Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05895-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05895-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-05895-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
20 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Veinte [20] de agosto de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05895-00
Demandante: JORGE IVAN SALAH ROPAIN EN CALIDAD DE ALCALDE Y
REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
B
Temas: Tutela contra providencia judicial – controversias contractuales
– declara la improcedencia por inmediatez1 y falta de relevancia
constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos 2591
de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 2 de
la Sala Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
El 28 de julio de 2026, el señor Jorge Iván Salah Ropain en calidad de alcalde y
representante legal del municipio de Pivijay presentó acción de tutela con el fin de
que se le amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
efectivo a la administración de justicia, defensa, contradicción y tutela judicial
efectiva.
Las mencionadas garantías las estimó vulneradas por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B al proferir la providencia de 24 de septiembre de
2025 que rechazó el recurso de apelación interpuesto al interior del proceso de
controversias contractuales identificado con el radicado 47001-23-33-000-2019-
00805-00/02 [73.127].
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
1 Ver al respecto, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, fallo de 12 de mayo de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01726-00; 6 de octubre de
2022, expediente 11001-03-15-000-2022-04855-00; 9 de febrero de 2023, expediente 11001-03-15-
000-2022-05795-01; 3 de agosto de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-01729-01, 5 de
octubre de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-04653-00; 25 de abril de 2024, expediente
11001-03-15-000-2024-01351-00; y de 30 de abril de 2026, expediente 11001-03-15-000-2026-
02168-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
2 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
Radicado: 11001-03-15-000-05895-00
Demandante: Jorge Iván Salah Ropain en calidad de alcalde y
representante legal del municipio de Pivijay
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
● La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial [en adelante
ENTERRITORIO] presentó el medio de control de controversias contractuales
contra el municipio de Pivijay – Magdalena, con el fin de que se declarara el
incumplimiento del convenio interadministrativo 2132670.
● El 26 de marzo de 2025 el Tribunal Administrativo del Magdalena accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que «la entidad
territorial demandada incumplió con sus obligaciones contractuales, en cuanto no
obró con lealtad en la etapa de desarrollo del convenio, en tanto no acreditó haber
efectuado el seguimiento técnico, administrativo y financiero de los recursos
asignados al proyecto, pese a que en la cláusula segunda se pactó como obligación
a su cargo».
● Contra la anterior decisión el señor Jorge Iván Salah Ropain, en calidad de
alcalde y representante legal del municipio de Pivijay – Magdalena, interpuso
recurso de apelación.
● El 24 de septiembre de 2025, el magistrado sustanciador de segunda instancia
de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado rechazó la alzada,
«debido a que tal ciudadano no cuenta con tarjeta profesional de abogado, por lo
que carece de derecho de postulación y, por ende, no puede actuar directamente
en el proceso contencioso administrativo, tal como lo ordena el artículo 160 del
CPACA3».
● El señor Salah Ropain interpuso recurso de súplica, el cual fue resuelto el 1. º
diciembre de 2025, en el sentido de también rechazar el medio de defensa judicial,
«por cuanto dicho recurso se presentó sin derecho de postulación».
● Esta última providencia fue notificada el 16 de enero de 2026 y la acción de tutela
de la referencia fue radicada el 28 de julio de 20264.
1.3. Pretensiones
Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:
PRIMERO: Proteger los derechos esenciales al debido proceso, la defensa y la tutela
judicial efectiva del municipio de Pivijay, así como el acceso a la administración de
justicia.
SEGUNDO: Anular el auto que, el 24 de septiembre de 2025, denegó el recurso de
apelación.
TERCERO: Instruir al Consejo de Estado a emitir una nueva resolución en la que
evalúe de manera integral los argumentos presentados en el recurso de súplica y
adopte una interpretación que respete la Constitución relacionada con la
representación judicial del alcalde.
CUARTO: Como medida de recuperación, asegurarse de que el estudio material del
recurso de apelación esté garantizado, para que una interpretación puramente formal
3 «Artículo 160. Derecho de postulación. Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por
conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.
Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los procesos
contenciosos administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria, o mediante delegación
general o particular efectuada en acto administrativo».
4https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002026
05895001100103
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Demandante: Jorge Iván Salah Ropain en calidad de alcalde y
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del derecho de postulación no obstaculice la aplicación real del derecho a defenderse
del municipio.
1.4. Fundamentos de la solicitud
El tutelante consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto, falta de motivación y
violación directa de la Constitución.
Al respecto, el accionante precisó que la autoridad judicial accionada incurrió en una
interpretación aislada del artículo 160 del CPACA, ya que aplicó de manera literal el
requisito de actuar mediante abogado y concluyó que el alcalde carecía de derecho
de postulación, pero esa interpretación omitió armonizar esa norma con los artículos
4, 29, 228, 229 y 315 de la Constitución.
Alegó que se incurrió en un exceso ritual manifiesto, porque la falta de tarjeta
profesional se convirtió en una barrera formal que impidió examinar materialmente
la apelación, lo que implicó una primacía del derecho formal sobre el sustancial, sin
tener en cuenta la defensa del patrimonio público y el interés general involucrado.
Indicó que también se incurrió en una falta o insuficiencia de motivación, ya que, al
decidir los recursos, la autoridad judicial no respondió los argumentos
constitucionales relativos a la representación legal del alcalde, la defensa del
patrimonio municipal y la interpretación conforme a la Constitución, máxime cuando
se limitó a reiterar el artículo 160 del CPACA, sin confrontar el núcleo del
planteamiento.
Finalmente, destacó una violación directa de la Constitución, comoquiera que el
municipio quedó privado de la segunda instancia y de la revisión de una sentencia
que compromete recursos públicos.
1.5. Trámite procesal de la acción
El 29 de julio de 2026 el ponente de esta decisión admitió la acción y ordenó la
notificación del tutelante y de la autoridad judicial accionada.
Por su parte vinculó como tercero con interés en las resultas del proceso al Tribunal
Administrativo del Magdalena, ENTERRITORIO, las compañías aseguradoras
Equidad Seguros y Liberty Seguros, el señor Pedro Ramón Loza Bula, así como las
demás partes, personas y/o entidades que hayan participado en el expediente con
radicado 47001-23-33-000-2019-00805-00/02 [73.127].
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contestaciones:
1.6.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B solicitó declarar
improcedente al estimar que no se acreditó el requisito de inmediatez, porque se
presentó después de los seis meses que ha contemplado la jurisprudencia, y dado
que la controversia se limitó a una discrepancia sobre la interpretación de normas
procesales.
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1.6.2. El Tribunal Administrativo del Magdalena en primer lugar alegó que no se
encuentra legitimado en la causa por pasiva para actuar, en atención a que la
controversia constitucional es contra una providencia que no fue expedida por ésta.
Agregó que la solicitud de amparo está dirigida a revivir el debate ya precluido,
pretendiendo convertir el trámite tutelar en una instancia adicional.
1.6.3. ENTERRITORIO pidió declarar improcedente o en su defecto negar el
mecanismo, porque el accionante pretende que se reemplace una interpretación
judicial razonable.
Indicó que el tutelante confundió dos figuras distintas como lo son la representación
legal del alcalde y el derecho de postulación, sobre todo cuando la primera no
autoriza actuaciones reservadas a abogados.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Jorge Iván Salah Ropain, de conformidad con lo establecido
en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 2019 5 de la
Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa - solicitud de desvinculación
Esta colegiatura advierte que el Tribunal Administrativo del Magdalena solicitó
su desvinculación del presente trámite, no obstante, la referida petición será
negada, en razón a que su comparecencia a este mecanismo se hizo en calidad de
tercero con interés en las resultas del proceso y no como autoridad judicial
demandada.
2.3. Problema jurídico
En primer lugar, esta colegiatura advierte que el estudio de esta acción se limitará
a la providencia que puso fin al proceso, por lo que corresponde a la Sala determinar
si, en el caso concreto, se presenta una vulneración a los derechos fundamentales
advertidos por el accionante, por parte del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, como autoridad judicial accionada, con ocasión de la providencia
proferida el 24 de septiembre de 2025.
Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad,
y (iii) el caso en concreto.
5 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 6
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 9, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Inmediatez
La Sala considera que la presente solicitud de amparo no cumple con el requisito
de la inmediatez, por las razones que a continuación se explican:
Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en
un plazo razonable10, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de
lo contrario se desnaturalizaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y
se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y
efectivo11.
6
Sala Plena, Consejo de Estado, Ref: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
8
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
9
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 Dicho criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de fecha
5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia
jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 26 de febrero
del 2015, Radicación 2015-00045-00, Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez;
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de octubre del 2015, Radicación 2015-01605-
01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
5
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Demandante: Jorge Iván Salah Ropain en calidad de alcalde y
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De acuerdo con lo anterior, esta sección12 ha considerado como plazo prudencial el
de seis [6] meses, contado desde la ocurrencia del hecho generador, el cual es la
ejecutoria de la providencia judicial cuestionada que da lugar a la solicitud de
protección y la consecuencia de su presentación cuando se sobrepasa este límite
es que se declara su improcedencia.
En el caso objeto de estudio, como el accionante pretende que se deje sin efecto la
providencia de 24 de septiembre de 2025 proferida al interior del proceso
contencioso identificado con el radicado 47001-23-33-000-2019-00805-00/02
[73.127], este requisito se debe estudiar a la luz de la ejecutoria de ese proveído
que puso fin al proceso ordinario.
Al respecto, esta colegiatura encontró que:
• El auto de 24 de septiembre de 2025 del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B se notificó el 29 de septiembre de 2025.
• Pero, contra esa decisión se interpuso recurso de súplica, el cual fue resuelto
el 1. º diciembre de 2025, y la notificación se dio el 16 de enero de 2026.
• La ejecutoria13 de esta última providencia operó el 21 de enero de 2026.
• La solicitud de tutela se radicó el 28 de julio de 2026.
Así las cosas, como la acción constitucional se presentó el 28 de julio de 2026, la
Sala concluye que para esa fecha transcurrió, desde la ejecutoria de la respectiva
providencia, un término superior a 6 meses, lo cual desatiende el plazo que, tanto
la Corte Constitucional como esta Sección, han considerado como prudencial para
presentar la solicitud de amparo constitucional.
En esta línea argumentativa, en relación con aquellas circunstancias que justifican
el retardo para promover la acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia T-
256 de 2015, cuya tesis es acogida por este juez colegiado como criterio auxiliar,
indicó que la acción de tutela será procedente:
Cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría
de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de
los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable de la actora derivada del irrespeto
por sus derechos, continúa y es actual14.
12 Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01, Magistrada
Ponente: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01891-01,
12 de agosto de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00, Magistrada Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12
de septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02203-01, Magistrado Ponente: Alberto
Yepes Barreiro; 21 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, Magistrada
Ponente: Rocío Araújo Oñate entre otras.
13 Ver índice 18 del aplicativo Samai:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=25000233600020140
0821011100103
14 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
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En este orden de ideas, esta colegiatura considera como plazo prudencial el de seis
[6] meses, contados desde la ocurrencia del hecho generador, el cual, para el
caso concreto es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada.
En este punto cabe destacar que, de aceptarse un término superior, sin que se
exponga una razón de trascendencia constitucional, o se justifiquen alguna de las
causales jurisprudenciales en cita, se atentaría en contra del derecho a la igualdad
de los demás usuarios de la administración de justicia a quienes se les ha declarado
improcedente su solicitud de amparo, por superar el lapso en mención.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 15, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200516, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales
y reiteró que seis [6] meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo
de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados.
Por ello, el estudio sobre el requisito de la inmediatez frente al caso de las tutelas
contra providencias judiciales resulta ser estricto y basta con que la decisión que
se señala como vulneradora de derechos fundamentales sea conocida en razón de
la efectiva notificación y se encuentre ejecutoriada para que la persona acuda ante
el juez constitucional y solicite el amparo de sus garantías.
