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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05939-00

Fecha
7 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05939-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. RECHAZAR PARCIALMENTE la acción de tutela presentada por el señor Alberto de Jesús Liñán Murgas por configurarse la temeridad respecto de la providencia del 1° de julio de 2026, proferido por el Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia. SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo respecto de la sentencia del 25 de junio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, al no acreditarse la cosa juzgada fraudulenta, de acuerdo con lo expuesto en la providencia. TERCERO. NEGAR el amparo respecto del auto del 9 de junio de 2026, proferido por el Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05939-00

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

7 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05939-00
Accionante: ALBERTO DE JESÚS LIÑAN MURGAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencias dictadas en otro proceso de la misma
naturaleza. Temeridad, cosa juzgada fraudulenta frente al fallo de tutela y actuaciones
anteriores a este.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. La solicitud de amparo se rechazará parcialmente por configurarse la temeridad
respecto del auto del 1° de julio de 2026. Frente a la sentencia del 25 de junio de 2026
se declarará improcedente, al no acreditarse la cosa juzgada fraudulenta, y frente al auto
del 9 de junio de 2026 se negará el amparo, porque la impugnación se presentó dentro
del término legal.

II. ANTECEDENTES

La demanda

2. El 29 de julio de 2026, el señor Alberto de Jesús Liñan Murgas interpuso acción de
tutela contra el Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo
del Cesar con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de petición, al mínimo vital y a la seguridad social, presuntamente vulnerados
con ocasión de las siguientes providencias proferidas dentro de la solicitud de amparo
con radicado 20001-33-33-008-2026-00132-00/011: i). Auto del 9 de junio de 2026,
mediante el cual el Juzgado concedió la impugnación presentada contra la sentencia de
primera instancia; ii). Sentencia del 25 de junio de 2026 en que el Tribunal resolvió la
impugnación; iii). Auto del 1° de julio de 2026 en que el Juzgado se abstuvo de dar
apertura del incidente de desacato.

Hechos relevantes

3. Mediante la Resolución 014 del 3 de enero de 2023 (Resolución), la Empresa de
Obras Sanitarias del Cesar en Liquidación (Empocesar) le reconoció al señor Liñán
Murgas una pensión sanción y dispuso su inclusión en nómina por parte de la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), así como el pago del
retroactivo pensional correspondiente.

4. Éste fue remitido a Colpensiones para su cumplimiento. Para su materialización,

1 Si bien la presente solicitud de amparo cuestiona actuaciones surtidas dentro de un trámite de tutela, la controversia

planteada por el accionante recae específicamente sobre providencias judiciales adoptadas en dicho escenario
constitucional. En consecuencia, la Sala abordará el asunto bajo las reglas excepcionales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales.

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Accionante: Alberto de Jesús Liñan Murgas
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar Y Otros
Referencia: Acción de Tutela

Colpensiones solicitó información y documentación adicional a Empocesar, empero
dichos requerimientos no fueron atendidos por Empocesar.

5. El accionante promovió una acción de tutela contra Colpensiones y Empocesar bajo
el radicado 20001-33-33-008-2026-00132-00, con el propósito de que se ordenara a
Empocesar responder el requerimiento realizado por Colpensiones y que, una vez
atendido este, dicha entidad procediera a incluirlo en nómina. El Juzgado Octavo
Administrativo de Valledupar, mediante sentencia del 28 de mayo de 2026, le ordenó a
Colpensiones cumplir con el acto administrativo, efectuando la inclusión en nómina de
la prestación personal reconocida. Adujo que Empocesar únicamente le correspondía
reconocer la prestación, mientras que a Colpensiones le compete su pago y
materialización a través de la inclusión en nómina.

6. Colpensiones impugnó – de conformidad con el accionante, este se interpuso
extemporáneamente y, a pesar de ello, el recurso fue tramitado y remitido al Tribunal
Administrativo del Cesar –. El juzgado la concedió el 9 de junio de 2026.

7. Mientras se surtía el trámite de segunda instancia, Colpensiones lo incluyó en nómina
de pensionados para el pago de la mesada pensional, sin reconocerle el retroactivo pues
indicó que requería de documentación por parte de Empocesar para verificar que el
reconocimiento se ajuste a los artículos 4 y 5 del Decreto 0838 de 1991.

