Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05841-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05841-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05841-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05841-00
Demandante: Diana Patricia Estupiñán como agente oficioso de Amparo
Estupiñán Hurtado
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia -
Falta de legitimación en la causa por activa – agencia oficiosa en materia de tutela
Surtido el trámite de ley, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo
constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 25 de julio del año en curso, la señora Diana Patricia Estupiñán, actuando como
agente oficioso de su progenitora Amparo Estupiñán Hurtado, presentó demanda de
tutela en busca de que se dejara sin efectos el auto del 2 de julio de 2026, proferido
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el marco del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho1 incoado por la agenciada en contra del Distrito
Especial de Santiago de Cali.
2. El referido medio de control se inició con el propósito de obtener la declaratoria de
nulidad del acta de la audiencia pública celebrada 6 de junio de 2022, mediante la
cual se declaró responsable a la señora Amparo Estupiñán Hurtado por una
infracción urbanística, se le impuso una multa y se ordenó la demolición de una obra,
así como de la resolución del 21 de mayo de 2025, por medio de la cual se resolvió
el recurso de apelación interpuesto contra dicha decisión.
3. A través de tal proveído, la autoridad accionada confirmó el auto del 4 de febrero
de 2026, por medio del cual el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de
Cali rechazó la demanda por haber operado la caducidad del medio de control. El
Tribunal señaló que el acto acusado fue notificado el 25 de mayo de 2025 a las
1 Con radicado número 76001-33-33-007-2025-00290-01.
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Demandante: Diana Patricia Estupiñán como agente oficioso de Amparo Estupiñán Hurtado
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
direcciones electrónicas que suministró la señora Amparo Estupiñán Hurtado y sus
apoderados durante el trámite del proceso policivo. Por lo tanto, consideró que a
partir de ese momento debía contabilizarse el término de la caducidad.
4. En ese orden, concluyó que término para acudir a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo comenzó a correr al día siguiente en que se notificó a través de medios
electrónicos el acto cuestionado a la demandante, esto es, el 27 de mayo de 2025,
y feneció el 27 de septiembre del mismo año. Sin embargo, la parte actora presentó
la solicitud de conciliación extrajudicial y la demanda el 17 de octubre de 2025.
5. Como fundamento de la presente acción, Diana Patricia Estupiñán sostuvo que la
autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia de la señora Amparo Estupiñán Hurtado, toda
vez que incurrió en los siguientes yerros:
6. Defecto sustantivo, por aplicar de manera parcial el artículo 56 del CPACA,
modificado por el artículo 10 de la Ley 2080 de 2021. Explicó que dicha disposición
permite la notificación por medios electrónicos cuando el administrado haya
aceptado expresamente este mecanismo y establece que la notificación se entiende
surtida una vez el interesado accede al acto administrativo, circunstancia que debe
ser certificada por la administración.
7. Indicó que si bien el Tribunal reconoció dicha regla, le restó eficacia al concluir que
el simple envío del acto administrativo a las direcciones electrónicas previamente
suministradas por la interesada era suficiente para tener por surtida la notificación. A
su juicio, la entrega o remisión del mensaje no equivale, por sí sola, a la prueba del
acceso al acto administrativo exigida por la norma.
8. Agregó que el Consejo de Estado ha precisado que la notificación constituye un
presupuesto para que el destinatario conozca la decisión y para que esta produzca
efectos jurídicos frente a él.
9. Adujo que el juzgador tampoco individualizó la pieza del expediente que diera
cuenta de la aceptación expresa de la señora Amparo Estupiñán Hurtado para ser
notificada electrónicamente del acto administrativo definitivo. Según expuso, el
suministro de una dirección electrónica para recibir comunicaciones durante el
trámite administrativo no eximía a la administración de acreditar los presupuestos
legales necesarios para la eficacia de la notificación electrónica.
