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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-05828-00

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-05828-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo promovido por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. TERCERO: En caso de no ser impugnada REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-05828-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

10 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05828-00
Accionante: LILIANA MARCELA LOMBANA CABALLERO Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra providencia proferida por Tribunal Administrativo.
Improcedente por carecer de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Antecedentes

1. A través de apoderado judicial, Liliana Marcela Lombana Caballero y en
representación de su hijo Nicolás Martínez Lombana; y José Alejandro Carreño
Lombana, presentaron acción de tutela contra la sentencia de 11 de diciembre de
2025, proferida en sede de segunda instancia, por el Tribunal Administrativo de
Santander, dentro del proceso de reparación directa radicado 68001-33-33-003-
2024-00020-01. En primer lugar, se explican los antecedentes del proceso de
reparación directa y luego, en segundo lugar, los fundamentos del amparo.

Antecedentes del proceso de reparación directa

2. El 5 de abril de 2022, la actora, Liliana Marcela Lombana Caballero transitaba por
el andén de la carrera 28 No. 31-07 de la ciudad de Bucaramanga tropezó con las
abrazaderas metálicas que sobresalen de la tapa de una caja de inspección que
pertenecía a la infraestructura física de distribución de energía eléctrica operada por
la electrificadora de Santander S.A. E.S.P. ESSA. Resultado de la caída, la tutelante
sufrió fractura de la epífisis proximal del húmero derecho con lesión del manguito
rotador que requirió reducción abierta, osteosíntesis, sutura del manguito y
prolongada rehabilitación. Perdió capacidad laboral en 22.30%.

3. Por considerar que el daño antijurídico se originó en un elemento de la
infraestructura del servicio público de energía eléctrica, los tutelantes iniciaron un
proceso de reparación directa contra la ESSA S.A. E.S.P. solicitando la declaratoria
de responsabilidad patrimonial y la indemnización de los perjuicios.

4. En primera instancia, la demanda correspondió al Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga. Se vinculó al proceso, en
llamamiento en garantía a seguros generales suramericana S.A. En sentencia de
15 mayo de 2025, el Juzgado negó las pretensiones. Reconoció acreditado el daño
antijurídico, pero determinó que no existían medios de conocimiento para demostrar
las circunstancias del nexo causal entre las lesiones y las condiciones de la
infraestructura de la ESSA.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05828-00
Accionante: Liliana Marcela Lombana Caballero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

5. Apelada la providencia de primera instancia, en sentencia de 11 de diciembre de
2025, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó integralmente la
providencia. El tribunal descartó expresamente la aplicación del régimen objetivo de
riesgo excepcional propuesta en la demanda y el asunto se resolvió desde la
perspectiva de la falla en el servicio. Sostuvo que el accidente no correspondía a la
materialización de un riesgo técnico propio del servicio eléctrico ni a una situación
derivada del flujo energético —generación, conducción o distribución de energía—
o de su manipulación especializada, y que se trató de un tropiezo en el espacio
público ajeno al núcleo esencial de la actividad misional de la ESSA. La decisión fue
notificada el 19 de enero de 2026.

Fundamento del amparo

6. La parte tutelante sostiene que la decisión de 11 de diciembre de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en defecto sustantivo por falta
de interpretación sistemática de la determinación del régimen de imputación, y
defecto fáctico concurrente con exceso ritual manifiesto por la exclusión y la
indebida valoración de prueba determinante.

7. Respecto del primer defecto indicó que discute que el Tribunal fijó el alcance del
artículo 90 sin efectuar la interpretación sistemática que imponían las demás
disposiciones del régimen, puntualmente, reprochó que no se interpretó el régimen
de imputación a la luz de los artículos 85, 11, 1 y 5, 28 y 4° literal c) de la Ley 143
de 1994 y el reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE), resolución
40117 de 2024 del ministerio de minas y energía, regulación técnica del sector
eléctrico. Reprochó como desconocidos el libro 1, glosario, art. 1.2.1. Igualmente
reprocha que era necesario acudir al artículo 3.20.1 relacionado con el alcance para
redes de distribución y el artículo 3.20.6.3. sobre conductores subterráneos.
Finalmente mencionó el artículo 3.20.8 sobre el mantenimiento del sistema de
distribución. Sostiene que esa normatividad debía llevar al tribunal a concluir que la
actividad de distribución de energía eléctrica es riesgosa. Sostiene que la caja con
la que se produjo el daño, debía ser examinada por el tribunal, como unidad, como
una infraestructura física asociada a la distribución de energía eléctrica. Argumentó:

“La peligrosidad, entonces, no dependía de que la víctima recibiera una
descarga eléctrica ni de que el elemento estuviera energizado en el instante del
accidente. Dependía de que la infraestructura, por la forma como estaba
dispuesta y por la manera como sus abrazaderas sobresalían de la superficie
de tránsito, potenciaba la ocurrencia de un accidente mecánico. El riesgo no era
hipotético ni remoto: estaba incorporado en la configuración física del elemento
y se materializó precisamente en la forma previsible que debía evitarse, esto es,
mediante el tropiezo de una persona que caminaba por el andén.”

