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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05932-00

Fecha
1 de octubre de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05932-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Fabio Javier Mendoza Martínez. En consecuencia, se dispone: 25 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 6 de agosto de 2026. Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04542- 00. Magistrado Ponente Wilson Ramos Girón. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-05932-00 Demandante: Fabio Javier Mendoza Martínez 2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 22 de enero de 2026, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Cesar decidió en segunda instancia el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 20001-33-33-007-2024-00112-00/01. 3. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cesar que, dentro de los 20 días siguientes a la notificación de esta providencia, dicte una nueva sentencia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 20001-33-33-007-2024- 00112-00/01, conforme a la parte considerativa de esta providencia. 4. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 5. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 6. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05932-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

1 de octubre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., primero (1) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-05932-00
Demandante FABIO JAVIER MENDOZA MARTÍNEZ
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. Defecto fáctico. Sanción moratoria por
reconocimiento y pago tardío de las cesantías. Docente oficial. Fecha
de solicitud de reconocimiento y pago de cesantías para efecto de
contabilización de sanción moratoria por pago tardío de las cesantías.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir, en primera instancia, la acción de tutela
instaurada por el señor Fabio Javier Mendoza Martínez, quien actúa a través de
apoderado judicial, de conformidad con lo dispuesto en los decretos 1983 de 2017
y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 27 de julio de 20261, el señor Fabio Javier Mendoza Martínez, actuando a través
de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
del Cesar, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia, a la «tutela judicial efectiva», a la «prevalencia
del derecho sustancial» y al principio «pro homine».

La vulneración de sus garantías constitucionales la atribuye a la sentencia del 22 de
enero de 2026, proferida en la segunda instancia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 20001-33-33-007-2024-00112-00/01.

En consecuencia, se formularon las siguientes pretensiones2:
«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, en sentencia del 22 de
enero de 2026 proferida dentro del medio de control identificado con No. 20-001-33-33-
007-2024-00112-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y
PRINCIPIO PRO HOMINE del señor FABIO JAVIER MENDOZA MARTÍNEZ, al haber
adoptado una decisión que se aparta de los principios de la sana crítica que rigen la
valoración probatoria y del marco normativo vigente aplicable al caso concreto.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un análisis integral de
los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr el esclarecimiento de la situación
fáctica del accionante FABIO JAVIER MENDOZA MARTÍNEZ y, (ii) aplicando en debida
forma la normatividad que reglamenta las competencias en el procedimiento
administrativo definido para la gestión de las solicitudes de reconocimiento y pago de las
cesantías en favor de los docentes del Fomag». (Sic a toda la cita).

1
Samai, índice 2. De conformidad con la anotación registrada la «demanda por ventanilla virtual con solicitud No 25925,
fecha de presentación: 27/07/2026 15:53:57, anexos remitidos:5 […]»
2
Samai, índice 2.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05932-00
Demandante: Fabio Javier Mendoza Martínez

2. Hechos

De la narración de los hechos del escrito de tutela y de los anexos se advierten
como relevantes los siguientes:

2.1. El «26 de julio de 2021», el señor Fabio Javier Mendoza Martínez en su calidad
de docente oficial, solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías.

El 5 de octubre de 2021, la Secretaría de Educación del municipio de
Valledupar dictó la resolución VALLER000004, mediante la cual reconoció y
ordenó el pago de $17.589.209 por concepto de liquidación parcial de
cesantías.

El 11 de noviembre de 2021, el dinero fue puesto a disposición del demandante
por parte de la Fiduprevisora SA., por lo que señaló que se configuró una mora.

2.2. El 15 de diciembre de 2023, el accionante presentó reclamación administrativa
ante la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, Fiduprevisora SA. y la Secretaría de
Educación del municipio de Valledupar, con la finalidad de obtener el
reconocimiento de la sanción por mora.

El 29 de diciembre de 2023, la Secretaría de Educación del municipio de
Valledupar expidió el oficio VAL2023ER016707-VAL2023EE025194, mediante el
cual negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.

2.3. En el año 2024, el señor Fabio Javier Mendoza Martínez presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el municipio de Valledupar,
con el fin de obtener la declaratoria de nulidad del oficio VAL2023ER016707 –
VAL2023EE025194 del 29 de diciembre del 2023.

