Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-05892-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-05892-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-05892-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05892-00
Accionante: Óscar Miguel Moreno Arroyave
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Niega. No se configura el defecto alegado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
decide la acción de tutela instaurada por el señor Óscar Miguel Moreno Arroyave,
quien actúa en nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, por la presunta vulneración de
los derechos fundamentales al acceso a la información y de petición, ocurrida con
ocasión de la providencia del 26 de junio de 20261 dentro del recurso de
insistencia con radicado 25000-23-41-000-2026-01016-00.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela2 y del expediente, se colige que el señor Óscar Miguel
Moreno Arroyave, en ejercicio de los derechos de petición y acceso a la
información, presentó el 11 de abril de 2026 una solicitud ante la Dirección de
Inteligencia Policial (DIPOL), mediante la cual requirió, entre otros aspectos, la
certificación de una entrevista previa a una prueba de polígrafo, las grabaciones
de dicha diligencia, el resultado del examen y la identificación de quien ordenó
su práctica.
3. Del plenario se advierte que mediante comunicación GS-2026-018542-
ARCOT-CRECO-13 del 6 de mayo de 2026, la Dirección de Inteligencia de la
Policía Nacional negó el acceso a parte de la información solicitada, al considerar
que los documentos requeridos se encontraban amparados por la reserva legal
prevista para las actividades de inteligencia y contrainteligencia consagrada en
1
Índice 4 del aplicativo SAMAI, exp. 25000-23-41-000-2026-01016-00
2
Presentado el 28 de julio de 2026.
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Accionante: Óscar Miguel Moreno Arroyave
la Ley 1621 de 2013.
4. Inconforme con dicha determinación, el accionante presentó recurso de
insistencia el 11 de mayo de 2026, en el cual sostuvo que la información
requerida contenía datos personales de su titularidad y que la autoridad podía
acudir a mecanismos de anonimización o versiones públicas para armonizar la
reserva legal con el derecho de acceso a la información.
5. El asunto fue conocido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, que, mediante sentencia del 26 de junio de 2026,
dentro del radicado 25000-23-41-000-2026-01016-003, accedió únicamente a la
entrega del concepto, criterio orientador o resultado de la prueba de polígrafo y
declaró bien negada la información correspondiente a las grabaciones y a la
identificación de los funcionarios involucrados.
6. El Tribunal4 consideró que los documentos relacionados con las
grabaciones de la entrevista previa, la prueba psicofisiológica y la identificación
de quienes desarrollaron actividades de inteligencia o contrainteligencia se
encontraban cobijados por la reserva legal prevista en la Ley 1621 de 20135
específicamente en sus artículos 336 y 407, por comprometer información
3
Revisado el aplicativo SAMAI se advierte que el accionante, en ejercicio de su derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia, ha presentado diversas solicitudes de insistencia respecto de diversos temas, ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, seguidas bajo los radicados 25000-23-41-000-2026-01377-00, 25000-23-41-000-2026-
01246-00, 25000-23-41-000-2026-01149-00, 25000-23-41-000-2026-01028-00, 25000-23-41-000-2026-01135-00 y
25000-23-41-000-2026-00850-00, en cuyos procesos también demandó a la Policía Nacional - Dirección de Inteligencia
Policial. 4
La autoridad judicial resolvió el recurso de insistencia promovido por el señor Óscar Miguel Moreno Arroyave frente a
la negativa de la Dirección de Inteligencia Policial de suministrar determinada información relacionada con una entrevista
previa y una prueba de polígrafo. Al respecto, el Tribunal efectuó un estudio del régimen constitucional y legal de
acceso a la información pública, analizó el alcance de la reserva establecida en los artículos 33 y 36 de la Ley
1621 de 2013, así como la jurisprudencia constitucional relativa a los documentos de inteligencia y
contrainteligencia y a los estudios de credibilidad y confiabilidad. Con fundamento en dicho análisis, concluyó que
la información contenida en el numeral 5 de la petición recaía directamente sobre la persona del solicitante y que, por
ello, la reserva legal invocada no le resultaba oponible, razón por la cual ordenó suministrar copia del concepto, criterio
