Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05873-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05873-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05873-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05873-00
Accionante: Jader Andrés Gómez Montiel
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia
– Falta de subsidiariedad y relevancia constitucional.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 27 de julio de 2026, el señor Jader Andrés Gómez Montiel promovió acción de
tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, defensa y tutela judicial efectiva2.
2.
Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia del 8 de julio de 2026, proferida
dentro del proceso disciplinario 3 adelantado en su contra y del señor Franklin
Alexander Briñez Parra, por la presunta comisión de falta grave a título de dolo,
derivada del posible incumplimiento del deber previsto en el numeral 1º del artículo
153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 297 de la Ley 906 de
2004, modificado por el artículo 19 de la Ley 1142 de 2007; consistente en la
realización de la captura de los integrantes del grupo delincuencial «Oro Negro» y,
además, en adelantar diligencia de allanamiento y registro de vivienda sin contar con
orden debidamente emitida y firmada por un juez de control de garantías.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 También invocó el principio de legalidad.
3 Radicado: 410012502000202200398-01
1
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05873-00
Accionante: Jader Andrés Gómez Montiel
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
3.
El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Huila que, en fallo del 11 de diciembre de 2025,
declaró disciplinariamente responsables al accionante y al señor Briñez, en sus
calidades de técnicos investigadores I y IV del CTI, respectivamente, y los sancionó
con suspensión en el ejercicio del cargo por tres meses. En relación con el
accionante, consideró acreditado que efectuó la captura sin contar con orden
expedida por el funcionario judicial respectivo, pues aquella fue emitida y suscrita al
día siguiente de materializarse la aprehensión, circunstancia de la que el investigado
tenía pleno conocimiento. Además, descartó que pudiera eximirse de
responsabilidad por la intervención de los demás integrantes del grupo delictivo, toda
vez que impartió instrucciones en las que advirtió que requerían el aval del fiscal para
actuar, pues las órdenes de captura aún no se encontraban firmadas ni legalizadas.
4.
La anterior decisión fue revocada parcialmente por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial en la providencia del 8 de julio de 2026. Respecto del accionante,
concluyó que existió incongruencia entre el pliego de cargos y la sentencia, pues,
aunque inicialmente se le reprocharon tanto la captura sin orden judicial como la
realización de una diligencia de allanamiento y registro, el a quo únicamente se
pronunció sobre la primera conducta; por ello, lo absolvió respecto de aquella
relacionada con el allanamiento. En cuanto a la captura, mantuvo su responsabilidad
al descartar las causales eximentes invocadas por la defensa, pues no encontró
configurado un conflicto de deberes ni una convicción errada e invencible sobre la
legalidad de la actuación, en tanto el cumplimiento de los fines de la justicia no
habilitaba al investigador para apartarse de las formalidades legalmente exigidas
para efectuar la mencionada diligencia.
5.
Como sustento de sus pretensiones, la parte actora alegó, en primer lugar, la
configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del principio de
legalidad, en consonancia con lo expuesto en el salvamento de voto suscrito por el
magistrado Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo. Señaló que la imputación jurídica
de la falta grave se sustentó en el artículo 67 de la Ley 1952 de 2019, pese a que,
por su condición de empleado de la Rama Judicial, resultaba aplicable el régimen
especial previsto en el artículo 242 ibidem.
6.
En segundo lugar, cuestionó la adecuación típica de la conducta, por considerar
que la sanción se fundamentó en una interpretación indebida del artículo 297 del
Código de Procedimiento Penal (CPP), al estimar incumplida la exigencia de que la
orden de captura debía encontrarse escrita, emitida y firmada por el juez competente.
Sostuvo que, como se expuso durante el proceso disciplinario, la captura había sido
previamente autorizada en audiencia y únicamente se encontraba pendiente su
formalización documental. Agregó que el incumplimiento de esa formalidad
específica no fue planteado expresamente en la formulación inicial de cargos.
7.