2.4. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Valledupar conoció en
primera instancia el asunto, bajo el radicado 20001-33-33-007-2024-00112-00.

Mediante sentencia del 27 de marzo de 2025, dicha autoridad judicial negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que le era aplicable la sentencia de
unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018 y que el pago del
auxilio de cesantías se realizó dentro del plazo máximo establecido.

Explicó que el acto administrativo se expidió fuera del plazo de los 15 días, se
notificó el 7 de octubre de 2021, por lo que, el término de los 70 días para
realizar el pago de la prestación finalizaba el 11 de noviembre de 2021, de ahí
que la consignación fue efectuada en tiempo al realizarse el 11 de noviembre
de 2021, conforme a la certificación emitida por la Fiduciaria.

La anterior providencia fue apelada por la parte demandante.

2.5. Mediante sentencia del 22 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo del
Cesar confirmó la decisión al considerar que no había lugar al reconocimiento
y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, pues la
Fiduprevisora puso a disposición de la parte actora el pago de las cesantías
antes del vencimiento del término de pago.

Explicó que el reparo de la parte demandante radicaba en que el juez de
primera instancia no realizó de forma adecuada el cómputo de los términos,
pues tuvo como fecha de presentación de la solicitud el 2 de agosto de 2021.
Al respecto indicó que, entre la fecha de radicación de la solicitud de las

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cesantías que fue el 2 de agosto de 2021 y la fecha en la que se emitió el acto
administrativo que las reconoció (5 de octubre de 2021) transcurrieron más de
los 15 días hábiles, y este acto fue notificado el 7 de octubre de 2021, por lo
que debía darse aplicación a la hipótesis de «existencia de acto escrito
extemporáneo», de ahí que, la sanción moratoria corre 70 días posteriores a la
petición, es decir a partir del 12 de noviembre de 2021 y al estar probado que
el pago de las cesantías se realizó el 11 de noviembre de 2021 no se causó la
mora.

Por esta razón, confirmó la decisión del juzgado al indicar que la decisión
estuvo ajustada a derecho y a las pruebas que obraban en el expediente.

3. Fundamentos de la acción

Frente al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela, la parte actora explicó lo siguiente:

(i) Se cumple con el requisito general de la relevancia constitucional, pues se
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, prevalencia del derecho sustancial y a la tutela
judicial efectiva por parte del Tribunal Administrativo del Cesar al omitir el
análisis de una prueba determinante para la resolución del litigio,
específicamente «la constancia de radicación allegada con la demanda».

Afirmó que en el expediente se acreditó que el docente cargó de manera
completa la solicitud de reconocimiento de cesantías el 26 de julio de 2021
(Constancia de Humano en Línea) pese a ello el tribunal tomó como fecha de
presentación de la solicitud el 2 de agosto de 2021, y al respecto, el único
pronunciamiento que hizo fue: «Que según se extrae de la parte considerativa de la
Resolución No. VALLER000004 del 5 de octubre de 2021 […] solicitó el reconocimiento y pago
de cesantía parcial para remodelación mediante la radicación VALLE20210802RN1976161 de
fecha 2 de agosto de 2021», lo que demuestra que no se tomó en consideración la
constancia de radicación generada por la plataforma Humano en Línea.

(ii) Se satisface el requisito de la subsidiariedad en razón a que el actor agotó los
recursos judiciales disponibles ante el juez natural.

(iii) Se cumplió con la inmediatez «al promoverse la acción constitucional dentro del término
previsto por la jurisprudencia de las altas cortes: 6 meses».

Respecto a los defectos especiales afirmó que la autoridad accionada al dictar el
fallo de segunda instancia incurrió en un defecto fáctico, ya que si bien el Tribunal
hizo referencia en la sentencia a los siguientes medios de prueba: «Resolución No.
VALLER000004 del 5 de octubre de 2021 […] solicitó el reconocimiento y pago de cesantía parcial
para remodelación mediante la radicación VALLE20210802RN1976161 de fecha 2 de agosto de
2021», «respuesta a la reclamación administrativa […] la Secretaría de Educación Municipal de
Valledupar informa que el docente realizó el envío de la documentación completa de su solicitud de
cesantías por el aplicativo HUMANO FOMAG el día 02/08/2021», «Resolución No. No.
VALLER000004 del 5 de octubre de 2021», «certificación expedida por la FIDUPREVISORA S.A.»,
«el señor FABIO JAVIER MENDOZA MARTÍNEZ presentó reclamación administrativa», «oficio
número VAL2023ER016707 VAL2023EE025194», no se valoró la constancia generada por
el aplicativo Humano en Línea, que mostraba la trazabilidad del trámite que se le
dio a la petición de reconocimiento y pago de sus cesantías, documento que
permitía advertir la fecha en la que el docente cargó los documentos y el momento
en el que la entidad verificó los mismos.

