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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05831-00

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05831-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR configurado el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la pretensión dirigida a que el Tribunal Administrativo de Córdoba resolviera la manifestación de impedimento formulada, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la acción de tutela. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Radicación: 11001-03-15-000-2026-05831-00 Accionante: Ender De Jesús Hoyos Mezquida TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Si no se impugna esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05831-00

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05831-00
Demandante: ENDER DE JESÚS HOYOS MEZQUIDA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR MORA JUDICIAL – Carencia actual de objeto
por hecho superado / Sistema de turnos / Orden cronológico para proferir decisiones
/ Alteración excepcional del turno / Ausencia de prueba sobre sujeto de especial
protección, perjuicio irremediable o circunstancia grave que justifique ordenar
sentencia inmediata.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. Se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la
pretensión dirigida a que el Tribunal Administrativo de Córdoba resolviera la
manifestación de impedimento. Durante el trámite de tutela, la Sala Primera de
Decisión profirió auto del 31 de julio de 2026, notificado el 5 de agosto siguiente, en
el que se abstuvo de resolver el impedimento y ordenó devolver el expediente al
Despacho 04 para que continuara el trámite del recurso de apelación.

2. Se negará el amparo respecto de la pretensión de proferir sentencia de segunda
instancia. El expediente se encuentra pendiente de devolución al Despacho 04, de
modo que no puede atribuirse mora judicial injustificada al despacho competente
para decidir la alzada. Además, no se acreditó una situación personal, médica,
familiar o económica grave, ni otra causal legal o constitucional que justifique
ordenar una prelación o alterar el turno de decisión.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda.

3. El señor Ender de Jesús Hoyos Mezquida, por conducto de apoderado judicial,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Córdoba, por la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso sin dilaciones
injustificadas, acceso a la administración de justicia y plazo razonable1. Señaló que
hay mora judicial en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 23001-33-33-004-2020-00237-01, promovido por el accionante contra
la E.S.E. Camu de Purísima.

1 Índice 002 de Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05831-00
Accionante: Ender De Jesús Hoyos Mezquida

2.2. Hechos relevantes

4. En sentencia del 9 de abril de 2024, el Juzgado Cuarto Administrativo de Montería
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda promovida por el señor
Ender de Jesús Hoyos Mezquida contra la E.S.E. Camu de Purísima. La parte
demandante presentó recurso de apelación.

5. El 4 de diciembre de 2024 se registró en SAMAI la actuación “manifestación de
impedimento” y que el 18 de diciembre de 2024 el expediente pasó al despacho
para resolver ese trámite. Señaló que desde esa fecha y hasta la presentación de
la tutela el proceso permaneció inactivo, sin que se resolviera el impedimento ni se
adoptara una decisión que permitiera continuar con el recurso de apelación.

6. Presentó solicitudes de impulso procesal para que se resolviera el impedimento
y se continuara con la segunda instancia. La falta de resolución de este impedimento
paralizó injustificadamente el proceso ordinario y le impidió obtener una sentencia
de segunda instancia dentro de un plazo razonable.

2.3. Pretensiones

7. El accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y plazo razonable. En consecuencia, ordenar
al Tribunal Administrativo de Córdoba que, dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo, resolviera la manifestación de impedimento o adoptara la
decisión correspondiente, impulsara de fondo el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y profiriera sentencia de segunda instancia.

2.4. Fundamento de la demanda

8. El accionante sostuvo que la mora judicial se configura cuando se incumplen los
términos legales para adelantar una actuación, no existe una justificación objetiva
de la demora y la tardanza es imputable a la autoridad judicial. En este caso, el
expediente permaneció varios meses al despacho para resolver un impedimento,
sin que se comunicara a las partes una razón sobre la paralización del trámite.

2.5. Trámite impartido e intervenciones

9. En auto del 27 de julio de 2026 se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar
a los magistrados que conforman el Tribunal Administrativo de Córdoba. Se vinculó
en calidad de tercero con interés legítimo a la E.S.E. Camu de Purísima2.

