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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05907-00

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05907-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la cosa juzgada respecto de las pretensiones dirigidas hacia la Aerocivil de conformidad con las razones expuestas. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionante: Elvert Pérez Bermúdez Accionados: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Aerocivil y otro Radicado: 11001-03-15-000-2026-05907-00 SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo presentada por el señor Elvert Pérez Bermúdez respecto de los reproches dirigidos contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección B. TERCERO NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05907-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05907-00
Accionante: ELVERT PÉREZ BERMÚDEZ
Accionados: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA
CIVIL – AEROCIVIL Y OTRO

Temas: Cosa juzgada constitucional. Tutela contra tutela -
improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora1 en contra de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil – Aerocivil y el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección
B. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333
de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 2 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

Por auto del 31 de julio de 20263, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia4.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Elvert Pérez Bermúdez, mediante apoderado judicial, presentó
acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil –

1 El día 27 de julio de 2026.
2 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
3 Índice 5 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó en calidad de
accionados a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Aerocivil y el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección B. A su vez, se vinculó como terceros con interés al Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, a la señora Rubis Paola Gracia Pérez
y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en los términos del artículo 610
del Código General del Proceso.
4 Ello, en consideración a que, además de dirigirse contra la Unidad Administrativa Especial de

Aeronáutica Civil – Aerocivil, los hechos que motivan la solicitud de amparo guardan relación con
una providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B, en el marco de
una acción de tutela previamente promovida por el señor Pérez Bermúdez.

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Accionante: Elvert Pérez Bermúdez
Accionados: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
– Aerocivil y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05907-00

Aerocivil (en adelante, Aerocivil) y contra el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sección B, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad,
al mínimo vital, a la vida digna, a la «estabilidad laboral reforzada de
prepensionado», al debido proceso y al «cumplimiento efectivo de fallos
judiciales».

2. Del libelo introductorio, se extrae que la presunta vulneración de sus
garantías constitucionales se fundamenta en el cumplimiento dado al fallo de
tutela proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B, el 20 de
enero de 20265, que revocó la decisión del a quo que negó las pretensiones, y,
en su lugar, amparó los derechos del señor Elvert Pérez Bermúdez6. Ello, porque,
para el actor, la Aerocivil optó por la medida prevista en el ordinal cuarto de la
sentencia7 sin proceder a su reintegro.

3. Por otra parte, respecto al tribunal, sostuvo que dicha orden judicial
«mantiene al accionante desvinculado de su cargo y sin percibir ningún tipo de
salario ni remuneración mensual, limitándose únicamente al pago de aportes
pensionales. La cotización al Sistema pensional no alimenta, no paga servicios
públicos, no suministra techo ni provee medicamentos».

4. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. PROTEGER de manera inmediata y efectiva los derechos fundamentales a
la IGUALDAD, MÍNIMO VITAL, VIDA DIGNA y ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA del señor ELVERT PÉREZ BERMÚDEZ.

2. ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
AERONÁUTICA CIVIL (AEROCIVIL) que, en el término perentorio de
cuarenta y ocho (48) horas, proceda a REINTEGRAR al señor ELVERT
PÉREZ BERMÚDEZ a un cargo vacante equivalente o de superior categoría
en la planta global de la entidad, con el consecuente pago de sus salarios y
emolumentos devengados, garantizando la igualdad de trato frente al caso
de la servidora Nilza Mireya Viveros Álvarez.

3. SUBSIDIARIAMENTE, en caso de absoluta imposibilidad física comprobada
de reintegro en planta global, ORDENAR a la AEROCIVIL el reconocimiento
y pago mensual de un subsidio/ingreso equivalente al salario que devengaba
al momento del retiro, junto con los aportes al sistema de seguridad social,
hasta el momento en que se le reconozca y pague efectivamente su pensión
de vejez por parte de COLPENSIONES.8

5 Ello, al interior del trámite constitucional identificado con el radicado 08001-33-33-007-2025-

00275- 00/01.
6 En la que ordenó su reintegro en un cargo vacante equivalente o de mejores condiciones; de no

existir una vacante de esa naturaleza, dispuso el pago de los aportes al sistema de seguridad
social hasta que el accionante completara las semanas necesarias para solicitar su pensión de
vejez.
7 «CUARTO: En caso de que no existan vacantes, ORDÉNASE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL -AEROCIVIL que realice los aportes al Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones hasta que el accionante cumpla con las semanas necesarias
para poder solicitar el derecho a la pensión de vejez».
8 Transcripción literal que puede contener errores.

