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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05934-00

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05934-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Fiduprevisora S.A. SEGUNDO. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA parcial de la acción de tutela, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. NEGAR la solicitud de amparo de la acción de tutela presentada por Álvaro Pérez Manzano, por las razones expuestas en esta decisión. CUARTO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-05934-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05934-00
Demandante: Álvaro Pérez Manzano
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Cesantías definitivas. Docente nacionalizado.
Prescripción. Defecto fáctico. Defecto sustantivo. Defecto
procedimental.

Decisión: Niega solicitud de amparo.

La Sala decide la acción de tutela formulada por Álvaro Pérez Manzano contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 29 de julio de 2026, la parte actora presentó acción de tutela con el
propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social, a la igualdad y al acceso a la administración de
justicia, así como los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, los cuales
estimó vulnerados por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado No. 11001-33-35-021-2023-00313-01.

2. A título de amparo, solicitó que se dejara sin efectos la Sentencia de 30 de
enero de 2026 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Sentencia de 24 de septiembre de 2025 del
Juzgado 21 Administrativo de Bogotá y que, en su lugar, se profiriera una de
reemplazo.

3. Como fundamento fáctico de la acción de amparo, la parte actora señaló
que el 24 de agosto de 2023, la señora Blanca Aurora Contreras de Pérez presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la
Secretaría de Educación de Cundinamarca, con el propósito de que se declarara la
nulidad de la Resolución No. 2022000538 de 18 de diciembre de 2022, mediante la
cual le fue negado el reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías definitivas

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Demandante: Álvaro Pérez Manzano

a las que, en su condición de docente de vinculación nacionalizada de la Institución
Educativa Departamental Pablo Neruda del municipio de Sibaté (Cundinamarca),
consideraba tener derecho.

4. El 24 de septiembre de 2025, el Juzgado 21 Administrativo de Bogotá
declaró no probada la excepción denominada «caducidad», formulada por la
Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca y, en consecuencia,
negó las pretensiones de la demanda. Consideró que no se encontraba acreditado
que la señora Blanca Aurora Contreras de Pérez conservara el régimen de
cesantías retroactivas previsto en la Ley 91 de 1989, pues no se demostró
suficientemente una vinculación docente anterior al 31 de diciembre de 1989.
Señaló, además, que la aceptación de retiros parciales de cesantías constituía un
elemento indicativo de acogimiento al régimen anualizado. En todo caso, concluyó
que la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas se encontraba
prescrita, por cuanto habían transcurrido más de 3 años desde la desvinculación de
la docente, ocurrida el 15 de abril de 2019.

5. El 7 de octubre de 2025, el hoy accionante1 interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia y solicitó su revocatoria. Sostuvo que el
Juzgado había partido de supuestos equivocados acerca de la vinculación laboral
de la señora Blanca Aurora Contreras de Pérez, pues el reconocimiento de la
pensión de jubilación mediante la Resolución No. 996 de 1 de julio de 2009
evidenciaba que su vinculación como docente nacionalizada era anterior al año
2007. Cuestionó que se hubiera considerado que la pensión de invalidez había sido
reconocida desde el 15 de abril de 2019, cuando esta solo le fue otorgada mediante
la Resolución No. 0589 de 11 de marzo de 2020. Sostuvo que la Gobernación de
Cundinamarca había incurrido en actuaciones irregulares al retirarla del servicio sin
que previamente se hubiera reconocido dicha prestación, notificado su inclusión en
nómina y garantizado la protección derivada de su condición de discapacidad.

6. Alegó que la reclamación presentada el 24 de noviembre de 2022 no se
encontraba prescrita y que la entidad territorial había incumplido su obligación de
reconocer, liquidar y poner a disposición del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio las cesantías correspondientes. Afirmó que, contrario a lo
considerado en la sentencia apelada, la docente sí era beneficiaria del régimen de
cesantías retroactivas previsto en la Ley 91 de 1989. Reprochó que el juez de
primera instancia no hubiera examinado las presuntas irregularidades atribuidas a
la Gobernación de Cundinamarca ni valorado integralmente el expediente
administrativo, del cual solo habían sido aportados 18 folios, pese a que este
contaba con más de 100.