8. El 23 de junio, el Juzgado requirió a Colpensiones para que informara sobre el
cumplimiento de la sentencia, con ocasión de la solicitud de desacato presentado por el
accionante.

9. El Tribunal mediante sentencia del 25 de junio de 2026 confirmó el fallo de primera
porque Colpensiones, en su condición de entidad encargada del pago, no puede
mantener en indefinición la ejecución de un acto administrativo válido y en firme, por lo
que debe proceder de manera inmediata a la inclusión en nómina del accionante.

10. Mediante auto del 1 de julio de 2026, el Juzgado se abstuvo de dar apertura al
incidente de desacato al considerar que la orden contenida en la sentencia de 28 de
mayo de 2026 consistía en efectuar la inclusión en nómina de la prestación reconocida
y que dicha obligación ya había sido cumplida por Colpensiones.

11. Inconforme con lo anterior, interpuso otra acción de tutela contra el Juzgado,
Colpensiones y Empocesar con el fin de reabrir el incidente y que Colpensiones cumpla
íntegramente con el acto administrativo. Le correspondió al Tribunal bajo el radicado
20001-23-33-000-2026-00216-00.

12. En sentencia del 27 de julio de 2026, el Tribunal declaró improcedente la solicitud
de amparo ya que el accionante pretende exigir el cumplimiento de la Resolución frente
al pago del retroactivo pensional, sin embargo, la tutela no es el mecanismo judicial
previsto para dirimir controversias relacionadas con el pago de prestaciones sociales
pues cuenta con medios ordinarios para el efecto.

Pretensiones

13. La parte accionante solicitó declarar la nulidad de lo actuado por el Tribunal
Administrativo del Cesar al resolver la impugnación que, según el accionante, fue

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Referencia: Acción de Tutela

presentada extemporáneamente. A su vez, ordenar al juzgado reabrir el incidente de
desacato para exigir el cumplimiento de la sentencia de tutela del 28 de mayo de 2026
que ordenó dar cumplimiento a la Resolución.

14. Subsidiariamente pidió ordenar a Colpensiones y Empocesar realizar el cruce de
información e intercambio documental necesario para hacer efectiva la Resolución.

Fundamentos

15. Con la presente acción de tutela, el accionante pretende que el Consejo de Estado
examine sus argumentos y concluya que se configuró una vía de hecho por parte de las
autoridades judiciales accionadas. En particular, sostiene que el Tribunal se pronunció
sobre una impugnación presentada de forma extemporánea y que el Juzgado incurrió
en error al considerar que dicho recurso fue interpuesto dentro del término legal.

16. A su juicio, la providencia del 28 de mayo de 2026 ordenó a Colpensiones dar cabal
cumplimiento a la Resolución, por lo que el cumplimiento de la orden no se agotaba con
su inclusión en nómina, sino que también comprendía el pago del retroactivo reconocido.

17. Finalmente, tanto el Juzgado como el Tribunal omitieron pronunciarse sobre la
solicitud encaminada a que Empocesar entregara a Colpensiones la documentación
requerida para hacer efectiva la inclusión en nómina y ejecutar el acto administrativo que
le reconoció la pensión.

Trámite impartido

18. Mediante auto del 30 de julio de 2026 se admitió la acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Cesar, el Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar, Colpensiones
y Empocesar.

Intervenciones

19. El Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar2 sostuvo que, en la acción de
tutela tramitada ante su despacho, el señor Liñan Murgas solicitó la inclusión en nómina
de conformidad con lo ordenado en la Resolución, mas no el pago del retroactivo
pensional. Si bien excepcionalmente la tutela puede ordenar el reconocimiento de
retroactivos pensionales, ese asunto no fue planteado como pretensión por el accionante
ni fue objeto de análisis en el fallo de amparo, por lo que exigirlo en esta etapa procesal
excedería la competencia del juez y vulneraría el principio de cosa juzgada.

20. Las actuaciones judiciales y decisiones adoptadas por el despacho respetaron los
derechos y garantías de las partes y la decisión de abstenerse de abrir el incidente de
desacato estuvo debidamente motivada. Además, el incidente de desacato no constituye
una instancia adicional para reabrir debates ni para modificar las órdenes impartidas en
la sentencia de amparo.