Por último, controvirtió el análisis efectuado respecto del error de prohibición y la
confianza legítima en el proceder del accionante. Expuso que: (i) existía autorización
2
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Accionante: Jader Andrés Gómez Montiel
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
judicial otorgada en audiencia, (ii) los investigadores estaban convencidos de que la
orden de captura ya había sido concedida, (iii) la formalidad documental pendiente
sería completada de manera inmediata y (iv) no existió voluntad deliberada de
infringir los deberes del cargo. En ese sentido, afirmó que esas circunstancias no
fueron examinadas adecuadamente al descartarse el error de prohibición y atribuirse
al disciplinado una actuación dolosa.
8.
De otro lado, alegó la configuración de un defecto fáctico derivado de la indebida
valoración de las circunstancias que demostraban la ausencia de dolo y, por ende,
de culpabilidad. Reprochó que la decisión sancionatoria fundamentara la mala fe del
investigado únicamente en el conocimiento que tenía sobre la falta de firma de la
orden de captura, sin examinar si contaba con plena autonomía decisoria o si actuó
determinado por la información y las instrucciones impartidas por quienes
coordinaban el operativo.
9.
En concreto, manifestó que se omitió valorar integralmente la estructura jerárquica
del operativo, la subordinación funcional del accionante, las instrucciones impartidas
dentro de la cadena de mando, la confianza legítima generada por la existencia de
una autorización judicial previa, la ausencia de beneficio personal y la posibilidad de
incurrir en consecuencias disciplinarias por desacatar instrucciones operativas
impartidas por sus superiores. Elementos que resultaban relevantes para establecer
la forma en que se configuró su voluntad y determinar si actuó bajo un error de
prohibición, convencido de la legalidad de su proceder
10.
Finalmente, aseveró que la ejecución inmediata de la sanción afectaría
gravemente su situación económica y la de su núcleo familiar, pues su empleo
constituye su principal fuente de ingresos, sumado a que su compañera permanente
se encuentra en la etapa final de su embarazo.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
11.
Mediante auto de 29 de julio de 20264, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad demandada y se vinculó al señor Franklin Alexander Briñez
Parra, en calidad de tercero con interés. De igual modo, se ordenó comunicar la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
Finalmente, se negó la medida provisional solicitada5, al no advertirse que durante
el término legal previsto para proferir sentencia pudiera configurarse una vulneración
irreparable de los derechos fundamentales invocados o que no fuera susceptible de
ser revertida ante un eventual amparo.
(i) Comisión Nacional de Disciplina Judicial6
4 Notificado el 31 de julio y 4 de agosto de 2026.
5 El demandante solicitó como medida provisional “la suspensión inmediata de la ejecución de la sanción
disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo”.
6 Intervención contenida en 16 folios.
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Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
12.
Solicitó declarar improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional o, subsidiariamente, negar el amparo por no configurarse ninguno de
los defectos alegados. Afirmó que el señor Gómez pretende reabrir el debate
probatorio y jurídico resuelto en la providencia cuestionada.
13.
Respecto al defecto sustantivo, explicó que la imputación jurídica se sustentó
correctamente en el artículo 67 de la Ley 1952 de 2019, pues el investigado no es
empleado de la Rama Judicial, sino funcionario del CTI de la Fiscalía General de la
Nación (FGN). Precisó, además, que el salvamento de voto invocado no constituye
precedente obligatorio ni desvirtúa la validez de la decisión mayoritaria.
14.
En cuanto al reparo por presunta indebida aplicación del artículo 297 del CPP,
señaló que este fue examinado al resolver la apelación, oportunidad en la que se
concluyó que el investigado ejecutó la captura sin contar con una orden debidamente
expedida. Por tanto, el alcance atribuido a esa disposición fue razonable.
15.
Respecto del defecto fáctico, afirmó que la providencia valoró el contexto del
operativo, la subordinación funcional del investigado y la confianza que, según este,
le generaron las instrucciones de sus superiores y la autorización impartida en
audiencia. No obstante, concluyó que la presión y coordinación propias de esa clase
de procedimientos no lo habilitaban para desconocer las exigencias legales, máxime
cuando fue advertido en varias oportunidades de la imposibilidad jurídica de
materializar la captura y, pese a ello, decidió ejecutarla. Así, sostuvo que los
argumentos de la tutela reproducen los ya resueltos en la actuación disciplinaria.