8. Argumentó que, el Tribunal erró al identificar el riesgo relevante únicamente con
el flujo energético. La infraestructura física asociada a la actividad eléctrica también
genera riesgos propios: caídas, golpes, atrapamientos, tropiezos o afectaciones
derivadas de elementos de acceso, soporte, cierre o protección. Cuando esos
riesgos provienen de componentes indispensables para operar la red y se proyectan
sobre terceros que no están llamados a soportarlos, se configura la materialización
del riesgo excepcional. La caja de inspección, pese a su apariencia de cosa inerte,
era un medio de la actividad peligrosa y, en las condiciones descritas, representaba

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05828-00
Accionante: Liliana Marcela Lombana Caballero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

un peligro en sí misma, ya que la mala disposición de las abrazaderas denotaba un
gran margen de exposición a causar un accidente.

9. Añadió que, el riesgo materializado fue, además, directo e inherente a la
ejecución y explotación de la actividad principal. No se trató de un riesgo extraño al
servicio, introducido por un tercero o derivado de una circunstancia enteramente
ajena al operador: surgió de un componente de la red eléctrica subterránea, ubicado
en el espacio público precisamente para permitir la inspección y el mantenimiento
del sistema, y administrado por quien tenía la guarda técnica de la infraestructura.
La relación entre la actividad y el daño no desaparece porque el accidente se haya
presentado bajo la forma de un tropiezo: ese tropiezo fue la manera concreta en
que se realizó un riesgo mecánico asociado a la infraestructura eléctrica.

10. Indicó que el yerro del tribunal afectó la decisión, pues si hubiera tenido en
cuenta la normatividad sobre la actividad de energía eléctrica, y de haberse
examinado desde el régimen objetivo, la decisión habría sido necesariamente
distinta, pues la falla del servicio no constituía un presupuesto de responsabilidad
exigible y, además, no se acreditó causa extraña alguna. En cuanto al nexo causal,
las pruebas indebidamente descartadas o no valoradas en conjunto permitían
tenerlo por demostrado, como se explicará al desarrollar el siguiente defecto.

11. Sobre el defecto fáctico concurrente con exceso ritual manifiesto por la exclusión
y la indebida valoración de prueba. Indicó que se excluyó de la valoración probatoria
un video, el cual, debía ser tratado como documento y no como prueba testimonial.
En el mismo sentido indicó que se produjo una inadecuada valoración de los
testimonios de varias personas, y en general una vulneración del principio de
examen integral de todos los medios de prueba.

Trámite del amparo

12. En auto de 27 de julio de 2026, se admitió el amparo contra el Tribunal
Administrativo de Santander y se ordenó la vinculación del Juzgado Tercero (3.°)
Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, la Electrificadora de Santander
S.A. E.S.P., Seguros Generales Suramericana S.A., el Ministerio Público, el señor
Pedro Nel Martínez González y los demás intervinientes dentro del medio de control
de reparación directa radicado núm. 68001-33-33-003-2024-00020-00/01,en
calidad de terceros con interés. Entre otras decisiones.

13. El Tribunal Administrativo de Santander intervino para remitir el enlace del
proceso de reparación directa1.

14. El juzgado tercero administrativo de Bucaramanga2 indicó que la providencia
cuestionada fue proferida respetando el derecho al debido proceso de la parte
actora y en esa medida, estima que la petición de protección debe ser negada.

15. Seguros Generales Suramericana S.A.3 solicitó negar por improcedente el
amparo, porque consideró que la tutela pretende reabrir, como una tercera
instancia, debates jurídicos y probatorios ya resueltos por los jueces naturales —en

1
Índice samai 11.
2
Índice samai 15
3
Índice, samai 14.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05828-00
Accionante: Liliana Marcela Lombana Caballero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

especial, el régimen de imputación, el nexo causal y la valoración de las pruebas—
sin acreditar un defecto constitucional.

CONSIDERACIONES
Competencia

16. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.