7. El 30 de enero de 2026, la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó la Sentencia de 24 de septiembre de
2025. Consideró que las pruebas obrantes en el expediente permitían establecer
que la señora Blanca Aurora Contreras de Pérez tenía la condición de docente

1 El 23 de abril de 2025, el Juzgado 21 Administrativo de Bogotá reconoció al hoy accionante como sucesor

procesal, con ocasión del fallecimiento de la señora Blanca Contreras de Pérez, en su condición de esposo
sobreviviente.

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nacionalizada, contaba con una pensión de jubilación reconocida desde 2009 y se
encontraba sometida al régimen de cesantías retroactivas. No obstante, concluyó
que la reclamación de las cesantías definitivas había sido presentada cuando ya
había operado la prescripción del derecho, circunstancia que impedía acceder a las
pretensiones formuladas en la demanda.

8. Precisó que las disposiciones contenidas en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003 no resultaban aplicables a la docente, por encontrarse excluida del régimen
general de seguridad social y que, en todo caso, durante el periodo comprendido
entre su retiro por invalidez y el reconocimiento de la pensión de invalidez, contaba
con la pensión de jubilación previamente reconocida, por lo que no quedó
desamparada. Estableció que el retiro del servicio se había producido el 15 de abril
de 2019, mediante acto administrativo que le fue debidamente notificado, y que la
solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías, presentada el 24 de noviembre
de 2022, fue formulada una vez transcurrido el término de 3 años previsto para su
reclamación, razón por la cual había operado la prescripción extintiva.

9. Como fundamentos de derecho, sostuvo que la Subsección B de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en defecto
fáctico, defecto sustantivo y defecto procedimental al proferir la Sentencia de 30 de
enero de 2026.

10. Afirmó que el Tribunal incurrió en defecto fáctico, pues omitió valorar
integralmente el material probatorio y resolvió el recurso de apelación sin contar con
el expediente administrativo completo del FOMAG, pese a que había decretado su
remisión. Señaló que, ante la falta de aportación por parte de la entidad, el Tribunal
no insistió en la práctica de dicha prueba ni explicó las razones por las cuales decidió
prescindir de ella, a pesar de que ese expediente resultaba necesario para
establecer la historia laboral de la docente, determinar el régimen de cesantías
aplicable y conocer la trazabilidad de los trámites adelantados. Reprochó que el
Tribunal no hubiera valorado las contradicciones existentes en la información
registrada por la administración, particularmente porque algunos documentos
correspondientes al trámite de cesantías de 2022 reportaban a la docente con
ingreso en 2007, bajo el régimen anualizado y con vinculación nacional, mientras
que otros registros posteriores la identificaban como docente nacionalizada y
beneficiaria del régimen retroactivo.

11. En cuanto al defecto fáctico, afirmó que el Tribunal omitió valorar
integralmente el material probatorio y resolvió el recurso de apelación sin contar con
el expediente administrativo completo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG), pese a que había decretado su remisión en segunda
instancia. Sostuvo que, ante la falta de aportación de dicho expediente, la autoridad
judicial no insistió en la práctica de la prueba, no adoptó medidas para obtenerla y
tampoco explicó las razones por las cuales decidió prescindir de ella, a pesar de
que la consideró necesaria para esclarecer aspectos relacionados con la historia
laboral y prestacional de la docente.

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12. También sostuvo que el Tribunal omitió valorar diversas inconsistencias
existentes en la información registrada por la administración. Indicó que algunos
documentos asociados al trámite de cesantías adelantado en 2022 reportaban a la
docente con fecha de ingreso en 2007, bajo el régimen anualizado y con vinculación
nacional, mientras que otros registros posteriores la identificaban como docente
nacionalizada y beneficiaria del régimen retroactivo. A su juicio, esas
contradicciones resultaban relevantes para establecer las circunstancias que
rodearon la reclamación de las cesantías y la imposibilidad de obtener
oportunamente su reconocimiento.

13. Agregó que el Tribunal tampoco examinó las actuaciones desplegadas por
la docente para corregir la información registrada y obtener el reconocimiento de la
prestación, ni la falta de respuesta de la administración frente a los reportes de
inconsistencias efectuados. En ese contexto, reprochó que la autoridad judicial
hubiera atribuido exclusivamente a la interesada las consecuencias derivadas del
transcurso del tiempo sin analizar la disponibilidad probatoria de cada una de las
partes ni la aplicación de la carga dinámica de la prueba, pese a que la Secretaría
de Educación se encontraba en mejores condiciones para explicar el origen,
permanencia y eventual corrección de los datos registrados en el sistema Humano
en Línea.