Añadió que era importante la valoración de esa prueba que fue aportada con la
demanda y que no fue controvertida por las autoridades demandadas en el proceso
ordinario, pues esta «permitía verificar las diferentes etapas desarrolladas al interior del
procedimiento de reclamación de las cesantías por parte del personal docente», entre ellas, la

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fecha en la que se realizó la presentación de la solicitud que fue el 26 de julio de
2021, estudio que fue omitido por el Tribunal Administrativo del Cesar y que habría
podido dar certeza del «momento en que se inició la actuación administrativa».

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En providencia del 4 de agosto de 20263 el despacho ponente admitió la
acción de tutela interpuesta por el señor Fabio Javier Mendoza Martínez contra
el Tribunal Administrativo del Cesar.

Vinculó en calidad de terceros con interés al Ministerio de Educación Nacional,
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la Fiduprevisora S.A., a la
Secretaría de Educación del municipio de Valledupar, al Ministerio Público, a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Juzgado Séptimo
Administrativo de Valledupar; ofició al Juzgado Séptimo Administrativo de
Valledupar para que autorizara el acceso a través de Samai al expediente
20001-33-33-007-2024-00112-00/01; se reconoció personería al abogado
Yobany Alberto López Quintero como apoderado de la parte accionante; y se
ordenó efectuar las notificaciones correspondientes.

4.2. El Tribunal Administrativo del Cesar4 manifestó que esa Corporación acoge
los fundamentos de orden constitucional, legal y jurisprudencial expuestos en
las providencias emitidas en el medio de control, así como el criterio del juez
constitucional en esta acción.

Envió el enlace de consulta del proceso 20001-33-33-007-2024-00112-01 en el
Sistema de Gestión Samai y adjuntó las piezas procesales de esa instancia.

4.3. El Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar5 remitió el enlace de
consulta del proceso 20001-33-33-007-2024-00112-00 en el Sistema de Gestión
Samai y adjuntó las piezas procesales.

4.4. La Secretaría de Educación de Valledupar6 rindió informe en donde en el
encabezado se identificó la acción de tutela de la referencia, sin embargo, en
algunos apartes se hace mención de aspectos que no corresponden al caso
en estudio, pese a ello, solicitó que se declarara improcedente la acción al no
cumplir con el requisito general de la relevancia constitucional, en razón a que,
el accionante pretende reabrir un debate meramente legal que ya había sido
resuelto por la jurisdicción contencioso administrativa.

Explicó que esta acción de tutela se limita a buscar la aplicación de una ley
más no versa respecto de la vulneración de derechos fundamentales , pues,
afirma que «Pretender que el Honorable Consejo de Estado, en sede de tutela, analice si el
incremento porcentual aplicado a la categoría del docente fue o no inequitativo y si, en
consecuencia, se configuró la nulidad del acto administrativo (Decreto Salarial), equivale a
sustituir a los jueces naturales de la causa y a desconocer la independencia y autonomía
judicial» en relación con la «sentencia del 3 de julio de 2025»(sic) para que se
reemplace el criterio jurídico con el que se decidió el fondo del asunto.

4.5. El Ministerio de Educación7 manifestó que esta acción parte de considerar
erradamente que el ministerio, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y la Fiduprevisora SA. conforman una misma entidad. Agregó que
no le es atribuible responsabilidad alguna frente a los hechos objeto de la
acción, y carece de legitimación en la causa por pasiva.

3
Samai, índice 5.
4
Samai, índice 10.
5
Samai, índice 11.
6
Samai, índice 12.
7
Samai, índice 14.

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Adujo que, cuando se presentan peticiones por el mismo asunto que se
propone, sus beneficiarios deben radicarlas directamente ante la entidad
territorial correspondiente o ante la Fiduprevisora SA., que son las autoridades
competentes para tramitar y resolver de fondo tales solicitudes.