orientador o resultado de la prueba de polígrafo practicada el 2 de marzo de 2026. Por el contrario, declaró bien negadas
las solicitudes contenidas en los numerales 2, 6 y 9 de la petición, al estimar que las grabaciones y demás datos requeridos
comprometían la identidad de servidores que desarrollaban actividades de inteligencia y contrainteligencia y se
encontraban amparados por la reserva legal prevista en el artículo 33 de la Ley 1621 de 2013. 5
Ley Estatutaria 1621 de 2013 (abril 17) Reglamentada por el Decreto Nacional 857 de 2014 «Por medio de la cual se
expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de
inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones»
6
Ibidem. - Artículo 33. Reserva. Por la naturaleza de las funciones que cumplen los organismos de inteligencia y
contrainteligencia sus documentos, información y elementos técnicos estarán amparados por la reserva legal
por un término máximo de treinta (30) años contados a partir de la recolección de la información y tendrán
carácter de información reservada. Excepcionalmente y en casos específicos, por recomendación de cualquier
organismo que lleve a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, el presidente de la República podrá acoger la
recomendación de extender la reserva por quince (15) años más, cuando su difusión suponga una amenaza grave interna
o externa contra la seguridad o la defensa nacional, se trate de información que ponga en riesgo las relaciones
internacionales, esté relacionada con grupos armados al margen de la ley, o atente contra la integridad personal de los
agentes o las fuentes. Parágrafo 1°. El presidente de la República podrá autorizar en cualquier momento, antes del
cumplimiento del término de la reserva, la desclasificación total o parcial de los documentos cuando considere que el
levantamiento de la reserva contribuirá al interés general y no constituirá una amenaza contra la vigencia del régimen
democrático, la seguridad, o defensa nacional, ni la integridad de los medios, métodos y fuentes. Parágrafo 2°. El
organismo de inteligencia que decida ampararse en la reserva para no suministrar una información que tenga
este carácter, debe hacerlo por escrito, y por intermedio de su director, quien motivará por escrito la razonabilidad
y proporcionalidad de su decisión y la fundará en esta disposición legal.
En cualquier caso, frente a tales
decisiones procederán los recursos y acciones legales y constitucionales del caso. Parágrafo 3°. El servidor público
que tenga conocimiento sobre la recolección ilegal de información de inteligencia y contrainteligencia, la pondrá en
conocimiento de las autoridades administrativas, penales y disciplinarias a las que haya lugar, sin que ello constituya una
violación a la reserva. Parágrafo 4°. El mandato de reserva no vincula a los periodistas ni a los medios de comunicación
cuando ejerzan su función periodística de control del poder público, en el marco de la autorregulación periodística y la
jurisprudencia constitucional, quienes en cualquier caso estarán obligados a garantizar la reserva respecto de sus fuentes. Negrillas y subrayas de esta Sala. 7
Ibidem. - Artículo 40. Protección de la Identidad. Con el fin de proteger la vida e integridad de los servidores públicos
que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia, y para facilitar la realización de las actividades propias de
su cargo, el gobierno a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil les suministrará documentos con nueva
identidad que deberán ser utilizados exclusivamente en el ejercicio de sus funciones y actividades. Los jefes y directores
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protegida y la identidad de servidores vinculados a dichas actividades.
7. Contra dicha providencia, el señor Óscar Miguel Moreno Arroyave instauró
la presente acción de tutela, al estimar vulnerados sus derechos fundamentales,
por cuanto adujo que la autoridad judicial habría extendido de manera automática
la reserva legal, sin efectuar, desde la perspectiva del accionante, un análisis
individualizado de los documentos solicitados ni ponderar adecuadamente las
garantías constitucionales invocadas.
2.2. Fundamento jurídico
8. El accionante estimó vulnerados sus derechos fundamentales al acceso a
la información y de petición, al considerar que la sentencia de 26 de junio de 2026
extendió indebidamente la reserva legal prevista para las actividades de
inteligencia a información que también contenía datos personales de su
titularidad, impidiéndole acceder a ella.
