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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-05867-00

Fecha
31 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-05867-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Lilia Diomar Méndez De Angulo contra el Tribunal Administrativo de 10 Radicado: 11001-03-15-000-2026-05867-00 Accionantes: Lilia Diomar Méndez De Angulo Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B y otro Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B y el Juzgado Veintiocho (28) Administrativo de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-05867-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

31 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Treinta y Uno (31) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-05867-001
Accionante : Lilia Diomar Méndez De Angulo
Accionados : Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B y Juzgado Veintiocho (28) Administrativo de
Bogotá
Vinculado : Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra sentencia de tutela

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por la señora Lilia Diomar Méndez de Angulo contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B y el Juzgado
Veintiocho (28) Administrativo de Bogotá, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al
acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la «[p]rotección reforzada de
las personas adultas mayores».

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por la accionante frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.

1.2 La demanda de tutela

2. La señora Lilia Diomar Méndez de Angulo, quien actúa en nombre propio,
interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05867-00
Accionantes: Lilia Diomar Méndez De Angulo
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B y otro

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al
acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la «[p]rotección reforzada de
las personas adultas mayores», presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo

de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B y el Juzgado Veintiocho (28)
Administrativo de Bogotá.

3. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos las providencias del (i) Doce (12) de

Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026) a través de la cual, el Juzgado Veintiocho (28)
Administrativo de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela interpuesta
contra Colpensiones (11001-33-35-028-2026-00195-00/01); y (ii) del Dos (2) de
Junio de Dos Mil Veintiséis (2026), mediante la cual, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B confirmó esa decisión. En su lugar,
pidió que, se ordenara «[…] a la autoridad judicial accionada proferir una nueva decisión
valorando integralmente el material probatorio obrante en el expediente y aplicando correctamente
el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993».

1.3 Hechos2

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la

parte accionante, se puede evidenciar que, la señora Lilia Diomar Méndez de
Angulo, de 69 años de edad, afirmó ser beneficiaria del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que, para el Primero (1.º) de
Abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994) tenía 37 años y acreditaba 970
semanas de cotización. Señaló que, efectuó aportes al sistema pensional desde
1975 hasta el 31 de diciembre de 1995 a través de FAVIDI (hoy FONCEP) cuando
trabajó al servicio del Distrito de Bogotá y, posteriormente, al Instituto de Seguros
Sociales entre el Primero (1.º) de Enero de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996)
y el Primero (1.º) de Febrero de Dos Mil Catorce (2014), para un total de 1.958
semanas.

5. Indicó que, Colpensiones le reconoció una pensión de jubilación con una tasa de

reemplazo del 75 %, decisión que, a su juicio, desconoció el régimen de transición
y el principio de favorabilidad. Por esa razón, el Seis (6) de Febrero de Dos Mil
Veintiséis (2026) solicitó la reliquidación de la prestación con aplicación del régimen
anterior que considera más favorable y la aplicación de una tasa de reemplazo del

2
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de SAMAI, índice 2.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05867-00
Accionantes: Lilia Diomar Méndez De Angulo
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B y otro

90 %. La petición fue negada mediante Resolución núm. 60525 del 20 de febrero
siguiente.

6. Contra esa determinación interpuso recurso de apelación, resuelto mediante
Resolución DPE 3791 del Doce (12) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), en la
que Colpensiones confirmó la negativa al considerar que no estuvo afiliada al
Instituto de Seguros Sociales antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
La accionante sostuvo que, esa exigencia carece de fundamento, porque, según su
postura, para beneficiarse del régimen de transición resulta relevante la vinculación
al sistema pensional y no la afiliación previa al ISS.

7. Con fundamento en lo anterior, promovió acción de tutela contra Colpensiones

con el fin de dejar sin efectos la Resolución DPE 3791 de 2026 y se ordenara
reliquidar su pensión conforme al régimen de transición, con una tasa de reemplazo
del 90 % o aquella que resultara más favorable.

