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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05933-00

Fecha
15 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05933-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-05933-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

15 de septiembre de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, quince (15) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05933-00
Demandante: RITA DELIA ARIZA
Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y
OTROS
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
IMPROCEDENCIA POR FALTA DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la sentencia mediante la cual se confirmó la negativa
del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que reclamó por no haberse acreditado la
dependencia económica respecto de su hijo fallecido. La Sala declarará improcedente la acción
por falta de relevancia constitucional, porque los reparos reproducen, en esencia, la controversia
probatoria que ya fue planteada y resuelta por el juez natural y pretenden obtener una nueva
valoración de los mismos elementos de convicción como si se tratara de una instancia adicional.

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Rita Delia Ariza Ballesteros
contra la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional, para la protección
de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad
social, mínimo vital y vida digna, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia
del 19 de junio de 2026.

I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05933-00
Actor: Rita Delia Ariza
Acción de tutela

1) El señor William Antonio Bulla Ariza, quien era su hijo, ingresó a prestar sus servicios
en la Policía Nacional en el año 2005 y, para la época de su fallecimiento, convivía con
ella y con su hermano Carlos Bulla Ariza.

2) El 16 de diciembre de 2010, su hijo Ariza falleció mientras se encontraba en servicio
activo en la Policía Nacional, por lo cual solicitó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes en condición de madre del causante.

3) Mediante la Resolución no. 00553 del 13 de abril de 2011, la Policía Nacional negó el
reconocimiento de la prestación solicitada, decisión frente a la cual promovió demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que
solicitó la nulidad de ese acto y el reconocimiento de la prestación.

4) A través de fallo del 15 de julio de 2025, el Juzgado 25 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá negó las pretensiones de la demanda, tras considerar que no se
acreditó la dependencia económica respecto de su hijo fallecido.

5) Formuló recurso de apelación porque consideró que el juzgado valoró de manera
inadecuada el material probatorio, pues, a su juicio, estaba demostrado que su hijo
contribuía al sostenimiento del hogar mediante el pago del arriendo, los servicios públicos
y la alimentación, así como que su fallecimiento produjo un deterioro en sus condiciones
económicas; asimismo, con el recurso aportó los comprobantes correspondientes a su
pensión de vejez con el propósito de acreditar su situación económica.

6) Mediante sentencia del 19 de junio de 2026, la Subsección B de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de primera instancia y
concluyó igualmente que no se acreditó la dependencia económica frente al causante y
que las pruebas aportadas con el recurso de apelación no podían ser valoradas porque
no se configuró ninguno de los eventos previstos en el artículo 212 del CPACA para la
incorporación de pruebas en segunda instancia.

Fundamento de la vulneración

La parte actora cuestionó la sentencia del 19 de junio de 2026 proferida por la Subsección
B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por considerar
que vulneró sus derechos fundamentales del debido proceso, igualdad, seguridad social,

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05933-00
Actor: Rita Delia Ariza
Acción de tutela

mínimo vital y vida digna, así como los principios de favorabilidad, progresividad y pro
homine, por confirmar la negativa del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Como sustento del reproche, señaló que la autoridad judicial valoró de manera
equivocada el material probatorio, pues, a su juicio, las declaraciones extrajuicio y el
testimonio rendido por la señora Ana Lilia Arias demostraban i) que dependía
parcialmente de su hijo, quien contribuía al pago del arriendo, los servicios públicos y la
alimentación, y ii) que después de su fallecimiento tuvo que trasladarse a viviendas de
menor costo debido al deterioro de su situación económica.

Asimismo, controvirtió que el tribunal hubiera considerado sus ingresos laborales y la
posterior pensión de vejez como elementos indicativos de independencia económica,
pues afirmó que las sumas adicionales que percibía mientras se encontraba vinculada
laboralmente correspondían a primas, bonificaciones y otros conceptos ocasionales que
desaparecieron cuando adquirió el estatus de pensionada; además, sostuvo que la
existencia de ingresos propios no excluía la dependencia económica respecto del
causante cuando aquellos resultaban insuficientes para garantizar la subsistencia.

