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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05937-00

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05937-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 9 Certificado expedido el 10 de agosto de 2026, por el coordinador de talento humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta 10 Anexos allegados por Positiva en el informe de tutela. 13 R ad ic a do : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 00 0- 2 02 6- 05 9 37- 0 0 Primero. NEGAR el amparo solicitado en contra de Positiva Colombia de Seguros S.A, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) y de la Unidad Nacional de Protección. Segundo. AMPARAR el derecho fundamental a la seguridad personal del señor J. G. B. R y, en consecuencia, Tercero. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura- Oficina de Asesoría de la Rama Judicial que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, garantice las medidas de protección que recomendó la UNP en la Resolución Núm. DGRP 006597 del 1° de julio de 2026, sin perjuicio de que pueda solicitar un nuevo estudio de seguridad. Cuarto. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Quinto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05937-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05937-00
Accionante: J. G. B. R1
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros

Tema: Derechos a la seguridad personas y a la salud, entre otros.
Medidas de protección a exfuncionario judicial. Solicitud de
traslado por motivos de seguridad. Empleado en provisionalidad.
NIEGA/ CONCEDE AMPARO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor J. G. B. R, en nombre
propio, en contra del Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Administración
de la Carrera Judicial, Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial y
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta.

ANTECEDENTES

El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso administrativo, la vida, integridad y seguridad personal, dignidad humana,
la salud, la seguridad social, buena fe, la confianza legítima y al trabajo en
condiciones dignas y justas, que considera vulnerados por las autoridades citadas.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que prestó sus servicios a la Rama Judicial, en el año 2016 se desempeñó como
juez Promiscuo Municipal de González-Cesar; en el 2020 ejerció como juez
coordinador de los Juzgados Promiscuos Municipales en materia penal con Función
de Control de Garantías del Catatumbo en el Circuito de Ocaña, y era miembro de

1 La supresión de los datos de identificación se realiza con el fin de garantizar la seguridad y el derecho a la

intimidad del accionante, tal y como lo dispone la Circular núm. 10 de 2022 de la Corte Constitucional.

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la junta directiva de la Corporación de Jueces y Magistrados CORJUSTICIA. Aduce
que dichas funciones le «otorgaban una altísima visibilidad institucional y un rol
decisorio de alto impacto frente a estructuras criminales y actores armados ilegales
presentes en el territorio».

Que a partir del año 2025, el Gobierno Nacional mediante el Decreto 0062 declaró
conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana
de Cúcuta, Río de Oro y González del Departamento del Cesar.

Dice que el 15 de mayo de 2026, fue interceptado por dos (2) sujetos armados en
una motocicleta y lo retuvieron ilegalmente «por un lapso aproximado de una hora
y media (1h 30m)», tiempo durante el cual, lo sometieron a un violento interrogatorio
y le exigieron información sobre investigaciones de contrabando de hidrocarburos y
la identificación de objetivos de su interés. Además, fue constreñido a entregar su
teléfono celular personal y suministrar las contraseñas de tres (3) cuentas de correo
institucional.

Que el 28 de mayo de 2026, presentó denuncia penal; el 29 de igual mes y año «se
materializaron las amenazas en su contra» y adicionalmente, sufrió un accidente
laboral en su residencia, donde ejercía el teletrabajo.

Que el 1° de junio del 2026, radicó ante el director de la Oficina de Asesoría para la
Seguridad de la Rama Judicial una solicitud perentoria de trámite preferencial y
emisión de concepto favorable para traslado por razones de seguridad; y mediante
Oficio OSO26-739 del 10 de igual mes y año la entidad recomendó adoptar medidas
urgentes y la reubicación en otro distrito judicial del país.

Que el 11 de junio de 2026, recibió un correo donde le indicaban que había las
siguientes vacantes disponibles para el cargo: «Juez Promiscuo Municipal, Juez
Penal Municipal (con función de Control de Garantías, Conocimiento o Mixto), Juez
Civil Municipal y Juez de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, a nivel nacional
(sic)», para que informara a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial la
vacante de su interés. Afirmó que «el oficio no informó que la sede debía estar fuera
del Distrito Judicial de Cúcuta ni advirtió incompatibilidades de seguridad o
situaciones particulares de los ocupantes provisionales».