10. El magistrado Pedro Olivella Solano, del Tribunal Administrativo de Córdoba,
informó que la inactividad del proceso obedeció al trámite del impedimento
manifestado por la doctora María Bernarda Martínez Cruz, quien indicó que había
suscrito la sentencia de primera instancia como Juez Cuarta Administrativa de
Montería. La resolución de esa actuación se vio afectada por la alta carga procesal
del Despacho 01, al que correspondía resolver el impedimento, y que tenía a su
cargo un número significativo de apelaciones e impedimentos pendientes3.

2 Índice 004 de Samai.
3 Índice 009 de Samai. “11RECIBEPRUEBAS_InformeTutela2026058(.pdf)”.

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Accionante: Ender De Jesús Hoyos Mezquida

11. Por último, informó que en auto del 31 de julio de 2026 la Sala Primera de
Decisión se abstuvo de resolver el impedimento, porque la doctora María Bernarda
Martínez Cruz dejó de ser titular del Despacho 04 desde el 16 de julio de 2026. En
consecuencia, se ordenó devolver el expediente a ese despacho para que su nuevo
titular continuara el trámite del recurso de apelación.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

12. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de tutela de primera instancia dentro de la acción de tutela
de la referencia, en virtud de lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de
1991, en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 20194.

3.2. Problema Jurídico

13. Corresponde a la Sala determinar si se configuró carencia actual de objeto por
hecho superado respecto de la pretensión dirigida a que el Tribunal Administrativo
de Córdoba resolviera la manifestación de impedimento formulada dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
23001333300420200023701.

14. También deberá establecer si procede ordenar al Tribunal Administrativo de
Córdoba que profiera sentencia de segunda instancia, o si esa pretensión debe
negarse porque no se acreditó una mora judicial injustificada ni una causal legal o
constitucional que permita alterar el sistema de turnos.

3.3. Configuración de carencia actual de objeto por hecho superado:

15. La Corte Constitucional5 establece que el fenómeno de carencia actual de objeto
puede presentarse en los siguientes supuestos: (i) el hecho superado, que ocurre
cuando la vulneración o amenaza cesa debido a que el accionado, voluntariamente
y sin requerir una orden del juez constitucional, satisface plenamente la pretensión
del actor; (ii) el daño consumado, que se presenta cuando la transgresión al derecho
fundamental se materializa de tal forma que produce el perjuicio que se buscaba
evitar mediante el amparo; y (iii) la situación sobreviniente, aplicable a aquellos
escenarios que no encajan en las hipótesis anteriores, pero donde cualquier orden
emitida por el juez constitucional carecería de efecto práctico.

3.4. Mora judicial, plazo razonable y alteración del sistema de turnos

16. En la Sentencia SU179-21, la Corte constitucional define la mora judicial como
un «fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo
del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se presenta como
resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad
humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los
procesos»6.

4
Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.
5
Ver, entre otras, las siguientes providencias: (i) sentencia SU-225 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada, y (ii) sentencia T-149
de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
6 Corte Constitucional. Sentencia SU179-21. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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17. La Corte concluyó que la mora judicial se presenta cuando los operadores
judiciales omiten proferir las decisiones a su cargo dentro de los términos previstos
en la ley7.

18. La Corte consideró que, frente a la tardanza por parte de los jueces en el
cumplimiento de los términos judiciales, se ha determinado que es posible promover
acción de tutela para reclamar la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, debido a que estos
pueden resultar afectados por dicha omisión judicial y en estos eventos,
corresponde al juez constitucional determinar si se trata de un caso de mora judicial
justificada o injustificada, la que en cada caso se deberá valorar, pues no toda
dilación en proferir una decisión judicial genera una mora judicial ni vulnera
derechos fundamentales8.

19. Expone que se configura la mora judicial injustificada o indebida, siempre y
cuando se cumplan los siguientes presupuestos:

“(i) se presenta un incumplimiento de los plazos señalados en la ley para adelantar
alguna actuación judicial;
(ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la
congestión judicial o el volumen de trabajo; y
(iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por
parte de la autoridad judicial”9.

20. El artículo 63A de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 26 de la Ley
2430 de 2024, dispone que los despachos judiciales deben tramitar y fallar los
procesos sometidos a su conocimiento con sujeción al orden cronológico de turnos.