14. Afirmó igualmente que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo al omitir la
aplicación del artículo 2530 del Código Civil, disposición que prevé la suspensión
del término de prescripción respecto de quien se encuentra en imposibilidad de
ejercer su derecho mientras dicha circunstancia subsista. Señaló que la autoridad
judicial debió analizar si la condición de invalidez de la docente, las inconsistencias
existentes en la información administrada por las entidades involucradas y las
dificultades administrativas para adelantar el trámite de las cesantías constituían
circunstancias relevantes para determinar si podía atribuírsele una inactividad
prolongada e injustificada.

15. Finalmente, alegó la configuración de un defecto procedimental. Explicó que
el Tribunal decretó como prueba el expediente administrativo completo del FOMAG,
pero resolvió el recurso de apelación sin que dicha prueba hubiera sido aportada.
Reprochó que no se hubieran empleado los mecanismos procesales disponibles
para obtenerla ni se hubiera justificado adecuadamente la decisión de prescindir de
ella, pese a la importancia que, según afirmó, tenía para esclarecer la historia laboral
de la docente, las inconsistencias advertidas en los registros administrativos y las
circunstancias relacionadas con la reclamación de las cesantías definitivas.

Intervenciones2

16. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó declarar improcedente la acción de tutela y,

2 Mediante Auto de 30 de julio de 2026, se admitió la acción de tutela de la referencia contra la Subsección B
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 21 Administrativo de Bogotá
y se vinculó a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y la Gobernación de Cundinamarca – Secretaría de Educación.

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subsidiariamente, negar las pretensiones formuladas. Sostuvo que este mecanismo
constitucional no podía utilizarse para reabrir el debate jurídico y probatorio surtido
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ni para introducir
argumentos que no hubieran sido planteados oportunamente ante el juez ordinario.
Señaló que la Sentencia de 30 de enero de 2026 había confirmado la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, luego de establecer
que la señora Blanca Aurora Contreras había estado sometida al régimen
retroactivo de cesantías y que la prestación reclamada se encontraba prescrita.

17. Explicó que los planteamientos relativos a los supuestos errores en la
historia laboral, las dificultades del aplicativo «Humano en Línea», las demoras de
la administración en corregir la información y la incidencia de la condición de la
demandante en la posibilidad de adelantar el trámite no habían sido formulados en
la demanda ni en el recurso de apelación, por lo que no habían sido objeto de
análisis durante el proceso ordinario. Añadió que las pruebas practicadas en
segunda instancia habían tenido como finalidad establecer la fecha de vinculación
de la docente y, a partir de ello, determinar el régimen de cesantías aplicable,
cuestión que había quedado definida con la documentación remitida por la
Secretaría de Educación. Sostuvo que las denominadas pruebas «sobrevinientes»
correspondían a liquidaciones de los años 2010 a 2018 que se encontraban en
poder de la parte actora desde antes de promover la demanda, razón por la cual no
podían ser aportadas por primera vez en sede de tutela para sustentar argumentos
nuevos. Afirmó que la parte actora pretendía convertir la acción de tutela en una
nueva instancia para reabrir una controversia de mera legalidad ya resuelta por la
jurisdicción ordinaria, pese a que la sentencia cuestionada había valorado las
pruebas obrantes en el expediente y aplicado las normas y la jurisprudencia que
estimó pertinentes.

18. Sostuvo que los argumentos relacionados con el funcionamiento de la
plataforma «Humano en Línea» tampoco habían sido planteados oportunamente
ante el juez ordinario, por lo que este no había tenido la oportunidad de determinar
si las dificultades atribuidas al sistema habían incidido en la falta de solicitud de las
cesantías y, posteriormente, en la prescripción de la prestación. Sostuvo que la
acción de tutela pretendía propiciar un nuevo debate probatorio sobre asuntos que
no habían sido sometidos al conocimiento de la jurisdicción ordinaria.