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Accionante: Elvert Pérez Bermúdez
Accionados: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
– Aerocivil y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05907-00

1.2. Hechos

5. El señor Elvert Pérez Bermúdez a través de Resolución No. 2952 del 17
de diciembre de 2021 fue nombrado en provisionalidad como Auxiliar I, Código
91, grado 01 en el Grupo Regional Administrativo y Financiero de la Dirección
Regional Aeronáutica Norte – Aeropuerto de Soledad de la planta de personal de
la Aerocivil.

6. Dicho nombramiento se dio por terminado mediante Resolución No. 03385
el 20 de octubre de 2025, y se nombró en período de prueba a la señora Rubis
Paola García Pérez, con fundamento en la lista de elegibles correspondiente a la
OPEC No. 209961, conformada por la Comisión Nacional del Servicio Civil –
CNSC.

7. El actor afirmó que a la fecha de desvinculación contaba con más de 60
años de edad y acumulaba 1.198,86 semanas cotizadas en Colpensiones,
faltándole menos de 102 semanas para causar el derecho pensional de vejez,
siendo sujeto de especial protección constitucional.

8. Por lo anterior, el actor promovió una acción de tutela en contra de la
Aerocivil al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, a la
estabilidad laboral reforzada «por propensión», a la libertad sindical, al fuero
sindical, al debido proceso, al mínimo vital y a la vida digna.

9. La acción constitucional le correspondió al Juzgado 7 Administrativo del
Circuito Judicial Barranquilla9 que, mediante sentencia del 1 de diciembre de
2025, negó el amparo amparó porque consideró que la desvinculación del
accionante, quien se encontraba nombrado en provisionalidad, obedeció a una
causa objetiva, esto es, la provisión del cargo mediante el nombramiento en
período de prueba de una persona integrante de la lista de elegibles, en garantía
del principio del mérito.

10. De otra parte, aunque reconoció que el actor tenía la condición de
prepensionado, estimó que esta, por sí sola, no generaba estabilidad laboral
reforzada, pues no acreditó una afectación concreta de su mínimo vital u otros
derechos fundamentales. Por último, descartó la vulneración derivada del fuero
sindical, al considerar que dicha garantía resulta incompatible con la naturaleza
temporal del empleo público en provisionalidad.

11. Contra la anterior decisión, el accionante presentó impugnación, alegó el
desconocimiento de la jurisprudencia sobre el debido proceso y la protección de
las personas prepensionadas. Sostuvo que el a quo impuso requisitos
adicionales no previstos jurisprudencialmente para reconocer la estabilidad
laboral reforzada, pese a haber acreditado su condición.

9 Acción constitucional identificada con el radicado núm. 76001-33-33-017-2025-00315-00/01.

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Accionante: Elvert Pérez Bermúdez
Accionados: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
– Aerocivil y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05907-00

12. Asimismo, invocó la Sentencia T-318 de 2025, según la cual la entidad
debe realizar, antes de desvincular a un servidor provisional prepensionado, un
estudio sobre la posibilidad de reubicarlo o mantenerlo en el cargo y motivar las
razones que impiden hacerlo; de no existir alternativas, debe incluirlo en una lista
de personas con estabilidad laboral relativa.

13. Posteriormente, en providencia del 20 de enero de 2026, el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección B revocó la decisión de primera instancia
que negó las pretensiones, y en su lugar, amparó los derechos fundamentales a
la estabilidad laboral reforzada, debido proceso, mínimo vital y vida digna del
señor Pérez Bermúdez. Ello, por cuanto determinó que, aunque la provisión del
cargo mediante concurso de méritos constituía una causa objetiva de retiro, la
Aerocivil conocía la condición de prepensionado del accionante y no acreditó
haber realizado un estudio de su planta de personal para determinar la posibilidad
de reubicarlo en un cargo equivalente o mejor, ni motivó dicha imposibilidad en
el acto de desvinculación.