9. Sostuvo que la providencia cuestionada omitió diferenciar la naturaleza
jurídica de la entrevista previa, de los registros audiovisuales y de la prueba de
polígrafo propiamente dicha, proyectando sobre todos los documentos solicitados
un mismo régimen de reserva sin realizar un examen individualizado de cada uno
de ellos.
10. Asimismo, adujo que el Tribunal dejó de valorar que la documentación
requerida contenía simultáneamente información institucional y datos personales
del propio solicitante, tales como manifestaciones, declaraciones, imagen y voz,
circunstancia que imponía efectuar una ponderación entre la reserva legal y las
garantías derivadas de los artículos 15, 23, 29 y 74 de la Constitución Política.
11. Adicionalmente, reprochó que, en su sentir, la autoridad judicial no analizó
de manera expresa la viabilidad de suministrar la información mediante
mecanismos de acceso parcial, versiones públicas o técnicas de anonimización
que permitieran proteger la identidad de los funcionarios de inteligencia sin
sacrificar completamente el ejercicio de los derechos fundamentales invocados.
12. Igualmente, sostuvo que la providencia no desarrolló un juicio autónomo
sobre la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la restricción impuesta,
de los organismos de inteligencia serán los únicos autorizados para solicitar ante la Registraduría Nacional del Estado
Civil la expedición del nuevo documento de identificación para la protección de sus funcionarios, sin perjuicio de la
responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal por la omisión de denuncia del uso indebido, y el incumplimiento al debido
control del uso de los documentos expedidos. En caso de necesitarse la expedición de otros documentos públicos o
privados para el cumplimiento de la misión, los funcionarios de los organismos que llevan a cabo actividades de
inteligencia y contrainteligencia podrán utilizar para el trámite el nuevo documento de identidad expedido por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, sin que el uso de los nuevos documentos constituya infracción a la ley. La
Registraduría Nacional del Estado Civil con el apoyo de los organismos de inteligencia y contrainteligencia, reglamentarán
la implementación del sistema de custodia de la información relacionada con la identidad funcional de los agentes con el
fin de garantizar la seguridad de la información y la protección de la vida e integridad física de los agentes. Los organismos
de inteligencia serán responsables de garantizar la reserva de esta información de acuerdo con lo establecido en la
presente ley. Parágrafo 1°. En la implementación de los mecanismos de protección contemplados en este artículo, las
entidades estatales deberán suscribir los convenios interinstitucionales a que haya lugar con el fin de establecer
protocolos para asegurar la reserva, seguridad y protección de la información. Parágrafo 2°. El servidor público que
indebidamente dé a conocer información sobre la identidad de quienes desarrollen actividades de inteligencia o
contrainteligencia incurrirá en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar. Parágrafo
3°. El uso indebido de los documentos de identidad a los que se refiere el presente artículo será causal de mala conducta
sin perjuicio de las acciones penales a las que haya lugar.
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sino que acogió los argumentos expuestos por la Dirección de Inteligencia Policial
sin realizar un control judicial efectivo sobre la reserva alegada por la
administración.
13. Finalmente, señaló que tales omisiones impidieron resolver el problema
planteado en el recurso de insistencia, razón por la cual solicitó dejar sin efectos
la decisión adoptada y ordenar la emisión de una nueva providencia que
incorporara un análisis constitucional integral respecto de la información
requerida.
2.3. Pretensiones
14. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo siguiente:
«. PRIMERA. Amparar mis derechos fundamentales de PETICIÓN, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, HÁBEAS DATA y al ACCESO EFECTIVO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, vulnerados con ocasión de la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección B, dentro del recurso
de insistencia identificado con el radicado 25000-23-41-000-2026-01016-00.
SEGUNDA. Dejar sin efectos la providencia judicial proferida dentro del citado
recurso de insistencia, por haber incurrido en omisiones de relevancia constitucional
que impidieron resolver integralmente el problema jurídico sometido a consideración
del Tribunal y vulneraron los derechos fundamentales del accionante.
TERCERA. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro del
término que se fije para tal efecto, profiera una nueva decisión en la que realice un
examen constitucional autónomo, integral y suficientemente motivado respecto de
la información solicitada en el NUMERAL 2 de la petición presentada ante la
Dirección de Inteligencia Policial, diferenciando la naturaleza jurídica de la entrevista
previa y sus registros audiovisuales, previos a la poligrafía propiamente dicha.