Las funciones del ministerio son únicamente de dirección, orientación y
supervisión del sector educativo, por eso su tarea se limita a trasladar la
petición a la autoridad competente cuando son presentadas allí.

Finalmente, sostuvo que la acción no supera el requisito general de la
subsidiariedad pues, en su consideración, contra el acto que negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria procede el medio de control,
esto en los siguientes términos: «ante la inconformidad frente a los nuevos resultados
obtenidos, la parte accionante tuvo la posibilidad de agotar el trámite de reclamación y en su
defecto, cuenta con la vía contencioso-administrativa para demandar la actuación de la
administración».

4.6. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la
Fiduprevisora S.A, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, pese a que se notificaron en debida forma 8, no se
pronunciaron.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19919, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
generales10 y especiales11 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales de la acción.

De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional12 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los

8
Samai, índice 8.
9
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
10
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
11
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
12
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor
rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Cuestión previa. Legitimación en la causa

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del
Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares. La Corte Constitucional13 ha señalado que
la legitimación en la causa por pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud legal
que tiene la persona contra la que se dirige la acción de tutela, y quien está llamada
a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando esta
resulte demostrada.

En el presente asunto, el accionante cuestiona la vulneración de derechos
fundamentales por parte del Tribunal Administrativo del Cesar al haber dictado la
sentencia del 22 de enero de 2026, por medio de la cual se confirmó la sentencia
de primera instancia, en la cual se negaron las pretensiones del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho 20001-33-33-007-2024-00112-00/01.

Por su parte, el Ministerio de Educación manifestó que carecía de legitimación en la
causa por pasiva, porque no es de su responsabilidad atender las solicitudes que
respecto del tema objeto de discusión se presentan. No obstante, la vinculación de
esta autoridad se hizo en calidad de tercero con interés por haber ostentado la
calidad de parte demandada en el medio de control en el que se profirió la decisión
que se cuestiona mediante la acción de tutela. En consecuencia, no hay lugar a
acceder a la solicitud de desvinculación.

4. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y por tratarse de una acción de
tutela contra providencias judiciales, la Sala debe surtir un primer análisis para
establecer si la solicitud de amparo supera los requisitos generales de
procedibilidad.

De superar dicho examen, se estudiará si el Tribunal Administrativo del Cesar
incurrió en un defecto fáctico al proferir el fallo del 22 de enero de 2026, por medio
del cual se confirmó la decisión de negar las pretensiones en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho 20001-33-33-007-2024-00112-00.

5. Sobre la acreditación de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

Frente a los requisitos generales de procedibilidad se estima pertinente indicar que
este caso cumple a cabalidad con cada uno de ellos así:

(i) El caso bajo estudio reviste relevancia constitucional, en la medida en que se
invoca la protección de los derechos fundamentales del accionante, quien
alega que por la indebida valoración del acervo probatorio en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho se llegó a conclusiones erradas como

13
Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.

6

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desconocer la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías,
situaciones que inciden de manera directa en la garantía de acceso a la
administración de justicia y el derecho al debido proceso.

(ii) Contra la sentencia acusada no procede recurso ordinario o extraordinario que
permita la protección de los derechos que se estiman desconocidos.

(iii) Se cumple con el requisito de la inmediatez toda vez que la acción de tutela
se presentó el 27 de julio de 2026, es decir, dentro del plazo considerado como
razonable, si se tiene en cuenta que la sentencia cuestionada se notificó
electrónicamente el 26 y 27 de enero de 202614, por lo que conforme al artículo
205 del CPACA la notificación se entendió realizada una vez transcurridos dos
días hábiles siguientes al envío del mensaje (28 y 29 de enero de 2026), luego
el término de los seis meses contaría a partir del viernes 30 de enero de 2026.

(iv) En la solicitud de amparo se hace una narración clara de los hechos y de los
defectos de los que la parte actora considera que adolece la providencia.

(v) No se advierte una irregularidad procesal que sea determinante.

(vi) Finalmente, se observa que la providencia cuestionada no corresponde a una
decisión dictada en trámite de este mecanismo constitucional.