14. En consecuencia, ordenó a la entidad realizar, dicho estudio y, de existir
una vacante disponible respecto de la cual no hubiera una persona con mejor
derecho, y siempre que el accionante cumpliera los requisitos y aceptara el
nombramiento, reintegrarlo dentro de los 5 días siguientes; en caso de que no
existieran vacantes, efectuar los aportes al Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones necesarios hasta que el accionante completara las semanas
requeridas para acceder a la pensión de vejez, incluidos los aportes causados
desde su desvinculación.

15. El actor refirió que frente al incumplimiento material «de una protección
real del mínimo vital», promovió incidente de desacato ante el juez de primera
instancia, el cual previo a abrirlo, requirió a la Aerocivil para que indicara las
acciones concretas que hubiera realizado a la fecha para adelantar el
cumplimiento de lo ordenado y remitiera copia de tal informe al accionante.

16. Así, vencido el término para ello, el juzgado mediante auto del 7 de mayo
de 2026 decidió abrir el incidente, al considerar que la accionada no acreditó el
cumplimiento de la orden de realizar un estudio de su planta de personal para
determinar la existencia de posibles vacantes. Si bien afirmó haber efectuado un
estudio técnico que sustentaba la imposibilidad de reintegrar al accionante, no lo
allegó al expediente y la información suministrada a este sobre las vacantes
tampoco permitía verificar dicha circunstancia, pues aludía a empleos vacantes
próximos a ser provistos mediante concurso de méritos.

17. Finalmente, mediante proveído del 15 de julio de 2026, el Juzgado 7
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla se abstuvo de imponer sanción
por desacato y ordenó el cierre, porque encontró acreditado el cumplimiento de
las órdenes impartidas en segunda instancia. Esto por cuanto, frente al estudio
de la planta de personal, concluyó que la entidad informó al accionante sobre las

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vacantes existentes y explicó que estas se encontraban comprometidas en
procesos de provisión definitiva mediante listas de elegibles, por lo que no
resultaba jurídicamente viable su nombramiento en provisionalidad.

18. Respecto de los aportes a seguridad social, verificó que la Aerocivil expidió
las resoluciones que dispusieron su reconocimiento y pago, y, aportó las
respectivas planillas. En consecuencia, estimó que la entidad atendió las órdenes
judiciales, y no se acreditó una conducta renuente, negligente o caprichosa que
justificara la sanción por desacato.

1.3. Sustento de la vulneración

19. El actor sostuvo que la Aerocivil vulneró sus derechos fundamentales a
la igualdad, al mínimo vital, a la vida digna, a la estabilidad laboral reforzada como
prepensionado, al debido proceso y al cumplimiento efectivo de las decisiones
judiciales.

20. Señaló que, pese a que el Tribunal Administrativo del Atlántico amparó sus
derechos, la entidad accionada, al considerar que no existían vacantes para su
reubicación, se limitó a efectuar los aportes al Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones, sin proceder a su reintegro, y afirmó que dicha medida
resultaba insuficiente para garantizar sus derechos, pues lo mantiene
desvinculado de la entidad y sin percibir ingresos salariales, situación que, a su
juicio, compromete su mínimo vital y su vida digna.

21. Asimismo, alegó la vulneración del derecho a la igualdad, al considerar
que la Aerocivil, en la ciudad de Cali, le otorgó un trato diferente a la servidora
Nilza Mireya Viveros Álvarez, quien, según indicó, se encontraba en una situación
similar a la suya y fue reintegrada a la entidad en virtud de decisiones judiciales
que ampararon su condición de prepensionada.

22. Por otra parte, cuestionó el alcance del amparo concedido por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, pues, en su criterio, la medida adoptada (v.gr., el
pago de aportes pensionales ante la inexistencia de vacantes) resultaba
insuficiente para garantizar de manera efectiva su estabilidad laboral reforzada y
su mínimo vital, y adicionalmente, desconoció la jurisprudencia constitucional que
ha reconocido el reintegro de los prepensionados.