También reprochó que el tribunal se abstuviera de valorar los comprobantes de pago de
su pensión de vejez aportados con el recurso de apelación, los cuales, según indicó,
permitían establecer el valor efectivamente recibido y desvirtuar la conclusión acerca de
su autosuficiencia económica; a su juicio, por tratarse de una controversia relacionada
con derechos pensionales y fundamentales, tales documentos debieron ser apreciados
pese a haber sido allegados en segunda instancia.

Finalmente, adujo que la autoridad judicial desconoció los principios de favorabilidad,
progresividad y pro homine, pues interpretó el requisito de dependencia económica en su
contra y dejó de considerar su condición de persona de la tercera edad, sus quebrantos
de salud, la insuficiencia de sus ingresos y los gastos que afirmó asumir respecto de su
otro hijo; asimismo, sostuvo que se vulneró el derecho a la igualdad porque, según las
sentencias T-701 de 2006, T-140 de 2013, T-529 de 2019 y T-167 de 2022 de la Corte
Constitucional, la existencia de ingresos propios o de otra prestación pensional no
descarta, por sí sola, la dependencia económica cuando aquellos resultan insuficientes
para garantizar la subsistencia.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05933-00
Actor: Rita Delia Ariza
Acción de tutela

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“Solicito respetuosamente al Despacho que, amparado en los artículos 13,
derecho a la igualdad; art. 29, al debido proceso; y art. 48, derecho a la
seguridad social. El artículo 53 de la Constitución Política establece que, en
caso de duda en la aplicación o interpretación de las fuentes formales del
derecho, debe preferirse la interpretación más favorable al trabajador. Este
principio también ha sido aplicado en asuntos pensionales.

Así también como derechos fundamentales al mínimo vital, concordantes con
el derecho a la igualdad, ya que, en muchas decisiones judiciales, se ha
concedido este derecho a las personas que son beneficiarias de una pensión,
toda vez que el salario mínimo no es determinante de la independencia
económica; no constituye independencia económica recibir otra prestación. Por
ello, entre otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera tratándose de
la pensión de sobrevivientes, como lo reconoce expresamente el artículo 13,
literal j, de la Ley 100 de 1993.

La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el
beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional.
Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario
percibir ingresos permanentes y suficientes”. (fl. 12 de la demanda de tutela).

Actuación procesal

Mediante auto del 18 de agosto de 2026 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección B de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se vinculó como
terceros con interés, al Ministerio de Defensa Nacional, a la Policía Nacional y al titular
del Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, con el fin de que rindieran
informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción (SAMAI, índice 06).

Intervenciones de las autoridades demandadas

El titular del Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá no formuló
argumentos de oposición frente a la solicitud de amparo y se limitó a remitir el enlace de
acceso al expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación no. 11001-33-35-025-2023-00043-00 (SAMAI, índice14).

El magistrado ponente de la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca solicitó negar el amparo, para lo cual sostuvo que la

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05933-00
Actor: Rita Delia Ariza
Acción de tutela

sentencia del 19 de junio de 2026 realizó un análisis fáctico, jurídico y probatorio del
asunto y concluyó que la parte actora no acreditó la dependencia económica respecto de
su hijo fallecido, requisito previsto en el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 para
acceder a la pensión de sobrevivientes.

Además, la Sala valoró las declaraciones y los demás elementos de convicción conforme
con las reglas de la sana crítica, en particular, tuvo en cuenta que la actora percibía
ingresos derivados de su empleo y posteriormente de su pensión, así como que el
testimonio recaudado no permitía establecer con certeza el monto, la periodicidad y la
destinación de la ayuda económica que habría proporcionado el causante, además de
presentar inconsistencias frente a las pruebas documentales, de manera que se pretende
controvertir nuevamente la valoración probatoria efectuada por el juez natural (SAMAI,
índice 15).