6. Análisis caso concreto

6.1. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de
las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En este sentido,
se ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es necesario que de las
pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna manera
objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión que se
cuestiona.

En otras palabras, que el apoyo probatorio en que se basó el juez para resolver
determinado asunto resulta absolutamente inadecuado para el caso
concreto15. Porque si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de
valoración probatoria fundada en los principios científicos de la sana crítica 16,
dicho poder no puede ejercerse de manera arbitraria.
Para analizar si el juez natural pudo incurrir en este defecto, corresponde al
juez de tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y
rigurosos, en lo que respecta a la apreciación de las pruebas, pero el error
debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, pues la intervención del juez
constitucional es de carácter extremadamente reducido, en respeto al principio
de autonomía judicial. Más aún en lo que hace al análisis del material
probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia17, que
impiden que el juez de tutela realice un examen exhaustivo del material
probatorio, so pena de convertirse en una tercera instancia.
Refiriéndose al defecto fáctico, la Corte Constitucional18 reconoce dos
dimensiones: la dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como
por ejemplo, (i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad
probatoria determinante en el desenlace del proceso19; (ii) por decidir sin el
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
14
Samai, índice 12 y 13. Expediente 20001-33-33-007-2024-00112-01.
15
Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de una sentencia judicial que la convierte en una vía de
hecho, pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-231 de 1994 y T-567 de 1998.
16
Sentencia T-442 de 1994.
17
Cfr. Sentencias T-055 de 1997 y SU-632 de 2017, por mencionar dos de tantas.
18
Cfr. Sentencia SU-159 de 2002.
19
Cfr. Sentencia C-590 de 2005.

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Demandante: Fabio Javier Mendoza Martínez

sustenta la decisión; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los
procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a
hacerlo20. La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones
positivas del juez en las que se incurren ya sea (iv) por valorar y decidir con
fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido
de la decisión21; o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición
legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia 22.

El análisis del defecto fáctico debe ser en extremo cauteloso, en procura de
no afectar los principios de autonomía e independencia judicial que adquieren
significado en actos propios e intrínsecos del juez de la causa, como la
valoración de la prueba.
Es por ello que la jurisprudencia constitucional ha sido consistente en indicar
que, será viable la acción de tutela por defecto fáctico cuando el error en el
juicio valorativo del juez de la causa sea «ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo
debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente
conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia»23.

Por esto, la Corte ha hecho énfasis en que las discrepancias respecto de la
valoración de las evidencias no ameritan por sí misma, la revocación por vía
de tutela de la providencia impugnada, pues ello sería tanto como admitir la
superioridad del criterio de valoración del juez de tutela respecto del juez
natural, en directo menoscabo del principio de autonomía judicial.

No pueden reputarse como defecto fáctico, las diferencias en la valoración y
apreciación de la prueba, ya que la competencia del juez de tutela está fijada
en la violación de derechos fundamentales, no de diferencias de juicio o de
opinión.

6.2. El señor Fabio Javier Mendoza Martínez presentó su escrito de tutela
manifestando la existencia de un defecto fáctico en la sentencia del 22 de
enero de 2026, por medio de la cual se confirmó la decisión de negar las
pretensiones en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
20001-33-33-007-2024-00112-00. Señaló que el tribunal erró en la valoración
probatoria lo que lo llevó a concluir que no se causó la sanción moratoria por
pago tardío de las cesantías, pues la administración actuó dentro de los plazos
que establece la ley.

Precisó que el error en la valoración radicó en la omisión del estudio de la
constancia generada por la plataforma Humano en Línea, pues pese a que en
ese documento se identificó como fecha de solicitud el 26 de julio de 2021, la
administración tuvo como fecha de inicio de la actuación administrativa el 2 de
agosto de 2021, momento en el cual la Secretaría de Educación entró a validar
los documentos.

Destacó que el único pronunciamiento que realizó el tribunal respecto de ese
asunto fue: «Que según se extrae de la parte considerativa de la Resolución No.
VALLER000004 del 5 de octubre de 2021 […] solicitó el reconocimiento y pago de cesantía
parcial para remodelación mediante la radicación VALLE20210802RN1976161 de fecha 2 de
agosto de 2021», lo que demuestra que esa autoridad judicial omitió la valoración
de esa prueba que fue aportada con la demanda y que no fue controvertida
por las autoridades demandadas en el proceso ordinario, y que habría podido
dar certeza del «momento en que se inició la actuación administrativa».