Indicó que la sanción, por sí misma, no comporta una afectación del mínimo vital ni
de los derechos de su núcleo familiar, pues corresponde al ejercicio legítimo de la
potestad disciplinaria.
(ii) Franklin Alexander Briñez Parra7
16.
Manifestó que coadyuvaba las pretensiones del accionante, toda vez que la
sentencia de 8 de julio de 2026 también confirmó su responsabilidad disciplinaria y
le impuso una sanción de suspensión por tres meses. En consecuencia, la decisión
adoptada en sede de tutela incidiría directamente en su situación.
17.
Reiteró los cargos de la demanda y destacó que, el 18 de mayo de 2022, el
Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Neiva
celebró la audiencia preliminar en la que, luego de escuchar la sustentación de la
Fiscalía, dispuso expedir las órdenes de captura solicitadas. A su juicio, ello
demostraba que existió una autorización judicial previa al operativo, que reforzó la
confianza legítima de los investigadores en la legalidad de su proceder y debió ser
debidamente valorada al determinar la tipicidad y culpabilidad de la conducta.
7 Intervención contenida en 6 folios.
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18.
Agregó que es el único proveedor económico de su núcleo familiar, integrado por
su esposa y su hijo menor de edad, quienes dependen de sus ingresos, por lo que
la suspensión comprometería su mínimo vital y el cumplimiento de sus obligaciones
financieras. Solicitó amparar los derechos fundamentales invocados y adoptar las
medidas necesarias para que la decisión cuestionada dejara de producir efectos.
(iii) Accionante - Jader Andrés Gómez8
19.
En escrito adicional, el accionante allegó documentación complementaria con el
propósito de precisar las circunstancias económicas de su núcleo familiar y aportar
elementos relacionados con la emisión de las órdenes de captura.
20.
En cuanto a su situación familiar, sostuvo que la afiliación de su compañera
permanente al régimen contributivo de salud -según reporte de la Administradora de
los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES)-, en
calidad de cotizante, no demuestra que cuente con independencia económica, tal
como se afirmó en el auto admisorio de la tutela, para negar la medida provisional
solicitada. Para respaldar esa afirmación, aportó una certificación expedida por la
representante legal de Construcciones J Gómez S.A.S., en la que consta que aunque
aquella se encuentra afiliada al sistema de seguridad social por conducto de dicha
sociedad, no tiene un vínculo laboral remunerado ni recibe periódicamente salario,
honorarios u otros pagos que le permitan asumir por sí sola el sostenimiento del
hogar. También allegó el certificado de existencia y representación legal de la
sociedad para acreditar la calidad de quien suscribió la constancia. Con fundamento
en esos documentos, insistió en que continúa asumiendo las principales cargas
económicas de su familia y pidió valorar los efectos de la sanción sobre su mínimo
vital.
21.
Aportó también copia del acta de la audiencia de solicitud y emisión de órdenes
de captura, celebrada ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Neiva. Señaló que el documento permite constatar que la
Fiscalía expuso los hechos jurídicamente relevantes y los elementos que
sustentaban su petición, tras lo cual el juez verificó el cumplimiento de los
presupuestos constitucionales y legales, y dispuso expedir las órdenes
correspondientes. Precisó que esa actuación judicial era conocida dentro del
contexto examinado por las autoridades disciplinarias, pero su alcance no fue
valorado adecuadamente, pese a resultar relevante para establecer la existencia de
una autorización judicial previa.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestiones previas
8 Intervención contenida en 6 folios, a índices 13 y 14, SAMAI.
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Documentos y solicitudes adicionales del accionante
22.
No resulta necesario emitir un nuevo pronunciamiento sobre la medida provisional,
pues esta tenía por objeto brindar protección temporal mientras se adoptaba la
decisión de fondo, finalidad que se agota con la expedición de la presente sentencia.