1.4. Intervenciones

23. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección B alegó falta de
legitimación en la causa por pasiva frente a las pretensiones de reintegro y
reconocimiento de prestaciones económicas, por cuanto estas recaerían, de ser
procedentes, sobre la Aerocivil. Asimismo, sostuvo que la providencia
cuestionada fue proferida con observancia del debido proceso, fue debidamente
motivada sin incurrir en defecto alguno que habilitara la tutela contra providencia

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judicial, por lo que, solicitó declarar la improcedencia de la acción o,
subsidiariamente, negar el amparo.

24. La Aerocivil alegó la improcedencia de la acción de tutela, al existir una
decisión constitucional previa que resolvió la controversia relacionada con la
desvinculación del actor y su condición de prepensionado, con la que pretende
modificar o ampliar las medidas de protección allí dispuestas. Indicó que dio
cumplimiento a la sentencia del 20 de enero de 2026, al realizar el estudio de
planta, verificar las vacantes y efectuar los aportes pensionales, y afirmó que no
era jurídicamente posible su reintegro, pues las vacantes existentes se
encontraban comprometidas con procesos de provisión mediante concurso de
méritos.

25. Asimismo, descartó la vulneración del derecho a la igualdad, al considerar
que la situación de la señora Nilza Mireya Viveros Álvarez obedeció a
circunstancias fácticas y jurídicas distintas, pues existían discrepancias en la
causa de desvinculación, la situación administrativa de los empleos, las vacantes
disponibles, los procesos de selección y las órdenes judiciales impartidas, por lo
que no generaba un derecho automático para el actor a obtener una vinculación
en las mismas condiciones.

II. CONSIDERACIONES

26. La Sala declarará la cosa juzgada constitucional respecto de las
pretensiones dirigidas a obtener el reintegro por parte de la Aerocivil, o el
reconocimiento de un ingreso mensual hasta la obtención de su pensión;
asimismo, declarará improcedente la solicitud de amparo respecto del reproche
del alcance del amparo proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Subsección B en la sentencia del 20 de enero de 2026, por tratarse una acción
de tutela contra una decisión de la misma naturaleza.

2.1. Caso concreto

27. Para la Sala, la acción de tutela bajo estudio presenta dos tipos de
pretensiones: (i) las que tienen por objeto obtener el reintegro del señor Elvert
Pérez Bermúdez a un cargo equivalente o de superior categoría dentro de la
planta de personal de la Aerocivil, o, subsidiariamente, el reconocimiento de un
ingreso mensual hasta la obtención de su pensión; y (ii) los reparos frente a la
sentencia de tutela del 20 de enero de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección B.

28. Bajo ese entendido, y en atención a los antecedentes, resulta necesario
analizar, en primer lugar, la posible configuración de la cosa juzgada
constitucional respecto de las pretensiones formuladas contra la Aerocivil y,
luego, estudiar si la solicitud de amparo cumple con los requisitos de procedencia

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de la tutela contra tutela respecto de los cuestionamientos dirigidos contra la
providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

2.1.1. Se configura cosa juzgada constitucional respecto de las
pretensiones dirigidas contra la Aerocivil

29. La Corte Constitucional ha señalado que, como regla general, cuando el
juez constitucional resuelve un asunto y, posteriormente, dicha corporación
decide sobre su selección, aquella decisión judicial se torna definitiva, inmutable
y vinculante10. En este sentido, si la corte decide seleccionar el caso para su
estudio, la cosa juzgada constitucional se produce con la ejecutoria del fallo de
la propia corte y, en los casos en los que no se selecciona el asunto en cuestión,
el fenómeno opera desde la ejecutoria del auto en que se decide la no selección.

30. La configuración de dicho fenómeno debe ser estudiada conforme a lo
dispuesto en el artículo 303 del Código General del Proceso, en virtud del cual
los elementos constitutivos de la cosa juzgada son la identidad de partes, objeto
y causa.

31. Así, una vez se verifica la configuración de la cosa juzgada, no es posible
que el juez constitucional profiera un nuevo pronunciamiento sobre el mismo
asunto, ya que eso desconocería el principio de seguridad jurídica.

32. En el caso en concreto, la Sala identifica la configuración de la cosa
juzgada constitucional por cuanto la controversia relativa a la desvinculación del
señor Elvert Pérez Bermúdez, su condición de prepensionado y las medidas de
protección derivadas de dicha situación ya fue objeto de análisis dentro de la
acción de tutela promovida previamente contra la Aerocivil, identificada con el
radicado 08001-33-33-007-2025-00275-00/01.