Que el mismo día, con base en la información oficial recibida y sin conocer el Oficio
OSO26-739 escogió el Juzgado Promiscuo Municipal de Villacaro, Norte de
Santander.

Que el 17 de junio de 2026, la Compañía de Seguros Positiva - ARL, mediante
Dictamen núm. 2944584 calificó el accidente que sufrió el 29 de mayo de 2026, de
origen profesional.

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Que el 18 de junio de 2026, el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Oficio
PCSJO26-778 emitió concepto favorable de traslado y remitió los documentos al
nominador.

Que la Sala Plena del Tribunal Superior de Cúcuta expidió la Resolución núm. 118
del 30 de junio de 2026, donde negó el traslado. Reconoció la gravedad del riesgo
y la necesidad de protección; sin embargo, realizó las siguientes precisiones: «(i)
que mi provisionalidad había decaído por la provisión en propiedad del cargo de
origen; (ii) que no podía desplazarse automáticamente a la funcionaria provisional
de Villa Caro; y (iii) que la sede elegida era contraria a la recomendación de
reubicarme en otro distrito».

Alega que el acto citado tiene una inconsistencia temporal relevante, porque
«registra que la nueva jueza tomó posesión el 26 de junio con efectos fiscales el 30,
pero afirma que yo me desempeñé solo hasta el 25 de junio. La respuesta posterior
del Consejo Superior de la Judicatura, en cambio, sitúa los efectos de mi
desvinculación en el 30 de junio de 2026».

Que el 1º de julio de 2026, la Unidad Nacional de Protección (UNP) mediante la
Resolución núm. DGRP 006597 resolvió la evaluación del nivel de riesgo
correspondiente a la Orden de Trabajo núm. 000541 del 10 de febrero de 2026, en
acatamiento al fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Ocaña el 9 de junio de 20262.

Alega que la Unidad ratificó la existencia de un riesgo extraordinario del 52.22%; sin
embargo, limitó las medidas de protección a la ratificación de un (1) chaleco
blindado y una (1) persona de protección, condicionando además la asunción y
ejecución de dichas medidas al Consejo Superior de la Judicatura bajo el principio
de subsidiariedad. Considera que, dicha decisión resulta notoriamente insuficiente
e inidónea frente a la gravedad y persistencia de las amenazas que atentan contra
sus derechos fundamentales a la vida, integridad y seguridad personal.

Que el 8 de julio de 2026, interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución
núm. 118 del 30 de junio de 2026, bajo el argumento de que la Unidad de Carrera
Judicial ofertó la plaza de Villacaro sin restricción alguna y le ocultó el dictamen
técnico que exigía el cambio de distrito judicial.

Que el 14 de julio de 2026, le solicitó al Consejo Superior de la Judicatura que se
corrigiera la actuación en el sentido de devolverla de inmediato para una única
elección informada entre plazas verificadas y coordinar con el nominador
competente del distrito de destino.

Que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta mediante la Resolución núm.
149 del 16 de julio de 2026 decidió no reponer la Resolución núm. 118 del 30 de

2 Radicado 54498-33-33-002-2026-00168-00

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junio de 2026, con fundamento en que el concepto favorable no era vinculante y
sostuvo que, al salir del cargo, el riesgo profesional estaba llamado a cesar y que,
si persistía sobre la persona, otros entes del Estado debían protegerlo.

Considera que la respuesta del Tribunal desconoce el propio dictamen de
seguridad, dado que el riesgo se originó por decisiones ya adoptadas, por el
conocimiento obtenido bajo coacción y por la exposición de su familia; factores que
no desaparecen automáticamente con la terminación formal del vínculo.

Que el 17 de julio de 2026, el Consejo Superior de la Judicatura a través del Oficio
PCSJO26-936 contestó que el reglamento no ordenaba comunicar el informe
técnico antes de la elección y que la Unidad de Carrera había cumplido las etapas
formales; sin embargo, no examinó si para que la opción fuera real y no aparente,
debía informarse al menos la condición determinante de escoger otro distrito.