Sin perjuicio de ello, se destaca que la decisión de negar esa cautela se adoptó con
los elementos que se contaba al momento de la admisión, y la información que
reposa en bases de datos públicas, que debe corresponder a la realidad. Que
terceras personas reporten información fraccionada o inexacta no puede servir de
fundamento para cuestionar una decisión judicial. En todo caso, los elementos
probatorios que se aportan no resultan relevantes, pues como se indicará el amparo
será declarado improcedente.
23.
Lo propio se puede decir de la copia del acta de la audiencia, pues su contenido
no constituye un elemento novedoso, en tanto fue conocido y expresamente
examinado en la providencia cuestionada. El desacuerdo del señor Gómez recae
sobre el alcance probatorio que se atribuyó a dicha actuación, aspecto que no puede
reabrirse mediante la simple aportación, en sede de tutela, del soporte documental
de un hecho previamente valorado por la autoridad judicial accionada.
Intervención del tercero
24.
La intervención del señor Franklin Alexander Briñez Parra únicamente será
considerada en cuanto coadyuva las pretensiones y argumentos formulados por el
accionante. Si bien aquel fue sancionado dentro de la misma actuación disciplinaria
y, por ello, tiene interés en el resultado del presente trámite, la posibilidad de actuar
en el proceso como tercero con interés no lo habilita para ampliar el objeto de la
controversia, ni reclamar la protección de sus propios derechos, en razón a las
consecuencias que la suspensión en el servicio produjo sobre su situación personal,
familiar y económica. Tales pretensiones desbordan los límites de esa figura procesal
y no pueden resolverse dentro de una acción de tutela promovida por otra persona.
D. Análisis del caso concreto
25.
La Sala declarará improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento de los
requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional. Los reproches del actor se
dirigen a cuestionar presuntos errores en el análisis de las normas aplicables y en la
valoración del material probatorio, los cuales debieron ser planteados dentro del
proceso disciplinario. Sumado a que, otra parte de sus argumentos se sustentan en
inconformidades examinadas y resueltas razonablemente.
26.
En primer lugar, el demandante sostiene que la autoridad disciplinaria accionada
desconoció el principio de legalidad al fundamentar la imputación jurídica de la falta,
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en el artículo 67 de la Ley 1952 de 2019, pese a que por su condición de empleado
del CTI le era aplicable el artículo 242 de la misma Ley.
27.
La Sala encuentra que este cargo no satisface el requisito de subsidiariedad, al
no haber sido formulado por el demandante ni su abogado defensor durante la
actuación disciplinaria, a pesar de que la aplicación del artículo 67 de la Ley 1952 de
2019 estuvo expresamente consignada desde la formulación de cargos y se mantuvo
como fundamento de las decisiones sancionatorias. Por tanto, desde el inicio de la
actuación, el demandante conoció tanto la disposición empleada para estructurar la
imputación y su condición de técnico investigador del CTI, de modo que contó con
oportunidades procesales suficientes para controvertir la norma aplicable y solicitar,
de estimarlo procedente, la corrección del fundamento jurídico de los cargos
imputados, o plantear el alegato de atipicidad que sustenta su defensa.
28.
El 30 de octubre de 2024, la defensa del actor destacó su desempeño laboral y
afirmó que había actuado de buena fe, en cumplimiento de las obligaciones propias
de su cargo y bajo el apremio de las circunstancias del operativo. También sostuvo
que las órdenes de captura fueron firmadas y remitidas el mismo 19 de mayo de
2022, por lo que existía una duda razonable que debía resolverse en favor del
investigado. Sin embargo, no cuestionó la aplicación del artículo 67 de la Ley 1952
de 2019 ni invocó la prevalencia del artículo 242 de esa normativa.
29.
Posteriormente, se recibieron varios algunos testimonios, y se corrió traslado para
alegar de conclusión, oportunidad en la que, la defensa del accionante tampoco
formuló reparo alguno sobre la disposición empleada para estructurar la imputación.
30.
