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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05894-00

Fecha
20 de agosto de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05894-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DESVINCULAR del presente trámite constitucional a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ, al Sistema de Gestión de Correspondencia – SIGOBius y al Centro de Documentación Judicial – CENDOJ, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la acción de tutela presentada por Standard & Stravia S.A.S., de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05894-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

20 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05894-00
Demandante: STANDARD & STRAVIA S.A.S.
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA

Tema: Derecho de petición. Carencia actual de objeto por hecho
superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Standard &
Stravia S.A.S. contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, de conformidad con los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La sociedad Standard & Stravia S.A.S., por conducto de su presidente ejecutivo y
representante legal, instauró acción de tutela1 contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, con
el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición y acceso a
la información pública.

Lo anterior, con ocasión de la falta de respuesta a la petición presentada el 19 de
mayo de 2026, relacionada con información y documentación referente al examen
de Estado de idoneidad para el ejercicio de la abogacía.

1
Índice 01 del aplicativo Samai, radicada el 28 de julio de 2026, numero de secuencia 9398

Demandante: Standard & Stravia S.A.S.
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05894-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la accionante solicitó el amparo del derecho fundamental
invocado y, en consecuencia, pidió:

«PRIMERA: TUTELAR el derecho fundamental de PETICIÓN y el derecho de
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA de STANDARD & STRAVIA S.A.S.,
representada por EDER ERICK CASTRO PARRAGA, vulnerados por el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE
ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA (URNA).

SEGUNDA: ORDENAR al Representante Legal / Director de la UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA (URNA)
del Consejo Superior de la Judicatura, o a quien haga sus veces, que en el término
perentorio de veinte y cuatro (24) horas contadas a partir de la notificación del fallo,
proceda a resolver de fondo, de manera clara, detallada y congruente, cada uno de
los nueve (9) puntos del escrito radicado con el Código EXTDEAJ26-44486, haciendo
entrega material de los documentos, contratos, resoluciones y bases de datos
requeridas.

TERCERA: PREVENIR a la entidad accionada para que en ningún caso vuelva a
incurrir en las dilaciones e inobservancias extemporáneas de términos que motivaron
esta acción, bajo apercibimiento de las sanciones contempladas en el artículo 52 del
Decreto 2591 de 1991»2.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El 19 de mayo de 2026, Standard & Stravia S.A.S., por conducto de su representante
legal, presentó petición ante el Consejo Superior de la Judicatura, dirigido a la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA),
relacionado con el examen de Estado de idoneidad para el ejercicio de la abogacía.

El 20 de mayo de 2026, el Centro de Documentación Judicial – en adelante
CENDOJ, redireccionó la solicitud a la URNA y, posteriormente, el 21 de mayo de
2026, la entidad remitió confirmación formal de su registro mediante el Sistema de
Gestión de Correspondencia SIGOBius, asignándole el código EXTDEAJ26-44486.

La petición comprendió nueve puntos relacionados con la regulación, contratación,
soporte tecnológico, seguridad digital y resultados estadísticos del examen de
estado de idoneidad para el ejercicio de la abogacía, entre ellos, solicitudes
relacionadas con el marco normativo interno, criterios metodológicos, comités
técnicos, contratos y convenios interadministrativos, especificaciones técnicas del

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Transcripción literal, por lo que puede contener errores. Índice 2 del aplicativo SAMAI.

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software, protocolos de seguridad, resultados de las pruebas de los años 2024, 2025
y 2026 y la base de datos de evaluados.

De conformidad con el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, los términos legales para
responder las solicitudes de información y de documentos vencieron el 5 de junio de
2026, mientras que el término para resolver las peticiones generales venció el 12 de
junio de 2026.

Pese al vencimiento de los términos legales, la URNA emitió el 3 de julio de 2026
una comunicación mediante la cual informó las razones por las que no había podido
atender la solicitud dentro del término previsto y solicitó una ampliación del plazo
para emitir la respuesta.

Ante la ausencia de una respuesta definitiva, el 6 de julio de 2026, la parte
peticionaria reiteró su solicitud mediante correo electrónico y requirió información
sobre la fecha cierta en que se daría respuesta de fondo a la petición.

A la fecha de presentación de la acción de tutela, habían transcurrido más de dos
meses desde la radicación de la petición sin que la entidad accionada hubiera
emitido una respuesta de fondo, clara, completa y congruente, ni suministrado los
documentos e información solicitados.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte accionante explicó que se vulneraron sus derechos fundamentales de
petición y de acceso a la información pública, por cuanto la URNA no dio respuesta
de fondo al requerimiento presentado el 19 de mayo de 2026, dentro de los términos
legales, ni hizo entrega de los documentos e información requeridos.