19. El Juzgado 21 Administrativo de Bogotá envió el expediente digital del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

20. El Ministerio de Educación solicitó declarar improcedente la acción de tutela,
al considerar que la controversia se dirigía exclusivamente contra las providencias
proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que no existía
actuación u omisión atribuible que pudiera generar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados. Sostuvo que su vinculación obedecía únicamente a su
condición de parte relacionada con el asunto debatido y que la intervención del juez
constitucional para revisar de fondo una decisión adoptada por el juez natural

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desconocería los principios de independencia y autonomía judiciales, así como la
presunción de acierto y legalidad que amparaba las providencias judiciales.

21. Afirmó que la acción de tutela contra providencias judiciales tenía carácter
excepcional, residual y subsidiario y que, en el caso concreto, no se acreditaba la
configuración de un defecto que habilitara la intervención del juez constitucional.
Señaló que la controversia carecía de relevancia constitucional, pues se
circunscribía a un debate de naturaleza estrictamente económica y particular,
relacionado con el reconocimiento de cesantías definitivas. Señaló que la tutela no
podía convertirse en una instancia adicional para controvertir las decisiones
adoptadas por los jueces naturales ni para reabrir asuntos de mera legalidad.
Sostuvo que no se había demostrado una afectación grave de los derechos
fundamentales alegados ni la existencia de un perjuicio irremediable.

22. La Fiduprevisora S.A. solicitó declarar improcedente la acción de tutela y,
como consecuencia, disponer su desvinculación del trámite, al considerar que
carecía de legitimación en la causa por pasiva. Sostuvo que la acción de tutela
contra providencias judiciales exigía que la parte actora identificara y sustentara de
manera clara las causales generales y específicas de procedibilidad, carga que no
había sido satisfecha, pues la demanda pretendía controvertir actuaciones
procesales adelantadas con anterioridad mediante el mecanismo constitucional.

23. Afirmó que no existía nexo de causalidad entre su actuar y la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados, puesto que la entidad no
había realizado la acción u omisión de la cual se derivara la afectación alegada ni
tenía aptitud para restablecer los derechos reclamados. Sostuvo que no se había
acreditado vulneración alguna de los derechos al debido proceso o a la seguridad
jurídica, dado que las entidades involucradas habían actuado conforme a la
normativa aplicable y que el juez de instancia no había desconocido los precedentes
relacionados con el asunto.

24. La Secretaría de Educación Departamental de Cundinamarca sostuvo que
la controversia estaba dirigida contra la Sentencia de 30 de enero de 2026 y que,
por tanto, no podía atribuírsele a esa entidad la eventual vulneración de los
derechos fundamentales invocados. Señaló que la valoración de las pruebas y la
determinación de los efectos jurídicos de los documentos que integraban la historia
laboral de la señora Blanca Aurora Contreras correspondían al juez natural y que la
existencia de discrepancias frente a la apreciación probatoria no permitía trasladarle
la responsabilidad por la decisión judicial cuestionada.

25. Manifestó que no podía atribuírsele la falta de remisión de determinados
documentos históricos, pues la actuación administrativa debía examinarse a partir
de los archivos efectivamente existentes y de los requerimientos formulados por la
autoridad judicial. Agregó que, dentro del proceso ordinario, la controversia había
sido examinada tanto en primera como en segunda instancia y que la decisión
desfavorable había sido objeto del correspondiente recurso de apelación, por lo que
la acción de tutela no podía utilizarse como una tercera instancia para reabrir el
debate probatorio o sustituir el criterio del juez natural. Indicó que cualquier

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cuestionamiento relacionado con la configuración de un defecto fáctico, la
interpretación de las normas sobre prescripción o el eventual desconocimiento de
la Sentencia C-501 de 2005 debía ser examinado por el juez constitucional respecto
de la actuación del Tribunal, sin atribuirle competencias que no le correspondían.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

26. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

27. Corresponde a la Sala determinar si, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y al acceso a la administración
de justicia, así como los principios de confianza legítima y seguridad jurídica del
accionante al proferir la Sentencia de 30 de enero de 2026, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho por haber incurrido, presuntamente, en los
defectos fáctico, sustantivo y procedimental.