Contra la sentencia de primera instancia proferida el 11 de diciembre de 2025, el
señor Gómez interpuso recurso de apelación en el que cuestionó distintos
componentes de la tipicidad, entre ellos, el alcance del artículo 297 del Código de
Procedimiento Penal, la exigencia de que la orden de captura estuviera firmada y la
supuesta incongruencia entre los cargos y la sentencia. Sin embargo, guardó silencio
sobre la alegada aplicación preferente del artículo 242 del CGD. Esa omisión impidió
que la autoridad disciplinaria accionada examinara el reparo, estableciera cuál de las
disposiciones resultaba aplicable y, de ser procedente, adoptara oportunamente las
medidas necesarias para corregir la imputación.
31.
Acorde a lo anterior, se considera que el hecho de que es tesis fuera acogida
posteriormente por uno de los integrantes de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, en un salvamento de voto, no releva al actor de la carga de haberla
propuesto oportunamente, especialmente, porque era un argumento que garantizaba
su defensa, ante la posible absolución por no cumplir con uno de los elementos
objetivos de la falta imputada (sujeto activo calificado).
32.
Además, se precisa que la opinión disidente no creó una irregularidad
desconocida durante el trámite, pues el fundamento normativo de la imputación y la
7
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calidad funcional del disciplinado eran conocidos desde el pliego de cargos.
Tampoco convierte la tutela en el escenario para introducir por primera vez un reparo
que pudo ser examinado mediante los mecanismos ordinarios de defensa. Admitirlo
implicaría permitir que el interesado guarde silencio ante el juez natural y, una vez
concluido el proceso, utilice la acción constitucional para reabrir un debate que no
promovió cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, y incluso sacar un provecho de su
propia omisión al pretender deslegitimar la actuación de la autoridad.
33.
De otro lado, el cargo tampoco satisface el requisito de relevancia constitucional,
al no evidenciarse la existencia de un problema constitucional que haya vulnerado
los derechos fundamentales del actor. Aunque en la tutela se afirma que la
imputación jurídica de la falta disciplinaria por la cual se sancionó al señor Gómez
debió fundamentarse en el artículo 242 de la Ley 1952 de 2019, por tratarse de la
disposición especial aplicable a los funcionarios y empleados judiciales, no explicó
de qué manera, el haber utilizado el artículo 67 del mismo estatuto legal -que
contiene el régimen general disciplinario para servidores públicos-, modificaba el
contenido, valoración y análisis de la conducta reprochada, limitaba el ejercicio de
su defensa o podría determinar el sentido de la decisión.
34.
Para empezar, se advierte que el reproche no recae propiamente sobre la
valoración efectuada en la sentencia de segunda instancia dentro del proceso
disciplinario, sino respecto de la norma empleada para la formulación de cargos y
estructuración de la falta grave imputada. Precisamente por ello era deber del
disciplinado controvertir ese aspecto desde que tuvo conocimiento de las normas
utilizadas para su investigación y posterior condena, especialmente mediante el
recurso de apelación contra el primer fallo sancionatorio. Debe tenerse en cuenta
que al juez de segunda instancia dentro del proceso disciplinario le compete resolver
los asuntos impugnados -aspecto expresamente enunciado en el fallo cuestionado-
y verificar que la responsabilidad se declare por las conductas efectivamente
atribuidas al investigado, mas no reconstruir oficiosamente la estrategia de defensa
ni examinar reparos normativos que no fueron discutidos por las partes.
35.
Además, la Subsección considera que la sola existencia de una disposición
general y otra especial, no demuestra por sí misma, una vulneración del principio de
legalidad. Al comparar las disposiciones, se observa que ambas contemplan, dentro
de su núcleo normativo, el incumplimiento de los deberes del servidor como
presupuesto de la responsabilidad disciplinaria. En el caso concreto, la imputación
no se agotó en el artículo 67 del CGD, sino que se integró con el numeral 1° del
artículo 153 de la Ley 270 de 1996 (aplicable expresamente para funcionarios
judiciales) y el artículo 297 del CPP, modificado por el artículo 19 de la Ley 1142 de
2007. Por lo que, el contenido material del reproche estuvo determinado por el deber
de respetar y cumplir la Constitución y la ley, y específicamente, por la exigencia de
contar con una orden de captura debidamente expedida por el juez competente.
