Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05868-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05868-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05868-00
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05868-00
Demandante: DIANA ROCÍO RUIZ CÁRDENAS
Demandado: TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ
Temas: Tutela contra acto administrativo. Requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio
de la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La señora Diana Rocío Ruiz Cárdenas, actuando en nombre propio, promovió
acción de tutela1 contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al
considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso con ocasión de
la Resolución 788 de 2026, mediante la cual se nombró a la señora Nancy
Patricia Morales García como juez Veintitrés de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá, cargo que ocupaba la accionante en encargo.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la actora elevó las siguientes súplicas:
1.) Se acceda a la solicitud de medida provisional, en aras de evitar un perjuicio
irremediable, previniendo que se utilice un acto administrativo que no se encuentra
en firme para posesionarse como Juez de la República.
2.) Se declare la nulidad de la Resolución No. 788 de 2026 al adolecer de un
defecto sustantivo, por cuanto no se permitió recurrir el carácter administrativo
definitivo que decidió de fondo el asunto a pesar de ello estar previamente fijado
por el legislador en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011.
3.) Subsidiariamente se solicita declarar la nulidad de la Resolución No. 788 de
2026, por cuanto se configuró otro defecto sustantivo al vulnerarse lo establecido
en el artículo 132 numeral 2° de la Ley 270 de 1996 modificada por la Ley 2430 de
1
Mediante escrito radicado el 27 de julio de 2026.
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2024, trasgrediendo así el régimen de carrera. Pues no se aplicó la norma que el
legislador previó para ese caso.
4.) Subsidiariamente se solicita declarar la nulidad de la Resolución No. 788 de
2026, por cuanto se configuró otro defecto sustantivo consistente en el
desconocimiento de mis derechos de sujeto especial de protección como
prepensionada, decisión que se apartó de lo establecido en la Sentencia SU-003
de 2018 de la H. Corte Constitucional, así como por la consideración plasmada en
la Sentencia SL 2600 de 2025 de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral.
Lo que derivó en una indebida aplicación de la teoría de la ponderación que se
alejó completamente del ordenamiento jurídico.2
1.3. Hechos
En el escrito de la tutela se hizo mención de los siguientes supuestos fácticos:
La actora relató que el 24 de junio de 2026 el señor Mauricio Alejandro Parga
Poveda se posesionó en propiedad como juez Veintitrés de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá, a quien le fue concedida licencia no
remunerada por tres años a partir del 25 de junio del mismo año.
Señaló que, para cubrir la vacancia temporal de este cargo, el presidente
encargado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá emitió la
Convocatoria 15 del 18 de junio de 2026, la cual estuvo dirigida exclusivamente a
servidores judiciales en propiedad o inscritos en el Registro Seccional de
Elegibles, según lo previsto en el artículo 132 de la Ley 270 de 1996.3
Explicó que se postuló a dicha convocatoria dentro del término previsto, toda vez
que se encuentra inscrita en el escalafón de carrera judicial y pertenece al
aludido despacho en condición de asistente jurídico. Así que allegó su hoja de
vida y los soportes que acreditaban más de treinta años de experiencia.
Narró que el Tribunal Superior de Bogotá la designó en encargo como juez
Veintitrés de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, mediante la
Resolución 497 del 23 de junio de 2026, mientras la sala plena de esa
corporación decidía el nombramiento en provisionalidad, cuya posesión fue el 30
de junio del año en curso.
Indicó que el 3 de julio de 2026 reiteró su postulación al cargo referido y puso de
presente su condición de mujer prepensionada, dado que tiene 55 años. No
obstante, el Tribunal Superior de Bogotá expidió la Resolución 788 del 14 de julio
de 2026, notificada el 22 de julio siguiente, por medio de la cual se nombró en
provisionalidad a la señora Nancy Patricia Morales García, como «acción
afirmativa y en cumplimiento del trato preferente».
Precisó que tal decisión se justificó en que la señora Nancy Patricia Morales
García fue reconocida como prepensionada y, por lo tanto, sujeto de especial
protección constitucional mediante la Resolución 580 del 16 de junio de 2026,
quien ocupa en provisionalidad el cargo de juez Veintitrés de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Bogotá y fue removida al haberse designado al señor
2
Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.
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Estatutaria de la Administración de Justicia, modificada por la Ley 2430 de 2024.
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Mauricio Alejandro Parga Poveda en propiedad.
Expuso que la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá comparó su situación
particular con la de la señora Morales García, quien para este momento le hacían
falta dos años y ocho meses para adquirir el estatus pensional. Sin embargo, se
concluyó que la protección reforzada prevalecía frente a su postulación, dado que
solo manifestó tener condiciones para ser considerada prepensionada en el
futuro.
