Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05859-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05859-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05859-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05859-00
Accionante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Tema: Derechos al debido proceso, igualdad y educación, entre otros.
DECLARA IMPROCEDENTE.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Jesús Gabriel Martínez
Álvarez, en nombre propio, en contra del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
de Tunja y del Tribunal Administrativo de Boyacá.
ANTECEDENTES
El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al trabajo, a la
honra, al buen nombre, a la profesión, a la buena fe, a la igualdad, a la educación,
al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad humana, a la intimidad, a la
personalidad jurídica y de petición, que considera vulnerados por las autoridades
judiciales citadas.
HECHOS
Del confuso escrito de tutela se entiende, lo siguiente:
Que el 3 de febrero de 2025, presentó tutela, de manera verbal, ante el Juzgado
Sexto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja y el 4 de igual mes y año el
despacho recibió en audiencia su declaración, de la cual se estableció que su
pretensión se encaminaba a obtener la prestación de un servicio de salud adecuado,
confiable y con garantías por parte del Hospital San Rafael de Tunja.
Dentro de los hechos vulneradores de derechos, dijo que le pidió al Hospital San
Rafael, específicamente a la Dirección General de Salud del Departamento de
Boyacá, que expidiera copia de la historia clínica; sin embargo, «la Escuela Superior
de Administración Pública (ESAP) y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia (UPTC) le contestaron que no tenían dicha información.»
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Que el 14 de febrero de 2025, el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad del
Circuito de Tunja declaró improcedente la tutela y el 13 de marzo de ese año el
Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la decisión de primera instancia.
Que el 4 de julio de 2025, le pidió al Juzgado copia íntegra del expediente del
proceso de tutela radicado 15001-33-33-006-2025-00014-00 y, ese mismo día el
despacho le remitió un link donde podía consultar el proceso.
Que el 12 de enero de 2026, le solicitó al Juzgado la misma información que había
pedido el 4 de julio de 2025 y el 20 de enero de 2026 el despacho le remitió un
enlace con parte del expediente.
Que el 20 de enero de 2026, le indicó al Juzgado que dentro de los documentos
compartidos no estaba la audiencia que él estaba pidiendo, la autoridad judicial
accionada le contestó que esa información ya había sido enviada el 4 de julio de
2025.
Que le solicitó al Juzgado copia completa del expediente, en especial de la
grabación audiovisual de la audiencia declaratoria de parte realizada el 4 de febrero
de 2025 y a la fecha de presentación de la tutela no ha recibido ninguna respuesta.
Que dentro del proceso 2025-00014-00 presentó incidente de desacato porque la
Secretaría de Salud del Departamento de Boyacá no le entregó la historia clínica.
El Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja le indicó que no
procedía darle trámite al incidente, habida cuenta que la solicitud de amparo fue
negada en primera y segunda instancia.
Considera que la respuesta que le brindó el Juzgado es arbitraria, porque «infiere
la inviabilidad del trámite incidental de desacato de tales negativas procedentes de
las decisiones de fondo de primera y segunda instancia; cuando lo (sic) verdad es
que la orden defraudada no fue emitida en los fallos del a quo, ni del ad quem; sino
en la providencia admisoria».
Además, alega que dentro de la tutela 2025-00014-00 se presentaron múltiples
irregularidades, que constituyen «vías de hecho judiciales» e incluso podrían
configurar delitos como fraude a resolución judicial, prevaricato, omisión de
denuncia, ocultamiento o alteración del material probatorio.
PRETENSIONES
Solicitó que se adopten las «medidas tendientes a asegurar la garantía, protección,
prevención y restablecimiento de los derechos vulnerados en reclamo; así como de
indemnización de perjuicios causado conforme al artículo 25 del Decreto 2591 de
1991». Además, pidió que se ordene lo siguiente:
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• A la Policía Nacional de Colombia resarcir los daños causados como consecuencia
de las prácticas de injuria por vía de hecho, hostigamientos y otros punibles penales;
y sus derivadas afectaciones.
• A la Alcaldía de Leticia-Amazonas resarcir los daños causados como
consecuencia de las prácticas de acoso laboral, y sus derivadas afectaciones,
ocasionadas a los derechos laborales del accionante.
• Al Departamento Administrativo de la Función Pública, a la Comisión Nacional del
Servicio Civil y a la Alcaldía de Leticia reintegrar al accionante a un cargo de igual
o mejor jerarquía, reconociendo la superación del periodo de prueba, y la
adquisición de derechos de carrera y que se le reconozca y pague la totalidad de
derechos laborales, prestacionales y del trabajo, dejados de percibir, por la pérdida
injustificada del empleo público.