Imputación que no se entiende cómo variaría en lo esencial, luego de aplicarse el
artículo 242 de la Ley 1952 de 2019. En otras palabras, ambas disposiciones
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censuran disciplinariamente que un servidor público desatiende sus deberes, sólo
que un artículo se refiere a los empleados públicos en general (la que se aplicó) y
otra a los servidores judiciales, pero el contenido material es el mismo.
36.
Esta conclusión coincide con la motivación desarrollada en la providencia
cuestionada. En concreto, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial explicó que el
artículo 67 de la Ley 1952 ejusdem, contiene un tipo disciplinario en blanco, cuya
determinación exige acudir a las disposiciones que establecen los deberes
funcionales incumplidos. Así, en el caso del accionante, integró esa norma con el
numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, que impone tanto a funcionarios
como empleados judiciales el deber de respetar y cumplir la Constitución y la ley, y
con el artículo 297 del CPP, conforme al cual la captura requiere una orden escrita,
proferida por el juez de control de garantías con las formalidades legales.
37.
A partir de esa integración normativa, la autoridad accionada concluyó
razonablemente que la conducta resultaba típica y permite evidenciar que la
aplicación del artículo 67 no fue automática ni estuvo desprovista de motivación, sino
que respondió a la construcción del reproche como incumplimiento de un deber
funcional especificado en otras disposiciones legales.
38.
Es así como, si bien es cierto que la providencia no efectuó una comparación
expresa entre los artículos 67 y 242 de la Ley 1952 de 2019, ello no constituye por
sí solo un defecto sustantivo, dado que la aplicación preferente de uno u otro artículo
no fue alegada por la defensa, ni hizo parte de los asuntos sometidos a consideración
de la segunda instancia. No podía exigirse entonces que la Comisión descartara de
oficio una tesis jurídica que no integró el recurso de apelación, menos aún cuando
explicó las razones por las cuales se determinó la tipicidad de la conducta, acorde al
régimen general de responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos.
39.
Así las cosas, el debate planteado en la tutela no evidencia que la providencia
carezca de sustento normativo, sino que propone tardíamente una alternativa jurídica
distinta a la examinada por el juez natural. Al respecto, se reitera que la tutela fue
instituida para corregir vulneraciones efectivas de derechos fundamentales dentro de
las actuaciones judiciales, y no para subsanar tardíamente las eventuales
imprecisiones normativas que las partes dejaron de controvertir ante el juez natural.
Permitir que el señor Gómez invoque, una vez concluido el proceso, una supuesta
irregularidad conocida desde la formulación de cargos y carente de incidencia
material equivaldría a convertir el amparo en un mecanismo procesal de defensa
adicional para cuestionar la imputación y la condena de primera instancia.
40.
Descartado el primer cuestionamiento, la Sala pasa a analizar el segundo
argumento del defecto sustantivo, relativo a la presunta indebida adecuación típica
de la conducta. El demandante afirmó que la autoridad disciplinaria interpretó
erróneamente el artículo 297 del CPP al concluir que la captura exigía una orden
escrita, emitida y firmada por el juez de control de garantías.
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Accionante: Jader Andrés Gómez Montiel
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
41.
Tales argumentos fueron alegados por la defensa de las personas investigadas
en el recurso de apelación. En concreto, afirmaron que el artículo 297 del CPP
únicamente establecía los requisitos que debían observar la Fiscalía y el juez de
control de garantías al solicitar y disponer una captura, y no los deberes de los
servidores encargados de ejecutarla. También señalaron que la referida norma no
exigía expresamente la firma judicial como condición de validez de la orden y que,
de conformidad con los artículos 6 de la Ley 527 de 1999 y 95 de la Ley 270 de 1996,
el requisito de constar por escrito podía satisfacerse mediante un mensaje de datos
accesible para su posterior consulta.
42.