La Policía Nacional solicitó su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la
causa por pasiva, debido a que la vulneración alegada se atribuye a las decisiones
adoptadas por las autoridades judiciales accionadas, respecto de las cuales esa
autoridad no tiene injerencia ni competencia para modificar sus determinaciones.

En ese sentido, corresponde a aquellas pronunciarse sobre los reparos formulados por
la parte actora y, en consecuencia, pidió que se disponga su desvinculación (SAMAI,
índice 18).

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero 1) finalidad de la acción de tutela, 2) solicitud de desvinculación y 3)
el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05933-00
Actor: Rita Delia Ariza
Acción de tutela

constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

La solicitud de desvinculación

La Policía Nacional solicitó ser desvinculada del presente trámite por considerar que
carece de legitimación en la causa por pasiva, debido a que la vulneración alegada por
la parte actora se atribuye a las decisiones adoptadas por el juzgado y el tribunal
demandado, autoridades judiciales respecto de las cuales no tiene injerencia ni
competencia para modificar sus determinaciones.

La Sala no accederá a dicha solicitud, toda vez que la Policía Nacional fue parte
demandada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la providencia objeto de reproche y, por tanto, tiene interés jurídico en las resultas
de la presente acción constitucional.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección B
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de que se
protejan los derechos constitucionales fundamentales antes enunciados, presuntamente
vulnerados con ocasión de la sentencia del 19 de junio de 2026.

En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala declarará improcedente la
acción por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las razones que
se expondrán a continuación:

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05933-00
Actor: Rita Delia Ariza
Acción de tutela

3.1. La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de
los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
encuentra la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una
genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente1, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional
sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la
legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes involucradas.

1
Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05933-00
Actor: Rita Delia Ariza
Acción de tutela

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal2”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.

En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había
planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una
exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar,
en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de
explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una
restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso
que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales3”, enfatizando
en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so
pena de rechazo o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola

2
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05933-00
Actor: Rita Delia Ariza
Acción de tutela

invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.4”.

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó
que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones
de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la
intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar
la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de
una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

4
Idem.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05933-00
Actor: Rita Delia Ariza
Acción de tutela

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del
actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras
a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente,
con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica
es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa
hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente
mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios,
quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina
y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden
a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de
contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no
puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas
por los jueces naturales en su ejercicio y cualquier intento dirigido a reemplazar o
arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.

En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela
reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido
por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta hipótesis
comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05933-00
Actor: Rita Delia Ariza
Acción de tutela

de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios5”.

En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que
condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica,
que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y
comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.

En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente
cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de los defectos alegados
en el caso concreto.

Verificación del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

1) Para la Sala el presente asunto no supera el requisito de relevancia constitucional,
toda vez que los argumentos expuestos en la solicitud de amparo están encaminados a
controvertir la valoración probatoria efectuada por el juez natural para determinar si la
parte actora dependía económicamente de su hijo fallecido, discusión que fue planteada
dentro del proceso ordinario y resuelta de manera expresa en la providencia cuestionada.

2) En efecto, en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia la
demandante cuestionó la valoración del material probatorio y sostuvo que este
demostraba que el occiso contribuía al pago del arriendo, los servicios públicos y la
alimentación del hogar, así como que sus ingresos como empleada no resultaban
suficientes para atender sus necesidades.

3) Esos planteamientos fueron examinados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, autoridad que precisó, en primer lugar, que la dependencia económica
no exigía una carencia absoluta de recursos y que la circunstancia de percibir un salario

5
Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cabo.