10. Defecto fáctico, al tener por acreditada la notificación por medios electrónicos a
partir de la afirmación según la cual el acto administrativo demandado fue enviado el
26 de mayo de 2025 y de la constancia de ejecutoria, sin verificar la existencia de un
elemento que demostrara el acceso efectivo de la destinataria a dicho acto, como la
constancia técnica de acceso, recibo, apertura, descarga o cualquier otro medio
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Demandante: Diana Patricia Estupiñán como agente oficioso de Amparo Estupiñán Hurtado
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equivalente que permitiera acreditar el conocimiento efectivo de la decisión
administrativa por parte de la señora Amparo Estupiñán Hurtado.
11. Defecto procedimental: al convalidar la notificación electrónica, sin que se
acreditaran los presupuestos necesarios para otorgarle eficacia. Arguyó que el
fallador trasladó a la demandante la carga de desvirtuar una actuación cuya
regularidad debía demostrar la administración.
12. Para acreditar su calidad de agente oficiosa, manifestó -bajo la gravedad de
juramento- que la señora Amparo Estupiñán Hurtado es una persona adulta mayor
y, por tanto, sujeto de especial protección constitucional. Añadió que no se encuentra
en condiciones físicas y emocionales adecuadas para asumir directamente la
defensa de sus derechos, debido al agobio y afectación que le generan la sanción
económica que le fue impuesta y la orden de demolición objeto de la actuación
administrativa.
B. Trámite procesal
13. Mediante auto del 29 de julio de 2026, se dispuso admitir la demanda, notificar de
su presentación al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, comunicar la decisión
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como requerir al Juzgado
Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Cali para que remitiera copia digital del
expediente con radicado número 76001-33-33-007-2025-00290-00/01.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Caso concreto
14. Esta Subsección declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no
satisfacer el requisito general de legitimación en la causa por activa.
15. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona -bien sea por sí
misma o a través de un representante- para reclamar la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad y, excepcionalmente, de
los particulares.
16. En consonancia con dicho mandato, el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991
prevé la posibilidad de que un tercero promueva el mecanismo de amparo en calidad
de agente oficioso, siempre que el titular de los derechos cuya protección se reclama
no esté en condiciones de promover su propia defensa.
17. La Corte Constitucional ha puntualizado que la figura de la agencia oficiosa se
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Demandante: Diana Patricia Estupiñán como agente oficioso de Amparo Estupiñán Hurtado
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habilita siempre que: (i) se identifique el titular de los derechos que se invocan; (ii)
se manifieste de forma expresa que se actúa en tal calidad y; (iii) se acredite que el
agenciado se encuentra imposibilitado para promover por sí mismo la defensa de
sus derechos2.
18. En el caso bajo estudio, si bien la señora Diana Patricia Estupiñán manifestó
expresamente que actuaba en calidad de agente oficiosa de su mamá, Amparo
Estupiñán Hurtado, no acreditó que esta última se encontrara materialmente
imposibilitada para acudir directamente al juez de tutela a reclamar la protección de
sus derechos fundamentales.
19. Para acreditar su legitimación, sostuvo que su progenitora era un adulto mayor,
que no se encontraba en condiciones físicas y emocionales adecuadas para asumir
directamente la defensa de sus derechos, debido al agobio y afectación que le
generan la sanción económica que le fue impuesta y la orden de demolición objeto
de la actuación administrativa cuestionada en el proceso judicial en el que se profirió
la providencia objeto de esta acción.
20. Como soporte de sus afirmaciones, se allegó copia del documento de identidad
de la señora Amparo Estupiñán Hurtado, que acredita que en la actualidad tiene 75
años, pero no aportó ningún otro elemento que dé cuenta de la existencia de una
circunstancia física, psicológica, cognitiva o de cualquier otra índole, permanente o
transitoria, que le impidiera promover directamente la acción constitucional.
21. La Sala no desconoce que, en razón a su edad, la señora Amparo Estupiñán
Hurtado ostenta la condición de sujeto de especial protección constitucional. No
obstante, tal circunstancia no determina, por sí sola, la imposibilidad de ejercer
directamente sus derechos ni habilita de manera automática a un tercero para actuar
en su nombre. La especial protección constitucional que se deriva de la edad impone
al juez un deber reforzado de garantía, pero no permite asumir, sin elementos
adicionales, la falta de capacidad material del adulto mayor para acudir directamente
a la administración de justicia.