La defensa del señor Jader Gómez agregó que no incurrió en la falta disciplinaria
imputada porque existió una orden judicial de captura dictada en audiencia celebrada
el 18 de mayo de 2022, esto es, previa a la aprehensión, y solo quedó pendiente su
materialización escrita. A su juicio, ello evidenciaba que el actor actuó convencido de
la existencia y validez de la orden, cuya firma constituía una formalidad posterior.
43.
Al respecto, la entidad accionada explicó que el artículo 297 del CPP, contiene
requisitos generales para la captura, cuya observancia no se exige únicamente al
juez que la dispone, sino también a quienes deben materializarla. Por ello, consideró
que la restricción de la libertad requería una orden escrita efectivamente proferida
por el juez de control de garantías y expedida con las formalidades legales.
44.
Asimismo, descartó que el reproche hubiera sido indeterminado o construido con
posterioridad. Precisó que, desde la formulación de cargos, se atribuyó al actor haber
capturado a José Pérez sin contar con una orden escrita, debidamente emitida y
firmada por el juez competente. La referencia a la Sentencia C-276 de 2019 se utilizó
para explicar el contenido de las órdenes de captura, no para incorporar una
exigencia nueva a la imputación.
45.
En cuanto al empleo de medios electrónicos, la autoridad accionada expuso que
en la sentencia C-831 de 2001 se indicó que la equivalencia funcional entre el escrito
y el mensaje de datos electrónico exige que sobre este último sea posible rastrear
su origen, autenticidad, integridad, la identificación del órgano que ejerce la función
jurisdiccional y el cumplimiento de los requisitos procesales correspondientes, a fin
de hacer efectivos el debido proceso y el derecho de defensa de los investigados.
Por ende, determinó que la sola remisión electrónica de los proyectos de órdenes de
captura, no demostraba su válida expedición.
46.
En ese sentido, descartó que los correos mediante los cuales el secretario del
Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Neiva
envió a la fiscal los borradores para su revisión, constituyeran verdaderas órdenes
judiciales aptas para respaldar las capturas. Esto porque no habían sido aprobados
ni proferidos por el juez competente, quien debía suscribirlas, como formalidad legal
exigible, en atención a los derechos fundamentales que se afectarían.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05873-00
Accionante: Jader Andrés Gómez Montiel
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
47.
También examinó el acta de la audiencia preliminar de 18 de mayo de 2022 y
distinguió entre la decisión de disponer la expedición de las órdenes y su efectiva
emisión. Indicó que en esa diligencia el juez ordenó expedirlas, pero fueron
realmente libradas desde las 7:52 pm del 19 de mayo de 2022 hasta las 9:41 am del
día siguiente, cuando ya se habían adelantado las diligencias.
48.
La Sala no advierte arbitrariedad en ese razonamiento. La interpretación según la
cual la orden debe haber sido efectivamente proferida por el juez antes de restringir
la libertad resulta compatible con lo dispuesto en el artículo 297 del CPP y con la
necesidad de garantizar la autenticidad e integridad de esa decisión judicial. Así, se
considera que tampoco se configura la incongruencia alegada, pues la ausencia de
una orden escrita, emitida y firmada fue expresamente incorporada en la formulación
de cargos, de manera que el actor conoció oportunamente los hechos y las
exigencias jurídicas cuyo incumplimiento se le atribuía. De hecho esas exigencias
resultan apenas razonables si se tiene en cuenta que lo que está de por medio es la
privación de la libertad de una persona, y el único autorizado para disponer ese tipo
de restricciones es el juez de control de garantías.
49.
Así la inconformidad del demandante no demuestra que la Comisión hubiera dado
un alcance irrazonable al artículo 297 del CPP. Se considera que, en realidad, se
pretende que el juez constitucional sustituya la interpretación adoptada por la
autoridad disciplinaria por aquella que considera más favorable, propósito que
evidencia la falta de relevancia constitucional del cargo.
50.