8. De ese asunto conoció, en primera instancia, el Juzgado Veintiocho (28)
Administrativo de Bogotá3 que, mediante sentencia del Doce (12) de Mayo de Dos
Mil Veintiséis (2026), declaró improcedente el mecanismo constitucional, al concluir
que, no satisfacía el requisito de subsidiariedad, pues, la accionante tenía a su
alcance el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
cuestionar el acto administrativo que ataca vía tutela, y no hizo uso de este.
Además, estimó que, no se acreditó un perjuicio irremediable que justificara la
intervención excepcional del juez constitucional.

9. Inconforme con esa decisión, la demandante la impugnó. En providencia del Dos

(2) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026), el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B confirmó lo resuelto por el a quo.

10. En desacuerdo con las decisiones adoptadas por las mencionadas autoridades

judiciales, interpuso la presente acción de tutela, al estimar que incurrieron en (i)
defecto fáctico, porque «[…] omitieron valorar integralmente la historia laboral y las
certificaciones que acreditan los tiempos de servicio prestados al Distrito Capital desde. 1975, así
como las cotizaciones realizadas a FONCEP antes de la afiliación al ISS» ; (ii) defecto sustantivo,

al exigirle «[…] un requisito inexistente en la ley, consistente en la afiliación previa al ISS para

3
Proceso núm. 11001-33-35-028-2026-00195-00/01.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05867-00
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Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B y otro

acceder al régimen de transición, desconociendo el artículo 36 de la Ley 100 de 1993» ; (iii)

desconocimiento del precedente, por cuanto «[l]aş decisiones desconocieron la
jurisprudencia constitucional que protege los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de
quienes cumplían los requisitos del régimen de transición al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993» ;

y (iv) violación directa de la Constitución, dado que «[…] desconocieron los principios de
favorabilidad laboral, progresividad, confianza legítima y protección especial a las personas adultas
mayores».

II. TRÁMITE PROCESAL

11. Del asunto de la referencia conoció inicialmente el Juzgado Cuarenta y Ocho (48)

Administrativo de Bogotá4 que, mediante providencia del Veinticuatro (24) de Junio
de Dos Mil Veintiséis (2026) admitió la demanda. Para ello, consideró que, las reglas
contenidas en el Decreto 1069 de 2015 son de reparto y no de competencia y que,
al no advertirse alguna circunstancia relacionada con los factores territorial,
subjetivo o funcional que impidiera asumir su conocimiento, procedía avocar el
trámite constitucional.

12. En sentencia del Seis (6) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026), declaró
improcedente la tutela, al considerar que, se dirigía contra providencias dictadas
dentro de otro trámite constitucional y que no se acreditó fraude en las decisiones
cuestionadas que permitiera controvertirlas nuevamente. En desacuerdo con lo
anterior, la demandante presentó recurso de impugnación.

13. En el curso de la impugnación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, mediante providencia del Veinticuatro (24) de Julio
de Dos Mil Veintiséis (2026), declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto
admisorio y ordenó remitir el expediente a esta Corporación, al estimar que, la tutela
se dirigía contra el Juzgado Veintiocho (28) Administrativo de Bogotá y contra la
Sección Cuarta, Subsección B, de ese Tribunal, cuya providencia constituía uno de
los objeto de reproche. Por esa razón, consideró que, al ser el Tribunal la autoridad
judicial de mayor jerarquía accionada, el asunto debía ser repartido en primera
instancia a su superior funcional, esto es, al Consejo de Estado.

4
Proceso núm. 11001-33-42-048-2026-00262-00.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05867-00
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Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B y otro

14. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del

Treinta (30) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026), admitió la acción de tutela. En
dicha decisión se (i) ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección B y al Juzgado Veintiocho (28) Administrativo de
Bogotá; y (ii) dispuso vincular a la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones), en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestación de la acción

15. 2.1.1 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B5 manifestó que el mecanismo constitucional resulta improcedente
por tratarse de una tutela promovida contra una decisión proferida dentro de otro
trámite de la misma naturaleza. Explicó que, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que los fallos de tutela no pueden ser controvertidos mediante una
nueva acción de amparo, dado que, el mecanismo previsto para cuestionarlos es su
eventual revisión por la Corte Constitucional.