20
Cfr. Sentencia T-417 de 2008.
21
Ibidem. Óp. Cit. 10.
22
Cfr. Sentencia SU-226 de 2013.
23
Corte Constitucional. Sentencia SU 949 de 2014.

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Demandante: Fabio Javier Mendoza Martínez

6.3. Ahora bien, del estudio del expediente ordinario 20001-33-33-007-2024-00112-
01, se advierte que el 22 de enero de 2026 el Tribunal Administrativo del Cesar
dictó sentencia de segunda instancia en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Allí se estableció como problema jurídico que se debía estudiar la decisión de
primera instancia en razón a que el recurrente argumentó que el juzgado «toma
una hipótesis que no es aplicable al caso en concreto, así mismo no toma la fecha correcta de
presentación de la solicitud de cesantías, ya que toma como fecha el día 2 de agosto de 2021»,
omitiendo las actuaciones que se desplegaron a través del aplicativo Humano
en Línea. Para resolver el caso se establecieron como aspectos demostrados
los siguientes:

(i) De conformidad con la parte considerativa de la Resolución
VALLER000004 del 5 de octubre de 2021, expedida por el Secretario de
Educación del municipio de Valledupar, el señor Fabio Javier Mendoza
Martínez en su calidad de docente afiliado al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, presentó solicitud de
reconocimiento y pago de sus cesantías parciales «mediante la radicación
VALLE20210802RN1976161 de fecha 2 de agosto de 2021» (Énfasis propio).

(ii) El 5 de octubre de 2021 la Secretaría de Educación del municipio de
Valledupar dictó la resolución VALLER000004, en la cual reconoció y
ordenó el pago de las cesantías solicitadas por un valor de «$17.589.209
de la cual se descontó la cantidad de $2.683.998, por concepto de cesantías ya
pagadas, para pagar el valor de $14.905.211». Decisión notificada por medios
electrónicos el 7 de octubre de 2021.

(iii) El 11 de noviembre de 2021, se puso a disposición del solicitante la suma
de dinero, de acuerdo con el certificado de pago de cesantías expedido
por la Fiduciaria la Previsora - FOMAG.

(iv) El 15 de diciembre de 2023, el señor Mendoza Martínez presentó
reclamación administrativa ante el Ministerio de Educación Nacional, la
Fiduciaria la Previsora, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y la Secretaría de Educación del municipio de Valledupar, con
la finalidad de obtener el reconocimiento y pago de la sanción por mora.

(v) El 29 de diciembre de 2023, la Secretaría de Educación del municipio de
Valledupar dio respuesta a la reclamación administrativa presentada por
el actor, en donde se negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria solicitada, señalando que: «la Secretaría de Educación Municipal de
Valledupar informa que el docente docente (sic) realizó el envío de la documentación
completa de su solicitud de cesantías por el aplicativo HUMANO FOMAG el día
02/08/2021, fecha de ingreso a validación y radicada, una vez revisados el cumplimiento
de los requisitos exigidos, se procede a elaborar el acto Administrativo».

Luego, el Tribunal señaló que se aplicaría el criterio de la sentencia de
unificación del Consejo de Estado de fecha 18 de julio de 2018, es decir la
normatividad que garantiza en mayor medida los derechos del trabajador,
concretamente los principios de igualdad en el régimen de seguridad social
(Ley 1071 de 2006).

Por ello expuso que los términos debían contabilizarse de la siguiente manera:
(i) el docente radica su solicitud de reconocimiento y pago de cesantías
definitivas o parciales y la entidad cuenta con el término de 15 días hábiles
para expedir el acto, (ii) de no contar con toda la información la entidad debe
comunicar al solicitante dentro de los 10 días, (iii) luego de ejecutoriado el acto
que le reconozca la prestación social la entidad cuenta con 45 días para

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cancelar la prestación social. Es decir, la entidad cuenta con un término de 70
días para realizar el pago efectivo de la referida prestación.