22. En efecto, aunque la jurisprudencia constitucional3 ha admitido la figura de la
agencia oficiosa en asuntos en los que el titular de los derechos es una persona de
la tercera edad, su procedencia no se ha derivado automáticamente de dicha
condición. El análisis ha atendido a las circunstancias particulares del caso, en el
que, además de la edad, han concurrido condiciones de vulnerabilidad, debilidad
manifiesta o imposibilidad material que justifican que un tercero asuma la defensa de
sus derechos.
2 Al respecto, ver sentencias T-940 de 2009, T-025 de 2015, T-471 de 2018, T-003 de 2022, T-415 de 2025 y T-
046 de 2026.
3 Al respecto, ver sentencias T-183, T-299 y T-451 de 2021 y T-125 de 2026, así como el auto A2061 de 2023,
entre otros.
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Demandante: Diana Patricia Estupiñán como agente oficioso de Amparo Estupiñán Hurtado
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
23. Como ya se anotó, la señora Diana Patricia Estupiñán se limitó a señalar que su
mamá no se encontraba en condiciones físicas y emocionales adecuadas para
asumir directamente la defensa de sus derechos, en virtud del agobio y la afectación
producto de la sanción económica y la orden de demolición que le fueron impuestas.
Sin embargo, dicha afirmación no estuvo acompañada de elementos de juicio que
permitieran establecer que tales circunstancias hubieran generado una imposibilidad
real y actual para acudir directamente ante el juez constitucional.
24.Tampoco se alegó ni se probó la existencia de una enfermedad, discapacidad,
circunstancia de salud o condición sobreviniente que, de manera permanente o
transitoria, le imposibilite materialmente promover la acción de tutela por sí misma.
25. Lo anterior, cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que durante el año
anterior la agenciada tramitó por su cuenta dos acciones judiciales relacionadas con
la controversia que ahora se somete al conocimiento de este juez constitucional. Por
un lado, promovió una acción de tutela contra la actuación administrativa que
posteriormente fue controvertida mediante el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y, por otro, instauró este último proceso, y -en ambos
asuntos- designó a un apoderado para que ejerciera su representación.
26. Dichas actuaciones permiten inferir que, al menos para ese entonces, la señora
Amparo Estupiñán Hurtado se encontraba en condiciones de gestionar la defensa de
sus intereses, a tal punto que otorgó mandato a un profesional del derecho para que
la representara.
27. De esta manera, para actuar en nombre de aquella en calidad de agente oficioso,
no bastaba con invocar su edad, ni la sola afirmación de una afectación emocional
producto de la decisión administrativa, sino que se requería demostrar que con
posterioridad sobrevino una circunstancia que le impidió materialmente reclamar por
sí misma la protección de sus derechos fundamentales, lo que se echa de menos en
esta oportunidad.
28. En consecuencia, la Sala concluye que la señora Diana Patricia Estupiñán carece
de legitimación en la causa por activa para agenciar los derechos de la señora
Amparo Estupiñán Hurtado, en tanto no acreditó que esta última se encuentre
imposibilitada para ejercer su defensa.
29. Aún en gracia de discusión, se advierte que la solicitud de amparo también
deviene improcedente por no cumplir con el requisito general de relevancia
constitucional, toda vez que su objeto es emplear la acción de tutela como una
instancia adicional al proceso ordinario, con el fin de reabrir una discusión que ya fue
zanjada de forma razonable por el juez natural de la causa.
30. Tanto en el escrito de tutela como en el recurso de apelación interpuesto contra
el auto que rechazó la demanda por caducidad, se cuestionó que se tomara como
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Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
punto de partida para el conteo de dicho término la notificación electrónica de la
resolución del 21 de mayo de 2025, bajo el argumento de que no se encontraba
acreditado que la destinataria hubiera accedido efectivamente al mensaje ni que
hubiera autorizado la utilización de ese mecanismo para efectos de notificar dicho
acto.