Determinación del problema jurídico

17. La Sala, de manera preliminar, debe resolver si la acción de tutela cumple los
presupuestos de procedencia general del escrito de amparo, teniendo en cuenta
que se trata de una acción de tutela contra una providencia judicial proferida
segunda instancia dentro de un proceso de reparación directa relacionada con la
ocurrencia de un daño derivado de la actividad de manejo de energía eléctrica. La
parte tutelante sostiene que se debió aplicar el régimen de imputación objetivo de
riesgo excepcional y acudir a la normatividad que reglamenta la actividad de
comercialización de la energía eléctrica. En caso de concluir que la acción
constitucional es procedente se propondrá un problema jurídico de fondo.

18. Con el fin de resolver el anterior problema jurídico, en primer lugar, se reiterará
el precedente sobre la satisfacción de las causales generales de procedencia de la
acción de tutela contra sentencias judiciales; en segundo lugar, se resolverá el caso
concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

19. Conforme con el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20054, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

20. De manera frecuente, la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar5: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela6, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de

4
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
5
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
6
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05828-00
Accionante: Liliana Marcela Lombana Caballero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional7 o el Consejo de Estado8, ni
una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP9; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable10 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Del requisito de relevancia constitucional

21. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.

22. La Corte Constitucional indicó11 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.

23. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el evento
en que pretende reabrir el debate12, a saber: (i) la discusión debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

7
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
8
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
9
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
10
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
11
Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
12
Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05828-00
Accionante: Liliana Marcela Lombana Caballero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

24. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
transgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia13.

Caso concreto

25. Descendiendo al caso concreto, se estima que el escrito de amparo carece de
relevancia constitucional, puesto que, los argumentos que presenta el escrito de
amparo se relacionan directamente con las discusiones que se estudiaron y se
resolvieron dentro del proceso ordinario surtido en dos instancias, y en esa medida
presentan una discusión de estricto orden legal, con el objetivo que el juez de tutela
se convierta en una tercera instancia del proceso. Además, el escrito de amparo
contiene esencialmente razones de discrepancia de criterio de la parte actora con
un fallo judicial que le fue adverso a sus pretensiones más no un yerro de validez
desde una perspectiva constitucional.

26. En efecto, el escrito de amparo presenta las razones que fueron estudiadas
dentro del proceso ordinario y que estaban contenidas en la demanda y el escrito
de apelación contra la providencia de primera instancia, en esa medida se trata de
una petición de amparo que busca reabrir una discusión resuelta en dos instancias
por el juez de la reparación y lo que se pretende es que el juez constitucional
examine el asunto a la manera de una tercera instancia.

27. Adicionalmente, la discusión sobre la aplicación de la regulación de la
comercialización de la energía eléctrica como totalidad, acudiendo a la Ley 143 de
1994 y a la regulación de la resolución 40117 de 2024 es una discusión de infra
constitucional referida a la calificación de segmentos del comercio de la energía
eléctrica, y que en criterio de la parte actora fueron divididas por el fallo cuestionado.
Se trata, en primer lugar, de una apreciación que contiene una discrepancia
interpretativa de la parte tutelante respecto de un fallo que fue adverso, pero no
representa un defecto de validez de la providencia. Adicionalmente, se tratan de
razones infra constitucionales todas ellas, pues la Carta de 1991, en ninguna de sus
disposiciones prescribe la manera en la que debe examinarse los casos de daños
por la comercialización de energía eléctrica. En efecto, la Corte Constitucional14 ha
indicado que el artículo 90 la Constitución de 1991 no prevé un título de imputación
especial, y en esa medida, la elección del juez de la reparación de uno de ellos, o
la manera de abordar los hechos, son desarrollos del juez natural de la reparación,
y en consecuencia una discusión legal, si alcance constitucional.

28. El cargo por el supuesto defecto sustantivo carece de relevancia constitucional
pues presenta una discusión legal, como discrepancia de criterio con un fallo que
fue adverso, y que en últimas pretende que el juez constitucional examine como

13
Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.
14
Corte Constitucional SU-018 de 2024

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05828-00
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tercera instancia, los hechos que fueron estudiados por el juez natural de la
reparación en dos instancias.