Indicó que la comunicación remitida por la entidad el 3 de julio de 2026, mediante la
cual pretendió pedir una ampliación del término un plazo para resolver la petición,
fue extemporánea, toda vez que los términos legales ya habían vencido. Asimismo,
señaló que la información pretendida tiene carácter público y que la entidad no había
alegado ni motivado reserva legal alguna.

1.5. Trámite de la solicitud de amparo

Por medio de auto del 31 de julio de 20263, la Magistrada Ponente admitió la acción
de tutela y ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro

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Índice 4 del aplicativo Samai

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Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
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Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia – URNA4, en calidad de autoridad
accionada.

Asimismo, la parte accionante5 dispuso la vinculación, en calidad de terceros con
interés, de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ, del Sistema de
Gestión de Correspondencia – SIGOBius6 y del Centro de Documentación Judicial
– CENDOJ7, para que rindieran informe sobre los hechos y pretensiones de la acción
de tutela.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Centro de Documentación Judicial - CENDOJ8

El Centro de Documentación Judicial – CENDOJ pretendió que se negaran las
pretensiones formuladas en su contra. Explicó que, una vez recibida la petición
presentada por Standard & Stravia S.A.S. el 19 de mayo de 2026, procedió a
direccionarla, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, a las
dependencias competentes del Consejo Superior de la Judicatura, entre ellas la
Mesa de Entrada del Consejo Superior de la Judicatura – SIGOBius, la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y la Mesa de Entrada de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

Advirtió que dicho traslado fue informado a la sociedad peticionaria, por lo que
consideró que no incurrió en conducta alguna que hubiera vulnerado los derechos
fundamentales invocados.

1.6.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ9

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ pidió su desvinculación
del trámite constitucional y que se declarara la falta de legitimación en la causa
por pasiva, al considerar que los hechos y pretensiones de la acción de tutela no

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La notificación fue enviada a los correos electrónicos: info@cendoj.ramajudicial.gov.co
soportecorreo@cendoj.ramajudicial.gov.co atención_usuario@cendoj.ramajudicial.gov.co
5
La notificación fue enviada a los correos electrónicos: standardadvice@gmail.com
6
La notificación fue enviada a los correos electrónicos: medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co
mesadeapoyosigobius@cendoj.ramajudicial.gov.co deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co
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La notificación fue enviada a los correos electrónicos: info@cendoj.ramajudicial.gov.co
soportecorreo@cendoj.ramajudicial.gov.co atención_usuario@cendoj.ramajudicial.gov.co info@ce
ndoj.ramajudicial.gov.co presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co
internosaladisciplinaria@consejosuperior.ramajudicial.gov.co
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Índice 10 del aplicativo Samai.
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Índice 9 del aplicativo SAMAI.

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guardaban relación con las competencias asignadas a esa dependencia.

Señaló que la solicitud presentada por Standard & Stravia S.A.S. se relacionaba
con aspectos normativos, contractuales, tecnológicos, estadísticos y de seguridad
digital del examen de Estado de idoneidad para el ejercicio de la abogacía,
materias que no se encuentran dentro de sus funciones.

En consecuencia, sostuvo que no existía actuación u omisión atribuible a esa
entidad que pudiera generar la vulneración alegada y reiteró su petición de
desvinculación.

1.6.3. Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia -
URNA

La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia – URNA
rindió informe el 5 de agosto de 2026. Luego de referirse a los hechos y
pretensiones de la acción de tutela, señaló que la solicitud presentada por
Standard & Stravia S.A.S. comprendía información y documentos relacionados
con el examen de Estado de idoneidad para el ejercicio de la abogacía,
correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026.

Manifestó que, mediante comunicación del 3 de julio de 2026, puso en
conocimiento de la sociedad accionante la demora en la atención de la petición y
solicitó una ampliación del plazo para emitir respuesta, y que la sociedad
accionante reiteró su solicitud el 6 de julio siguiente.

No obstante, informó que posteriormente atendió la petición y aportó la
documentación correspondiente, entre ella, la respuesta emitida, la guía de
orientación del Examen de Estado, la estadística solicitada y los soportes
relacionados con el envío y entrega de la respuesta10.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por Standard & Stravia S.A.S. contra la URNA, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y,
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación, modificado por el
Acuerdo 434 de 2024.

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Índice 11 del aplicativo Samai.

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Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05894-00

2.2. Cuestión previa

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el CENDOJ solicitaron la
desvinculación del presente proceso. Al respecto, se advierte que, mediante auto
admisorio, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial fue vinculada como
tercero con interés, por lo que se procederá a establecer si, en el marco de dicha
vinculación, existe alguna actuación u omisión atribuible a esa entidad que tenga
incidencia en los hechos que dieron lugar al mecanismo constitucional.