Cuestión previa

28. Antes de abordar el estudio de los defectos invocados, la Sala advierte que
la parte accionante estructuró un cargo autónomo por defecto procedimental,
fundado en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó como prueba
el expediente administrativo completo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG), pero resolvió el recurso de apelación sin que dicha prueba
hubiera sido aportada al proceso. Asimismo, el mismo supuesto fue presentado
como fundamento del defecto fáctico, al sostenerse que la autoridad judicial omitió
valorar integralmente el material probatorio y decidió la controversia sin contar con
elementos que consideró relevantes para el esclarecimiento de los hechos.

29. En criterio de la Sala, ambos reproches se sustentan en un mismo núcleo
argumentativo y se encuentran estrechamente relacionados, pues la irregularidad
que se atribuye a la providencia cuestionada no radica exclusivamente en la omisión
de una actuación procesal, sino, principalmente, en la incidencia que la ausencia de
dicha prueba habría tenido en la determinación de los hechos relevantes para
adoptar la decisión judicial.

30. Por tal razón, y con el fin de evitar análisis fragmentados sobre una misma
censura, la Sala examinará este cuestionamiento de manera conjunta en el marco
del defecto fáctico invocado, oportunidad en la cual valorará tanto las actuaciones
desplegadas por el Tribunal respecto de la prueba decretada como la eventual

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incidencia que su falta de incorporación al expediente pudo tener en la decisión
adoptada. En consecuencia, el estudio del defecto procedimental alegado quedará
subsumido en dicho análisis, sin perjuicio de las consideraciones que resulten
pertinentes sobre la actividad probatoria desarrollada en el proceso ordinario.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

31. Previo a examinar los defectos atribuidos a la providencia cuestionada, la
Sala advierte que no todos los planteamientos expuestos en la demanda de tutela
satisfacen el requisito de subsidiariedad que gobierna la procedencia excepcional
del amparo contra decisiones judiciales.

32. Al respecto, se recuerda que la acción de tutela contra providencias
judiciales no constituye una instancia adicional dentro del proceso ordinario ni un
mecanismo para replantear debates que pudieron ser oportunamente propuestos
ante el juez natural. En consecuencia, corresponde a quien acude al amparo
constitucional haber puesto en conocimiento de las autoridades judiciales
competentes los hechos, argumentos y fundamentos jurídicos que posteriormente
pretende hacer valer en sede de tutela, salvo que exista una razón suficiente que
justifique su omisión.

33. En el presente asunto, la Sala encuentra que varios de los reproches
formulados por la parte accionante fueron efectivamente planteados dentro del
proceso ordinario y objeto de pronunciamiento por parte de las autoridades
judiciales accionadas. Tal es el caso de las inconformidades relacionadas con la
declaratoria de prescripción de las cesantías definitivas y por ende la fecha a partir
de la cual debía contabilizarse el término prescriptivo, la condición de docente
nacionalizada de la señora Blanca Aurora Contreras de Pérez, la procedencia del
régimen de cesantías retroactivas y la alegada insuficiencia del material documental
aportado al expediente administrativo. Respecto de estos aspectos, la jurisdicción
contencioso-administrativa tuvo la oportunidad de pronunciarse y, por ende,
satisfacen el presupuesto de subsidiariedad.

34. Situación distinta ocurre con otros planteamientos desarrollados
ampliamente en la demanda de tutela, los cuales no fueron sometidos al
conocimiento del juez natural durante el trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

35. De tal suerte que analizado el expediente del proceso ordinario, la Sala no
advierte que la parte interesada hubiera estructurado un debate encaminado a
demostrar que las inconsistencias registradas en el sistema «Humano en Línea» le
impidieron materialmente formular la reclamación de las cesantías definitivas;
tampoco encuentra que hubiera propuesto la aplicación de la teoría de la carga
dinámica de la prueba prevista en el artículo 167 del Código General del Proceso,
ni que hubiera alegado que su condición de invalidez constituía una circunstancia
impeditiva para ejercer oportunamente el derecho reclamado.