• A la UPTC y a la ESAP resarcir los daños causados como consecuencia de las
prácticas de sabotaje a los procesos académicos.
• Al Hospital San Rafael de Tunja resarcir los daños causados como consecuencia
de las malas prácticas médicas realizadas al accionante, en septiembre de 2023.
• Al Tribunal de Ética Médica de Boyacá, al Hospital San Rafael de Tunja, a la
Secretaría Departamental de Salud de Boyacá, a la ESAP, a la UPTC, a la Clínica
Julio Sandoval Medina y a la Procuraduría Regional de Boyacá que contesten la
petición que les realizó el 07 de agosto de 2024.
• Al Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja que entregue la
totalidad del expediente 15001-33-33-006-2025-00014-00.
Adicionalmente, pide que se deje sin efectos el auto que negó la apertura del
incidente de desacato y, en su lugar, se le imprima el trámite correspondiente.
TRÁMITE PROCESAL
El 29 de julio de 2026, se admitió la acción; se vinculó a la Procuraduría Regional
de Boyacá, al Tribunal de Ética Médica de Boyacá, a la Clínica Julio Sandoval
Medina, al Hospital San Rafael de Tunja, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia (UPTC), a la Dirección General de Salud de Boyacá, a la Escuela
Superior de Administración Pública, a la Comisión Nacional del Servicio Civil, al
Departamento Administrativo de la Función Pública, a la Escuela Superior de
Administración Pública (ESAP), a la Alcaldía de Leticia y a la Policía Nacional de
Colombia, como terceros con interés; y, se ordenó notificar a las partes y a los
vinculados.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
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El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja señaló que
el 16 de junio de 2026 el consejero Fernando Alexi Pardo Flórez amparó los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia del actor y ordenó que se le garantice el acceso efectivo a la tutela 2025-
00014-00/01. Dijo que el 30 de igual mes y año, dando cumplimiento a la orden, le
envió al señor Martínez enlace de acceso a la grabación del 4 de febrero de 2025 y
al proceso.
Pese a haber dado cumplimiento a la orden impartida el actor inició incidente de
desacato y el 16 de julio de 2026 el juez constitucional se abstuvo de dar trámite al
mismo.
Solicitó que se valore una posible existencia de una actuación temeraria, ya que el
actor ha interpuesto las siguientes acciones de tutela: 11001-03-15-000-2026-
02512-00, 15001-40-88-003-2025-00096-00, 11001-03-15-000-2026-00893-00,
91001-40-04-002-2026-00016 y 11001-03-15-000-2026-01543-00, con fundamento
en los mismos hechos y pretensiones.
El Tribunal Administrativo de Boyacá pide que se estudie una eventual
temeridad, dado que la controversia constitucional ya fue conocida y resuelta en la
tutela 11001-03-15-000-2026-01543-00 y se declare la improcedencia del amparo
por la multiplicidad de acciones con identidad sustancial de partes, hechos,
derechos invocados y pretensiones.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
El Departamento Administrativo de la Función Pública adujo que el accionante
ha elevado su inconformidad respecto a una decisión judicial que ya ha sido objeto
de análisis en un trámite de tutela anterior, sin presentar pruebas concretas que
sustenten la alegación de fraude o de cualquier irregularidad que hubiere afectado
la validez de la decisión cuestionada.
Por otro lado, pidió su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación
en la causa por pasiva.
El representante legal de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
pidió que se declare la carencia actual de objeto, puesto que atendió la solicitud que
elevó el actor antes de que se profiriera el fallo de tutela. adjuntó copia de correo
del 5 de agosto de 2026, por medio del cual remitió copia de las historias clínicas
que dan cuenta de los servicios en salud que recibió el señor Martínez durante los
años 2015 al 2023.
La Procuraduría General de la Nación señaló que la petición del 7 de agosto de
2024 no contiene solicitud expresa dirigida a la entidad, por lo tanto, al escrito se le
dio el tratamiento de copia informativa, por haberse recibido de manera
concomitante con el envío a las entidades destinatarias del requerimiento.
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Informó que procedió a radicar el escrito con el radicado IUS E-2026-436979 P-
2026-4413599, con el cual se inició una actuación preventiva, tendiente a verificar
si la entidad encargada de ofrecer respuesta a la solicitud de copia de la historia
clínica había entregado la documentación al peticionario y con ello garantizar sus
derechos.