29. Respecto del defecto fáctico negativo en concurrencia por exceso ritual,
presenta las mismas características. A juicio de esta sala, se trata de una
discrepancia de criterio que pretende obtener una instancia adicional al proceso de
reparación directa. En el escrito, respecto al cargo por el supuesto defecto fáctico,
la parte actora sostiene que, un video que dio cuenta del daño fue tratado como un
testimonio, cuando, en criterio del tutelante, debía ser tratado como un documento.
Indicó que, de manera oficiosa, y reemplazando la carga procesal que correspondía
a la parte accionada, descartó valorar el medio de prueba. Recordó que conforme
la jurisprudencia de la sección quinta del consejo de Estado “las fotografías, audios
y video grabaciones en formatos que permitan su reproducción constituyen
documentos en los términos del artículo 243 del Código General del Proceso”.
Asimismo, indicó de manera genérica que, la sentencia no realizó una valoración
conjunta de los medios de prueba y presenta una interpretación alternativa de los
testimonios contenidos en el expediente.

30. A juicio de la sala, este defecto fáctico plantea una discrepancia de criterio en la
valoración de las pruebas que, en el caso del Tribunal Administrativo de Santander
llevaban a la confirmación de la sentencia de primera instancia, pero a juicio del
tutelante, en su personal interpretación debía llevar a la revocatoria y condena de la
entidad accionada. A juicio de la sala, el defecto fáctico es un reclamo que muestra
una diferencia de criterio y una valoración alternativa a los medios de prueba. Se
trata de las críticas a la corrección del fallo, que buscan, se insiste, usar la acción
de tutela como si fuera un recurso de apelación adicional, sin mostrar un defecto de
validez desde una perspectiva constitucional.

31. En el escrito de apelación15, el cargo contra la sentencia de primera instancia
versó sobre la decisión del juzgado de desestimar el video del vigilante, los
testimonios de personas que auxiliaron a la víctima y las fotografías del estado de
la tapa de inspección, pese a que dichos elementos como documentos
audiovisuales auténticos debieron ser valorados integralmente bajo las reglas de la
sana crítica. Sostiene que el despacho desconoció los artículos 118, 222, 243 y 244
del CGP al exigir requisitos de ratificación que no correspondían y que generaron
una afectación al equilibrio probatorio, omitiendo además contrastar las imágenes
aportadas con el estado actual de la infraestructura, que ya había sido modificada
después del accidente. Ello fue objeto de la sentencia de segunda instancia, y la
providencia si valoró dichos documentos. En punto al nexo de causalidad entre el
daño y la acción y omisión estatal, la providencia judicial cuestionada concluyó:

“La parte actora afirma que el tropiezo se produjo por la manija sobresaliente
de una tapa de inspección perteneciente a la ESSA. No obstante, el material
probatorio no permite establecer con certeza cuál era el estado real de dicha
tapa en la fecha del accidente. Las declaraciones extra-juicio no provienen de
testigos presenciales del tropiezo; reproducen la versión de la víctima, pero no
aportan observación directa sobre la causa física del impacto. Las fotografías

15
Expediente digital No. 0074. Indice samai.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05828-00
Accionante: Liliana Marcela Lombana Caballero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

allegadas carecen de acreditación temporal verificable, y no se ha demostrado
que correspondan al estado del punto el día de los hechos. El video, aunque
ilustrativo, tiene un contenido declarativo y no cumple las exigencias de
contradicción del testimonio formal.

Igualmente, el informe técnico rendido por los funcionarios de la ESSA revela
que la caja había sido modificada por terceros con posterioridad a la fecha del
accidente, lo que impidió constatar el estado original de las manijas. El
funcionario que declaró en sede judicial indicó que no podía afirmar cómo se
encontraba la infraestructura el día exacto del incidente y que el andén
presentaba otras irregularidades que también podrían generar tropiezos.

Con este panorama, no existe prueba suficiente que demuestre que la tapa de
inspección presentaba una condición anómala o peligrosa atribuible a la
entidad, ni que la ESSA hubiera omitido deberes de mantenimiento, vigilancia o
corrección de riesgos advertibles. La carga probatoria, conforme al artículo 167
del Código General del Proceso, recaía en la parte demandante, quien debía
acreditar la existencia de la falla. Tal exigencia no fue satisfecha”

32. Esta Sala concluye que la acción de tutela pretender reabrir una discusión
probatoria surtida en sede del juez natural de la reparación, y en esa medida, se
busca obtener una instancia adicional al proceso judicial ordinario, lo cual
desnaturaliza el alcance del medio constitucional, razón por la cual se impone
declarar su improcedencia. Por lo anterior, se concluye que la acción de tutela
carece de relevancia constitucional y por tanto se declarará improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo promovido por las razones
expuestas en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.

TERCERO: En caso de no ser impugnada REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05828-00
Accionante: Liliana Marcela Lombana Caballero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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