PRETENSIONES

Solicitó que se amparen los derechos invocados; se dejen sin efectos las
resoluciones núm. 118 del 30 de junio y 149 del 16 de julio de 2026 y el Oficio
PCSJO26-936 del 17 de julio de 2026; y, en consecuencia, ordenar:

• Al Consejo Superior de la Judicatura y a la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial- Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial retrotraer la
actuación hasta la elección de la vacante de interés del 11 de junio de 2026.

• A la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, ofrecer exclusivamente
vacantes equivalentes, actuales, verificadas y compatibles con la recomendación
de otro distrito judicial, informando su situación jurídica y las limitaciones relevantes.

• Al Consejo Superior de la Judicatura, emitir el concepto correspondiente lo antes
posible y remitirlo al nominador competente del distrito escogido. Una vez lo tenga
el nominador deberá decidir dentro de cuarenta y ocho (48) horas.

• Que la «corrección valore la situación jurídica existente cuando se presentaron la
solicitud, el dictamen y el concepto favorable, y que las autoridades se abstengan
de usar sus propias demoras o la información incompleta como obstáculo absoluto.
La decisión deberá armonizar la protección con el mérito y los derechos de
terceros».

• A la Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial mantener y
actualizar la evaluación, coordinar las medidas necesarias con la Unidad Nacional
de Protección y la Policía Nacional y abstenerse de presumir que el riesgo cesó por
la desvinculación. La protección deberá extenderse al núcleo familiar en la medida
que el informe técnico lo requiera.

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• A la Compañía de Seguros Positiva ARL garantizar la continuidad integral de las
prestaciones asistenciales causadas por el accidente laboral violento del 15 de
mayo de 2026, conforme al dictamen y a la pertinencia médica.

• A las autoridades adoptar un protocolo correctivo para que, en futuras rutas de
traslado por seguridad, la reserva del informe no impida comunicar las condiciones
esenciales de elegibilidad, las listas se depuren y las incompatibilidades se corrijan
antes de remitir el asunto al nominador.

Adicionalmente, pide que en caso de existir una vacante realmente disponible y de
satisfacerse los requisitos legales, se ordene materializar la reubicación provisional
segura del accionante, conservando la naturaleza provisional del vínculo y hasta
que la plaza sea provista por el sistema legal. En ningún caso se desplazará
automáticamente a otro servidor ni se frustrará un nombramiento de carrera.

En caso de no existir dicha vacante, ordenar a las accionadas diseñar en cinco (5)
días un remedio interinstitucional concreto que: preserve prioridad sobre la primera
vacante compatible; mantenga protección personal efectiva; asegure continuidad en
salud; y fije responsable y plazo máximo para la solución laboral, sin una remisión
genérica.

Solicitó que se conceda el amparo como mecanismo transitorio y mantener las
órdenes indispensables hasta que la jurisdicción contencioso-administrativa
resuelva, siempre que el accionante promueva el medio de control dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a la notificación de esta sentencia.

TRÁMITE PROCESAL

El 3 de agosto de 2026, se admitió la acción; se decretaron pruebas3; se negó la
medida provisional solicitada4; y, se ordenó notificar a las partes y al vinculado.
3 Oficiar a la Oficina de Asesoría para la Seguridad para que remita íntegramente, bajo reserva, el concepto

plasmado en el Oficio OSO26-739 del 10 de junio de 2026, sus anexos, metodología, recomendaciones vigentes
y actuaciones posteriores.
✓ Oficiar a la Unidad de Carrera Judicial para que remita el expediente completo; el correo de elección del 11
de junio; los reportes de vacantes y su situación jurídica; y explique por qué el listado incluyó plazas del Distrito
Judicial de Cúcuta al cual pertenecía el accionante.
✓ Oficiar al Consejo Superior de la Judicatura para que remita el acta de la sesión del 17 de junio de 2026 y los
antecedentes del Oficio PCSJO26-778 del 18 de junio de 2026, en especial el análisis de compatibilidad entre
Villa Caro y la recomendación de otro distrito.
✓ Oficiar al Tribunal Superior de Cúcuta para que remita las actas, convocatorias, órdenes del día, correos y
comunicaciones relacionadas con el traslado entre el 18 y el 30 de junio, y certifique las razones por las cuales
no se realizó una sesión extraordinaria inmediata antes del 30 de junio de 2026 por medios tecnológicos si es
que los magistrados no se encontraban laborando presencialmente o no había quorum.
✓ Oficiar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta para que certifique la fecha exacta de
terminación del vínculo, salarios y aportes; remita el Acta 004 del 26 de junio de 2026 y la novedad de seguridad
social.
✓ Oficiar a Positiva ARL para que informe el estado de las prestaciones asistenciales y económicas derivadas
de los dictámenes Nos. 2935723 y 2944584 del 17 de junio de 2026, y garantice la continuidad del tratamiento
relacionado con el primer evento.
✓ Oficiar al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ocaña para que remita copia del expediente de
tutela con radicado No. 54-498-33-33-002-2026-00168 00.
4 no se acreditó la situación de urgencia y/o la inminencia del perjuicio irremediable que no pudiera esperar el