33. En efecto, en aquella oportunidad el accionante alegó que la terminación
de su nombramiento provisional vulneró sus derechos fundamentales y solicitó la
adopción de medidas orientadas a garantizar la protección reforzada derivada de
su condición de prepensionado. Como resultado de dicho trámite, el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección B, mediante sentencia del 20 de enero de
2026, revocó la decisión de primera instancia, amparó los derechos
fundamentales invocados y definió expresamente las medidas encaminadas a su
protección.

34. Así, la referida autoridad judicial ordenó a la entidad realizar un estudio de
su planta de personal para verificar la existencia de vacantes susceptibles de ser
ocupadas por el accionante y, únicamente en caso de no existir estas, efectuar
los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones hasta que
completara los requisitos necesarios para acceder a la pensión de vejez.

10 Sentencia T-504 del 2024.

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35. Ahora bien, en la presente acción de tutela el actor solicita nuevamente su
reintegro a la entidad y sostiene que la protección otorgada resultó insuficiente,
pues, en su criterio, debió ordenarse su reincorporación efectiva o el
reconocimiento de un ingreso equivalente al salario que devengaba. Asimismo,
funda su inconformidad en que, según afirma, otros servidores de la Aerocivil en
situaciones similares habrían obtenido decisiones judiciales que dispusieron
directamente el reintegro.

36. No obstante, para la Sala tales planteamientos no modifican el objeto
material de la controversia previamente resuelta, pues continúan dirigidos a
cuestionar las consecuencias constitucionales derivadas de la terminación de su
vinculación laboral y a obtener una medida de protección distinta a la definida en
la sentencia de tutela del 20 de enero de 2026

37. En consecuencia, respecto de las pretensiones formuladas contra la
Aerocivil se configura la identidad de partes, objeto y causa exigida para la
declaratoria de cosa juzgada constitucional, razón por la cual no resulta posible
emitir un nuevo pronunciamiento sobre un asunto que ya fue decidido por los
jueces de tutela competentes y en relación con el cual la Corte Constitucional ya
emitió decisión de no selección, en el auto de 28 de mayo de 2026, proferido por
la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco11.

38. Bajo ese entendido, la Sala declarará la cosa juzgada constitucional
respecto de las pretensiones toda vez que ya fueron objeto de estudio por jueces
de tutela y no fue seleccionada por la Corte Constitucional para una eventual
revisión, quedando zanjado el objeto litigioso.

39. En cuando a las pretensiones formulada contra el fallo de tutela emitido
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección B, estas tienen un objeto
distinto, por lo que procede estudiar su procedencia.

2.1.2. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos de procedencia
de tutela contra tutela

40. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta
Sección, la procedencia de esta acción constitucional en contra de providencias
judiciales es excepcional, lo que implica, entre otras, verificar que el objeto de
este mecanismo no sea controvertir decisiones de tutela.

41. Esta causal de improcedencia se justifica en la necesidad de salvaguardar
la eficacia de los derechos fundamentales y de la acción de tutela, instituida
constitucionalmente como un mecanismo de protección iusfundamental célere y
definitivo. En palabras de la Corte Constitucional:

11 Al respecto, dicha información puede consultarse en la página de la Corte con el radicado T-

11.973.069.

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De aceptarse que la tutela procede contra sentencias de tutela ésta perdería su
efectividad como mecanismo de acceso a la justicia para amparar los derechos
fundamentales. El derecho a acceder a la justicia no comprende tan sólo la
existencia formal de acciones y recursos sino ante todo que las personas puedan
obtener de los jueces una decisión que resuelva las controversias jurídicas
conforme a derecho. Si la acción de tutela procediera contra fallos de tutela,
siempre sería posible postergar la resolución definitiva de la petición de amparo
de los derechos fundamentales, lo cual haría inocua esta acción y vulneraría el
derecho constitucional a acceder a la justicia.12

42. La anterior regla de improcedencia admite tan solo una excepción: la cosa
juzgada fraudulenta13. Esta se presenta en aquellos eventos en los que «las
partes o el juez usan el proceso con fines ilegales o dolosos y con ello afectan
los derechos de terceros y atentan contra el bien social de la administración de
justicia»14. Sin embargo, la carga de la prueba del fraude es del accionante. En
efecto, este tiene el deber de «aportar medios de prueba que demuestren con un
alto grado de certeza, es decir, de manera “clara”, “cierta”, “suficiente” y
“coherente” que las decisiones cuestionadas son fraudulentas»15.