21. A su vez, allegó copia digitalizada de la acción de tutela con radicado 20001-33-33-
008-2026-00132-00.

2 SAMAI, índice 12.

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Accionante: Alberto de Jesús Liñan Murgas
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar Y Otros
Referencia: Acción de Tutela

22. Aguas del Cesar3 indicó que fue notifica de la presente acción de tutela pese a que
no fue señalada como accionada ni vinculada al trámite. Aclaró que es una persona
jurídica distinta de Empocesar, circunstancia que ha puesto de presente en otros
procesos. En ese sentido, remitió las actuaciones a la Gobernación del Cesar, en su
calidad de presidencia de la junta liquidadora de Empocesar.

23. En el evento en que se entienda que la notificación tenía por objeto su vinculación,
solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva, al sostener que no expidió
la Resolución discutida, no reconoció la prestación pensional objeto de controversia, no
intervino en las actuaciones judiciales cuestionadas y tampoco ejerce la representación
legal ni judicialmente de Empocesar.

24. El señor Jesús Alberto Ortiz Rodríguez4, en calidad de gerente liquidador y
representante legal de Empocesar, manifestó que el 22 de julio de 2026, la entidad
atendió el requerimiento formulado por Colpensiones y remitió la documentación
solicitada relacionada con la Resolución, incluidos los soportes y la información sobre
los actores salariales tenidos en cuenta para la liquidación de la prestación.

25. Empocesar cumplió las actuaciones que se encontraban dentro de su ámbito de
competencia, por lo que cualquier controversia relacionada con la inclusión en nómina,
la administración, el reconocimiento, la liquidación o el pago del retroactivo pensional no
le resulta imputable. Asimismo, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por
pasiva de Empocesar al considerar que no existe una conducta activa u omisiva
atribuible a la entidad que pueda generar la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por el accionante. Agregó que la inconformidad planteada se relaciona con el
pago del retroactivo pensional y con actuaciones posteriores a la inclusión en nómina,
asuntos que le corresponden a Colpensiones.

26. El Tribunal Administrativo del Cesar5 remitió copia digitalizada de las acciones de
tutela con radicado 20001-33-33-008-2026-00132-00 y 20001-23-33-000-2026-00216-
00.

27. Colpensiones6 adujo que el mecanismo constitucional no cumple con las causales
de procedibilidad que permiten revocar la decisión judicial, por lo que debe declararse
improcedente. Además, Colpensiones no ha transgredido los derechos fundamentales
del accionante ya que no hay una petición o trámite pendiente por resolver a favor del
ciudadano.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

28. Conforme a los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto Ley 2591 de 1991,
con los que concuerdan los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019, por el cual
se expidió el Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Subsección es
competente para proferir sentencia de tutela en primera instancia.

Problema Jurídico y metodología de la decisión

3 SAMAI, índice 13
4 SAMAI, índice 14.
5 SAMAI, índice 15.
6 SAMAI, índice 16.

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Referencia: Acción de Tutela

29. Según entiende la Sala, la inconformidad del accionante deviene de la negativa por
parte del Juzgado de darle apertura al incidente de desacato y del trámite impartido a
una impugnación extemporánea por parte del Juzgado y del Tribunal. Estas actuaciones
fueron proferidas en el marco de un trámite previo de acción de tutela

30. Para resolver la controversia, la Sala abordará los siguientes aspectos: Temeridad
y cosa juzgada y (ii) Procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones
adoptadas en otro trámite de tutela.

Análisis de la Sala

(i) Temeridad y cosa juzgada

31. Según el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, se incurrirá en una conducta
temeraria «cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales».

32. En la sentencia de unificación SU-168 de 2017, la Corte Constitucional precisó que la
temeridad se configura cuando concurren los siguientes elementos: a) identidad partes,
b) identidad de hechos, c) identidad de pretensiones y d) ausencia de justificación en la
presentación de la nueva acción de tutela, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por
parte del libelista. Sobre este último elemento, el alto tribunal manifestó lo siguiente:

“(…) [S]e presenta cuando la actuación del actor resulta amañada, denota el
propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, deja al
descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala
fe se instaura la acción, o pretende a través de personas inescrupulosas asaltar la
buena fe de quien administra justicia”.