trámite de la acción de tutela y tampoco se tenían los elementos suficientes para decidir en ese momento.

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POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

La Unidad de Administración de la Carrera Judicial (CARJUD) Expresó que el
artículo 134 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y el Acuerdo
PCSJA25-12352 de 2025, vigentes al momento de la solicitud, establecen que el
traslado se hace de un cargo a otro que tenga funciones afines, misma categoría y
especialidad, para el que se exijan los mismos requisitos y siempre que tengan
distinta sede territorial, entendiéndose sede territorial como ciudad o municipio.

Dijo que el artículo 5 del Acuerdo PCSJA25-12352 de 2025 obliga a la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial informar al servidor judicial «las vacantes
disponibles a la fecha», para que el interesado «escoja una de las sedes
disponibles».

Señaló todo el trámite que realizó para resolver la solicitud de traslado por razones
de seguridad del actor y dijo que su actuación estuvo conforme a las disposiciones
legales y reglamentarias.

Indicó que no es posible acceder a las pretensiones de retrotraer la actuación a la
elección de la vacante de interés del 11 de junio de 2026 y de emitir el concepto
correspondiente, ya que el accionante fue desvinculado del cargo que
desempeñaba en provisionalidad, por cuanto la doctora Ana María Chogó Torrado
tomó posesión en propiedad como juez Promiscuo Municipal de González (Cesar),
en el marco del concurso de méritos de la Convocatoria 27, a partir del 30 de junio
de 2026.

Que no resulta posible disponer medida alguna sobre la solicitud de traslado de
quien ya no ostenta vinculación ni relación laboral con la Rama Judicial, porque,
como lo enuncia el numeral 1º del artículo 134 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, el traslado por razones de seguridad aplica a los
servidores y funcionarios vinculados en provisionalidad, sin que ello modifique su
forma de vinculación, pero, «hasta tanto se provea el cargo en propiedad»,
circunstancia que se acredita en el presente caso.

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta manifestó que no
participó en la valoración del nivel de riesgo, no emitió conceptos técnicos de
seguridad, no formuló recomendaciones de traslado, no definió las condiciones de
reubicación laboral, no intervino en la elaboración del Oficio OSO26-739 y tampoco
adoptó las resoluciones 118 del 30 de junio y 149 del 16 de julio de 2026,
actuaciones que constituyen el núcleo de la controversia constitucional planteada
por el actor; motivo por el cual pidió su desvinculación de la acción de tutela, por
falta de legitimación en la causa por pasiva.

Por otro lado, dijo que la única actuación atribuible a esa Seccional consiste en
suministrar la información administrativa relacionada con la vinculación laboral del

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accionante y de sus novedades de seguridad social, para lo cual aportó copia del
acta 004 del 26 de junio del 2026 y certificación de terminación del vínculo laboral,
salarios y aportes del actor.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) explicó que el Comité de Evaluación de
Riesgos y Recomendación de Medidas (CERREM) adelantó el respectivo estudio
de evaluación de nivel de riesgo del accionante y encontró que este era
extraordinario; motivo por el cual mediante la Resolución DGRP006597 del 1º de
julio de 2026 adoptó las medidas de protección correspondientes.

Pidió su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa
por pasiva, porque las pretensiones esbozadas no están dirigidas en su contra.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) dijo que el actor para
la época de los hechos se encontraba vinculado al ámbito territorial de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Norte de Santander, las actuaciones
administrativas relacionadas con la situación individual correspondían a dicha
entidad.

