Departamento del Cauca y
accedió al reconocimiento de perjuicios materiales, morales y daño a la salud, cuya liquidación ordenó efectuar mediante
el trámite incidental correspondiente. No obstante, el juzgado consideró concurrente una conducta atribuible a la víctima
en la producción del daño, por lo que dispuso reducir en un cincuenta por ciento el monto de la condena reconocida.
3
El ad quem revocó integralmente el fallo de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda, pues si bien la
Corporación encontró acreditado el daño antijurídico derivado de las lesiones sufridas por Alexander Bedoya Posada y
reconoció la existencia de testimonios y elementos que daban cuenta de la presencia de un bache sin señalización en la
vía, estimó que las pruebas recaudadas no permitían establecer de forma suficiente y cierta que dicho bache
hubiera constituido la causa eficiente y determinante del accidente, especialmente ante la ausencia de elementos
objetivos que permitieran reconstruir con precisión su dinámica y las circunstancias concretas del siniestro. En
consecuencia, concluyó que no se encontraba demostrado el nexo causal indispensable para estructurar la
imputación fáctica y jurídica del daño al Departamento del Cauca, motivo por el cual revocó la declaratoria de
responsabilidad y negó las pretensiones indemnizatorias. Índice 21 del aplicativo SAMAI, exp. 19001-33-33-008-
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estructurar la responsabilidad patrimonial del Estado.
9. De igual forma, endilgaron desconocido el precedente judicial4, al afirmar
que la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la responsabilidad
del Estado derivada de irregularidades, obstáculos, hundimientos o falta de
señalización en las vías públicas puede acreditarse a partir de una valoración
conjunta e integral de los distintos medios de prueba.
10. Igualmente, sostuvieron que la providencia incurrió en una violación
directa de la Constitución, dado que, en su sentir, impuso cargas probatorias
excesivas a las víctimas y trasladó a estas las consecuencias derivadas de la
inexistencia de un informe técnico o croquis del accidente, cuya elaboración
correspondía a las autoridades competentes.
11. Finalmente, cuestionaron que, desde la perspectiva de los accionantes, el
Tribunal impuso una tarifa legal probatoria al exigir la prueba técnica como medio
necesario para demostrar la relación de causalidad entre la conducta atribuida y
el daño alegado, en contravía de los principios de libertad probatoria, apreciación
conjunta de las pruebas y sana crítica.
2.3. Pretensiones
12. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo siguiente:
«. 1. Declarar vulnerados nuestros derechos fundamentales al debido proceso,
acceso efectivo y real a la administración de justicia y a la seguridad jurídica
vulnerados por el Tribunal accionado.
2. Dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia del cuatro (04) de
diciembre de dos mil veinticinco (2025), dentro del proceso de reparación directa
con número de radicado 19001-33-33-008-2014-00379-01, en el cual fungimos
como demandantes; por medio de la cual, la corporación revoca la decisión
tomada por el a quo en sentencia No. 054 del ocho (08) de abril de dos mil
diecinueve (2019), y en su lugar, niega las pretensiones de la demanda.
3. Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA proferir un nuevo fallo
idóneo y justo, realizando de manera adecuada la debida valoración de las
pruebas obrantes en el proceso y apegado a la realidad fáctica y jurídica del
caso en concreto.» SIC en toda la cita.
2.4. Intervenciones
13. Mediante auto del 275 de julio de 2026 se admitió la acción de tutela de la
referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Cauca como
accionado y al Instituto Nacional de Vías, el Departamento del Cauca - Municipio
4
Para sustentar tal reproche citaron, entre otras, algunas providencias de esta Corporación, entre otras la de la Sección
Tercera, Subsección A, C.P. María Adriana Marín, Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiuno (2021)
Rad. 68001-23-31-000-2011-00391-01(50791); C.P. José Roberto Sáchica Méndez, Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio
de dos mil veintiuno (2021), Rad. 25000-23-26-000-2012-01155 01(52042); C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Bogotá D.C.,
catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011) Rad. 66001-23-31-000-1998-00496-01(22745); C.P. Enrique Gil
Botero, Bogotá D.C., julio veintidós (22) de dos mil nueve (2009) Rad. 76001-23-31-000-1995-01182-01(16333); Sección
Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón; Sección Segunda,
Subsección A, consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández, Bogotá D.C., trece (13) de mayo de dos mil veintiuno
(2021), rad. 11001-03-15-000-2021-01835-00 (AC).
