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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05908-00

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05908-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05908-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05908-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: JHON JAIDER TORRES TORRES Y OTROS

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR CARECER DEL REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
MERA LEGALIDAD Y ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por los

actores contra el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE ARMENIA1 y la SALA TERCERA DE DECISIÓN DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO2.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

Los señores JHON JAIDER y JHON CARLOS TORRES TORRES,

JARLIN DAVID, LUIS ALBERTO y REINELIA TORRES GIRALDO,

1
En Adelante JUZGADO.
2
En adelante TRIBUNAL.

2

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Actores: JHON JAIDER TORRES TORRES Y OTROS

LUZ DARY y BETTY BANGUERA GIRALDO y MARÍA ENIS

BANGUERA GONZÁLEZ, actuando a través de apoderado judicial,

en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia, los cuales estiman vulnerados por el JUZGADO y el

TRIBUNAL, al haber proferido, respectivamente, las providencias de

8 de noviembre de 2024 y 22 de enero de 2026, dentro del medio de

control de reparación directa identificado con el número único de

radicación 2024-00245-01.

I.2. Hechos

Indicaron que promovieron demanda en ejercicio del medio de

control de reparación directa contra la NACIÓN - MINISTERIO DE

DEFENSA NACIONAL3 - EJÉRCITO NACIONAL4, con el fin de que

se declara su responsabilidad por las lesiones sufridas por el señor

JAIDER TORRES TORRES, en los hechos ocurridos el 4 de julio de

2023 estando prestando el servicio militar obligatorio en el Batallón

de Alta Montaña núm. 5 General Urbano Castellanos Castillo.

Señalaron que al proceso le fue asignado el número único de

radicación 2024-00245-00 y le correspondió al JUZGADO que, en

3
En adelante MINISTERIO.
4
En adelante EJÉRCITO.

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auto de 21 de octubre de 2024 lo inadmitió y les ordenó allegar el

poder otorgado al apoderado judicial, adjuntar la constancia de

agotamiento del requisito de procedibilidad relativo a la conciliación

prejudicial y aportar los anexos enlistados en el acápite de pruebas

de la demanda.

Relataron que el JUZGADO al considerar que el término para

subsanar fenecía el 6 de noviembre de 2024 y, que, aunque obraba

memorial de subsanación de esa misma fecha, resolvió mediante

providencia de 8 de ese mes y año rechazar la demanda.

Aseguraron que interpusieron recurso de reposición y, en subsidio,

de apelación, siendo el primero de ellos resuelto de manera

desfavorable, y el segundo desatado por el TRIBUNAL en

providencia de 22 de enero de 2026, que confirmó la decisión del a

quo.

I.3 Fundamentos de la solicitud

Argumentaron que las autoridades judiciales accionadas incurrieron

en un defecto sustantivo, al inaplicar de forma debida la regla de

notificación electrónica dispuesta en el artículo 205 del CPACA, pues,

a su juicio, el cómputo del término debió iniciar dos días hábiles

después del envío del correo, lo que otorgaba plazo hasta el 8 de

noviembre de 2024 para subsanar la demanda.

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Aseveraron que se sacrificó el derecho sustancial de las víctimas, por

una diferencia de minutos, lo que configura un exceso ritual

manifiesto, pues se validó de forma absoluta el reporte de recepción

del servidor de la Rama Judicial, omitiendo analizar la tesis de error

involuntario, las fallas técnicas en la virtualidad y la buena fe del

togado respecto a la hora de envío del correo.

Adujeron que tanto el JUZGADO como el TRIBUNAL priorizaron el

formalismo procesal del artículo 169 del CPACA sobre los derechos

fundamentales a la defensa y al acceso a la administración de

justicia.

I.4. Pretensiones

Los actores solicitan que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 2). En consecuencia, de lo anterior DEJAR SIN EFECTO el
auto del 22 de Enero de 2026 proferido por el Tribunal
Administrativo del Quindío y, en consecuencia, del auto del 8 de
Noviembre de 2025 del Juzgado Quinto Administrativo de Armenia,
por incurrir en Defecto Sustancial y Exceso Ritual Manifiesto.
3). DEJAR SIN EFECTO el auto de obedecer y cumplir.
4). SE ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO –
SALA TERCERA DE DECISIÓN, profiera un nueva nuevo auto
aplicando correctamente la ley 1437 de 2011 […]” (Negrilla
pertenece al texto).

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I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO remitió el link contentivo del proceso ordinario

objeto de tutela, sin realizar pronunciamiento alguno al respecto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez

Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto

que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

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contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión

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de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los

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debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

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En el presente asunto, la Sala advierte que los actores pretenden que

se deje sin efectos las providencias de 8 de noviembre de 2024 y

22 de enero de 2026, proferidas, respectivamente, por el

JUZGADO y el TRIBUNAL, dentro del medio de control de

reparación directa, identificado con el número único de radicación

2024-00245-01.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, habida cuenta que, a juicio de la parte

actora, incurrieron en los defectos sustantivo y procedimental

por exceso ritual manifiesto, al inaplicar la regla de notificación

electrónica prevista en el artículo 205 del CPACA y validar de forma

absoluta el reporte del servidor judicial por una diferencia de

minutos. También, por cuanto omitieron valorar la buena fe de su

apoderado judicial, el error involuntario y las fallas técnicas de la

virtualidad, priorizando el formalismo procesal establecido en el

artículo 169 ibídem sobre el derecho sustancial de las víctimas y sus

garantías fundamentales a la defensa y al acceso a la administración

de justicia.