16. 2.1.2 El Juzgado Veintiocho (28) Administrativo de Bogotá6 sostuvo que la
acción de tutela es improcedente por estar dirigida contra una igual. Además,
consideró que no vulneró derecho fundamental alguno a la accionante, en la medida
en que sus actuaciones se ajustaron a derecho.

17. 2.1.3 La Administradora Colombiana de Pensiones7 expuso que lo pretendido

por la accionante es improcedente, pues, busca reabrir una controversia ya resuelta
dentro de otro trámite constitucional. En ese sentido, precisó que, las decisiones
adoptadas en sede de tutela únicamente pueden ser objeto de eventual revisión por
la Corte Constitucional.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia

18. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de

5
Visible a índice 12 de SAMAI.
6
Visible a índice 14 de SAMAI.
7
Visible a índice 15 de SAMAI.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05867-00
Accionantes: Lilia Diomar Méndez De Angulo
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2017 y 333 de 2021.

3.2 La acción

19. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Cuestión previa

20. En el asunto sub examine la demandante pide dejar sin efectos las providencias
del (i) Doce (12) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026) a través del cual, el Juzgado
Veintiocho (28) Administrativo de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela
interpuesta contra Colpensiones; y (ii) del Dos (2) de Junio de Dos Mil Veintiséis
(2026), mediante el cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B confirmó esa decisión.

21. Sin embargo, esta Sala únicamente centrará su estudio jurídico en la sentencia

del Dos (2) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026), por ser la que, al desatar la
impugnación interpuesta contra la decisión de primera instancia, resolvió de manera
definitiva ese asunto constitucional.

3.4 Problema jurídico

22. Se contrae a determinar si la acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad y, en caso afirmativo, si es dable, a través de este mecanismo
constitucional, examinar el eventual quebranto de los derechos fundamentales que
pueda comportar la providencia del Dos (2) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026),
por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B, confirmó la decisión de primera instancia que declaró improcedente
el amparo deprecado por la señora Lilia Diomar Méndez De Angulo.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05867-00
Accionantes: Lilia Diomar Méndez De Angulo
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3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales y las dictadas en otras
acciones de tutela

23. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 8 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado9, es posible acudir a
la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este contexto, se
han estructurado ciertos requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

24. Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente

relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

25. Ahora bien, en lo relativo al último requisito, en sentencia SU-627 de 201510, la

Corte Constitucional dispuso que, para establecer la procedencia de la acción de
tutela, cuando se trata de otro proceso de tutela, «se debe comenzar por distinguir si ésta
se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella» .

8
Sentencia C-590 de 2005.
9
Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
10
Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia SU-627 de 2015. Primero (1) de octubre de 2015.

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26. En ese sentido, la referida jurisprudencia determinó que, si la acción de tutela se

dirige contra la sentencia de tutela, «la regla es […] que no procede». No obstante, tuvo
en cuenta dos circunstancias a saber: (i) esta directriz «[…] no admite ninguna excepción
cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por
sus Salas de Revisión de Tutela […]», pues, en tal situación, solo es admisible el incidente

de nulidad, que debe promoverse ante la Corte Constitucional; y (ii) si el fallo de
tutela se profirió por otro juez o tribunal de la República, procede de manera
excepcional, cuando exista fraude y, por tanto, se configure «el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta», situación que exige, además del cumplimiento de los requisitos

genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, que «(i) la
acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada;
(ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación».

27. De otra parte, si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del trámite

constitucional diferentes a la sentencia, se debe identificar si estas acaecieron con
anterioridad, o de manera posterior al fallo. En el primer escenario, es decir, antes
de la sentencia, y «consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar
o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela» , sí es procedente la

tutela, siempre y cuando cumpla con los requisitos generales de procedibilidad de
aquella, ello, «incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión» ;
no obstante, en el evento que la actuación se dirija a asuntos posteriores a la
sentencia, y que trate de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en esta,
«la acción de tutela no procede». Pero, si lo que se pretende es «obtener la protección de un
derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional».

28. Así las cosas, la acción de tutela contra providencias dictadas en otra acción de

tutela, solo puede abrirse paso si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que ha sido vulnerado por una actuación arbitraria del juez de amparo
y, en todo caso, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.