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de Caldono y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán como
terceros interesados en el resultado del proceso.
14. Adicionalmente, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado para lo de su competencia.
2.4.1 El Departamento del Cauca6 solicitó declarar improcedente la tutela al
considerar que esta carece del requisito de relevancia constitucional, al
considerar que los accionantes únicamente expresaban su inconformidad con la
valoración probatoria efectuada por el juez natural.
15. Sostuvo que el ad quem valoró integralmente las pruebas, reconoció la
existencia del daño y del hueco, pero concluyó razonadamente que no se
encontraba acreditado el nexo causal, sin incurrir en arbitrariedad, defecto fáctico
o desconocimiento del debido proceso.
16. Subsidiariamente, solicitó negar el amparo y mantener incólume la
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca.
2.4.2. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán7 solicitó
desestimar las pretensiones frente a ese despacho, por cuanto la tutela se dirigía
contra la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo
del Cauca.
17. Indicó que su providencia fue adoptada con fundamento en el material
probatorio obrante en el proceso y conforme a las reglas aplicables de
responsabilidad patrimonial del Estado, sin vulnerar derecho fundamental alguno.
18. Aunado a lo anterior, manifestó que la acción constitucional no puede
convertirse en una tercera instancia destinada a reabrir el debate probatorio ya
resuelto por el juez natural.
2.4.3. El Instituto Nacional de Vías – Invías8 señaló que en ambas instancias
se declaró su falta de legitimación en la causa por pasiva y advirtió que la tutela
no formulaba reproche alguno contra tal determinación.
19. Afirmó que el Tribunal estudió la totalidad de los medios de convicción y
que la inconformidad de los accionantes se reduce a cuestionar la conclusión
probatoria adoptada respecto del nexo causal, aspecto ajeno al ámbito
excepcional de la tutela contra providencias judiciales.
20. Por tal razón, solicitó negar el amparo, al no evidenciarse los defectos
alegados.
2.4.4. El Tribunal Administrativo del Cauca guardó silencio.
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
21. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el
Acuerdo 080 de 20199 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
22. Previo a abordar el estudio de fondo, la Sala estima necesario delimitar el
alcance de los reproches formulados por la parte accionante, toda vez que,
aunque formalmente se invocaron múltiples causales específicas de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, el examen integral de la
demanda permite advertir que todas ellas parten de una inconformidad común
relacionada con la valoración probatoria efectuada por el Tribunal
Administrativo del Cauca al analizar la acreditación del nexo causal dentro del
proceso de reparación directa.
23. En ese entendido, los defectos: sustantivo, por desconocimiento del
precedente, por violación directa de la Constitución y la alegada imposición de
una tarifa legal probatoria encuentran como núcleo argumentativo la afirmación
según la cual la autoridad judicial accionada restó mérito demostrativo a los
testimonios, fotografías y demás elementos de convicción allegados al
expediente, para concluir que no se encontraba acreditada la relación causal
entre el estado de la vía y el hecho dañino.
24. Particularmente, el denominado defecto sustantivo se construyó a partir de
la inconformidad de los actores con la decisión de negar la imputación pese a
que, según afirman, se encontraban acreditados el bache, la ausencia de
señalización y el accidente. Así las cosas, el reproche no cuestiona realmente la
aplicación de una determinada disposición jurídica, sino la valoración de las
pruebas que condujo a la autoridad accionada a descartar la
responsabilidad patrimonial pretendida.