En este punto se advierte que si bien en la acción de tutela se solicita

dejar sin efecto tanto la providencia de 8 de noviembre de 2024

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proferida por el JUZGADO, como la dictada el 22 de enero de 2026

por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la

presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados

frente a la decisión de segunda instancia, toda vez que en esta se

confirmó la decisión de rechazar la demanda.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial; y ii) de superarse tal derrotero,

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

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expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta

5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está

[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido

[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

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“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

tiene como propósito: (i) evitar que se utilice para discutir asuntos

de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)

impedir que esta se convierta en una instancia o recurso adicional

para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la

competencia y la independencia del juez ordinario.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la

presente acción de tutela no cumple con el requisito general de la

relevancia constitucional15, en la medida en que lo pretendido por la

parte actora es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a

consideración del juez natural, como si este mecanismo

constitucional se tratara de una instancia adicional al proceso

ordinario.

15
En igual sentido se ha referido la Sala en asuntos con similitud fáctica a la presente, entre otras, en
providencia de 23 de julio de 2026, identificada con número único de radicación 11001-03-15-000-
2026-02464-01, C.P. Pablo Andrés Córdoba Acosta.

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16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05908-00
Actores: JHON JAIDER TORRES TORRES Y OTROS

En efecto, la inconformidad de los accionantes se sustenta,

básicamente, en que la autoridad judicial accionada al rechazar la

demanda no tuvo en cuenta que se debió aplicar la regla de

notificación electrónica dispuesta en el artículo 205 del CPACA, por

lo que tenía hasta el 8 de noviembre de 2024 para subsanarla.

Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, gira en torno a la inconformidad con la decisión

adoptada por el juez natural del asunto, el cual fue resuelto por el

TRIBUNAL, así:

“[…] Corresponde a la Corporación determinar sí el documento
de subsanación de la demanda se presentó por el apoderado
demandante dentro del término procesal oportuno, para lo cual,
esta Sala deberá centrar su atención en determinar sí para este
tipo de eventos – auto de inadmisión de la demanda-, se debe
aplicar el conteo de términos conforme una notificación
electrónica, o una por estados; de igual manera se debe dirimir
la dicotomía entre la hora de envío del documento, si fue a las
4:39 o a las 5:39 de la tarde del 6 de noviembre de 2024.

[…]

De la notificación del auto que inadmite la demanda.

Quiere decir lo anterior que los efectos del artículo 205 del CPACA
en cuanto a la notificación por medios electrónicos puede
predicarse de aquellas decisiones que requieran notificación
personal, contenidas en el artículo 198 del CPACA y no de otros
medios de notificación como lo es el estado. En otras palabras,
los dos días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos para
que inicie el conteo de términos, contenido en el numeral 2 del
artículo 205 ídem, solamente puede predicarse para las
providencias que se enlistan en el artículo 198 del CPACA, que
reza:

[…]

En lo que atañe a la notificación del auto que admite la demanda,

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Actores: JHON JAIDER TORRES TORRES Y OTROS

el artículo 199 ídem señala que será personal, lo que le extiende
los efectos de la notificación electrónica. En contraposición a esta
forma de publicidad, el artículo 201 siguiente señala que todas
aquellas providencias que no sean susceptibles de notificación
personal, se notificarán por estado, al respecto:

[…]

En ese orden, el auto inadmisorio de la demanda no está enlistado
en aquellos que debe aplicarse la notificación personal, así, de
manera residual se le aplica la notificación por estado. Entonces,
contrario a lo dicho por el demandante en su recurso, no es
menester incluir en el conteo del término para subsanar la
demanda los dos días contenidos en el numeral segundo del
artículo 205 del CPACA.

Dilucidado lo relacionado en torno a la notificación del auto
inadmisorio de la demanda, que debe realizarse por estado,
puede estudiarse el problema jurídico en torno a la hora de envío
del documento con el cual el accionante pretendió subsanar la
demanda.

Caso concreto.

Como el auto inadmisorio de la demanda data del 21 de octubre
de 2024 y se notificó por estados el 22 siguiente, los 10 días para
subsanar, conforme lo ha sostenido el a quo, corrieron hábiles el
23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de octubre, 1, 5 y 6 de noviembre del
2024 e inhábiles 25, 26 de octubre, 2, 3 y 4 de noviembre del
2024.
Sobre la presentación de memoriales a través de mensajes de
datos, el artículo 109 del Código General del Proceso en su
parágrafo tercero señala que se entenderán presentados en
término los memoriales y mensajes de datos que se reciban antes
del cierre del despacho en el día que vence el término.