Informó que en la coordinación de seguridad y salud en el trabajo del nivel central
se registra que el actor tuvo dos (2) accidentes de trabajo el 15 y 28 de mayo de
2026. Según reporte de la ARL se evidencia que el 2 de junio de 2026 lo valoró
medicina laboral y fue atendido por psiquiatría los días 19 y 21 de julio del año en
curso.

La Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial describió las
acciones que adelantó para atender las solicitudes de seguridad por amenazas que
elevó el actor y que, debido a ello, tramitó el traslado por razones de seguridad a
favor de este, sin determinación de sede ante la Unidad de Carrera judicial y lo
presentó en la próxima sesión de sala del Consejo Superior de la Judicatura para
que se conceptuara sobre la pertinencia de trasladar al funcionario judicial.

Precisó que participa en el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de
Medidas (CERREM), con voz, pero no tiene voto, es decir que, las decisiones son
exclusivas de la Unidad Nacional de Protección en la asignación de los medios de
protección de acuerdo con los estudios de nivel de riesgo y resultados entregados
por el Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo (CTAR).

Positiva Colombia de Seguros S.A explicó que el tutelante el 15 de mayo de 2026
tuvo un accidente de tipo profesional el cual le generó estrés agudo, con ocasión de
ello ha recibido acompañamiento psicológico, por lo que pidió, que se declare
improcedente la acción de tutela.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta adujo que la acción de tutela
no satisface el requisito de subsidiariedad, bajo el entendido que el actor cuenta con

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el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, donde puede
controvertir la legalidad de los actos administrativos cuestionados.

Por otro lado, indicó que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante
sentencia del 23 de julio de 20265 desvinculó a esta corporación por no encontrarle
omisión atribuible y declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, al
constatar que la Unidad Nacional de Protección en la Resolución DGRP núm.
006597 del 1º de julio de 2026 resolvió la situación de protección del accionante.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra actos administrativos; iii) prestaciones a cargo de las administradoras de
riesgos laborales (ARL); y, iv) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos

Conforme la jurisprudencia desarrollada y reiterada por la Corte Constitucional6 la
acción de tutela es, por regla general, improcedente para reclamar la protección de
los derechos fundamentales que resulten infringidos por la expedición de un acto
administrativo. Lo anterior con fundamento en que el legislador ha dispuesto que los
medios de control para demandar estos actos son los que consagra el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La Corte ha referido que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad,
en tanto se parte del supuesto de que la administración, al momento de manifestar
su voluntad a través de un acto, debe acatar las disposiciones constitucionales y
legales del caso. Lo que obliga a quien pretende controvertirlo a demostrar que la
administración se apartó del marco jurídico sin justificación alguna, debate que le
corresponde adelantar a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

5 Tutela 54498-33-33-002-2026-00168-01
6 Sentencia T 300 de 2025

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No obstante, ha reconocido que la tutela procede excepcionalmente como
mecanismo: i) definitivo, cuando se constata que el medio de control existente no
es idóneo ni efectivo para garantizar la protección oportuna e inmediata de los
derechos fundamentales vulnerados; y, ii) transitorio, para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.

Para que se configure un perjuicio irremediable, se debe establecer: i) la inminencia
del perjuicio, es decir, que el daño está por suceder en un tiempo cercano; ii) la
urgencia de las medidas para evitar la afectación de los derechos fundamentales;
iii) la gravedad del perjuicio; y, iv) el carácter impostergable de las órdenes por
proferir.

Prestaciones a cargo de las administradoras de riesgos laborales (ARL)

El artículo 1º de la Ley 776 de 2002 consagra que todo afiliado al Sistema General
de Riesgos Profesionales que, en los términos de la presente ley o del Decreto-ley
1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como
consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este
Sistema General le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones
económicas a los que se refieren el Decreto-ley 1295 de 1994 y la presente.

El inciso 3º del parágrafo 2º del artículo 2º ibidem dispone que cuando el trabajador
se encuentre desvinculado del Sistema de Riesgos Profesionales, y la enfermedad
sea calificada como profesional, deberá asumir las prestaciones la última
administradora de riesgos a la cual estuvo vinculado, siempre y cuando el origen de
la enfermedad pueda imputarse al período en el que estuvo cubierto por ese
Sistema.