1.4. Sustento de la petición
La actora consideró que en la Resolución 788 de 2026 expedida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá se desconoció el marco normativo
aplicable a la provisión de vacancias temporales previsto en el artículo 132 de la
Ley 270 de 1996, dado que no se hizo referencia al trámite surtido en la
convocatoria adelantada para cubrir la vacancia temporal de juez Veintitrés de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.
A su juicio, el acto controvertido adolece de un defecto procedimental absoluto,
toda vez que no se adujo que procedía algún recurso contra lo allí decidido,
razón por la que no pudo ejercer su derecho de defensa y contradicción, ni acudir
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo por la falta de agotamiento de la
vía administrativa.
Además, invocó la configuración de un yerro sustantivo por aplicarse de manera
extensiva la doctrina del trato preferente, sin verificarse que ella también ostenta
la condición de sujeto de especial protección en calidad de prepensionada y un
defecto fáctico, al valorarse de forma incompleta su situación personal y
profesional, pues no se tuvo en cuenta que pertenece a la carrera judicial, su
experiencia y que se postuló a la Convocatoria 15 de 2026.
1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones
Mediante auto del 28 de julio del año en curso, se remitió la tutela a la Corte
Suprema de Justicia, según lo previsto en el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1.
del Decreto 1069 de 20154, al estar dirigida contra el Tribunal Superior de
Bogotá. Sin embargo, dicha corporación devolvió el expediente al considerar que
la competencia correspondía al Consejo de Estado, según lo previsto en el
numeral 8º ibidem.
Así que en aras de garantizar la celeridad del presente asunto, en la providencia
del 12 de agosto de 2026 se admitió la acción constitucional y se ordenó notificar
esta decisión a la demandante y como demandados a los magistrados del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. De igual forma, se vinculó a la
señora Nancy Patricia Morales García5 y al señor Mauricio Alejandro Parga
Poveda6 en calidad de terceros con interés en las resultas del presente trámite.
4
Modificado por el Decreto 333 de 2021.
5
Quien se nombró en provisionalidad en el cargo que ocupaba la accionante.
6
Quien ocupa en propiedad el cargo de juez Veintitrés de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá y se le otorgó una licencia no remunerada.
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En dicho proveído también se denegó la medida cautelar requerida por la
accionante, pues de los hechos que sustentan la solicitud de amparo no se
advirtió, a priori, una amenaza inminente a los derechos fundamentales
invocados, así como el decreto de la prueba solicitada por la demandante7.
Remitidas las respectivas comunicaciones8, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
En el informe rendido destacó que la acción de tutela no cumple el presupuesto
de la subsidiariedad, toda vez que la actora cuenta con la posibilidad de iniciar
«la acción ordinaria a su alcance, con arreglo en lo dispuesto en el numeral 2° del
artículo 161 de la Ley 1437 de 2011» y no acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable para que se flexibilice tal requisito, pues la señora Ruiz Cárdenas
conserva su cargo en propiedad, de modo que no sufrió una afectación a su
mínimo vital.
1.5.2. Nancy Patricia Morales García
La interviniente puntualizó que la accionante solo tenía una expectativa de ser
nombrada en la vacante temporal del juzgado, mientras que ella posee un
derecho cierto derivado de su condición de prepensionada reconocida mediante
la Resolución 580 del 16 de junio de 2026 y resaltó que la actora permanece
vinculada en propiedad como asistente jurídico, por lo que acceder a las
pretensiones formuladas en esta acción sí implicaría dejar cesante a una
funcionaria con estabilidad laboral reforzada.
De igual forma, indicó que la solicitud de amparo es improcedente debido a que
la tutelante puede agotar el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para controvertir el acto al que le atribuye la presunta vulneración del
derecho invocado, sin que demostrara la configuración de un daño irreparable.
Finalmente, señaló que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues la
actora solo cuestiona lo decidido por el Tribunal Superior de Bogotá.
1.5.3. El señor Mauricio Alejandro Parga Poveda, pese a que fue debidamente
notificado de la iniciación del presente asunto, no se pronunció respecto a la
problemática expuesta en la tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción constitucional, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y
7
Consistente en que se solicitara a la autoridad accionada allegar «la totalidad del expediente
administrativo». Sin embargo, no se accedió a este requerimiento en atención a que el trámite de
este mecanismo constitucional se caracteriza por ser expedito y por cuanto basta con los medios
de convicción anexados al escrito de la tutela para resolver la controversia planteada.