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36. De igual manera, no se observa que durante el proceso ordinario se hubiera
invocado la aplicación del artículo 2530 del Código Civil como fundamento para
suspender o impedir el cómputo de la prescripción, ni que se hubiera planteado la
existencia de un vacío normativo o de obstáculos administrativos que imposibilitaran
jurídicamente el trámite de las cesantías definitivas. Tampoco fueron sometidos a
consideración de los jueces ordinarios los argumentos relacionados con la presunta
vulneración del derecho al habeas data, la trazabilidad de los registros
administrativos o las eventuales modificaciones de la información contenida en las
bases de datos institucionales.

37. Así las cosas, los anteriores cuestionamientos constituyen planteamientos
nuevos que fueron introducidos por primera vez en sede de tutela y respecto de los
cuales las autoridades judiciales accionadas no tuvieron oportunidad de ejercer su
función jurisdiccional ni de emitir un pronunciamiento previo. Admitir que tales
asuntos sean examinados directamente por el juez constitucional implicaría
desconocer el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, así como
convertir este mecanismo excepcional en una instancia adicional destinada a
incorporar hechos, argumentos jurídicos y líneas de defensa que no fueron
oportunamente propuestas dentro del proceso ordinario.

38. En consecuencia, la Sala declarará improcedente el estudio de los
reproches fundados en (i) las presuntas inconsistencias del sistema «Humano en
Línea» como causa de imposibilidad para reclamar las cesantías definitivas; (ii) la
aplicación de la carga dinámica de la prueba; (iii) la alegada imposibilidad material
o administrativa para ejercer oportunamente el derecho; (iv) la utilización de la
condición de invalidez de la docente como circunstancia impeditiva de la
prescripción; (v) la supuesta omisión de aplicar el artículo 2530 del Código Civil; (vi)
la existencia de un vacío normativo para adelantar el trámite de las cesantías
definitivas; y (vii) los cuestionamientos relacionados con la vulneración del habeas
data y la trazabilidad de la información administrativa.

39. Por consiguiente, el análisis de procedibilidad de la acción continuará
respecto a los cuestionamientos que fueron efectivamente propuestos y debatidos
dentro del proceso ordinario y que, por tanto, satisfacen el requisito de
subsidiariedad. Esto es (i) el reproche relacionado con el defecto fáctico derivado
de la alegada omisión de valorar integralmente el material probatorio, especialmente
en lo concerniente a la falta de incorporación del expediente administrativo completo
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y su eventual
incidencia en la decisión adoptada; y (ii) los cuestionamientos dirigidos contra la
declaratoria de prescripción de las cesantías definitivas, incluyendo la
determinación de la fecha jurídicamente relevante para el inicio de su cómputo y las
razones que llevaron al Tribunal a concluir que el derecho reclamado se encontraba
extinguido por el transcurso del tiempo.

40. Así las cosas, la Sala encuentra que estos satisface los demás requisitos
generales de procedibilidad, toda vez que (2) la controversia goza de relevancia
constitucional, comoquiera que el debate gira en torno a la presunta vulneración de

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los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad
y al acceso a la administración de justicia, así como los principios de confianza
legítima y seguridad jurídica, no se trata de una discusión de raigambre
eminentemente legal ni una reiteración de los argumentos planteados en el trámite
ordinario y, en todo caso, estos reparos fueron dirigidos concretamente contra la
decisión que resolvió el recurso de apelación dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho; (3) se encuentra satisfecha la legitimación en la causa
por activa y por pasiva, debido a que, por un lado, la parte actora tenía la calidad de
demandante en el trámite y, por el otro, la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió la decisión que se cuestiona; (4)
la acción de tutela se presentó el 29 de julio de 2026, es decir, dentro de los 6 meses
siguientes a la notificación de la Sentencia de 30 de enero de 2026 3 ; (5) se
identificaron razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los
cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (6) la tutela no se
interpone contra una providencia de igual naturaleza.

41. Comoquiera que la acción de tutela es procedente, se estudiará el fondo de
la controversia respecto a los reproches señalados.

Análisis de vulneración alegada: estudio de defecto

42. La Sala negará la solicitud de amparo, por las razones que se exponen a
continuación:

43. En primer lugar, frente al defecto fáctico, la parte actora sostuvo que la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en defecto fáctico al resolver el recurso de apelación sin contar con el
expediente administrativo completo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG), pese a haber decretado su remisión como prueba en
segunda instancia. Según afirmó, dicho expediente era necesario para reconstruir
la historia laboral y prestacional de la señora Blanca Aurora Contreras de Pérez,
determinar el régimen de cesantías aplicable y establecer las circunstancias que
rodearon la reclamación administrativa, por lo que la ausencia de esa
documentación habría conducido a una valoración probatoria incompleta.

44. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el defecto fáctico se
configura únicamente cuando la valoración probatoria realizada por la autoridad
judicial resulta manifiestamente irrazonable, arbitraria o caprichosa, o cuando la
decisión se adopta con absoluto desconocimiento de pruebas determinantes para
la resolución del litigio. No cualquier discrepancia con la apreciación de los
elementos de convicción ni toda inconformidad con la actividad probatoria
desplegada por el juez natural tiene la entidad suficiente para comprometer la
validez constitucional de una providencia judicial.

45. En el presente asunto, la sentencia cuestionada evidencia que el Tribunal
no decidió el recurso de apelación en ausencia absoluta de elementos de juicio ni

3 Notificada mediante mensaje de datos el 3 de febrero de 2026.

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prescindió injustificadamente de la actividad probatoria desplegada en segunda
instancia. Por el contrario, del contenido de la providencia se advierte que la
autoridad judicial decretó pruebas adicionales precisamente con el propósito de
esclarecer aspectos relacionados con la vinculación laboral de la docente y el
régimen prestacional aplicable, información que finalmente permitió concluir que la
señora Blanca Aurora Contreras de Pérez tenía la condición de docente
nacionalizada y se encontraba cobijada por el régimen de cesantías retroactivas.

46. Debe destacarse, además, que la autoridad judicial explicó las razones por
las cuales consideró satisfecho el propósito probatorio que motivó el decreto de
pruebas en segunda instancia. De esta manera, el Tribunal señaló que la finalidad
de dichas pruebas consistía en verificar la fecha de vinculación de la docente y
establecer el régimen prestacional que le resultaba aplicable, aspectos que pudieron
ser esclarecidos con la documentación finalmente incorporada al expediente. Tan
es así que, a partir de ese material probatorio, concluyó que la señora Blanca Aurora
Contreras de Pérez tenía la condición de docente nacionalizada y se encontraba
cobijada por el régimen de cesantías retroactivas, corrigiendo en ese punto las
conclusiones alcanzadas por el juez de primera instancia. Así, aun cuando el
expediente administrativo completo del FOMAG no fue allegado, la finalidad
perseguida con el decreto probatorio fue alcanzada por otros medios de convicción
válidamente recaudados.

47. Ahora bien, aunque el expediente administrativo completo del FOMAG no
fue finalmente incorporado al proceso, la parte accionante no logra demostrar que
dicha documentación tuviera la virtualidad de modificar la conclusión que constituyó
la verdadera ratio decidendi de la sentencia cuestionada. De esta manera, se resalta
que el Tribunal no negó las pretensiones porque desconociera la condición de
docente nacionalizada de la causante, ni porque hubiera descartado la aplicación
del régimen de cesantías retroactivas. Por el contrario, aceptó ambos aspectos y,
aun así, concluyó que la reclamación de las cesantías definitivas había sido
formulada cuando ya había operado la prescripción extintiva del derecho.

48. En ese contexto, la tutela no identifica con precisión qué documento
específico contenido en el expediente administrativo omitido tenía la capacidad de
desvirtuar la fecha de retiro del servicio, modificar el cómputo del término
prescriptivo o alterar la conclusión jurídica alcanzada por el Tribunal. La censura se
construye, entonces, sobre una hipótesis meramente potencial acerca de la utilidad
de la prueba faltante, pero no demuestra que la ausencia de dicha documentación
hubiera determinado el sentido de la decisión adoptada.

49. Por consiguiente, la Sala concluye que el reproche formulado no evidencia
una valoración arbitraria, caprichosa o manifiestamente irrazonable de las pruebas
obrantes en el expediente, ni permite establecer que la providencia cuestionada
hubiera sido proferida con desconocimiento de elementos probatorios decisivos
para la resolución del litigio. En consecuencia, no se configura el defecto fáctico
alegado.