La Corte Constitucional7 ha manifestado que las ARL son las encargadas de
garantizar a los afiliados a través de las EPS las prestaciones asistenciales de salud
que se deriven de la enfermedad laboral o el accidente de trabajo; salvo que se trate
de tratamientos de rehabilitación profesional y los servicios de medicina ocupacional
que podrán ser prestados por las entidades administradoras de riesgos Laborales8.

Análisis del caso concreto

La Sala encuentra que la acción de tutela resulta procedente para examinar las
resoluciones núm. 118 del 30 de junio y 149 del 16 de julio de 2026, proferidas por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y el Oficio PCSJO26-936 del 17
de julio de 2026 del Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en cuenta que el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no es idóneo y eficaz,
dado que no puede otorgar un remedio integral para la protección de los derechos
fundamentales vulnerados, tal y como se explicará a continuación.

7 Sentencia T 041 de 2019
8 Sentencia T-697 de 2014.

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El Tribunal mediante la Resolución núm. 118 de 2026 negó la solicitud de traslado,
con fundamento en lo siguiente:

• El Juzgado Promiscuo Municipal de González, ocupado en provisionalidad por el
tutelante, se encontraba en proceso de provisión en propiedad cuando ocurrieron
los hechos violentos en su contra, dado que desde la Sesión Extraordinaria de Sala
Plena celebrada el 30 de abril de 2026, se había designado en propiedad a la
doctora Ana María Chogo Torrado para proveer el cargo, la cual tomó posesión el
26 de junio de 2026, con efectos fiscales al 30 de junio.

• La plaza solicitada, el Juzgado Promiscuo Municipal de Villacaro, se encuentra
actualmente ocupada en provisionalidad por la doctora Leonor Amparo Martínez
desde el 24 de enero de 2008, quien tiene estabilidad laboral reforzada, por tener la
calidad de prepensionada.

• La Oficina de Seguridad recomendó la reubicación laboral del funcionario en otro
Distrito Judicial del país, y el Juzgado escogido pertenece a este mismo distrito
judicial, igualmente a la cuenca del Catatumbo, y limita con el municipio de Abrego,
que es uno de los comprendidos dentro de la alerta temprana de inminencia de
riesgo emitida por la Defensoría del Pueblo; de manera que, acceder al traslado
desatiende la recomendación dada y resulta insuficiente para satisfacer el fin
protector que se persigue con el traslado.

• El concepto favorable de traslado por razones de seguridad emitido respecto de
un servidor provisional no impide el decaimiento de su nombramiento cuando el
cargo que ocupa ha sido válidamente provisto en carrera judicial y condiciona la
posibilidad de materializar el traslado, ante la inexistencia de una vacante
jurídicamente disponible que permita reubicar al servidor amenazado sin afectar
derechos derivados del concurso de méritos ni provocar el desplazamiento de otros
servidores respecto de los cuales no existe habilitación legal para su desvinculación.

El Tribunal mediante la Resolución núm. 149 de 2026 decidió no reponer el acto
anterior, con fundamento en los argumentos ya expuestos y, además, precisó que
la oferta de vacantes que le fue realizada al actor y que incluía Villacaro, junto a
otros municipios del mismo distrito; fue una actuación adelantada por el Consejo
Superior de la Judicatura, que es ajena a esta; de igual forma, resaltó que la
inclusión de una vacante dentro del listado no equivale a una aprobación anticipada
del traslado.

El Consejo Superior de la Judicatura mediante el Oficio PCSJO26-936 del 17 de
julio de 2026 reiteró los argumentos expuestos por el Tribunal para negar la solicitud
de traslado.

El actor considera que los actos cuestionados, le violan sus derechos, porque las
entidades accionadas no corrigieron la actuación, cuando se percataron que el
cargo que eligió el actor para su traslado no cumplía con la exigencia de estar fuera

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del distrito judicial de Cúcuta; por el contrario, guardaron silencio y dilataron el
trámite hasta que se originó la negativa de la solicitud.

Sobre el particular, el artículo 134 numeral 1º de la Ley 270 de 1996 establece que
la solicitud de traslado por razones de seguridad se aplica a los «servidores
vinculados en provisionalidad, sin que ello modifique su forma de vinculación,
hasta tanto se provea el cargo en propiedad» (negrilla fuera de texto original).