33. La Corte Constitucional7 también ha sostenido que bien puede configurarse la cosa
juzgada, pero no la temeridad, cuando de buena fe se interpone una segunda tutela,
«debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha operado el fenómeno de la
cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la demanda de la existencia
previa de un recurso de amparo».

34. En línea con lo anterior, la misma Corte8 ha indicado que, desprovisto de la mala fe
de la temeridad, el fenómeno de la cosa juzgada se presenta cuando concurren los
siguientes elementos: (i) que en el nuevo proceso existe identidad jurídica de partes; (ii)
que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, o sea, sobre las mismas pretensiones;
(iii) que el nuevo proceso se adelante por la misma causa que originó el anterior, es decir,
por los mismos hechos, y (iv) que en el proceso de tutela anterior se hubiera surtido el
trámite de selección ante la Corte Constitucional.

35. En suma, la temeridad se relaciona con la cosa juzgada constitucional en cuanto
comparten los mismos elementos objetivos, esto es, requieren que la presentación de
varias acciones de tutela por la misma persona, con fundamento en los mismos hechos y
por iguales razones, pero la temeridad necesita que se constate que quien ha acudido
ante los jueces constitucionales, lo hace de mala fe, en forma abusiva o con el propósito
de obtener a toda costa un pronunciamiento favorable de los jueces, de suerte que,

7 Sentencia T-560 de 2009. Criterio reiterado en la sentencia T-280 de 2017.
8 Sentencia T-219 de 2018.

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Accionante: Alberto de Jesús Liñan Murgas
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar Y Otros
Referencia: Acción de Tutela

deliberadamente, somete su cuestión al escrutinio de varios jueces para propiciar una
decisión acorde a sus intereses.

36. Al realizar una comparación entre el proceso de tutela con radicado 20001-23-33-000-
2026-00216-00 (tutela previa) y la actual solicitud de amparo, se encontró lo siguiente:

37. Identidad de partes: En la presente demanda y en la 20001-23-33-000-2026-00216-
00 coinciden los extremos procesales, pues ambas fueron presentadas por el señor
Alberto de Jesús Liñán Murgas contra el Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar,
Colpensiones y Empocesar.

38. Identidad fáctica: tanto en la tutela que aquí se estudia como en la 20001-23-33-
000-2026-00216-00, el accionante cuestionó la decisión del trámite incidental dentro de
la acción de tutela 20001-33-33-008-2026-00132-00, específicamente el auto del 1° de
julio de 2026 proferido por el Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar.

39. Identidad de objeto: en esencia, las pretensiones de ambas tutelas persiguen un
idéntico fin: reabrir el incidente de desacato dado que el fallo de tutela ordenó el
cumplimiento integral de la Resolución, incluyendo el pago del retroactivo y no solamente
la inclusión en nómina.

40. Entonces, la Sala encuentra acreditada la identidad de partes, identidad fáctica e
identidad de objeto entre las demandas de tutela presentadas por el señor Liñán Murgas
respecto de su inconformidad con el auto proferido por el Juzgado Octavo Administrativo
de Valledupar, por lo que no podría pronunciarse respecto de ello.

41. Adicionalmente, la Sala advierte que en esta oportunidad se configura la temeridad,
ya que el accionante omitió informar explícitamente en el escrito de tutela que ya había
promovido una acción de tutela en la que cuestionó la misma actuación judicial y persiguió
idéntica finalidad, sin ofrecer explicación alguna para la presentación de una nueva
solicitud de amparo9.

42. El uso repetitivo de la acción de tutela para insistir en un debate ya surtido sobre la
apertura de un incidente de desacato desborda los cauces de la buena fe, constituyendo
un desgaste injustificado para la administración de justicia, desconociendo, a su vez, el
deber de lealtad y el principio de moralidad. De hecho, la Corte Constitucional ha
sostenido que la temeridad puede tener origen en la mala fe o en la deslealtad procesal10,
lo que ocurre cuando el demandante no formula justificación alguna y busca aprovecharse
de la presentación de múltiples acciones de tutela11.