El 5 de agosto de 2026, recibió vía correo electrónico respuesta por parte de la
Oficina Jurídica del Hospital, donde manifestó que el 26 de agosto de 2024 a las
15:48 horas contestó la petición.
El Departamento de Policía del Amazonas y la E.S.E Hospital Universitario San
Rafael de Tunja pidieron su desvinculación de la acción de tutela, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
El Tribunal Seccional de Ética Médica de Boyacá dijo que atendió la petición que
el actor elevó el 7 de agosto de 2024, indicando que, luego de revisar los archivos
físicos, digitales y registros institucionales del Tribunal, no existe proceso ético-
disciplinario, expediente, investigación, actuación administrativa, concepto,
certificación o documento alguno relacionado con su nombre. También explicó que
no custodia historias clínicas, no presta servicios de salud y carece de competencia
legal para elaborar, conservar o expedir dichos documentos, por corresponder dicha
función exclusivamente a las instituciones prestadoras de servicios de salud.
La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) sostiene que no existe
soporte documental, trazabilidad administrativa ni evidencia objetiva que permita
establecer que la petición del 7 de agosto de 2024 hubiese ingresado efectivamente
a los canales oficiales de recepción documental de la Entidad, presupuesto
indispensable para que surja la obligación jurídica de radicarla, asignarla a la
dependencia competente y emitir el correspondiente pronunciamiento de fondo
dentro de los términos previstos en la Ley 1755 de 2015.
Adujo que no es cierto que la Institución haya vulnerado los derechos académicos
del señor Jesús Gabriel Martínez Álvarez, ni que durante el desarrollo de su proceso
de formación profesional hubiera desplegado actuaciones u omisiones que
impidieran, restringieran o afectaran el ejercicio efectivo de su derecho a la
educación, al debido proceso académico o al acceso y permanencia en el programa
de formación cursado por el accionante, del cual obtuvo el título profesional de
administrador público.
Los demás vinculados guardaron silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
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Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales; ii) derecho de petición; iii) la temeridad y la cosa
juzgada en la acción de tutela; y, iv) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C-590 de
20052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU-
128 de 2021, se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada4.
[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, [...]. Si el juez constata alguna
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
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irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela6.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Derecho de petición
El derecho fundamental de petición, consagrado en el Artículo 23 de la Constitución
Política de Colombia, permite el establecimiento de una comunicación efectiva entre
la Administración y los ciudadanos, cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia
impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado
democrático de derecho.
Así mismo, las reglas consagradas en la Constitución y la ley y desarrolladas por la
jurisprudencia, dan cuenta de la calidad que debe tener la respuesta que se brinde:
debe resolver el fondo del asunto y debe ser coherente, entendiendo por ello la
armonía entre lo solicitado por el peticionario y la decisión adoptada por la
peticionada.
Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que «la satisfacción del derecho
de petición no depende de la respuesta favorable a lo solicitado, por lo que hay
contestación incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos
que conducen a ello. De ahí que se diferencie el derecho de petición del “derecho a
lo pedido»7.
En el mismo sentido, ha establecido la jurisprudencia Constitucional el imperativo
de que el solicitante conozca el contenido de la contestación emitida, para lo cual,
la autoridad debe realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad con
los estándares contenidos en el CPACA y que este deber se mantiene, incluso,
cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia
de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada8
Ahora, en caso de que no sea posible dar respuesta dentro del término, antes del
vencimiento la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el
6 Sentencia SU-072 de 2018.
7 Sentencia T-242 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Véanse también, entre otras, las Sentencias
T-180 de 2001, T-192 de 2007, T-558 de 2012, T-155 de 2018 y T-051 de 2023.
8 Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Véase también, entre otras, las sentencias T-430 de
2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019.
Artículo 74 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos
salvo los casos que establezca la ley. (…)” Capítulo V de la Ley 1437 de 2011, sobre PUBLICACIONES,
CITACIONES, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2020.
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término en el cual se dará la contestación, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 1755 de 2015, artículo 14.
Así las cosas, la garantía del derecho de petición se entiende cumplida con la
manifestación adecuada a la solicitud planteada, con la respuesta efectiva para la
solución del caso y con la oportuna comunicación de esta al interesado.
La temeridad y la cosa juzgada en la acción de tutela
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece lo siguiente frente a la temeridad
en la acción de tutela:
«(…) ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado,
la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión
de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le
cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que
haya lugar (…)».