Aunado a lo dicho, se tiene que el nombramiento en provisionalidad condiciona su
subsistencia a la provisión del cargo por concurso de méritos; de ahí que una vez
se produce la designación en propiedad de quien superó el correspondiente
concurso, desaparece la causa jurídica que justificaba la permanencia del
provisional en el cargo.

La Sala evidencia que la negativa de conceder el traslado no solo se basó en el
supuesto de que la vacante que escogió el actor no cumplía con la recomendación
que realizó la Oficina de Seguridad de la Rama Judicial, sino en el hecho de que la
plaza en la que estaba el actor en provisionalidad ya había sido provista en
propiedad, situación que imposibilitaba adoptar medidas sobre un traslado de quien
ya no tenía vínculo con la Rama Judicial.

El actor alega que si el Tribunal hubiera corregido la actuación, esto es, retrotraer el
trámite al momento de la elección de la vacante para el traslado, antes del 30 de
junio de 2026, este no hubiera perdido su cargo; para la Sala dicho disenso se basa
en una suposición del interesado; ya que no obra prueba o indicio que demuestre
que dicho actuar por parte del Tribunal tendría una consecuencia diferente, máxime
si se tiene en cuenta que el cargo que tenía el actor en provisionalidad ya había sido
designado en propiedad desde el 30 de abril de 2026, por lo que, su permanencia
en este estaba por culminar.

Conforme a lo expuesto, la Sala encuentra que de la expedición de los actos
administrativos citados no se avizora violación de derechos fundamentales que
deba ser protegido a través de este mecanismo. En lo que respecta, al estudio de
legalidad de dichas resoluciones valga recordar que este le compete al juez natural.

En cuanto a la pretensión de ordenar a la Oficina de Asesoría para la Seguridad de
la Rama Judicial a mantener y actualizar la evaluación y coordinar las medidas
necesarias con la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional, la Sala
evidencia que la UNP mediante la Resolución Núm. DGRP 006597 del 1° de julio
de 2026 le indicó al actor que el nivel del riesgo es extraordinario, dada la condición
de juez promiscuo municipal de González, Cesar y dispuso:

«(…) Recomendaciones CERREM: Consejo Superior de la Judicatura, para que
adopte las siguientes medidas de protección, en el marco de sus competencias
de acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 2.4.1.2.6 del Decreto
1066 del 2015 adicionado y modificado. Ratificar un (1) chaleco blindado,

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implementado por el Mecanismo Extraordinario de Emergencia y una (1)
persona de protección implementada por medida de emergencia.

Temporalidad: Las medidas de protección tendrán una temporalidad inicial
de doce (12) meses, contados a partir de la firmeza del presente acto
administrativo, sin perjuicio de que estas medidas puedan ser modificadas por
el CERREM, de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 2.4.1.2.40. Y los
articulos 2.4.1.2.45 y 2.4.1.2.46 del Decreto 1066 del 2015 adicionado y
modificado
(…)
Articulo (sic) 6°: Comunicar a la (sic) Consejo Superior de la Judicatura, para
que asuma las medidas de protección recomendado para (…),
correspondientes a: Ratificar un (1) chaleco blindado y una (1) persona de
protección, para lo cual podrá suscribir o actualizar negocio jurídico con la
Unidad Nacional de Protección en un plazo no superior a treinta (30) dias (sic),
contados a partir de la fecha de la comunicación, o en su defecto, para que
remita al correo: acercamientos.convenio@unp.gov.co (…)». (negrilla fuera de
texto original)

El artículo 2.4.1.2.6. del Decreto Único Reglamentario 1066 de 2015, modificado por
el artículo 1º del Decreto Nacional 1285 de 2023, establece que dentro de las
personas de protección en razón del riesgo, están «los Servidores (sic) públicos,
con excepción de aquellos mencionados en el numeral 10 del presente artículo, y
los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la
Nación quienes tienen su propio marco normativo para su protección».