25. Ahora bien, aunque el cargo por desconocimiento del precedente fue
desarrollado por los accionantes y respaldado mediante la cita de diversas
providencias de esta Corporación relacionadas con accidentes ocasionados por
irregularidades en las vías públicas, la Sala advierte que la inconformidad
planteada no recae propiamente sobre la existencia o desconocimiento de una
regla jurisprudencial autónoma, sino sobre la conclusión probatoria alcanzada por
el Tribunal al estimar insuficientemente acreditado el nexo causal. En otras
palabras, los demandantes consideraron que, de haberse valorado
correctamente las pruebas, la autoridad judicial habría debido aplicar la
línea jurisprudencial invocada en el sentido por ellos propuesto.
26. Igual situación ocurre respecto de la alegada violación directa de la
Constitución y de la supuesta imposición de una tarifa legal probatoria pues
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ambos reproches se edificaron sobre la premisa de que el Tribunal habría exigido
una prueba técnica para acreditar la causalidad; no obstante, tal afirmación surge
de la interpretación que los actores realizan de la valoración probatoria contenida
en la providencia cuestionada y no de la identificación de un problema
constitucional autónomo e independiente.
27. En consecuencia, la Sala considera que los cuestionamientos formulados
pueden ser analizados conjuntamente desde la perspectiva del presunto defecto
fáctico, pues es allí donde realmente se concentra la controversia constitucional
propuesta en la demanda. En cualquier caso, esta Subsección advierte que los
restantes cargos no desaparecen ni son desestimados, pero su prosperidad
depende necesariamente de establecer si la valoración probatoria efectuada por
el Tribunal resultó arbitraria, caprichosa o manifiestamente irrazonable.
28. La anterior metodología atiende los principios de economía procesal,
celeridad y coherencia de la decisión, pues evita la fragmentación artificial de un
debate que, en lo sustancial, gira alrededor de una sola cuestión: determinar si
la autoridad judicial accionada incurrió en un yerro constitucionalmente relevante
al apreciar las pruebas recaudadas dentro del proceso ordinario.
29. Por tal razón, la Sala concentrará el análisis de fondo en el estudio del
presunto defecto fáctico y, dentro de dicho examen, abordará los argumentos
relacionados con el supuesto desconocimiento del precedente, la alegada tarifa
legal probatoria, la violación directa de la Constitución y el pretendido defecto
sustantivo, en cuanto todos ellos se encuentran materialmente vinculados a la
crítica formulada contra la valoración de las pruebas realizada por el Tribunal
Administrativo del Cauca.
3.3. Problema jurídico
30. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo del Cauca, con ocasión de la sentencia
del 4 de diciembre de 202510 que revocó la providencia del 8 de abril de 2019
dictada por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, incurrió en un defecto
fáctico, y si con este, trasgredió los derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y a la seguridad jurídica de la parte
actora.
31. Previo a lo anterior, es necesario establecer si la acción cumple con los
requisitos generales de procedencia.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
32. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por
los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de
2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
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amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
33. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
34. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
35. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que las decisiones objeto de tutela carecen de
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recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.4.1.3 Se observa que la interposición del mecanismo constitucional se dio en
un lapso «razonable y proporcionado», teniendo en cuenta que, la providencia
objeto de reproche constitucional fue proferida el 4 de diciembre de 2025,
notificada el 26 de enero de 2026 y con constancia de ejecutoria del 2 de febrero
de esta anualidad, mientras que la acción de tutela fue presentada el 24 de julio
de esta anualidad, cuando no habían transcurrido seis meses.
3.4.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que
se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad jurídica al
supuestamente incurrir la autoridad judicial accionada en un defecto fáctico, el
cual se encuentra razonadamente fundamentado.
3.4.1.5. Finalmente, no se alega ninguna irregularidad procesal, y no se ataca
una decisión proferida dentro de otra acción de tutela.
36. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
37. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional11 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa12, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa y sin razón valedera
da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende una indebida
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva13, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
38. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser,
de carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al
juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta
11
Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de
1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
12
Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
13
Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»14.
39. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por
el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico en el asunto
bajo examen
40. La Sala anticipa que el defecto fáctico invocado no se configura en el
presente asunto, pues el examen de la providencia cuestionada permite constatar
que el Tribunal Administrativo del Cauca desarrolló una valoración expresa,
individual y conjunta de los distintos medios de convicción incorporados al
expediente.
41. En consecuencia, no se advierte una indebida valoración probatoria, una
tergiversación de los elementos de juicio ni una apreciación contraevidente de su
contenido, sino una conclusión desfavorable15 para la parte demandante respecto
de la acreditación del nexo causal.
42. Por lo demás, la autoridad judicial accionada reconoció expresamente
aquellos aspectos que encontraba acreditados dentro del proceso 16. Así las
cosas, admitió la existencia del daño antijurídico padecido por el señor Alexander
Bedoya Posada y aceptó que sobre la vía existía un hueco que, según algunos
testigos, no se encontraba señalizado, de manera que la controversia jamás giró
en torno a la ocurrencia del daño o a la presencia de una irregularidad física en
la vía pública.
43. De igual manera, la sentencia atacada no desconoció el testimonio del
señor Rafael Cantero Campo17, principal soporte argumentativo de la parte
actora. Por el contrario, lo individualizó, reprodujo su contenido sustancial y le
reconoció expresamente la condición de testigo directo de los hechos.
44. Asimismo, se observa que el Tribunal no descartó arbitrariamente dicho
14
Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
15
Providencia del Tribunal. - “En el presente caso, no se cuenta con el informe de policía sobre el accidente de tránsito,
mismo que no se elaboró porque la autoridad no llegó a la zona. Esto indica ausencia de una prueba técnica y el Tribunal
debe valorar conjuntamente las demás pruebas del proceso “de acuerdo con las reglas de la sana crítica”5. Estima la Sala
que, si bien se acreditó la existencia del hueco en el lugar de los hechos, sin señalización –según relataron los testigos
RAFAEL CANTERO y ESTELA CABICHE-, no está demostrado que ello incidió en forma eficiente y adecuada para la
ocurrencia del hecho dañoso”.
16
Ibidem. - “La Sala encuentra demostrado el daño antijurídico, consistente en las lesiones padecidas por el señor
ALEXÁNDER BEDOYA POSADA, consistente en “Herida en rodilla izquierda, pérdida de tejidos blandos y abrasión de
la rótula", según historia clínica. Según el dicho de la parte demandante, el daño antijurídico ocurrió por la existencia de
un hueco y su ausente señalización en la vía que del corregimiento Siberia conduce al corregimiento Pescador, pues al
tomarlo mientras el señor BEDOYA POSADA conducía su motocicleta, provocó que perdiera el control y colisionara contra
el suelo”. “ […]”.. - “Estima la Sala que, si bien se acreditó la existencia del hueco en el lugar de los hechos, sin señalización
–según relataron los testigos RAFAEL CANTERO y ESTELA CABICHE–, no está demostrado que ello incidió en forma
eficiente y adecuada para la ocurrencia del hecho dañoso”. Negrillas y subrayas de la Sala
17
Ibidem. - “Es cierto que hubo un testigo directo, el señor RAFAEL CANTERO, quien afirmó que el día del accidente iba
detrás de la motocicleta del señor Alexánder Bedoya en otra motocicleta, a unos 5 o 6 metros, y vio que cayó al hueco,
resaltando que iban por el lado derecho de la vía y el hueco fue el causante del accidente, sin que ningún otro factor lo
produjera. Refirió que él lo socorrió, pero no podía moverlo, porque estaba mal su rodilla, luego llegó la ambulancia y se
lo llevaron; no obstante, se sabe también que el día de los hechos hacía buen clima, eran las 9 am, no había llovido,
y que la vía estaba deteriorada, según lo refirieron los testigos, por lo que puede pensarse que había visibilidad
y que por la condición de la vía los conductores debían transitar despacio y con precaución.” Negrillas y subrayas
de la Sala
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elemento probatorio, sino que explicó las razones por las cuales estimó
insuficiente su fuerza demostrativa18 respecto del aspecto central de la
controversia, esto es, la acreditación cierta de la causalidad material del
accidente.