De otra parte, el señor Gómez cuestionó el análisis del error de prohibición y de
la confianza legítima, en razón a que, actuó convencido de la legalidad del
procedimiento, dada la autorización impartida en audiencia, las instrucciones
recibidas dentro del operativo y la expectativa de que la formalización documental de
las órdenes se complementaría inmediatamente.
51.
Contrario a ello, la Sala verificó que en la providencia cuestionada se analizaron
esas circunstancias. La autoridad accionada reconoció que el juez de control de
garantías dispuso expedir las órdenes de captura en audiencia celebrada el 18 de
mayo de 2022, también que el operativo exigía labores de vigilancia y coordinación,
por lo que los técnicos investigadores del CTI se encontraban ante la posibilidad de
que los sujetos perseguidos huyeran. No obstante, consideró que esos elementos
no justificaban la ejecución de las capturas sin la orden debidamente expedida, ni
configuraban un error invencible.
52.
Conforme a ello, la Sala encuentra que este cargo evidencia sólo la inconformidad
del accionante con la valoración que efectuó la autoridad disciplinaria sobre si el error
era invencible y el alcance de la confianza alegada. El cuestionamiento no trasciende
el ámbito constitucional porque en la providencia objeto de tutela se examinaron
coherente y razonablemente las circunstancias alegadas como desconocidas.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05873-00
Accionante: Jader Andrés Gómez Montiel
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
53.
Finalmente, el demandante atribuyó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
haber incurrido en un defecto fáctico por indebida valoración de la estructura
jerárquica del operativo.
54.
La Subsección estima que este reproche también carece de fundamento. La
autoridad accionada reconstruyó detalladamente el desarrollo del operativo y
examinó el acta de la audiencia preliminar celebrada ante el juez de control de
garantías, los informes de captura, las conversaciones de Whatsapp y los audios que
intercambiaron la fiscal y los investigadores del CTI. Con fundamento en ese
material, estableció que el actor sabía que la orden correspondiente aún no había
sido formalmente expedida y, pese a las advertencias, decidió ejecutar la captura.
55.
En especial, se tuvo en cuenta que el accionante llevaba años desempeñándose
como técnico investigador del CTI, por lo que sabía que la inexistencia de una orden
formalmente expedida y el desacato de la instrucción de esperar mientras esta era
proferida, tornaban irregular su actuar. Aunque la autoridad disciplinaria reconoció
las condiciones de presión del operativo, estimó razonablemente que estas no
justificaban el desconocimiento de los requisitos legales ni desvirtuaban la modalidad
dolosa de la conducta.
56.
Tampoco se probó que el señor Jader Gómez hubiera capturado al ciudadano en
cumplimiento de una orden impartida por un superior. Si bien Franklin Briñez
coordinaba el operativo, las comunicaciones examinadas daban cuenta de
instrucciones encaminadas a esperar el aval de la fiscal y la expedición de las
órdenes. Por ello, la subordinación funcional no permitía concluir que el actor
careciera de autonomía, ni que estuviera obligado a realizar una captura que sabía
desprovista del soporte judicial requerido.
57.
La ausencia de interés o beneficio personal se descartó como argumento válido
para descartar el dolo, pues este no exige la obtención de provecho, sino el
conocimiento pleno de los hechos constitutivos de la falta grave, la conciencia de la
ilicitud y la voluntad de realizar la conducta. Componentes probados en el plenario.
58.
En ese orden, no se advierte que la providencia hubiera omitido una prueba
determinante, valorado indebidamente el material probatorio o acogido una
interpretación legal irrazonable. La tutela se sustenta en la interpretación alterna y
personal del accionante sobre las normas aplicables a su caso concreto, así como,
de las pruebas que denotan su culpabilidad y la tipicidad de la falta endilgada, a fin
de obtener un fallo disciplinario absolutorio, sin sustentar debidamente una
vulneración a sus derechos fundamentales con la decisión adoptada por la Comisión.
59.
En ese orden de ideas, se declarará la improcedencia del amparo, al no satisfacer
los presupuestos de subsidiariedad y relevancia constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05873-00
Accionante: Jader Andrés Gómez Montiel
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
60.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE9
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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