43. En el caso sub judice, como viene de verse, la parte actora las decisiones
adoptadas dentro del trámite de tutela promovido contra la Aerocivil para obtener
la protección de sus derechos fundamentales en condición de prepensionado,
particularmente la sentencia de 20 de enero de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección B, mediante la cual se concedió el amparo

44. En su sentir, la orden de amparo dictada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico no garantizó su reintegro, por lo que la Aerocivil continúa vulnerando
sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la vida digna, a la
estabilidad laboral reforzada y al debido proceso. Asimismo, cuestionó que, con
fundamento en la sentencia de tutela, la entidad solo esté pagando sus aportes
a la seguridad social. A su juicio, esas medidas son insuficientes para garantizar
de manera real y efectiva la protección constitucional reconocida en su favor.

45. Sin embargo, para la Sala tales reproches no satisfacen las exigencias
excepcionales que habilitan la procedencia de la acción de tutela contra
providencias dictadas dentro de un trámite de la misma naturaleza, en tanto en
este caso no se advierte la configuración de situación de fraude alguna que
permita excepcionar la regla general de improcedencia de la denominada tutela
contra tutela.

46. En efecto, de los argumentos expuestos por el accionante se evidencia
que su inconformidad radica en el alcance de las medidas de protección definidas
por el tribunal y en las conclusiones adoptadas por el juez constitucional al

12 Corte Constitucional, Sentencia T-470 de 2018.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-627 de 2015.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-023 de 2023.
15 Id.

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verificar el cumplimiento de tales órdenes dentro del trámite del incidente de
desacato, particularmente respecto de la inexistencia de vacantes susceptibles
de ser provistas a su favor y de la procedencia del pago de aportes pensionales
como mecanismo sustitutivo previsto en la sentencia.

47. En ese sentido, la simple afirmación de desacuerdo con las
determinaciones adoptadas por los jueces de tutela o con la forma en que
valoraron los elementos de juicio aportados al expediente no constituye razón
suficiente para habilitar una nueva acción constitucional dirigida a controvertir
decisiones que ya fueron objeto de pronunciamiento por las autoridades
judiciales competentes.

48. Ciertamente, tales discrepancias no permiten inferir la existencia de
actuaciones fraudulentas, maniobras engañosas, ocultamiento deliberado de
información o cualquier otra circunstancia que hubiere afectado gravemente la
legitimidad de las providencias cuestionadas o comprometido el debido proceso
constitucional.

49. Por el contrario, lo que se advierte es la intención del actor de reabrir una
controversia ya resuelta por los jueces de tutela competentes, e insistir en una
solución distinta a la ya definida, finalidad que resulta incompatible con el carácter
excepcional y restrictivo de la tutela contra tutela.

50. En ese orden, es claro que la tutela persigue cuestionar el alcance de las
decisiones judiciales adoptadas por otros jueces de tutela; sin embargo, el
accionante no expuso ni aportó elemento alguno que permita concluir que tales
decisiones fueron producto de una situación de fraude.

51. En consecuencia, al no encontrarse acreditada la única hipótesis
excepcional que habilita la procedencia de la acción de tutela contra sentencias
de tutela, esto es, la configuración de una cosa juzgada fraudulenta, la Sala
declarará la improcedencia de la solicitud de amparo. Adicionalmente, se advierte
que esta tutela fue interpuesta por fuera del término de 6 meses para el
cumplimiento del requisito de inmediatez, lo que da cuenta también de la
improcedencia del mecanismo en cuestión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR la cosa juzgada respecto de las pretensiones dirigidas
hacia la Aerocivil de conformidad con las razones expuestas.

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www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Elvert Pérez Bermúdez
Accionados: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
– Aerocivil y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05907-00

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo presentada
por el señor Elvert Pérez Bermúdez respecto de los reproches dirigidos contra el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección B.

TERCERO NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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