2.3. Problemas jurídicos

Tomando en consideración la situación fáctica expuesta, el material probatorio
recaudado y los informes y argumentos esgrimidos, corresponde a esta sala resolver
los siguientes problemas jurídicos:

 ¿La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
transgredió los derechos fundamentales de petición y de acceso a la
información pública de Standard & Stravia S.A.S., al no dar respuesta de
fondo a la solicitud identificada con el código EXTDEAJ26-44486, dentro de
los términos legales?

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) naturaleza de
la acción de tutela, (ii) del derecho de petición, (iii) de la carencia actual de objeto,
y (iv) el análisis del caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver
la ocurrencia de un perjuicio irremediable11.

11
Corte Constitucional, Sentencia SU-184 de 2025.

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2.5. Del derecho de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho fundamental
de petición, en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de «presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular
y a obtener pronta resolución». El mismo artículo superior precisa que el legislador
podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales.

La Corte Constitucional ha establecido que el núcleo esencial de este derecho
comprende, entre otros elementos, la pronta resolución, la respuesta de fondo y la
comunicación de lo decidido al peticionario. En particular, la respuesta debe ser
clara, precisa, completa y congruente con los asuntos planteados, sin que ello
implique que deba ser favorable a los intereses del solicitante12.

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 201513, que señala 15 días para resolver la misma, de
no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la petición.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. La jurisprudencia constitucional ha precisado que la
respuesta debe ser clara, esto es, inteligible y de fácil comprensión; precisa, en
cuanto debe atender concretamente lo solicitado y evitar fórmulas evasivas o
elusivas; y congruente, en tanto debe abarcar la materia objeto de la petición y
guardar correspondencia con lo requerido14.

Así las cosas, la respuesta no solo debe ser emitida, sino que debe ser puesta en
conocimiento del peticionario, pues la comunicación de lo decidido constituye un
elemento integrante del derecho fundamental de petición. En ese sentido, la
jurisprudencia ha señalado que la notificación efectiva es necesaria para que el
solicitante conozca la decisión adoptada por la autoridad15.

12
Corte Constitucional, Sentencia SU-184 de 2025.
13
Ley 1755 de 2015, artículo 14. Los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones
son: quince (15) días para las peticiones generales; diez (10) días para las peticiones de
documentos y de información; y treinta (30) días para las consultas. El parágrafo establece el deber
de informar al interesado, antes del vencimiento del término, las razones de la demora y el plazo
razonable en que se resolverá la petición.
14
Corte Constitucional, Sentencia T-105 de 2025.
15
Corte Constitucional, Sentencia T-160 de 2026.

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De esta manera, para establecer si se satisface el derecho fundamental de petición,
corresponde verificar que exista una respuesta oportuna, de fondo, clara, precisa y
congruente, así como que esta haya sido debidamente comunicada al peticionario.
Con todo, la satisfacción del derecho de petición no depende de que la respuesta
sea favorable a lo solicitado, pues este derecho se diferencia del derecho a lo
pedido16.

Finalmente, debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que,
cuando durante el trámite de la acción de tutela la entidad accionada emite la
respuesta que se reclamaba y satisface la pretensión del accionante, puede
configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado17.

2.6. De la carencia actual de objeto

La Sala ha explicado en varias ocasiones 18 que la acción de tutela ha sido instituida
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e
inminente.

No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el transcurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.

En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de
tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i) por hecho
superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación sobreviniente.

Al respecto, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre
este aspecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su
amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido

16
Corte Constitucional, Sentencia T-439 de 2025.
17
Corte Constitucional, Sentencia SU-274 de 2025.
18
Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 15.11.17, Rad. 2017-00085-01, y M.P. Rocío Araújo Oñate,
Sentencia 19.10.17, Rad. 2017-2365-00.

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o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un
peligro ya subsanado. (negrillas inexistentes en el texto original).

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia
actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que
permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el
particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno
previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras:
(i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a
desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente19

Lo anterior, fue posteriormente reiterado en sentencia T-481 del 1º de septiembre de
2016, en la que se precisó lo siguiente:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva
de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual.
Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.20

Con base en el referenciado marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha
sostenido que:

El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de
1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los
derechos fundamentales21.

En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante
determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta Sección Quinta), lo que
indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la autoridad
demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos
fundamentales.

De hecho, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos
en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre

19
El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual
se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”.
20
El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual
se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”.
21
Corte Constitucional. Sentencia T-038/19, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

9

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luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de
revisión ante ese Tribunal22.

En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados23.

2.7. Caso concreto

La solicitud de amparo constitucional presentada por Standard & Stravia S.A.S. tiene
como finalidad la protección de sus derechos fundamentales de petición y de acceso
a la información pública, que consideró vulnerados por la URNA, con ocasión de la
petición presentada el 19 de mayo de 2026, identificada con el código EXTDEAJ26-
44486, relacionada con el examen de Estado de idoneidad para el ejercicio de la
abogacía.