21. La misma disposición prevé hipótesis excepcionales de trámite y fallo
preferente, entre ellas razones de seguridad nacional, afectación grave del
patrimonio nacional, graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa
humanidad, especial trascendencia económica o social, hechos de corrupción de
servidores públicos y decisiones que conciernan a niños, niñas y adolescentes10.

3.5. Caso concreto

22. El Tribunal Administrativo de Córdoba acreditó que, en el auto del 31 de julio de
2026, la Sala Primera de Decisión se abstuvo de resolver la manifestación de
impedimento formulada por la doctora María Bernarda Martínez Cruz, porque dejó
de ser titular del Despacho 04 desde el 16 de julio de 2026. En consecuencia,
ordenó devolver el expediente a ese despacho para que su nuevo titular continuara
el trámite del recurso de apelación.

23. Según se observa en SAMAI, esa decisión se notificó el 5 de agosto de 2026 11
y el expediente se encuentra pendiente de devolución al Despacho 04. Por tanto, la
actuación que originó la presunta paralización del proceso se decidió durante el

7 Ibidem.
8 Ibidem.
9
En la Sentencia SU179-21, se cita: Corte Constitucional, sentencias T-1249 de 2004, T-297 de 2006, T-230 de 2013, T-441
de 2015, SU-333 de 2020, SU-453 de 2020.
10 Ley 270 de 1996, artículo 63A, “Del orden y prelación de turnos”, modificado por el artículo 26 de la Ley Estatutaria 2430

de 2024.
11 Índice 016 de Samai. Expediente 23001-33-33-004-2020-00237-01.

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trámite constitucional, aunque resta cumplir la devolución del expediente al
despacho competente.

24. En esas condiciones, respecto de la pretensión dirigida a que se resolviera la
manifestación de impedimento, se configura la carencia actual de objeto por hecho
superado. La autoridad judicial adoptó la decisión correspondiente y ordenó
devolver el expediente para que continúe el trámite de la apelación.

25. Distinta es la pretensión encaminada a que se profiera sentencia inmediata de
segunda instancia. Esa solicitud no puede prosperar, porque el despacho
competente para continuar el trámite de la alzada aún no ha recibido nuevamente
el expediente. Por ello, no es posible atribuirle mora judicial injustificada en la
emisión de la sentencia.

26. La actuación pendiente no corresponde a la resolución del impedimento, sino a
la devolución efectiva del expediente al Despacho 04 y al trámite ordinario del
recurso de apelación. En ese escenario, la intervención del juez constitucional para
ordenar sentencia inmediata resultaría prematura.

27. Tampoco se acreditó una causal legal o constitucional que permita alterar el
sistema de turnos. Aunque el proceso ordinario tiene naturaleza laboral y en primera
instancia se reconoció una relación laboral entre el accionante y la E.S.E. Camu de
Purísima, esa circunstancia no demuestra, por sí sola, una situación de debilidad
manifiesta, perjuicio irremediable o afectación actual de un derecho fundamental
que justifique desplazar el orden ordinario de decisión.

28. En el expediente no obra prueba de enfermedad grave, discapacidad, afectación
actual del mínimo vital, condición de adulto mayor, dependencia económica extrema
u otra circunstancia de especial protección que haga indispensable ordenar una
prelación.

29. Por tanto, la Sala no advierte una mora judicial injustificada que habilite ordenar
la emisión inmediata de la sentencia de segunda instancia. La actuación que
mantenía detenido el proceso se decidió en el auto del 31 de julio de 2026, notificado
el 5 de agosto siguiente, y el expediente se encuentra pendiente de devolución al
despacho competente. En consecuencia, se negará el amparo frente a esta
pretensión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR configurado el fenómeno de carencia actual de objeto por
hecho superado respecto de la pretensión dirigida a que el Tribunal Administrativo
de Córdoba resolviera la manifestación de impedimento formulada, por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la acción de tutela.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05831-00
Accionante: Ender De Jesús Hoyos Mezquida

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no se impugna esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
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