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Actor: Rita Delia Ariza
Acción de tutela

o una pensión no permitía concluir, por sí sola, que una persona fuera económicamente
independiente; sin embargo, correspondía acreditar que la contribución del causante
resultaba necesaria para garantizar las condiciones de subsistencia de la beneficiaria:

“Igualmente, la demandante aportó declaraciones extra proceso rendidas por la
misma, los días 03 de marzo del 2011 y 11 de junio del 2021, ante la Notaría 36
del Círculo de Bogotá. En la primera de ellas, manifestó que es empleada, con
domicilio en la carrera 11 No. 14-57 sur de esa misma ciudad, aduciendo
además que es la madre de William Antonio Bulla Ariza, con quien convivió
hasta el día de su fallecimiento, sin que hiciera alusión alguna a la dependencia
económica respecto de su hijo. Recientemente, en la segunda declaración
expresó que, tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá y que, con ocasión de la
muerte de su hijo William Antonio se ha visto afectada moral y económicamente,
toda vez que, dependía económicamente de él (arriendo, alimentación y
servicios públicos), por lo que no tiene calidad de vida.

En el mismo sentido, aportó una declaración extra proceso rendida el 03 de
octubre del 2018, por el señor Jesús Emilio Sierra Ramírez, quien precisó que
conoció a la señora Rita Delia Ariza Ballesteros, quien tenía un hijo llamado
William Antonio Bulla Ariza, quien falleció el 16 de diciembre del 2010.
Igualmente, que la situación económica de la señora Ariza Ballesteros es crítica,
toda vez que, a causa de la enfermedad de su otro hijo Carlos Andrés (ataques
de epilepsia) no ha podido cumplir las obligaciones adquiridas, siendo ésta
quien sufraga los gastos médicos y su manutención.

No obstante, pese a que, dichas declaraciones gozan de validez para ser
tenidas en cuenta, lo cierto es que, éstas no logran acreditar el cambio negativo
en la calidad y estilo de vida de la señora Ariza Ballestaros con posterioridad al
deceso de su hijo, ni la presunta afectación en la capacidad de la demandante
para cubrir sus necesidades básicas, aspecto que desdibuja la dependencia
económica que exige la norma para obtener el reconocimiento de la prestación
pensional. Ello, como quiera que, no logran establecer con precisión en qué
consistía la ayuda económica que propinaba el causante para proveer la
subsistencia de su madre, ni se determinó con certeza la afectación económica
padecida con ocasión del deceso; simplemente se refieren generalidades de
una presunta dependencia económica y manifestaciones de una crisis
económica de la demandante.

(…).

Luego entonces, aun cuando dicha circunstancia no es óbice para descartar de
plano la dependencia económica, si genera indicios contundentes de que, aun
con posterioridad al fallecimiento de su hijo, la señora Ariza Ballesteros se podía
financiar su propia subsistencia en condiciones dignas, sin que, con el
fallecimiento de William Antonio Bulla Ariza y ante la ausencia de los recursos
que presuntamente éste le proporcionaba, sus condiciones de vida se hubieren
deteriorado en tal medida que se vieran comprometidos los derechos de orden
Constitucional.

Finalmente, en relación con la prueba testimonial rendida por la señora Ana Lilia
Arias, su valoración se debe sujetar a las reglas de la sana crítica llevando a
cabo un análisis integral de toda la declaración y de ésta con los demás medios
de prueba. En tal sentido, es procedente concluir que dicha declaración no es
contundente para generar total certeza respecto de la dependencia económica
debatida en el sub judice, pues, en gran medida las manifestaciones realizadas,
si bien gozan de plena credibilidad, se basan en los propios dichos de la señora

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05933-00
Actor: Rita Delia Ariza
Acción de tutela

Rita Delia Ariza Ballesteros, sin que la declarante fuera testigo presencial al
menos en forma recurrente de las especiales condiciones en que, al parecer, el
señor William Antonio Bulla Ariza proporcionaba el dinero para la manutención
y subsistencia de su madre y el sostenimiento de la familia.