45. En igual sentido, la Corporación accionada valoró las restantes
declaraciones rendidas dentro del proceso y las contrastó con los demás medios
de convicción obrantes en el expediente. En ese entendido, lejos de ignorarlos,
explicó expresamente por qué tales elementos no permitían superar las
incertidumbres advertidas respecto de la dinámica concreta del siniestro19.
46. Así las cosas, la verdadera razón de la decisión no radicó en la inexistencia
de pruebas, ni en su exclusión caprichosa, sino en que aquellas no permitían
demostrar que el hueco existente sobre la vía constituyó la causa eficiente del
accidente20. Dicha conclusión pertenece al ámbito propio de la valoración judicial
y no puede confundirse con una arbitrariedad constitucionalmente relevante.
47. Ahora bien, reviste particular importancia el hecho de que el Tribunal
fundamentó su decisión en una regla jurisprudencial previamente reconocida por
el Consejo de Estado, según la cual la simple demostración de un obstáculo
sobre la vía pública no conduce automáticamente a la declaratoria de
responsabilidad del Estado21.
48. Tampoco asiste razón a los accionantes cuando afirman que la
providencia impuso una tarifa legal probatoria o convirtió la prueba técnica en
requisito indispensable para demostrar la causalidad pues una lectura integral del
fallo permite advertir que el Tribunal jamás estableció semejante exigencia. No
obstante, lo que sí hizo fue advertir que resultaba insuficiente per se lo percibido
18
Ibidem. - “Ahora, el testigo RAFAEL CANTERO iba detrás de la motocicleta del señor ALEXÁNDER BEDOYA, a 5 o 6
metros, y dijo que el accidentado cayó en un hueco grande de un metro o metro y medio de ancho, y que tenía de 8 a 12
o 15 cm de profundidad, llevando una velocidad entre 30 y 35 km/h. Para la Sala, la percepción del testigo arroja unas
condiciones aproximadas de las condiciones en que ocurrió el accidente, lo cual no es suficiente, porque no se
sabe con exactitud las mismas, así como el grado de incidencia de la velocidad o del tamaño y forma del hueco
en el resultado. Al respecto, se echa de menos una prueba técnica que lo establezca.” Negrillas y subrayas de la
Sala
19
“Los demás testigos no presenciaron directamente los hechos, y las fotos arrimadas del hueco y el mal estado de la vía
no suplen la información cuya carencia se advirtió previamente”.
20
“Así las cosas, como no hay prueba que permita evidenciar que la sola existencia del hueco y la falta de señalización
en el lugar, fueron la causa directa y eficiente del accidente, se destruye cualquier imputación fáctica y jurídica en contra
de las entidades demandadas, pues no puede establecerse que las condiciones del lugar fueran la causa eficiente del
daño demandado como se decretó en la decisión de instancia, que será revocada. Además, tampoco existe documento
reglamentario que haga deducir el buen estado del automotor en que se desplazaba el lesionado.”