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50. Ahora bien, la parte accionante sostuvo que el Tribunal incurrió en defecto
sustantivo al declarar prescrita la reclamación de las cesantías definitivas, pese a
que, en su criterio, la fecha relevante para contabilizar el término prescriptivo no
correspondía al retiro del servicio ocurrido el 15 de abril de 2019, sino a
circunstancias posteriores relacionadas con el reconocimiento de prestaciones
pensionales.

51. Al respecto, se debe recordar que la jurisprudencia constitucional ha
precisado que el defecto sustantivo no se configura por el simple desacuerdo de
una de las partes con la interpretación efectuada por el juez ordinario. La
intervención del juez constitucional únicamente resulta procedente cuando la
autoridad judicial aplica una norma inexistente, deja de aplicar una disposición
claramente pertinente, adopta una interpretación abiertamente irrazonable o
desconoce de manera evidente el ordenamiento jurídico.

52. De esta forma, esta Subsección identifica que la sentencia cuestionada
desarrolló un análisis expreso sobre la fecha de retiro de la docente, el
reconocimiento de sus prestaciones pensionales y el momento en que fue
presentada la reclamación administrativa de las cesantías definitivas. A partir de las
pruebas obrantes en el expediente, el Tribunal concluyó que el retiro del servicio se
produjo el 15 de abril de 2019 mediante acto administrativo debidamente notificado
y que la solicitud administrativa fue presentada el 24 de noviembre de 2022, cuando
ya había transcurrido el término trienal de prescripción previsto para reclamar la
prestación.

53. Asimismo, el Tribunal examinó los argumentos relacionados con el
reconocimiento de la pensión de invalidez y explicó por qué tales circunstancias no
alteraban el cómputo del término prescriptivo. De igual forma, razonó que durante
el período comprendido entre el retiro y el reconocimiento de dicha prestación la
docente continuó percibiendo la pensión de jubilación que le había sido reconocida
desde 2009, circunstancia que, a su juicio, descartaba la existencia de una situación
de desprotección que justificara una solución distinta.

54. En esas condiciones, la controversia planteada por la parte accionante no
revela la aplicación de una norma inexistente, la omisión de una disposición
claramente obligatoria ni una interpretación ostensiblemente arbitraria del
ordenamiento jurídico. Lo que se advierte es una discrepancia frente a las
conclusiones jurídicas alcanzadas por el Tribunal y frente a la forma en que este
resolvió el debate sobre la prescripción, asunto que corresponde al ámbito de
autonomía e independencia judicial y que, por regla general, escapa al control
excepcional propio de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por lo tanto,
tampoco se configura el defecto sustantivo alegado.

55. En consecuencia, la Sala encuentra que no se configuraron los defectos
fáctico y sustantivo atribuidos a la providencia cuestionada. En efecto, no se acreditó
que el Tribunal hubiera adoptado su decisión con desconocimiento de pruebas
determinantes para la resolución del litigio ni que la falta de incorporación del

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expediente administrativo completo del FOMAG hubiera tenido incidencia decisiva
en el sentido del fallo. Asimismo, tampoco se evidenció una interpretación arbitraria
o irrazonable de las normas que regulan la prescripción de las cesantías definitivas.
En consecuencia, no se advierte vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante y, por tanto, se negará el amparo solicitado.

56. Finalmente, es de resaltar que la Fiduprevisora S.A., solicitó ser
desvinculado del presente trámite constitucional, al considerar que no incurrió en
acción u omisión alguna susceptible de vulnerar los derechos fundamentales
invocados por la parte actora. Al respecto, la Sala negará dicha solicitud, toda vez
que es parte demandada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 11001-33-35-021-2023-00313-01, en cuyo trámite se
profirió la Sentencia de 30 de enero de 2026 que ahora cuestiona la parte actora.
Por tanto, existe una relación directa entre la entidad y los hechos que sustentan la
solicitud de amparo, circunstancia que justifica mantener su vinculación al presente
trámite constitucional, sin perjuicio de que el análisis de la eventual vulneración de
los derechos fundamentales recaiga sobre la autoridad judicial que profirió la
providencia cuestionada

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Fiduprevisora
S.A.

SEGUNDO. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA parcial de la acción de tutela, en
los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. NEGAR la solicitud de amparo de la acción de tutela presentada por
Álvaro Pérez Manzano, por las razones expuestas en esta decisión.

CUARTO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

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Demandante: Álvaro Pérez Manzano

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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