Esta disposición normativa pretende proteger el principio de buena fe consagrado
constitucionalmente, que se ve perjudicado en el evento en que se presentan varias
acciones de amparo idénticas, sin motivo justo expresamente probado y sin que
medie un hecho nuevo que justifique acudir nuevamente a la administración de
justicia.
Así las cosas, en el trámite de una acción de tutela, la actuación temeraria se
concreta en la indebida utilización de este mecanismo de protección, y la
jurisprudencia constitucional ha determinado que, para que se configure una
actuación de este tipo deben concurrir los siguientes elementos: i) identidad fáctica
en relación con otra acción de tutela; ii) identidad de demandante, en cuanto la otra
acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su representante; iii)
identidad del sujeto demandado; y iv) falta de justificación para interponer la nueva
acción.
Por otro lado, ha dicho la Corte Constitucional que la presentación sucesiva o
múltiple de acciones de tutela puede configurar una actuación temeraria y, además,
comprometer el principio de cosa juzgada constitucional y que constituye un
ejercicio desleal y deshonesto de la acción, que compromete la capacidad judicial
del Estado como también los principios de economía procesal, eficiencia y eficacia.
De igual manera, ha sostenido que se predica la existencia de la cosa juzgada
constitucional cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la
ejecutoria de un fallo de tutela y, entre el nuevo proceso y el anterior, se presenta
identidad jurídica de partes, objeto y causa. Al efecto, un fallo de tutela queda
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amparado por la figura de la cosa juzgada constitucional en los eventos en los que
la Corte Constitucional decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es
seleccionado, esta se configura cuando queda ejecutoriada la providencia que
expida este Tribunal.
Por otra parte, la Corte Constitucional considera que la actuación no es temeraria si
la acción se fundamenta: a) en la ignorancia o indefensión del actor; b) el
asesoramiento errado de los profesionales del derecho; c) por el sometimiento del
actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los
individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un
derecho y no por mala fe; d) la consideración de eventos nuevos que aparecieron
con posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de
la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir
la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos
fundamentales del demandante; y e) se puede interponer una nueva acción de
amparo cuando la Corte Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos
efectos son extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de
condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de
tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión9.
Análisis del caso concreto
El actor discute que i) dentro de la tutela 2025-00014-00 se presentaron
irregularidades, porque el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Tunja negó
la apertura del incidente de desacato del fallo de tutela de 14 de febrero de 2025; ii)
el Juzgado citado no ha entregado las copias que solicitó de la tutela referenciada;
y, iii) no ha recibido respuesta a una petición que realizó el 7 de agosto de 2024.
Teniendo en cuenta que las autoridades judiciales accionadas en los informes que
rindieron alegaron una supuesta temeridad, se realizará el estudio correspondiente:
Radicado y Partes Síntesis del asunto y la decisión adoptada
autoridad que
conoció del
asunto
11001-03-15- Accionante: Jesús Los reproches fueron:
000-2026- Gabriel Martínez - Presunta mora judicial dentro de la tutela 2026-01543-
02512-00 Álvarez 00.
Consejo de Accionado:
Estado, Sección Consejo de Estado, Sobre este punto la autoridad declaró la carencia actual
Segunda, Sección Tercera, de objeto por hecho superado, dado que durante el
Subsección A Subsección B trámite de la tutela se profirió el fallo.
• Falta de acceso integral al expediente 15001-33-33-
006-2025-00014-00, específicamente a una audiencia.
Frente a este tema declaró improcedente la tutela
porque ese asunto ya se había resuelto en la acción
2026-01543-00.
9 Corte Constitucional, Sentencia SU 027 de 2021
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Radicado y Partes Síntesis del asunto y la decisión adoptada
autoridad que
conoció del
asunto
Esta decisión fue confirmada en segunda instancia.
15001-40-88- Accionante: Jesús - Solicitó que se ordene la entrega inmediata del
003-2025- Gabriel Martínez documento tarjeta profesional de abogado
00096-00 Álvarez
Juzgado Accionados: El despacho evidenció que desde enero de 2025, se ha
Tercero Penal Secretaría de Salud dispuesto todo lo necesario para realizar la entrega de
Municipal con de Boyacá, Hospital la tarjeta y la misma no se ha materializado porque el
Función de San Rafael de actor no actualizó la dirección de residencia.
Control de Tunja y Centro de - Hizo referencia a una detención irregular, de los
Garantías Rehabilitación informes remitidos por el Hospital San Rafael de la
Sentencia del 8 Integral de Boyacá ciudad de Tunja, y el Centro de Rehabilitación Integral
de julio de 2025 (CRIB) de Boyacá
Segunda El Juzgado consideró que el actor no aportó prueba al
instancia: respecto, por lo que negó el amparo invocado.