En efecto, la testigo no narró circunstancias puntuales que permitan establecer
que los dineros presuntamente aportados por el causante eran empleados para
satisfacer las necesidades básicas de su madre. Lo anterior, teniendo en cuenta
que, no narra con precisión el monto de la ayuda económica proporcionada, la
periodicidad, las necesidades específicas atendidas con tales recursos, no
expone datos puntuales que permitan a esta Sala dar por probada la tesis
relativa a la dependencia económica de la demandante frente a su hijo
fallecido”. (SAMAI, índice 02).

4) Como se observa, la autoridad judicial accionada examinó las declaraciones obrantes
en el proceso, entre ellas, las rendidas por la propia demandante en los años 2011 y 2021
y la del señor Jesús Emilio Sierra; sin embargo, consideró que esos elementos no
permitían determinar concretamente la ayuda económica suministrada por el causante ni
establecer que su fallecimiento hubiera producido una modificación relevante de sus
condiciones materiales de subsistencia.

5) De igual forma, el tribunal analizó el testimonio de la señora Ana Lilia Arias y, aunque
no descartó su credibilidad, explicó que buena parte de las circunstancias relatadas
provenían de lo informado por la propia demandante y que la testigo no tenía
conocimiento preciso acerca del monto, la periodicidad y las necesidades específicas que
eran atendidas con los recursos suministrados su hijo; a partir de la valoración conjunta
del material probatorio concluyó lo siguiente:

“En ese orden de ideas, con fundamento en los elementos de juicio allegados
al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana
crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se confirmará la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, dado que no se
desvirtuó la legalidad del acto demandado, pues no se acreditó:

a) La dependencia económica, la ayuda dineraria, ni la manutención cierta que,
se aduce, le proporcionaba el señor William Antonio Bulla Ariza (q.e.p.d.) a su
señora madre, Rita Delia Ariza Ballesteros.
b) La imposibilidad de la señora Rita Delia Ariza Ballesteros para solventar de
forma autónoma su propia subsistencia y la satisfacción de sus necesidades
básicas cotidianas, con posterioridad al fallecimiento de su hijo.
c) Situación de vulnerabilidad económica alguna por parte de la señora Rita
Delia Ariza Ballesteros, con ocasión del deceso de su hijo, que permita inferir la
vulneración de derechos fundamentales tales como el mínimo vital, la seguridad
social o la vida digna”.

6) Precisamente, en la solicitud de amparo la parte actora controvierte esas
apreciaciones y explica por qué, en su criterio, las inconsistencias señaladas por el

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05933-00
Actor: Rita Delia Ariza
Acción de tutela

tribunal no tenían la entidad suficiente para restarle valor al testimonio, ya que la testigo
no estaba obligada a conocer con exactitud su salario o el cargo que desempeñaba,
justifica las circunstancias relacionadas con la época en que se conocieron y afirma que
los cambios de residencia, lejos de desvirtuar su situación económica, demostraban el
deterioro que sufrió después del fallecimiento de su hijo.

7) Para la Sala tales argumentos no plantean una cuestión distinta de aquella que
correspondió resolver al juez ordinario, pues están dirigidos a que por esta vía se otorgue
a las declaraciones y al testimonio un alcance diferente al fijado en la sentencia
cuestionada y, a partir de una nueva apreciación de esos elementos de convicción, se
tenga por acreditada la dependencia económica que la autoridad judicial accionada
encontró insuficientemente demostrada.

8) Tampoco se advierte que la autoridad judicial hubiera sustentado su decisión
exclusivamente en el hecho de que la demandante percibía ingresos propios; por el
contrario, reconoció expresamente que esa circunstancia no excluía la posibilidad de
acreditar una dependencia económica parcial, pero encontró que, además de contar con
un ingreso fijo derivado de su actividad laboral, no se demostró que la ayuda atribuida al
causante tuviera las características necesarias para concluir que resultaba indispensable
para atender sus necesidades básicas.