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Mediante oficios enviados el 14 y 19 de agosto de 2026.
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1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en
el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20199.
2.2. Cuestión previa
La señora Nancy Patricia Morales García solicitó que se declarara su falta de
legitimación en la causa por pasiva. Sin embargo, esta petición será denegada
por cuanto su vinculación obedeció al posible interés que le asiste en las resultas
del presente asunto, dado que fue nombrada en el cargo que ocupaba la
accionante mediante la resolución cuestionada en la tutela. Por ello, su
comparecencia resultaba necesaria para garantizar su derecho de defensa y
contradicción, ya que podría verse afectada con la decisión que se profiera.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la sala analizar si el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la señora Ruiz
Cárdenas con la expedición de la Resolución 788 de 2026, mediante la cual se
nombró en provisionalidad a otra persona como juez Veintitrés de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, cargo que ocupaba la accionante en
encargo.
Para resolver este problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes
temas: i) generalidades de la acción de tutela, ii) requisito de subsidiariedad y el
estudio del iii) caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución prevé el precepto constitucional, según el cual,
toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados
o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los
particulares en los precisos casos que indica el Decreto 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6º ibidem., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.
2.5. Requisito de subsidiariedad
En el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución se estableció el requisito de la
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la tutela y determinó que
«[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
9
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas,
de manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando
estas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
resulta admisible acudir a esta acción constitucional.
De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los
cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento
de los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.
En lo que concierne a los actos administrativos que se controvierten mediante la
solicitud de tutela, el Decreto 2591 de 1991 prevé:
Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no
procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
(…) 5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.
(Negrilla fuera del texto original)
Al respecto, en la sentencia C-132 de 2018 la Corte Constitucional precisó lo
siguiente:
La jurisprudencia constitucional ha establecido que cuando se trata de objetar o
controvertir actos administrativos, en principio se debe acudir a la jurisdicción
contencioso administrativa y no a la acción de tutela, salvo que el juez determine que
tales mecanismos no proporcionan una eficaz y pronta protección a los derechos que
se pretenden salvaguardar o se esté ante la posibilidad que se configure un perjuicio
irremediable, pero en todo caso las acciones judiciales contencioso administrativas
no pueden haber caducado al momento de interponerse la acción de tutela.
De lo anterior, se colige que la Corte Constitucional estableció que, por regla
general, la acción de tutela no procede para controvertir la legalidad de los actos
administrativos, debido a que la naturaleza residual de este mecanismo
constitucional impone al ciudadano la carga de acudir previamente a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo en ejercicio del respectivo medio de
control, pues es la vía procesal idónea que el legislador diseñó para la garantía
de los derechos10, salvo en el evento en que se presente para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.
2.6. Caso concreto
La señora Ruiz Cárdenas le atribuye la vulneración de su derecho fundamental al
debido proceso a la Resolución 788 de 2026, por medio de la cual el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá nombró en provisionalidad a la señora
Nancy Patricia Morales García como juez Veintitrés de Ejecución de Penas y
10
Corte Constitucional, sentencia T-260 de 2018.
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Medidas de Seguridad de Bogotá, cargo que la accionante venía ocupando en
encargo.
La razón de ello la justificó en que dicho acto desconoció las reglas de provisión
de las vacancias temporales, omitió indicar los recursos que procedían en su
contra y aplicó de forma extensiva la doctrina del trato preferente, sin reconocer
su propia condición de prepensionada. Igualmente, la actora consideró que no se
valoró integralmente su trayectoria en la carrera judicial, su experiencia y
postulación a la Convocatoria 15 de 2026.
Así las cosas, la sala advierte que la resolución cuestionada por la tutelante es
susceptible de control de legalidad ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que estableció el legislador en el artículo 13811 de la Ley 1437 de 2011
(CPACA), lo que torna improcedente la tutela por configurarse la causal prevista
en el numeral 1° del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Contrario a lo afirmado por la tutelante, se puede promover la demanda incluso si
las autoridades administrativas no le hubieran dado la oportunidad de interponer
los recursos procedentes, pues en estos eventos no será exigible el agotamiento
de la vía administrativa, según lo previsto en el numeral 212 del artículo 161 de la
Ley 1437 de 2011 (CPACA).
Igualmente, es oportuno resaltar que el mecanismo que debe promover la
accionante es idóneo y eficaz para cuestionar la Resolución 788 de 2026, pues
para la protección inmediata de la garantía constitucional que, en su criterio, fue
transgredido tiene la posibilidad de solicitar el decreto de medidas cautelares de
urgencia.