CUARTA. Ordenar que, al proferir la nueva decisión, el Tribunal analice
expresamente la naturaleza concurrente de la información solicitada, teniendo en
cuenta que los documentos requeridos incorporan tanto información institucional
como datos personales del propio accionante, y efectúe la correspondiente
ponderación entre el régimen excepcional de reserva y los derechos fundamentales
comprometidos, conforme a los artículos 15, 29 y 74 de la Constitución Política y a
los principios que gobiernan el acceso a la información pública.
QUINTA. Ordenar que, en la nueva providencia, el Tribunal examine de manera
expresa la procedencia de mecanismos constitucional y legalmente admisibles que
permitan armonizar la protección de la información eventualmente reservada con el
ejercicio del derecho de acceso a la información, incluyendo la posibilidad de
elaborar una versión pública o de adoptar medidas de anonimización respecto de
aquellos elementos cuya divulgación pueda comprometer bienes jurídicamente
protegidos, siempre que ello resulte compatible con el ordenamiento jurídico y con
las circunstancias particulares del caso. .» SIC en toda la cita.
2.4. Intervenciones
15. Mediante auto del 298 de julio de 2026 se admitió la acción de tutela de la
referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B como accionado y a la Policía Nacional de
Colombia –Dirección de Inteligencia Policial.
8
Índice 4 del aplicativo SAMAI
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16. Adicionalmente, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado para lo de su competencia.
2.4.1 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca9 indicó que el recurso de
insistencia fue tramitado dentro de los términos legales y que la decisión
adoptada obedeció a un análisis jurídico riguroso sobre la reserva legal prevista
para la información de inteligencia y contrainteligencia por lo que solicitó negar el
amparo pretendido.
17. Señaló que la sentencia reconoció el interés legítimo del solicitante
respecto del numeral 5 de la petición y explicó de manera expresa las razones
por las cuales los numerales 2, 6 y 9 permanecían cobijados por la reserva legal,
por lo que descartó la existencia de vulneración de derechos fundamentales.
18. Finalmente, sostuvo que la tutela pretendía reabrir una discusión ya
decidida en sede judicial y convertir el mecanismo constitucional en una instancia
adicional frente al recurso de insistencia.
2.4.2. La Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL)10 sostuvo que ha atendido
de manera oportuna y de fondo las solicitudes formuladas por el teniente coronel
(RP) Óscar Miguel Moreno Arroyave, mediante las comunicaciones expedidas el
6 de mayo, 8 de julio y 26 de julio de 2026, en cumplimiento de las órdenes
impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro de las actuaciones previamente promovidas por el
accionante.
19. Igualmente, solicitó su desvinculación del trámite constitucional por falta
de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que la presunta vulneración
alegada no derivaba de actuaciones atribuibles a esa Dirección, sino de la
sentencia de 26 de junio de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, dentro del recurso de insistencia
núm. 25000-23-41-000-2026-01016-00.
20. Asimismo, adujo la improcedencia de la acción de tutela por existir, en su
criterio, otro mecanismo de defensa judicial, al estimar que el accionante puede
hacer valer sus pretensiones y solicitudes probatorias dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que eventualmente pudiere cursar ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
21. Finalmente, defendió la legalidad de la reserva de la información solicitada,
con fundamento en la Ley Estatutaria 1621 de 2013, e insistió en que los
documentos, métodos, fuentes, agentes y productos de inteligencia y
contrainteligencia se encuentran amparados por reserva legal y carecen de
vocación probatoria en los términos previstos por el régimen especial que regula
dicha actividad.
9
Índice 12 del aplicativo SAMAI
10
Índice 13 del aplicativo SAMAI
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
22. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el
Acuerdo 080 de 201911 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
3.2.1. De la solicitud de desvinculación
23. La Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) solicitó su desvinculación del
trámite constitucional al considerar que carece de legitimación en la causa por
pasiva pues no profirió la decisión objeto de cuestionamiento. No obstante, su
vinculación resulta necesaria para la debida integración del contradictorio, razón
por la que, con el fin de garantizar su derecho de defensa, se negará dicha
solicitud.