Para estudiar el caso concreto, el tribunal procedió a elaborar un cuadro en
donde determinó: (i) como fecha de radicación de la solicitud de las cesantías
el 2 de agosto de 2021, (ii) como fecha del acto administrativo el 5 de octubre
de 2021, y (iii) como fecha de pago el 11 de noviembre de 2021.

Con la anterior información, concluyó que desde la fecha de radicación de la
solicitud hasta la fecha en la que se emitió el acto transcurrieron más de los
15 días hábiles (vencían el 24 de agosto de 2021), de ahí que el acto fuera
expedido fuera del término y a pesar de que fue notificado el 7 de octubre de
2021 ese tiempo «no se tiene en cuenta para el cómputo del término de pago», por ello,
se debía dar aplicación a la hipótesis relativa a la «existencia de acto escrito
extemporáneo», lo que significa que la sanción moratoria correría 70 días
posteriores a la petición, fecha que corresponde al 11 de noviembre de 2021
es decir que como el pago se realizó ese mismo 11 de noviembre se dio dentro
del término y no se dio mora. Este cálculo fue analizado por el tribunal de la
siguiente forma:
«… en tal sentido el término de ejecutoria corre 10 días después de cumplidos 15 para expedir
el acto, es decir, del 25 de agosto al 7 de septiembre de 2021; el término para el pago de la
cesantía es de 45 días posteriores a la ejecutoria, o sea, del 8 de septiembre al 11 de
noviembre de 2021; y la sanción moratoria corre 70 días posteriores a la petición, es decir a
partir del 12 de noviembre de 2021».

Finalmente concluyó que se confirmaba la decisión del juzgado al indicar que
la decisión estuvo ajustada a derecho y a las pruebas que obraban en el
expediente.

6.4. Ahora bien, esta Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Cesar no
mencionó que hubiera tenido en cuenta de forma directa el informe arrojado
por el sistema Humano en Línea para determinar la fecha de radicación de la
solicitud de reconocimiento y pago de cesantías del señor Fabio Javier
Mendoza Martínez, documento que fue aportado con la demanda24 y
decretado en el auto del 23 de agosto de 2024, mediante el cual se fijó el litigio,
se decretaron pruebas y se procedió con el trámite de sentencia anticipada.

Incluso para resolver el recurso de apelación contra la sentencia del 27 de
marzo de 2025, en donde el apelante había manifestado que el juez de primera
instancia no tomó «la fecha correcta de presentación de la solicitud de cesantías, ya que
toma como fecha el día 2 de agosto de 2021», el Tribunal omitió valorar el documento
que contenía las actuaciones que se desplegaron a través del aplicativo
Humano en Línea, por lo que, no hubo pronunciamiento frente a este.

Así, esta autoridad procedió a darle una mayor valoración a: (i) «la parte
considerativa de la Resolución No. VALLER000004 del 5 de octubre de 2021, expedida por el
Secretario de Educación del Municipio de Valledupar» en donde se indicó que la
radicación de la solicitud se dio el 2 de agosto de 2021, así mismo, tuvo en
cuenta la (ii) «respuesta a la reclamación administrativa presentada por el demandante
solicitando el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de sus
cesantías» en donde se le indicó que el envío de la documentación se realizó de
forma completa en el aplicativo Humano en Línea el «día 02/08/2021».

Sin embargo, esta Sección observa que efectivamente no se valoró la
información contenida en el informe del sistema Humano en Línea
desconociendo así algunos aspectos que eran relevantes, tales como que la
etapa del ejercicio del derecho de petición es distinta de la etapa de estudio

24
Samai, índice 11. Folio 23 y 31.

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de validación de la documentación que realiza la administración, a su vez, de
este documento no se advierte que la petición cargada el 26 de julio de 2021
fuera incompleta y que se hubiera requerido al señor Fabio Javier Mendoza
Martínez para completarla.