Juzgado Cuarto
Penal del Esta decisión fue confirmada el 8 de agosto de 2025
Circuito de
Tunja
11001-03-15- Accionante: Jesús El actor alegó que la tutela ya había sido objeto de
000-2026- Gabriel Martínez reparto entre los juzgados de Leticia, siendo asignada al
00893-00 Álvarez Juzgado Segundo Penal Municipal de Leticia, bajo el
Consejo de Accionados: radicado 91001-40-04-002-2026- 00016, donde el 28 de
Estado, Sección Alcaldía de Leticia, febrero de 2026, se admitió la acción y el 9 de febrero
Tercera, CNSC, ESAP y de esta anualidad declaró improcedente la tutela.
Subsección A UPTC
91001-40-04- Accionante: Jesús - Manifestó que participó en un concurso de méritos
002-2026-00016 Gabriel Martínez adelantado por la CNSC, la ESAP y la Alcaldía de
Juzgado Álvarez Leticia, obtuvo el derecho a ocupar el cargo de inspector
Segundo Penal Accionados: de policía rural y su posesión se produjo de forma tardía,
Municipal de CNSC, la ESAP y el lo que le ocasionó daños.
Leticia Juzgado Sexto
Sentencia del 9 Administrativo del - Sostuvo que el Juzgado Sexto Administrativo de Tunja
de febrero de Circuito de Tunja levantó un acta incompleta sobre su declaración,
2026 situación que le viola sus derechos.
Declaró improcedente la tutela por no satisfacer el
requisito de subsidiariedad y no cumplir con la carga
mínima probatoria.
11001-03-15- Accionante: Jesús Cuestiona i) la respuesta que allegó el Juzgado Sexto
000-2026- Gabriel Martínez Administrativo de Tunja en relación con la petición que
01543-00 Álvarez realizó el 12 de enero de 2026; y, ii) la falta de respuesta
Consejo de Accionados: a la solicitud que presentó el 20 de enero de 2026,
Estado, Sección Juzgado Sexto relacionado con la remisión del expediente del proceso
Tercera, Administrativo de de tutela núm. 15001-33-33-006-2025-00014-00.
Subsección B Tunja y Tribunal
Administrativo de Negó el amparo invocado, al encontrar que el Juzgado
Boyacá respondió las peticiones a las que aludió el actor.
11001-03-15- Revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar,
000-2026- amparó los derechos fundamentales al debido proceso
01543-01 y al acceso a la administración de justicia y ordenó al
Consejo de Juzgado que garantice al señor Martínez el acceso
Estado, Sección efectivo al expediente de tutela radicado 2025-00014-00
Tercera, y, en especial, a la grabación de la audiencia del 4 de
Subsección A febrero de 2025.
La Corte
Constitucional
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Radicado y Partes Síntesis del asunto y la decisión adoptada
autoridad que
conoció del
asunto
no se ha
pronunciado
sobre si
selecciona o no
la tutela para
revisión.
Conforme a lo anterior, la Sala encuentra que las tutelas 11001-03-15-000-2026-
01543-01 y 11001-03-15-000-2026-05859-00 se dirigen en contra del Juzgado
Sexto Administrativo de Tunja y del Tribunal Administrativo de Boyacá. El
fundamento de la vulneración de los derechos fundamentales es la no entrega
completa del proceso 2025-00014-00. Por último, pretende obtener acceso al
proceso, específicamente a una audiencia.
Ahora, si bien las acciones constitucionales citadas tienen identidad de partes, de
hechos y de pretensiones, no es posible declarar la cosa juzgada dado que la
primera tutela no está ejecutoriada; sin embargo, esta circunstancia genera la
improcedencia de un nuevo pronunciamiento al respecto.
Tampoco se puede hablar que la actuación del actor es temeraria, ya que no se
encuentra que esto haya sido de mala fe, sino que pudo obedecer al
desconocimiento del señor Martínez sobre el tema y a la necesidad extrema de este,
de obtener las copias que reclama.
Por otro lado, el actor asegura que el Tribunal de Ética Médica de Boyacá, el
Hospital San Rafael de Tunja, la Secretaría Departamental de Salud de Boyacá, la
ESAP, la UPTC, la Clínica Julio Sandoval Medina y la Procuraduría Regional de
Boyacá no contestaron la petición que dice haber radicado ante cada uno de ellos
el 07 de agosto de 2024.