3.2.2. Del defecto objeto de análisis en sede constitucional
24. Antes de abordar el estudio de fondo, resulta necesario delimitar con
precisión los cargos formulados por el accionante y la metodología mediante la
cual serán analizados. Aunque el escrito de tutela no identificó expresamente
alguno de los defectos específicos de procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales desarrollados por la jurisprudencia
constitucional, sí plantea una serie de cuestionamientos dirigidos contra la
motivación de la providencia que resolvió el recurso de insistencia.
25. En ese entendido, el actor sostuvo que la autoridad judicial omitió
diferenciar la naturaleza de los documentos solicitados, dejó de ponderar los
derechos fundamentales involucrados, no examinó adecuadamente la incidencia
del hábeas data respecto de la información requerida y descartó la posibilidad de
acudir a mecanismos de acceso parcial o anonimización.
26. Tales reproches, pese a ser presentados bajo la denominación de
“omisiones constitucionales”, se encuentran dirigidos a cuestionar la suficiencia
del razonamiento desplegado por el Tribunal para justificar la negativa de acceso
a la información solicitada.
27. Así las cosas, se advierte que los distintos cargos formulados no
constituyen defectos autónomos e independientes, sino manifestaciones de un
único cuestionamiento orientado a sostener que la providencia reprochada
carece de una motivación suficiente respecto de determinados aspectos del
asunto sometido a consideración.
28. En otras palabras, el supuesto desconocimiento del hábeas data, la
11 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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alegada ausencia de ponderación entre derechos fundamentales y la reserva
legal, así como la alegada falta de análisis de mecanismos de anonimización o
acceso parcial, convergen en una misma censura relativa a una presunta
insuficiencia argumentativa de la decisión judicial.
29. En consecuencia, por razones de economía procesal, coherencia
metodológica y adecuada delimitación del litigio constitucional, resulta
procedente estudiar de manera conjunta la totalidad de esos reparos bajo un
único eje de análisis, consistente en establecer si la providencia de 26 de junio
de 2026 incurrió en una omisión de motivación constitucional relevante que
comprometiera los derechos fundamentales invocados por el actor.
3.3. Problema jurídico
30. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B con ocasión de la sentencia del 26 de junio de 2026, incurrió en un
defecto por decisión sin motivación, y si con este, trasgredió los derechos
fundamentales al acceso a la información y de petición de la parte actora.
31. Previo a lo anterior, es necesario establecer si la acción cumple con los
requisitos generales de procedencia.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
32. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por
los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de
2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
33. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
34. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
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elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
35. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que las decisiones objeto de tutela carecen de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional12.
3.4.1.3 Se observa que la interposición del mecanismo constitucional se dio en
un lapso «razonable y proporcionado», teniendo en cuenta que la providencia
objeto de reproche constitucional fue proferida el 30 de junio de 2026, mientras
que la acción de tutela fue presentada el 28 de julio de esta anualidad, cuando
no habían transcurrido seis meses.
3.4.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que
se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al acceso a la
información y de petición, al supuestamente incurrir la autoridad judicial
12
La Sala encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad, pues la presente acción de tutela se dirige contra la
providencia de 26 de junio de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del recurso de
insistencia radicado núm. 25000-23-41-000-2026-01016-00, decisión adoptada en única instancia respecto de la cual el
ordenamiento jurídico no prevé recursos ordinarios o extraordinarios. Aunque la Dirección de Inteligencia Policial sostuvo
que el actor podría acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dicho mecanismo no constituye
una vía judicial idónea para controvertir la providencia judicial aquí censurada, pues su objeto y finalidad son distintos al
control excepcional que procede frente a una presunta vulneración de derechos fundamentales derivada de una decisión
judicial. En consecuencia, como el accionante agotó el mecanismo judicial previsto para controvertir la reserva invocada
por la administración y no dispone de otro instrumento procesal apto para cuestionar los presuntos defectos
constitucionales atribuidos a la sentencia atacada, se impone concluir que el presupuesto de subsidiariedad se encuentra
acreditado.
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accionada en un defecto por decisión sin motivación, el cual se encuentra
razonadamente fundamentado.