9 Corte Constitucional. Sentencia T – 504 de 2024: «la actuación del demandante que ha interpuesto sucesivas

acciones de tutela no es temeraria cuando “el ejercicio simultáneo de la acción de tutela se funda (i) en la ignorancia
del accionante; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o (iii) por el sometimiento del actor a
un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho”. A su vez, también se ha descartado la temeridad, por vía de ejemplo, en
aquellos eventos en donde por un error se radicó más de una acción de tutela o ella fue formulada sin el conocimiento
del accionante por los apoderados o, en similares términos a la cosa juzgada, cuando se profiere una sentencia de
unificación cuyos efectos son extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones,
incluso si con anterioridad a dicha sentencia, presentaron una acción de tutela por los mismos hechos y con la misma
pretensión».
10 Corte Constitucional. Sentencias SU-377 de 2014 y SU-713 de 2006.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-027 de 2021. Además, la jurisprudencia ha indicado que la mala fe puede

identificarse en un actuar doloso que busca inducir en error al juez (Sentencia T-247 de 2024), en un uso indebido de
la acción de tutela (Sentencia T-1134 de 2005), la falta de justificación de la formulación reiterada de acciones de
tutela (Sentencia T-975 de 2011) o la manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda, al igual que la alegación
de hechos contrarios a la realidad (Sentencia T-080 de 1998). Incluso, para hallar tales comportamientos, las Salas
de Revisión han acudido a los estándares legales establecidos en los artículos 73 y 74 del Código de Procedimiento
Civil, hoy General del Proceso, como se reconoció en la Sentencia T-1103 de 2005.

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43. Así pues, evidencia la intención de reabrir un debate concluido, lo cual, bajo el
estándar de la jurisprudencia constitucional, impone declarar la improcedencia de la
acción por la concurrencia indiscutible de la temeridad.

44. Por lo anterior, se realizará únicamente el análisis de procedibilidad respecto de las
providencias del 9 y 25 de junio de 2026 proferidas, respectivamente, por el Juzgado
Octavo Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar.

(ii) Procedencia excepcional de la acción de tutela contra tutela

45. Uno de los requisitos generales de procedencia aludidos es que la providencia
controvertida no sea un fallo de tutela. Sin embargo, en la sentencia de unificación 627
de 2015, la Corte Constitucional estableció que la solicitud de amparo procede
excepcionalmente para cuestionar fallos de tutela, si no son proferidos por esa
corporación y si se configura una cosa juzgada fraudulenta.

46. Esa exigencia se predica de las sentencias de tutela. Respecto de las demás
actuaciones surtidas dentro del proceso de amparo, la misma sentencia de unificación
precisó que debe distinguirse si ocurrieron antes o después del fallo, y que las anteriores
pueden cuestionarse por vía de tutela cuando se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad, sin que sea necesario acreditar una cosa juzgada fraudulenta.

47. La Corte Constitucional reconoció que el juez de tutela, como cualquier otro
funcionario judicial, puede realizar actuaciones que vulneren o pongan en peligro un
derecho fundamental, y se refirió en concreto a las decisiones que resuelven sobre la
impugnación del fallo de primera instancia.

48. En la sentencia T-023 de 2023, la misma corte explicó que un fallo de tutela implica
fraude cuando (i) se profiere con fines ilegales ligados a una intención dolosa, (ii) resulta
de un negocio fraudulento, efectuado por medios procesales y que conlleva perjuicios
para terceros y para la comunidad, o (iii) se deriva de una interpretación normativa
abiertamente contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial.

49. Ahora, el señor Liñán Murgas aduce que las autoridades judiciales incurrieron en una
vía de hecho pues el Juzgado concedió una impugnación extemporánea y el Tribunal se
pronunció sobre dicha impugnación, por lo que pretende se decrete la nulidad de todo lo
actuado ante el Tribunal.

50. Con ese marco, los cargos se examinarán por separado. El dirigido contra el auto
del 9 de junio de 2026, que concedió la impugnación, recae sobre una actuación anterior
a la sentencia de segunda instancia y se estudiará conforme a los requisitos generales
de procedibilidad. El formulado contra la sentencia del 25 de junio de 2026 sí se dirige
contra un fallo de tutela y, por tanto, se rige por la regla de la cosa juzgada fraudulenta.