Particularmente, en lo que atañe al horario de trabajo para el
Distrito Judicial de Armenia, el Acuerdo Nro. CSJQA13-97 del 28
de mayo de 2013 fijó como horario laboral permanente el
comprendido de las 7:00 a.m. a 12:00 m; y de 2:00 p.m. a 5:00
p.m. de lunes a viernes.

Con lo anterior se corroboran las consideraciones del a quo, en
torno a que el término para subsanar la demanda se venció el día
6 de noviembre de 2024 a las 5 de la tarde; además, el parámetro
legal y jurisprudencial aplicable para este tipo de situaciones es
que, si los memoriales se presentan el día que legalmente vence
el plazo, pero se hace después del horario de cierre del despacho,
la intervención es extemporánea, así lo ha dicho el Consejo de

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Estado16:

[…]

El debate en torno a sí el mensaje de datos debe ser enviado, o
recepcionado por el servidor antes de la hora de cierre de los
despachos judiciales, la Corte Constitucional en sede de tutela
usualmente lo dirime en que debe acreditarse el envío y no la
recepción dentro del término procesal oportuno, es por ello que
en decisión de ponente y con la finalidad de verificar las
condiciones materiales de envío, la Colegiatura el 4 de noviembre
del 2025 decreta las siguientes pruebas.

• Que la parte demandante reenviara con destino al correo
electrónico del Despacho ponente el correo electrónico mediante
el cual subsanó la demanda, ello con la intención de verificar su
hora de envío, en respuesta se allega el siguiente correo
electrónico:

[…]

• La segunda prueba decretada fue que la parte demandante
acreditara mediante certificado de su servidor de correo
electrónico la hora de envío, para lo cual se concedió el término
de 15 días y que corrió en silencio.
En este punto, sin haberse allegado certificado por parte del
servidor de correo electrónico del apoderado de la parte actora,
la Sala de Decisión se valdrá de la trazabilidad que garantiza el
reenvío de un correo electrónico y los datos que ello contiene.

Si se observan los datos de envío original del correo electrónico
que realiza la parte demandante, está probado que, contrario a
la posición sostenida y que pretende acreditar mediante la
captura de pantalla del mensaje enviado - contenida en el recurso
de reposición y en subsidio apelación-, el mensaje de datos sale
del correo electrónico
notificacionesjudiciales@mbasesoreslegales.com, el miércoles 6
de noviembre de 2024 a las 17:39 (5:39 pm) con destino a los
correos electrónicos jadmin05arm@notificacionesrj.gov.co,
Notificaciones.Bogota@mindefensa.gov.co y
Notificaciones.prejudiciales@mindefensa.gov.co.

Según las líneas anteriores, habrá de confirmarse el auto
proferido el 8 de noviembre de 2024, por el Juzgado Quinto

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrado
16

ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco
(2025) Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicación: 41001-23-33-000-2023-00415-01 Demandante:
JAN MARCO CORTÉS GUZMÁN Demandado: HERNÁN GASCA OME – CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE
TIMANÁ (HUILA), PERIODO 2024- 2027

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Administrativo del Circuito de Armenia, mediante el cual se
rechazó la demanda[…]”. (Destacado pertenece al texto).

De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae

que el TRIBUNAL realizó precisiones respecto de la notificación del

auto que inadmite la demanda y precisó que conforme con los

pronunciamientos proferidos por el Consejo de Estado, la notificación

electrónica resulta diferente a la hecha por estado, por lo que el

término de gracia de los dos días solo aplica a las providencias que

requieren notificación personal según lo establecido en el artículo 198

del CPACA.

Así las cosas, destacó que las providencias notificadas por estado,

como en este caso, el auto inadmisorio de la demanda, surten efectos

con su inserción en el estado electrónico, sin que resulte aplicable la

adición de los dos días previstos en el numeral 2 del artículo 205 del

CPACA.

En consecuencia, resaltó que la notificación del auto inadmisorio

debe realizarse por estado y no se le extiende la regla de notificación

electrónica personal, haciendo improcedente el conteo de términos

adicionales para subsanar la demanda.

Ahora, en lo que tiene que ver con el conteo de términos llevado a

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cabo en el asunto, aseveró que comoquiera que el auto inadmisorio

de la demanda de 21 de octubre de 2024 se notificó por estado al día

siguiente, la parte actora tenía hasta el 6 de noviembre de ese año

para presentar el escrito de subsanación, además que en lo que

atañe al horario laboral para el distrito judicial de Armenia, este se

comprende entre las 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00

p.m., de lunes a viernes.

Así las cosas, que comoquiera que de conformidad con las pruebas

obrantes se evidenciaba que el mensaje de datos contentivo de la

subsanación de la demanda fue remitido el 6 de noviembre de 2024

a las 5:39 p.m., esto es, por fuera del término establecido para ello,

confirmó la decisión del a quo que rechazó la demanda.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad judicial

accionada se pronunció frente a los aspectos que la parte actora

alude como desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber

actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites

del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece

del requisito general de la relevancia constitucional.

Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí

dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que

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de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto sometido a su

consideración.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada

por el juez natural del asunto, en el cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse, so pena de otorgar a la solicitud de amparo el carácter

de un recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y

de paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito general de la relevancia

constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud

de amparo y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente

providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de agosto de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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