3.4.1.5. Finalmente, no se alega ninguna irregularidad procesal, y no se ataca
una decisión proferida dentro de otra acción de tutela.
36. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. Decisión sin motivación como causal de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales
37. La jurisprudencia constitucional13 ha señalado que el defecto conocido
como «decisión sin motivación» se configura cuando la providencia atacada
carece de fundamentos fácticos y jurídicos que la soporten, lo cual deriva en una
decisión arbitraria que desconoce derechos fundamentales.
38. En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional14 ha establecido los
criterios que se deben tener en cuenta para establecer si existió un defecto por
falta de motivación, ya que dicha ausencia no puede estructurarse en cualquier
descuerdo que exista con la justificación de la providencia atacada. Para ello y
con el fin de respetar el principio de autonomía y razonamiento del juez, su
configuración procederá cuando la argumentación sea defectuosa, insuficiente o
inexistente y «se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de
argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad
del juez, es decir en una arbitrariedad».15
39. Finalmente, ha insistido la Corte Constitucional16 que cuando se señale
que una providencia judicial incurrió en falta de motivación debido a la ausencia
de razonamientos que sustenten lo decidido el juez constitucional debe
salvaguardar el derecho de los accionantes a obtener respuestas razonadas que
además les permitan ejercer su derecho de contradicción, ya que aceptar una
decisión que no sustente las razones fácticas y jurídicas iría en contravía de la
función judicial que ostentan los administradores de justicia, situación que
además conllevaría a una flagrante violación del derecho al debido proceso.
3.5.1. Análisis de la presunta decisión sin motivación en el caso concreto
40. La Sala advierte de entrada que no encuentra configurado el defecto
alegado por la parte accionante, toda vez que la lectura integral de la providencia
del 26 de junio de 2026 permite advertir que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca identificó con precisión el asunto sometido a su consideración,
delimitó las solicitudes objeto del recurso de insistencia, estableció el marco
normativo aplicable y expuso las razones que sustentaron la decisión adoptada.
Por ello, no resulta jurídicamente admisible afirmar que la providencia carece de
motivación o que constituye una decisión arbitraria.
13
Sentencia C-590 de 2005.
14
Sentencia T-233 de 2007.
15
Sentencia T-709 de 2010.
16
Sentencia T-041 de 2018.
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41. Asimismo, se observa que la autoridad judicial desarrolló un apartado
específico destinado al estudio del derecho de acceso a la información y a los
documentos públicos, dentro del cual examinó las disposiciones pertinentes del
CPACA, identificó el carácter excepcional de las reservas legales y precisó las
reglas que gobiernan su procedencia. De esta manera, estructuró una
fundamentación jurídica suficiente17 para resolver la controversia propuesta.
42. Así las cosas, contrario a lo sostenido en el escrito de tutela, el Tribunal
no omitió el análisis de los mecanismos de acceso parcial a la información, sino
que, por el contrario, la providencia incorporó expresamente el estudio del
artículo 21 de la Ley 1712 de 201418, relativo a la divulgación parcial y a la
elaboración de versiones públicas, circunstancia que demuestra que dicha
alternativa sí fue considerada dentro del razonamiento de la autoridad judicial
accionada.
43. De igual forma, la motivación de la sentencia no se limitó a reiterar los
argumentos expuestos por la Dirección de Inteligencia Policial, pues la Sala
objeto de reproche efectuó un examen propio de la normativa de inteligencia y
contrainteligencia, apoyado en el estudio de la jurisprudencia constitucional19
relativa a la reserva legal de esta clase de información, lo que excluye la
existencia de una simple reproducción mecánica de la postura administrativa.
44. Aunado a lo anterior, la providencia evidencia que el Tribunal desarrolló
una valoración diferenciada de cada una de las solicitudes formuladas por el
interesado. En ese entendido, no acogió íntegramente la negativa administrativa,
sino que distinguió entre los diferentes numerales de la petición y adoptó
decisiones diversas20 según la naturaleza de la información requerida,
circunstancia incompatible con la alegada ausencia de análisis de parte de la
Corporación accionada.