51. En efecto, al contrastar los reproches formulados contra la sentencia del 25 de junio
de 2026 con las tres hipótesis de fraude procesal desarrolladas por la jurisprudencia
constitucional, no se advierte la configuración de alguno de estos elementos. En primer
lugar, no se allegó ninguna prueba de que la decisión hubiese sido proferida con fines
ilegales o bajo una intención dolosa; tampoco se evidenció que las providencias sea el
resultado de un negocio fraudulento o de una maniobra engañosa orquestada por medios
procesales para causar un perjuicio a terceros o a la comunidad y mucho menos que se

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Referencia: Acción de Tutela

realizó una interpretación normativa abiertamente opuesta a los mandatos
constitucionales o de buena fe judicial.

52. Es decir, el reproche del accionante no constituye un cargo de fraude, sino que se
reduce a un simple desacuerdo con la decisión que resolvió la impugnación. Así las cosas,
admitir que el simple desacuerdo con ello configura una cosa juzgada fraudulenta
equivaldría a habilitar una instancia de revisión indefinida, desnaturalizando la firmeza de
las decisiones de amparo y vulnerando flagrantemente el principio de seguridad jurídica.

53. Por consiguiente, respecto de la sentencia del 25 de junio de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, la tutela deviene improcedente porque el señor Alberto
de Jesús Liñán Murgas no acreditó la configuración de la cosa juzgada fraudulenta.

54. Cosa distinta ocurre con el auto del 9 de junio de 2026. Al recaer sobre una actuación
anterior a la sentencia de segunda instancia, su examen no está sujeto a que se acredite
una cosa juzgada fraudulenta, sino al cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad, que en este caso se satisfacen, pues el accionante no dispone de otro
medio para controvertir esa decisión, acudió al amparo dentro de un plazo razonable y
expuso con claridad el cargo que formula.

55. Superado ese punto, la Sala advierte que la impugnación no fue extemporánea. De
conformidad con el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, la notificación se entiende surtida
2 días después de haberse realizado. En este caso, la notificación se efectuó el 28 de
mayo de 2026, por lo que debe entenderse surtida el 1° de junio de 2026, y el término
para impugnar transcurrió del 2 al 4 de junio de 2026. Dado que la impugnación se
presentó el 4 de junio, esta se interpuso dentro de la oportunidad legal.

56. En consecuencia, el Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar no incurrió en
irregularidad alguna al conceder la impugnación, de modo que el cargo no prospera y se
negará el amparo respecto del auto del 9 de junio de 2026.

57. Por otro lado, aunque el accionante sostiene que las autoridades judiciales omitieron
pronunciarse sobre la entrega de documentación por parte de Empocesar, de las
providencias aportadas se advierte que dicho aspecto fue considerado dentro del análisis
efectuado por el juez constitucional, quienes concluyeron que Colpensiones debía cumplir
la Resolución sin supeditar su ejecución a la entrega de información adicional o a nuevas
verificaciones documentales.

58. Por último, la Sala precisa que el señor Alberto de Jesús Liñán Murgas cuenta con un
mecanismo judicial para obtener el pago del retroactivo pensional. La Resolución 014 del
3 de enero de 2023 es un acto administrativo en firme que contiene una obligación clara,
expresa y exigible a su favor y, por esa razón, presta mérito ejecutivo, de manera que
puede promover el proceso ejecutivo correspondiente ante el juez competente para
reclamar su pago.

59. Conforme a todo lo razonado, la Sala rechazará parcialmente la solicitud de amparo
por configurarse la temeridad respecto del auto del 1° de julio de 2026, expedido por el
Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar. Declarará improcedente el amparo frente
a la sentencia del 25 de junio de 2026 del Tribunal Administrativo del Cesar, al no
acreditarse la cosa juzgada fraudulenta, y lo negará frente al auto del 9 de junio de 2026
del Juzgado, porque la impugnación se presentó dentro del término legal.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05939-00
Accionante: Alberto de Jesús Liñan Murgas
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar Y Otros
Referencia: Acción de Tutela

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. RECHAZAR PARCIALMENTE la acción de tutela presentada por el señor
Alberto de Jesús Liñán Murgas por configurarse la temeridad respecto de la providencia
del 1° de julio de 2026, proferido por el Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo respecto de la
sentencia del 25 de junio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, al
no acreditarse la cosa juzgada fraudulenta, de acuerdo con lo expuesto en la providencia.

TERCERO. NEGAR el amparo respecto del auto del 9 de junio de 2026, proferido por el
Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar, de acuerdo con lo expuesto en la parte
motiva.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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