Se observa que la UPTC informó que el 5 de agosto de 2026 le envió al actor copia
de las historias clínicas que dan cuenta de los servicios en salud que le prestó
durante los años 2015 al 2023.
Sobre el particular, se advierte que el actor no aportó copia de la petición y el soporte
de envío de este a los destinatarios, información que resulta indispensable, para
poder examinar si se generó o no una violación del derecho fundamental de petición;
por lo que se declarará improcedente dicha solicitud de amparo.
Por último, el señor Martínez considera que el auto del 2 de abril de 2025, proferido
por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Tunja, por medio del cual negó
la apertura del incidente de desacato del fallo de tutela del 14 de febrero de esa a
anualidad le viola los derechos invocados, con fundamento en que la «orden
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defraudada no fue emitida en los fallos del a quo, ni del ad quem; sino en la
providencia admisoria».
Al verificarse el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela para discutir providencias judiciales, la Sala advierte que en el caso
particular no se satisface el presupuesto de inmediatez, exigencia que ha sido
establecida jurisprudencialmente por la Corte Constitucional, con el objetivo de que
no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan
la certidumbre de las decisiones judiciales.
Al respecto, se ha entendido que, si bien la tutela no está sometida a un término de
caducidad, sí debe ser formulada en un plazo razonable y proporcionado. Así, esta
corporación10 ha estimado como término prudencial para instaurar la acción
constitucional referida contra decisiones judiciales, seis (6) meses contados desde
la notificación o ejecutoria, según el caso, del respectivo auto o sentencia.
No obstante, resulta pertinente aclarar que dicho plazo debe ser analizado según
las particularidades de cada caso, a efectos de determinar si el mecanismo de
salvaguarda de los derechos fundamentales se formuló en un lapso razonable. Así
las cosas, el juez constitucional debe examinar si i) existe un motivo válido para la
inactividad; ii) la tardanza injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) hay un nexo causal entre el ejercicio tardío y
la vulneración alegada; iv) el fundamento de la acción surge después de ocurrida la
actuación violatoria de los derechos fundamentales, en un plazo no muy alejado de
la instauración; v) la vulneración es permanente en el tiempo; y, vi) la carga de la
presentación de la acción en un plazo razonable resulta desproporcionada, dada la
condición de debilidad manifiesta de la parte accionante11.
En este asunto, la notificación de la providencia cuestionada se efectuó el 2 de abril
de 2025 y quedó ejecutoriada el 9 de igual mes y año; no obstante, la tutela fue
radicada el 27 de julio de 202612, es decir, no fue presentada dentro del término de
los seis (6) meses, establecido por la jurisprudencia.
Sumado a lo expuesto, el señor Martínez no señaló ningún motivo que le haya
impedido acudir de forma inmediata ante la jurisdicción constitucional y, tampoco se
encuentra acreditado alguno de los presupuestos anteriormente mencionados para
entender que la acción se formuló en un tiempo razonable. Motivo por el cual se
declarará improcedente la tutela.
Por otro lado, valga mencionar que el actor señaló pretensiones en contra de la
Policía Nacional de Colombia, de la Alcaldía de Leticia-Amazonas, del
Departamento Administrativo de la Función Pública, de la Comisión Nacional del
10 Al respecto, ver, entre otras: Sentencia del 5 de agosto de 2014 dictada por la Sala Plena del Consejo de
Estado, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Demandante:
Alpina Productos Alimenticios S.A.
11 Ver, entre otras: sentencias SU184/19, T246/15 y T187/12.
12 Índice 1 de SAMAI acta de reparto
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Servicio Civil y del Hospital San Rafael de Tunja; sin embargo, no explicó cuáles
fueron las acciones u omisiones en las que supuestamente incurrieron dichas
entidades, motivo por el cual se declarará improcedente la tutela en contra de estas.
En consecuencia, se declarará improcedente la tutela y se negará la solicitud de
desvinculación que presentó el Departamento Administrativo de la Función Pública,
el Departamento de Policía del Amazonas y la E.S.E Hospital Universitario San
Rafael de Tunja, dado que su vinculación fue como terceros con interés, a efectos
de garantizar su derecho fundamental a la defensa y contradicción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor
Jesús Gabriel Martínez Álvarez, conforme a las consideraciones expuestas.
Segundo. NEGAR la solicitud de desvinculación que presentó el Departamento
Administrativo de la Función Pública, el Departamento de Policía del Amazonas y la
E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja.
Tercero. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cuarto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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