Ahora bien, solo en casos excepcionales y debidamente acreditados es posible
ponderar el principio de la seguridad jurídica con el derecho de acceso a la
administración de justicia, pero ello no corresponde los supuestos fácticos aquí
analizados.
2.5.2. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito, así:
[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16
«c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos».
7
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Radicado: 11001-03-15-000-05895-00
Demandante: Jorge Iván Salah Ropain en calidad de alcalde y
representante legal del municipio de Pivijay
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201417, que en concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal.
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia18.
Sobre el particular, se considera que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.
En primera medida se recuerda que en el escrito de tutela se indicó que el
accionante atribuyó a las autoridades accionadas los defectos: sustantivo,
procedimental por exceso ritual manifiesto, de falta de motivación y violación directa
de la constitución porque la accionada exigió un requisito formal de postulación, sin
ponderarlo con las funciones constitucionales del alcalde, lo que habría impedido
injustificadamente el estudio de fondo de la apelación.
Por su parte, se resalta que tanto el magistrado sustanciador de segunda instancia
de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, como la Sala de
súplica, rechazaron los recursos de apelación y súplica porque el ciudadano que los
interpuso no contaba con tarjeta profesional de abogado, por lo que carecía de
derecho de postulación y, por ende, no podía actuar directamente en el proceso
contencioso administrativo, tal como lo dispone el artículo 160 del CPACA19.
Ahora bien, se advierte que en materia de tutelas contra providencias judiciales le
está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los
jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente
en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro
del trámite de tutela, dado que, de no hacerlo, se atentaría contra el principio de
autonomía judicial y así, en últimas, se convertiría el mecanismo constitucional en
una tercera instancia.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
18 Énfasis de la sala.
19 «Artículo 160. Derecho de postulación. Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por
conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.
Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los procesos
contenciosos administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria, o mediante delegación
general o particular efectuada en acto administrativo».
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Radicado: 11001-03-15-000-05895-00
Demandante: Jorge Iván Salah Ropain en calidad de alcalde y
representante legal del municipio de Pivijay
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Aclarado lo anterior, a primera vista, esta Sección considera que no resultan
irrazonadas las conclusiones del máximo tribunal relativas a que el rechazo de los
recursos se dio como una consecuencia lógica de un incumplimiento de un deber
legal.
Al respecto, esta Sala advierte que el juez natural de la causa se enfrenta a múltiples
posibilidades hermenéuticas en su labor de interpretación y aplicación de normas a
un caso en específico20, y no le corresponde al juez constitucional señalar cuál de
tales posibilidades es la «correcta», pues se vulneraría la independencia y
autonomía con la que cuenta el funcionario que conoce el trámite ordinario, donde
cabe destacar que, de hacerlo, esta Sección se convertiría en una tercera instancia.
Por eso, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este presupuesto, en
atención a que no se justificó la presencia de una posible trasgresión de las
garantías constitucionales del tutelante por parte de la autoridad judicial de segundo
grado demandada.
De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la controversia
planteada por el accionante, la Sala advierte que esta no se encuentra ligada a la
satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional, máxime cuando sus
argumentos fueron resueltos por el juez natural de la causa, lo que implica que la
tutela se torna improcedente.
En este sentido, para esta Sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad de la parte tutelante, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»21 y por ello, al funcionario constitucional
no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.
2.6. Conclusión
Así las cosas, se declarará improcedente el mecanismo constitucional de la
referencia por inmediatez y falta de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación que radicó el Tribunal
Administrativo del Magdalena.
SEGUNDO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el señor Jorge Iván Salah Ropain.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
20 Ver al respecto: Corte Constitucional sentencia T-192 de 2015.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.
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Radicado: 11001-03-15-000-05895-00
Demandante: Jorge Iván Salah Ropain en calidad de alcalde y
representante legal del municipio de Pivijay
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclaración de voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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