31. Al desatar el recurso de alzada, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
examinó el material probatorio obrante en el expediente y consideró que este
resultaba suficiente para tener por acreditada la notificación electrónica de la
decisión.
32. Expuso que durante el trámite del procedimiento sancionatorio, la señora Amparo
Estupiñán Hurtado había suministrado en distintas oportunidades la dirección
electrónica aracely574@hotmail.com para recibir comunicaciones y que los
abogados que la representaban habían informado las direcciones
sandratorogomez@gmail.com y garzontaquez2@hotmail.com. Advirtió, además,
que la administración había utilizado esas mismas direcciones para responder
peticiones y comunicar distintas actuaciones surtidas dentro del procedimiento
administrativo.
33. A su vez, destacó que en el expediente administrativo obraba constancia de que
el acto demandado había sido remitido el 26 de mayo de 2025 a las referidas
direcciones electrónicas. A ello agregó que la constancia de ejecutoria daba cuenta
de que, en esa misma fecha, la decisión había sido notificada por correo electrónico
a la señora Amparo Estupiñán Hurtado y a sus apoderados.
34. A partir de tales elementos, el fallador consideró que no obraba prueba que
desvirtuara esa actuación, ni que permitiera concluir que la administración hubiera
remitido la decisión a direcciones electrónicas distintas de aquellas que habían sido
proporcionadas por la demandante y sus representantes durante el trámite
sancionatorio.
35. Estimó que la posterior notificación por aviso no podía ser tenida en cuenta para
el inicio del cómputo de la caducidad. Lo anterior, en la medida en que tanto la
citación para comparecer a la notificación personal o autorizar la notificación
electrónica como la posterior notificación por aviso estuvieron dirigidas a la señora
Amanda Estupiñán Hurtado, quien también figuraba como destinataria de la decisión
administrativa, pero no a la señora Amparo Estupiñán Hurtado, demandante en el
proceso contencioso-administrativo.
36. A juicio del Tribunal, esa circunstancia se encontraba corroborada por la
constancia de ejecutoria, en la cual se diferenciaba expresamente la notificación
electrónica practicada a la señora Amparo Estupiñán Hurtado y a sus apoderados de
la notificación por aviso surtida respecto de la señora Amanda Estupiñán Hurtado.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05841-00
Demandante: Diana Patricia Estupiñán como agente oficioso de Amparo Estupiñán Hurtado
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37. En ese orden, la autoridad accionada concluyó que el término para ejercer la
acción empezó a transcurrir al día siguiente de la notificación del acto cuestionado,
esto es, el 27 de mayo de 2025, por lo que vencía el 27 de septiembre siguiente. No
obstante, constató que la parte accionante radicó la solicitud de conciliación
extrajudicial y la demanda el 17 de octubre de esa misma anualidad.
38. Bajo ese escenario, se desprende que los argumentos sobre los cuales se
edificaron los yerros endilgados a la providencia objetada no constituyen más que
una reiteración de los planteamientos que fueron expuestos en el proceso ordinario,
los cuales, además, fueron objeto de estudio y desestimados por el juez de la causa,
bajo un ejercicio interpretativo que no se muestra arbitrario o manifiestamente
irracional, sino, por el contrario, razonable y coherente de cara al material probatorio
obrante en el expediente.
39. Pese a ello, la parte actora insiste en prolongar el debate sobre la oportunidad del
medio de control con fundamento en los mismos cuestionamientos propuestos en el
proceso ordinario, con la finalidad de que se adopte una conclusión distinta acerca
de la fecha en que debía empezar a contabilizarse el término de la caducidad, sin
exponer razones claras y suficientes que permitan evidenciar la necesidad de
intervención del juez constitucional.
40. Por lo expuesto en precedencia, la Sala declarará la improcedencia del amparo
constitucional.
41. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05841-00
Demandante: Diana Patricia Estupiñán como agente oficioso de Amparo Estupiñán Hurtado
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE4
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
4 VF
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