Frente a este tipo de personas el parágrafo 2 ibidem establece:

«La protección de las personas mencionadas en el numeral 15 será asumida
por la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional, así: La Policía
Nacional asignará los hombres o mujeres que adelantarán actividades de
protección y la Unidad Nacional de Protección de manera subsidiaria, los
recursos físicos y los escoltas, en aquellos casos en que la entidad
correspondiente a la que pertenece el respectivo funcionario, no cuente con los
medios o partidas presupuestales necesarias. Las medidas de protección serán
adoptadas por la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección solo en
los casos en que las entidades a las que están vinculados los servidores
públicos hayan agotado los mecanismos internos necesarios e idóneos para
preservar la seguridad de sus funcionarios».

De la norma transcrita, se desprende que i) la UNP califica el nivel de riesgo y
recomienda las medidas de protección necesarias para salvaguardar su vida e
integridad a través del CERREM; ii) la protección de los servidores judiciales está a
cargo del Consejo Superior de la Judicatura y no de la UNP; y, iii) la UNP asume la
protección de las personas mencionadas solo cuando se demuestra que la entidad
obligada agotó los mecanismos internos necesarios e idóneos para preservar la
seguridad de sus funcionarios.

En ese orden, al Consejo Superior de la Judicatura tiene el deber de garantizar las
medidas de protección que recomendó la UNP en favor del actor,
independientemente de que este ya no se encuentre vinculado con la Rama

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Judicial9, pues no obra prueba que acredite que el riesgo desapareció con la
desvinculación del funcionario.

Por lo anterior, se amparará el derecho fundamental a la seguridad personal del
actor y se ordenará al Consejo Superior de la Judicatura- Oficina de Asesoría de la
Rama Judicial que garantice las medidas de protección que recomendó la UNP en
la Resolución Núm. DGRP 006597 del 1° de julio de 2026, sin perjuicio de que, de
encontrarlo pertinente solicite un nuevo estudio de seguridad.

Frente a la pretensión de que se le ordene a la Compañía de Seguros Positiva ARL
garantizar la continuidad integral de las prestaciones asistenciales causadas por el
accidente laboral violento del 15 de mayo de 2026, conforme al dictamen y a la
pertinencia médica, la Sala avizora que la ARL Positiva el 21 de mayo de 2026
calificó el accidente laboral que sufrió el actor de origen profesional y describió el
motivo como reacción al estrés agudo.

De igual forma, está demostrado10 que el actor, con posterioridad a su
desvinculación de la Rama Judicial, ha recibido por parte de la ARL Positiva
atención médica en psicoterapia individual por psicología y psiquiatría, en la IPS
Clínica House S.A.S y Pharmasar; se le han suministrado los medicamentos
requeridos y se le ordenó radiografía de columna lumbosacra.

Teniendo en cuenta lo anterior, no se advierte que la ARL le viole al actor el derecho
fundamental a la salud o cualquier otro, dado que le está garantizando el tratamiento
y rehabilitación que requiere, para tratar el accidente profesional que tuvo, motivo
por el cual se negará el amparo invocado en su contra.

En consecuencia, se negará el amparo invocado en contra de Positiva Colombia de
Seguros S.A., del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ) y de la Unidad Nacional de Protección; se amparará
el derecho fundamental a la seguridad personal del actor y, en consecuencia, se
ordenará al Consejo Superior de la Judicatura- Oficina de Asesoría de la Rama
Judicial que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta decisión, garantice las medidas de protección que recomendó la UNP, durante
la temporalidad que dispone la Resolución Núm. DGRP 006597 del 1° de julio de
2026 y si lo encuentra pertinente solicite un nuevo estudio de seguridad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

9 Certificado expedido el 10 de agosto de 2026, por el coordinador de talento humano de la Dirección Ejecutiva

Seccional de Administración Judicial de Cúcuta
10 Anexos allegados por Positiva en el informe de tutela.

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Primero. NEGAR el amparo solicitado en contra de Positiva Colombia de Seguros
S.A, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, de la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Cúcuta, de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial (DEAJ) y de la Unidad Nacional de Protección.

Segundo. AMPARAR el derecho fundamental a la seguridad personal del señor J.
G. B. R y, en consecuencia,

Tercero. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura- Oficina de Asesoría de
la Rama Judicial que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta decisión, garantice las medidas de protección que recomendó
la UNP en la Resolución Núm. DGRP 006597 del 1° de julio de 2026, sin perjuicio
de que pueda solicitar un nuevo estudio de seguridad.

Cuarto. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Quinto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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