21
“En atención a lo anterior, la Sección Tercera ha desarrollado un marco jurisprudencial del análisis de responsabilidad
del Estado en eventos de accidentes de tránsito por falta de señalización en la vía. Ha sostenido que el Estado está
obligado a realizar las labores necesarias para cumplir con el sostenimiento de la red vial, de manera que deberá
responder en los siguientes eventos: i) cuando conozca las condiciones naturales del terreno, de las cuales sea previsible
el desprendimiento de materiales de las montañas aledañas a las carreteras y, sin embargo, no adopte las medidas
necesarias para evitar la ocurrencia de tragedias naturales o accidentes de tránsito y ii) cuando incurra en omisión de sus
tareas de conservación y mantenimiento rutinario y periódico de la infraestructura vial, responsabilidad que acarreará
mayor exigencia si se demuestra que los daños u obstáculos permanecieron sobre una carretera durante un tiempo
razonable para actuar, sin que la entidad demandada hubiera efectuado las obras de limpieza, remoción, reparación o
señalización, con miras a restablecer la circulación normal en la vía, evento en el cual se deberán evaluar las condiciones
y circunstancias del caso particular, con el fin de determinar la razonabilidad del tiempo, valoración que será más estricta
si se llega a demostrar que el hecho anormal que presentaba la vía fue puesto en conocimiento de la accionada y que
esta omitió el cumplimiento de sus funciones; no obstante, en este punto cabe advertir que la falta de aviso a la entidad
encargada no la exonera de responsabilidad3. La demostración de la existencia de un obstáculo en una vía (en este
caso un hueco) no es, por sí sola, suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en caso de
producirse un daño por ello, pues esa prueba debe acompañarse de la acreditación del nexo causal entre éste y
la acción u omisión en que pudo haber incurrido la administración en su deber de mantenimiento de la malla
vial.”-Citando como fundamento la providencia de la Sección Tercera, Subsección A, consejera ponente: María Adriana
Marín, diecinueve (19) de marzo dos mil veintiuno (2021), radicación número: 05001-23-31-000 2008-00040-01(48649),
actor: Sol Bibiana Mejía Bermúdez y otros, demandado: Nación - Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, Referencia: acción
de reparación directa.
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por uno de los testigos de los hechos.
49. En ese entendido, la expresión anterior debe leerse en armonía con la
totalidad de la motivación y no de forma aislada, pues de ella no se desprende
que la Corporación hubiese exigido un peritaje como único medio de prueba
admisible, sino que explicó por qué los elementos efectivamente recaudados no
le permitían alcanzar certeza respecto de la incidencia causal del bache en la
producción del accidente.
50. Por lo demás, la providencia revela una motivación amplia y detallada
respecto de las razones que condujeron a revocar la decisión de primera
instancia. El Tribunal identificó los hechos acreditados, los elementos
insuficientemente demostrados y las consecuencias jurídicas derivadas de dicha
valoración22.
51. Visto lo anterior, en realidad, el desacuerdo de los accionantes no se
orienta a demostrar la existencia de una prueba no valorada, tergiversada o
indebidamente apreciada, sino a sostener que el ad quem debió otorgar mayor
fuerza de convicción a los mismos medios probatorios que fueron valorados
dentro del proceso. No obstante, tal planteamiento escapa al ámbito excepcional
de la acción de tutela contra providencias judiciales y pretende reabrir una
discusión propia de la jurisdicción ordinaria.
52. En consecuencia, la Sala concluye que la sentencia cuestionada se edificó
sobre una valoración probatoria integral, razonada y jurídicamente admisible, sin
que se evidencie una omisión de pruebas determinantes, una tergiversación de
su contenido o una inferencia ostensiblemente contraevidente. Por tanto, no se
configura el defecto fáctico alegado, circunstancia que conduce a negar el
amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar el amparo de tutela invocado por los señores Alexander Bedoya
Posada, Claudia Nelly Palta Velasco, Derly Natalia Palta Velasco, Reinaldo
Bedoya Posada y Mauricio Bedoya Posada, quienes actúan en nombre propio,
contra el Tribunal Administrativo del Cauca, de acuerdo con los argumentos
expuestos en la parte motiva de la presente providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
22
“Así las cosas, como no hay prueba que permita evidenciar que la sola existencia del hueco y la falta de señalización
en el lugar, fueron la causa directa y eficiente del accidente, se destruye cualquier imputación fáctica y jurídica en contra
de las entidades demandadas, pues no puede establecerse que las condiciones del lugar fueran la causa eficiente del
daño demandado como se decretó en la decisión de instancia, que será revocada. Además, tampoco existe documento
reglamentario que haga deducir el buen estado del automotor en que se desplazaba el lesionado.”.
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Tercero: En caso de que no sea impugnada, remitir el expediente de la actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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