9) Por consiguiente, el planteamiento formulado en la tutela acerca de que la percepción
de un salario o de una pensión no excluye la dependencia económica parte de una
premisa que no corresponde con el fundamento de la providencia cuestionada, pues esa
misma regla fue reconocida por el tribunal y la diferencia radicó en que, una vez valoradas
las pruebas, consideró que en el caso concreto no se acreditaron los presupuestos
necesarios para su configuración.

10) Por otra parte, la parte demandante reprocha que no se hubieran valorado los
comprobantes de pago de su pensión allegados con el recurso de apelación, porque, a
su juicio, la naturaleza de los derechos discutidos permitía tenerlos en cuenta para
establecer su verdadera situación económica.

11) Sin embargo, tampoco se trató de elementos de convicción inadvertidos por la
autoridad judicial, pues el tribunal se pronunció expresamente acerca de su incorporación
y, con fundamento en el artículo 212 del CPACA, concluyó que no se configuraba alguno

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05933-00
Actor: Rita Delia Ariza
Acción de tutela

de los eventos que permiten solicitar o decretar pruebas en segunda instancia y que
dichos documentos pudieron ser aportados o solicitados dentro de las oportunidades
probatorias correspondientes, en los siguientes términos:

“En el presente asunto se advierte que, la parte demandante aportó con el
recurso de apelación los certificados de pensión de la señora Ariza Ballesteros,
expedidos por la Administradora Colombiana de Pensiones de los meses de
enero a mayo del 2025, en los que, se advierte que, desde el mes de febrero
del 2017 fue ingresada a nómina, en valor de $2.792.937, con deducidos un
neto a pagar de $1.284.540. No obstante, una vez verificadas las causales de
procedencia excepcional para la solicitud y práctica de pruebas en segunda
instancia, contempladas en el artículo 212 del CPACA, se concluye que la
situación objeto de estudio no se enmarca en ninguna de éstas, razón por la
cual, se abstendrá la sala de valorar la prueba documental aportada, máxime
teniendo en cuenta que, la misma pudo haber sido aportada o solicitada en las
oportunidades probatorias de la primera instancia”.

12) En esas condiciones, la inconformidad formulada en sede constitucional recae sobre
el criterio expresamente adoptado y motivado por el juez natural, frente al cual la
demandante propone una solución distinta con el argumento de que, dada la naturaleza
pensional del asunto, los documentos debieron ser valorados; sin embargo, esa
discrepancia no convierte el debate en un asunto de naturaleza constitucional ni habilita
al juez de tutela para sustituir dicho criterio.

13) Ahora bien, la parte actora también invocó los derechos a la seguridad social, mínimo
vital e igualdad, así como los principios de favorabilidad, progresividad y pro homine, para
lo cual citó diferentes providencias relacionadas con el alcance de la dependencia
económica; sin embargo, esos planteamientos se sustentan en la misma inconformidad
probatoria, esto es, en que, desde su perspectiva, las pruebas sí demostraban que recibía
de su hijo una ayuda necesaria para atender los gastos del hogar.

14) En ese contexto, la sola invocación de derechos y principios de rango constitucional
no convierte la controversia en un asunto de relevancia constitucional, especialmente
cuando la autoridad judicial accionada reconoció que la dependencia económica podía
ser parcial y coexistir con ingresos propios y, a partir del material probatorio, concluyó
que esa circunstancia no se encontraba demostrada en el caso concreto.

15) Así las cosas, la Sala advierte que la solicitud de amparo pretende reabrir una
controversia probatoria planteada y resuelta por el juez natural, con el propósito de
obtener una nueva valoración de los mismos elementos de convicción y, por esa vía, una
conclusión distinta acerca de la dependencia económica de la demandante respecto de

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Actor: Rita Delia Ariza
Acción de tutela

su hijo fallecido; sin embargo, la acción de tutela contra providencias judiciales no
constituye una instancia adicional para sustituir la valoración razonada efectuada por la
autoridad judicial competente, por lo que, al no identificarse un problema constitucional
autónomo que justifique la intervención excepcional de esta Sala, se declarará
improcedente por falta de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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