29. El escenario descrito es, naturalmente, un estado de cosas extraño al mecanismo

de amparo constitucional, toda vez que, no se espera que la autoridad judicial

8

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llamada a garantizar derechos fundamentales, precisamente, incurra en la
vulneración de estos durante el trámite de la acción.

30. Por lo tanto, es viable colegir que la procedencia de la acción de tutela contra

providencias dictadas en otra acción de tutela comporta una eventualidad
especialísima y de riguroso examen, con el fin de remediar situaciones complejas
ocasionadas por graves o serias irregularidades acaecidas durante el trámite o
decisión del mecanismo de amparo de derechos fundamentales.

3.6 Caso concreto

31. En el asunto sub judice, la Sala advierte que, la inconformidad de la tutelante

recae en la sentencia del Dos (2) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida en
el proceso de tutela núm. 11001-33-35-028-2026-00195-00/01, por medio de la cual,
la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
confirmó la decisión de primera instancia que declaró improcedente el mecanismo
constitucional al no satisfacer el requisito general de subsidiariedad.

32. Sobre el particular, conviene aclarar que, tal y como lo precisó la Corte
Constitucional en sentencia SU-627 de 2015, para que la acción de tutela proceda
para cuestionar un proceso de igual naturaleza, no solo deben cumplirse los
requisitos generales y específicos dispuestos en la sentencia C-590 de 2005, sino
que, además, debe demostrarse que, en las sentencias de tutela existió fraude, y,
por tanto, se está ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta.

33. Ahora bien, en el escrito de tutela, la accionante no sustentó la procedencia

excepcional del amparo a partir de la existencia de fraude en la providencia atacada.
Aunque alegó que la sentencia del Dos (2) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
incurrió en defecto fáctico, defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución, en realidad sus reproches están encaminados
a cuestionar la valoración efectuada por el Tribunal en el anterior trámite
constitucional y a obtener un nuevo pronunciamiento sobre la aplicación del régimen
de transición y la reliquidación de su pensión.

34. Al respecto, la Corte Constitucional11 ha precisado que el fraude

11
Corte Constitucional, sentencia SU-245 de 2021, M.P. Diana Fajardo Rivera.

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[…] hace referencia a la existencia de razones de peso para considerar que la decisión pudo
obedecer a actuaciones irregulares. Sin embargo, la Corporación no exige que estén
demostradas en procesos sancionatorios, penales o disciplinarios. Este aspecto puede ser
determinado de manera definitiva por los órganos competentes, pues la misión central de la
Corte es asegurar que las decisiones de tutela respeten y desarrollen los mandatos
constitucionales y no determinar responsabilidades o imponer sanciones.

35. En consecuencia, al no haber expuesto razonablemente en qué consistiría el

posible fraude cometido por el juez de tutela, se advierte que, la demandante tiene
como propósito reabrir la discusión ya planteada ante el primer juez constitucional,
con el fin de obtener un pronunciamiento a su favor sobre los mismos reparos que
en su momento fueron puestos en conocimiento con la primera acción.

36. Así, al no cumplir con los requisitos especiales para la procedencia excepcional

de la acción de tutela contra tutela, la Sala no hará el estudio de los requisitos
generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial,
pues, quedó acreditado que, en el asunto de la referencia, no es procedente la
acción de tutela contra una sentencia de la misma naturaleza.

37. Finalmente, en este punto, la Sala destaca que, el ejercicio de la acción de tutela

no habilita al juez constitucional para sustituir los procedimientos jurisdiccionales, ni
interferir en ellos, a menos que exista un perjuicio irremediable o una evidente
vulneración al debido proceso, lo que no fue acreditado en este asunto.

IV. DECISIÓN

38. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente mecanismo no

cumple con los requisitos de procedibilidad propios de la tutela contra decisiones
proferidas en el marco de procesos de la misma naturaleza. Por tal motivo, se
impone declarar la improcedencia de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Lilia Diomar Méndez De Angulo contra el Tribunal Administrativo de

10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05867-00
Accionantes: Lilia Diomar Méndez De Angulo
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B y otro

Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B y el Juzgado Veintiocho (28)
Administrativo de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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