Como punto de partida, se encuentra acreditado que la sociedad accionante
presentó el 19 de mayo de 2026 una petición ante el Consejo Superior de la
Judicatura, dirigida a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia – URNA, relacionada con el Examen de Estado de Idoneidad para el
Ejercicio de la Abogacía. El 20 de mayo de 2026, el Centro de Documentación
Judicial – CENDOJ redireccionó la solicitud a las dependencias competentes, entre
ellas la URNA, y esta última confirmó su recepción y registro el 21 de mayo siguiente
mediante el Sistema de Gestión de Correspondencia SIGOBius, asignándole el
código EXTDEAJ26-44486. En ella se requirió información y documentación
relacionada, entre otros aspectos, con los exámenes aplicados durante los años
2024, 2025 y 2026.

De igual manera, se tiene que los términos previstos en el artículo 14 de la Ley 1755
de 2015 para atender las solicitudes formuladas habían vencido sin que la sociedad
accionante obtuviera una respuesta de fondo a su petición. En efecto, pese a que la
URNA, mediante comunicación del 3 de julio de 2026, informó sobre la demora y
solicitó una ampliación del plazo para responder, para ese momento ya habían
fenecido los términos legales para atender la solicitud. Ante la ausencia de una
respuesta definitiva, la parte accionante reiteró su petición el 6 de julio siguiente.

En ese contexto, la sociedad Standard & Stravia S.A.S. promovió la presente acción
de tutela, al considerar que la falta de respuesta vulneraba sus derechos
fundamentales de petición y de acceso a la información pública.

22
A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
23
Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

10

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Demandante: Standard & Stravia S.A.S.
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05894-00

No obstante, durante el trámite de la acción constitucional, la URNA presentó
informe ante esta Corporación, en el que manifestó haber atendido de manera
integral la petición formulada por Standard & Stravia S.A.S. mediante oficio del 5 de
agosto de 2026, y aportó la respuesta emitida, junto con la guía de orientación del
examen de Estado, la estadística correspondiente y los soportes relacionados con
su envío y entrega al accionante. La respuesta y sus anexos fueron comunicados a
la sociedad accionante a través del correo electrónico suministrado para
notificaciones.

De esta manera, se encuentra acreditado que, con posterioridad a la presentación
de la acción de tutela, la entidad accionada emitió una respuesta frente a la solicitud
que dio origen al presente trámite constitucional.

Ahora bien, para determinar si se configura la carencia actual de objeto por hecho
superado, resulta necesario establecer no solo que la entidad emitió la respuesta y
que esta fue puesta en conocimiento de la sociedad accionante, sino también que
aquella atendió de manera clara, precisa, completa y congruente los asuntos
planteados en la petición. En particular, corresponde verificar si la respuesta de 5 de
agosto de 2026 resolvió los nueve puntos formulados por la sociedad accionante y
si, además, fueron suministrados los documentos y soportes requeridos, en los
términos en que fueron solicitados, pues la satisfacción del derecho fundamental de
petición exige que la autoridad se pronuncie de fondo sobre lo efectivamente
planteado por el peticionario.

En el presente asunto, de los documentos allegados por la URNA se advierte que la
respuesta fue remitida a la dirección electrónica standardadvice@gmail.com,
correspondiente a la sociedad Standard & Stravia S.A.S., junto con los documentos
relacionados con la información solicitada. Asimismo, obran en el expediente los
soportes que permiten corroborar el envío y entrega de la respuesta y sus anexos.

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Así las cosas, se tiene que los hechos que dieron origen a la presunta vulneración
de los derechos fundamentales invocados cesaron durante el trámite de la acción
de tutela, pues la entidad accionada atendió la solicitud formulada por la parte actora
y puso la respuesta en su conocimiento.

En consecuencia, si bien para el momento de la presentación de la acción de tutela
la URNA no había emitido una respuesta dentro de los términos legales, durante el
trámite constitucional desapareció la situación que motivó el ejercicio del mecanismo
de amparo, de manera que cualquier orden dirigida a dicha entidad para que
respondiera la petición carecería actualmente de objeto.

Por lo anterior, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado,
toda vez que la pretensión encaminada a obtener una respuesta a la petición
identificada con el código EXTDEAJ26-44486 fue satisfecha durante el trámite de la
presente acción constitucional.

Finalmente, respecto de las entidades vinculadas, esto es, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – DEAJ, el Sistema de Gestión de Correspondencia –
SIGOBius y el Centro de Documentación Judicial – CENDOJ, no se advierte una

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actuación u omisión atribuible a estas relacionada con la vulneración alegada, por lo
que se dispondrá su desvinculación del presente trámite constitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DESVINCULAR del presente trámite constitucional a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ, al Sistema de Gestión de
Correspondencia – SIGOBius y al Centro de Documentación Judicial – CENDOJ, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de la acción de tutela presentada por Standard & Stravia S.A.S., de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

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Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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