Así pues, el razonamiento que realizó el tribunal adolece de un vicio en la
valoración probatoria, pues no se verificó el mencionado certificado, ni las
entidades demandadas acreditaron que el «Envío de Documentación» para la
solicitud de cesantías que realizó el señor Mendoza Martínez el 26 de julio de
2021 hubiera sido incompleta, pues de ser así, el aplicativo o la administración
hubiesen formulado el requerimiento que exige el artículo 4, parágrafo, de la
Ley 1071 de 2006 y el artículo 17 del CPACA dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su recibo, lo cual no ocurrió, por ende debe tenerse por
presentada la solicitud en esa fecha, tan es así que en el mencionado informe
las siguientes cuatro actuaciones en orden son: (i) la «Validación de Documentos»
del 30 de julio de 2021, (ii) «Prestación en estudio» 2 de agosto de 2021, (iii) «En
respuesta de prestación» del 9 de agosto de 2021 y (iv) «Generado acto administrativo»
del 10 de agosto de 2021. Esto como se observa a continuación:

Lo que demuestra que el 26 de julio de 2021 el señor Fabio Javier Mendoza
Martínez aportó de forma completa la información o documentación necesaria
para adelantar el trámite administrativo como se evidenció, por ello la
administración pudo validar los documentos, estudiar la prestación y generar
el acto administrativo.

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En este sentido, la demora para adelantar el trámite administrativo no puede
ser atribuible al accionante, sino a la administración, de ahí que el Tribunal
Administrativo del Cesar incurrió en un defecto fáctico en su dimensión
negativa por la no valoración de la constancia que se aportó del Sistema
Humano en Línea en la demanda, prueba que demostraba el envío de la
solicitud, y documento que dio lugar a que se expidiera el acto administrativo
que reconoció y ordenó pagar las cesantías.

6.5. En este mismo sentido, se precisa que esta Sala en un caso de similares
contornos25 indicó que la ley no estableció momentos diferentes a la
presentación de la solicitud para iniciar con el conteo de los términos. Así:
«los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006 hablan, sin matices, de “presentación de la solicitud”
como hito que activa el término. En armonía con esta disposición, los artículos 14, 15 y 17 del
CPACA, establecen que el término corre desde la recepción de la petición (art. 14), que
“ninguna autoridad podrá negarse a la recepción y radicación de las peticiones” (art. 15) y que
solo un requerimiento formal, expreso y oportuno por incompletitud puede alterar ese cómputo
(art. 17). En ninguna de esas normas, ni en la Ley 1955 de 2019, ni en los Decretos 1272 de
2018 y 942 de 2022, ni tampoco en la Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-012-2018, se
contempló que la fecha de “aprobación” o “validación” interna de documentos desplace el
momento de presentación de la solicitud.
En consecuencia, un mensaje o aviso generado por una plataforma de gestión documental
interna, en este caso, la advertencia de “Humano en Línea”, según la cual “la fecha de radicado
se generará con la aceptación de la información y documentación enviada”, no tenía la entidad
de fuente de derecho, ni tenía la capacidad de derogar, suspender o modificar los efectos
jurídicos que la ley asigna a la presentación de una petición. Se trata, en el mejor de los casos,
de una práctica administrativa de gestión interna que no puede prevalecer sobre el texto claro
de la ley ni sobre el principio de eficacia que informa el derecho de petición (art. 3 del
CPACA)».

Por esos motivos, no es de recibo que el tribunal haya omitido valorar la
constancia que se aportó del Sistema Humano en Línea por parte del
demandante.

7. Conclusión

Así las cosas, esta Sala amparará el derecho al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del señor Fabio Javier Mendoza Martínez, al considerar
configurado el defecto alegado.

En ese orden de ideas, se dejará sin efectos la sentencia del 22 de enero de 2026,
por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la sentencia de
primera instancia, en la cual se negaron las pretensiones del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho 20001-33-33-007-2024-00112-00/01, en
consecuencia, se ordenará que en el término de 20 días siguientes a la notificación
de esta providencia profiera un nuevo fallo conforme a la parte considerativa de esta
providencia.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del señor Fabio Javier Mendoza Martínez. En
consecuencia, se dispone:

25
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 6 de agosto de 2026. Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04542-
00. Magistrado Ponente Wilson Ramos Girón.

12

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Demandante: Fabio Javier Mendoza Martínez

2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 22 de enero de 2026, mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Cesar decidió en segunda instancia el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 20001-33-33-007-2024-00112-00/01.

3. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cesar que, dentro de los 20 días
siguientes a la notificación de esta providencia, dicte una nueva sentencia en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 20001-33-33-007-2024-
00112-00/01, conforme a la parte considerativa de esta providencia.

4. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

5. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

6. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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