45. Particularmente respecto del numeral 521, la autoridad judicial explicó de
manera expresa las razones por las cuales la reserva legal no resultaba oponible
al solicitante. Para ello valoró que la información recaía directamente sobre su
17
Providencia del Tribunal- “De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 (CPACA) y la Ley 1755 del año 2015,
la regla general aplicable es la publicidad de los documentos públicos y la excepción a dicho principio es la reserva
por disposición constitucional o legal (...) Se advierte que, al tratarse de una excepción al ejercicio del derecho
constitucional fundamental de petición la consagración legal debe ser expresa, por ende, su aplicación taxativa
y sobre la base de una interpretación restrictiva pues, sólo de esta forma se instrumenta y garantiza la protección
efectiva de los derechos fundamentales.” Negrillas de esta Sala.
18
Ibidem - “A su vez, el artículo 21° de la precitada normativa, dispone la facultad de realizar una divulgación parcial de
la información cuando se evidencie que la totalidad de la misma no está protegida por una excepción contenida en la ley,
de tal forma que resulta imperativo elaborar una versión pública que mantenga la reserva únicamente de la parte
indispensable, pues el restante de la información que no cae en ningún supuesto de reserva legal se erige, entonces, con
el carácter de conocimiento público y deberá ser entregada al solicitante de conformidad con el derecho fundamental a la
información. Por su parte, el artículo 26 de la Ley 1437 del 2011 (CPACA), establece el trámite que debe adelantarse, en
caso de una insistencia de una persona solicitante7.”
19
Ibidem - “En concordancia con la normativa expuesta, considera pertinente esta Sala exponer la jurisprudencia
constitucional sobre la materia; al respecto la Corte Constitucional, bajo la sentencia C-540 de 2012 con ponencia del
Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No.
263/11 Senado, 195/11 Cámara –Ley 1621 de 2013–, providencia en donde manifestó lo siguiente: (...)”
20
Ibidem - “Evaluados los presupuestos normativos, la Sala accederá únicamente a la solicitud de información contenida
en el numeral quinto (5°) y, por el contrario, declarará bien denegada la información de que tratan los numerales 2, 6 y 9
de la petición de información, como pasa a explicarse en el siguiente sentido: (...).” Negrillas y subrayas del Tribunal.
21
Ibidem - “En ese orden, la Sala destaca que la información requerida en el numeral quinto (5°) de la petición de
información recae, de manera exclusiva, sobre la prueba de polígrafo dentro de los estudios de credibilidad y confiabilidad
(...) por lo anterior, esta Sala reconoce que le asiste al solicitante un verdadero interés legítimo sobre la información
requerida en procura, además, del ejercicio de su derecho de defensa y contradicción.”
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propia persona, que guardaba relación con estudios de confiabilidad practicados
en ejercicio de su actividad funcional y que existía un interés legítimo para
acceder a ella.
46. A su turno, en relación con los numerales 2, 6 y 9, la providencia señaló
de manera concreta las razones por las cuales tales solicitudes permanecían
cubiertas por la reserva legal. La Sala consideró que la información pretendida
involucraba elementos capaces de comprometer la identidad de servidores
públicos dedicados a actividades de inteligencia y contrainteligencia22, supuesto
expresamente protegido por la Ley 1621 de 2013.
47. Tampoco resulta acertado afirmar que el Tribunal guardó silencio frente a
la posibilidad de anonimizar la información pues la sentencia examinó dicho
planteamiento y concluyó que exigir a la entidad la edición de audios y videos
para eliminar la identificación de los agentes involucrados implicaría disponer
recursos institucionales adicionales para satisfacer un interés particular,
circunstancia que estimó contraria al interés general23.
48. Al respecto, el actor podrá compartir o no dicha conclusión, pero lo cierto
es que la cuestión fue resuelta expresamente. Así las cosas, la censura planteada
no evidencia una omisión por parte del Tribunal, sino una discrepancia frente a
la valoración que este efectuó respecto de las consecuencias administrativas y
operativas que supondría la anonimización de la información requerida.