Es más, la actora puede acudir a dicha herramienta desde la presentación de la
demanda y sin previa notificación a la otra parte, pues el juez «podrá adoptar una
medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie
que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo
anterior13», conforme con lo señalado en el artículo 234 ibidem.
Aunado a lo anterior y, teniendo en cuenta que en este caso solo procede la
acción de tutela de manera excepcional y como mecanismo transitorio de
salvaguarda de los derechos fundamentales, se verificó si existía la posible
configuración de un daño irreparable que se pudiera evitar.
11
«ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se
crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño (...)».
12
«ARTÍCULO 161. REQUISITOS PREVIOS PARA DEMANDAR. La presentación de la demanda
se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:
(...) 2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse
ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo
en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto.
Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos
procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral».
13
«ARTÍCULO 233. PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.
La medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la demanda y en cualquier
estado del proceso (...)».
7
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En lo referente al perjuicio irremediable es oportuno indicar que la Corte
Constitucional lo definió como «el riesgo de consumación de un daño o
afectación cierta, negativa, jurídica o fáctica, a los derechos fundamentales, que
debe ser invocada por el juez constitucional, dada la alta probabilidad de su
ocurrencia»14 y, en ese sentido, señaló lo siguiente para determinar su existencia:
(i) [E]l perjuicio debe ser inminente, es decir, no basta con que exista una mera
posibilidad de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que se cause sea grave, lo
que implicaría, en consecuencia, un daño de gran intensidad sobre la persona
afectada; (iii) las medidas que se requieran para evitar la configuración sean
urgentes; y (iv) la acción es impostergable, es decir, en caso de aplazarse la
misma sea ineficaz por inoportuna.15
En el caso particular, no se evidencia alguna de estas situaciones que permitan
acceder al amparo del derecho fundamental al debido proceso de la señora Ruiz
Cárdenas de manera urgente y desconocer el mecanismo idóneo que tiene para
resolver la controversia acá planteada, el cual se insiste le permitirá obtener una
respuesta material y efectiva de la justicia.
De la revisión del material probatorio obrante en el plenario se constató que la
demandante tiene 55 años, se encuentra inscrita en el escalafón de la carrera
judicial de Bogotá en el cargo de asistente jurídico, grado 19 del Juzgado
Veintitrés de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, y ejerció en encargo
como titular de ese despacho hasta el 14 de julio del año en curso, fecha en la
cual fue nombrada en provisionalidad la señora Nancy Patricia Morales García.
Ahora, si bien la accionante hizo alusión a que tiene la condición de
prepensionada, lo cierto es que no aportó la historia laboral actualizada para
efectos de acreditar dicha circunstancia y, de todos modos, este será un aspecto
que debe ventilarse ante el juez natural, comoquiera que la discusión propuesta
en la tutela gira en torno a si su situación personal prevalece frente aquella de la
señora Nancy Patricia Morales García.
Incluso, tal calidad por sí sola no permitiría flexibilizar el requisito de la
subsidiariedad, pues la protección reforzada derivada del fuero de prepensionado
exige acreditar una afectación real y actual al mínimo vital o una situación de
cesación laboral inminente, circunstancias que en el presente asunto no se
configuran dado que la actora continúa ocupando su cargo en propiedad,
cotizando al sistema pensional y percibiendo su salario para atender sus
necesidades básicas.
Esto quiere decir que los documentos allegados tan solo se evidencian aspectos
que justamente serán objeto del litigio en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, por lo que no existe una premura que amerite la intervención
inmediata del juez constitucional para evitar la consumación de un menoscabo
irreparable con la adopción de alguna medida transitoria.
En este orden de ideas, se declarará la improcedencia de la acción de tutela por
no cumplir el requisito de la subsidiariedad, pues el juez constitucional no puede
14
Corte Constitucional, sentencia T-190 de 2020, postura reiterada en la sentencia T-003 de
2022, la cual se trae a colación como un criterio auxiliar de interpretación.
15
Corte Constitucional, sentencias SU-508 de 2020, T-190 de 2020 y T-235 de 2018.
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inmiscuirse en la problemática expuesta por la actora ante la existencia de un
trámite propio que no puede ser sustituido por este mecanismo dada su
naturaleza residual, máxime si se tiene en cuenta que no se demostró cuál puede
ser ese perjuicio irremediable que amerite la intervención de esta corporación.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Denegar la solicitud de declarar la falta de legitimación en la causa
por pasiva de la señora Nancy Patricia Morales García.
SEGUNDO: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por la señora
Diana Rocío Ruiz Cárdenas contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá.
TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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