49. Ahora bien, esa discrepancia, por sí sola, no habilita la intervención del
juez constitucional pues la tutela contra providencias judiciales no está llamada a
verificar si el juez pudo decidir de manera distinta o si una alternativa
argumentativa resultaba más persuasiva, sino a establecer si la decisión
adoptada incurre en una vulneración constitucional de entidad suficiente para
justificar el desplazamiento excepcional de la cosa juzgada y de la autonomía
judicial.
50. Adicionalmente, debe señalarse que la providencia desarrolló una
argumentación constitucional fundamentada acerca de los límites legítimos al
derecho de acceso a la información y para tal fin, acudió a la jurisprudencia
constitucional que reconoce la validez de las restricciones fundadas en la
protección de bienes constitucionalmente relevantes, como la seguridad y
defensa nacionales24.
51. En esa misma línea, la Sala accionada recordó que las excepciones al
22
Providencia del Tribunal- “Ahora bien, en lo que atañe a los datos requeridos en los numerales 2, 6 y 9 de la petición
de información (...) la Sala observa que estos datos comprometen la identidad de los servidores públicos que desarrollan
las actividades de inteligencia y contrainteligencia y se subsumen dentro de la reserva legal contemplada en el artículo
33 de la Ley 1621 de 2013...”
23
Ibidem - “Adicionalmente, destaca la Sala que imponerle a la autoridad requerida, Dirección de Inteligencia Policial de
la Policía Nacional de Colombia, la carga de censurar y extraer de las grabaciones de video y audio los datos de los
agentes intervinientes en la realización de la prueba de poligrafía y de la entrevista implicaría, para dicha entidad, disponer
necesariamente del talento humano para satisfacer un interés particular del solicitante, circunstancia que se erige en
desmedro del correcto funcionamiento de la administración pública y del interés general.”
24
Providencia del Tribunal. - “Las limitaciones al acceso a la información deben estar fijadas en una ley de forma clara y
precisa como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder público, y solo son válidas si persiguen la protección
de derechos fundamentales o bienes constitucionales valiosos como la seguridad y defensa Nacional (...) El legislador
puede establecer límites al derecho de acceso a la información, que serán legítimos si tienen la finalidad de proteger
derechos fundamentales o bienes constitucionalmente relevantes.”
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principio de publicidad resultan constitucionalmente admisibles cuando su
finalidad consiste en salvaguardar intereses de especial relevancia pública25. De
esta manera, la decisión no se limitó a invocar la reserva legal, sino que explicó
las razones por las cuales estimó que su mantenimiento resultaba necesario en
el caso concreto.
52. De otro lado, la tesis según la cual el Tribunal habría sustituido su función
jurisdiccional por la posición de la administración no tiene asidero alguno, pues
la autoridad judicial se apartó parcialmente de la decisión de la Dirección de
Inteligencia Policial. En ese entendido, mientras la Dirección negó integralmente
la información requerida, la Sala concluyó que respecto del numeral 5 la reserva
no era oponible al actor y ordenó su entrega26.
53. En consecuencia, la Sala concluye que la providencia cuestionada
contiene una fundamentación suficiente, clara y razonada sobre los problemas
jurídicos sometidos a su consideración; distingue las solicitudes formuladas por
el peticionario, explica las razones de la procedencia parcial de la petición y
justifica la aplicación de la reserva respecto de los demás documentos
requeridos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar la solicitud de desvinculación de esta acción constitucional
presentada por la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) por las razones
expuestas en el numeral 3.2.1. de la presente providencia.
Segundo: Negar el amparo de tutela invocado por el señor Óscar Miguel Moreno
Arroyave, contra Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de
la presente providencia.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
25
Ibidem - “Según se ha indicado las excepciones a la regla general del derecho de acceso a la información son
constitucionalmente válidas si persiguen la protección de intereses como la seguridad y defensa de la Nación (...). En esta
medida, se debe acreditar que tales derechos o bienes se verían seriamente afectados si se difunde determinada
información, lo que hace indispensable mantener la reserva.”
26
Ibidem - “...la reserva invocada por la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional de Colombia respecto de
la información deprecada en el referido numeral quinto (5°) de la petición no le es oponible al señor Oscar Miguel Moreno
Arroyave; por lo que se impone acceder a la misma.”
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Cuarto: En caso de que no sea impugnada, remitir el expediente de la actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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