Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05944-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05944-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05944-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
7 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05944-00
Accionante: ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA S&A –
ASOPLAMA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA OCTAVA
DE DECISIÓN Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Declara improcedente por falta de
relevancia constitucional / Caducidad del medio de control de controversias contractuales /
La tutela pretende reabrir el debate sobre la fecha de terminación del contrato y los efectos
de actuaciones administrativas posteriores / La tutela no constituye tercera instancia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se declarará improcedente la acción de tutela porque no satisface el requisito
general de relevancia constitucional. Los reparos de la parte accionante están
dirigidos a controvertir la valoración probatoria y la interpretación jurídica que hizo
el Tribunal Administrativo de Antioquia respecto del término de caducidad del medio
de control de controversias contractuales.
2. La Sala advierte que la tutela no demuestra, en principio, una actuación judicial
arbitraria, caprichosa o manifiestamente irrazonable. El Tribunal abordó los
principales reparos de la apelación y examinó la incidencia que atribuyó a las
actuaciones posteriores a la terminación contractual. Asimismo, corrigió el error del
juzgado de primera instancia, que había omitido los dos meses correspondientes a
la etapa de liquidación unilateral, y concluyó que la oportunidad para demandar
venció el 11 de noviembre de 2023.
3. Por tanto, la solicitud de amparo pretende reabrir un debate definido por el juez
natural, finalidad que desborda el carácter excepcional de la tutela contra
providencias judiciales.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
4. La Asociación de Profesionales para el Desarrollo de Proyectos de Inversión
Pública y Privada S&A –ASOPLAMA–, por conducto del señor Mauricio Sandoval
Vivas, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Octava de Decisión, y el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de
Medellín, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
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Accionante: Asociación de Profesionales para el Desarrollo de
Proyectos de Inversión Pública y Privada S&A
Accionado: Tribunal Administrativo De Antioquia y otro
Referencia: Acción de Tutela
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, así como de los
principios de buena fe, confianza legítima y la prevalencia del derecho sustancial1.
5. La solicitud de amparo se dirige contra el auto del 16 de abril de 2026, en el que
el Juzgado rechazó por caducidad la demanda presentada en el medio de control
de controversias contractuales con radicado 05001-33-33-035-2026-00082-00, y
contra el auto del 14 de julio de 2026, en la que el Tribunal confirmó la decisión.
2.2. Hechos relevantes
6. El 11 de diciembre de 2020, el Municipio de Medellín y la Asociación de
Profesionales para el Desarrollo de Proyectos de Inversión Pública y Privada S&A
– ASOPLAMA – suscribieron el Contrato 4600088400 de 2020, cuyo objeto consistió
en el fortalecimiento técnico, operativo y social de recicladores en la ciudad de
Medellín2. La ejecución inició el 16 de diciembre siguiente y, durante su desarrollo,
se acordaron suspensiones y prórrogas3.
7. El acta de terminación del 15 de mayo de 2021 consignó como fecha de
terminación material del contrato el 10 de mayo del mismo año4. Posteriormente, la
entidad inició un procedimiento administrativo sancionatorio relacionado con la
ejecución contractual.
8. El 25 de septiembre de 2023 culminó el procedimiento administrativo
sancionatorio en la Resolución SSS2023500769905. Con posterioridad continuaron
actuaciones relacionadas con la revisión documental y el cierre contractual. Sin
embargo, el contrato no fue liquidado bilateral ni unilateralmente.
9. En auto del 16 de abril de 2026, el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del
Circuito de Medellín rechazó la demanda6. Consideró que el contrato requería
liquidación, que esta no se realizó y que debía aplicarse la regla prevista en el
artículo 164.2.j.v del CPACA. Para el juzgado, el procedimiento administrativo
sancionatorio no suspendía el término de caducidad ni impedía adelantar la
liquidación del contrato.
10. La demandante apeló. Cuestionó el cómputo efectuado por el juez y sostuvo
que existían elementos probatorios que impedían tener como incontrovertida la
terminación contractual del 10 de mayo de 2021.
11. También amplió la sustentación del recurso. Allí insistió en las inconsistencias
que, en su criterio, existían respecto de la fecha de suscripción del acta de
terminación y solicitó valorar pruebas.
12. El Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la decisión7. Advirtió que el
Juzgado había omitido los dos meses correspondientes a la etapa de liquidación
1
Índice 002 de Samai.
2
Índice 012 de Samai. Expediente OneDrive Primera instancia. “006_MemorialWeb_Otro-0000SUBSANA.pdf” P. 29 – 41.
3
Índice 012 de Samai. Expediente OneDrive Primera instancia. “006_MemorialWeb_Otro-0000SUBSANA.pdf” P. 43.
4
Índice 012 de Samai. Expediente OneDrive Primera instancia. “006_MemorialWeb_Otro-0000SUBSANA.pdf” P. 81 – 82.
5
Índice 012 de Samai. Expediente OneDrive Primera instancia. “006_MemorialWeb_Otro-0000SUBSANA.pdf” P. 87 – 117.
6
Índice 013 de Samai.
7
Ibidem.
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Referencia: Acción de Tutela
unilateral y, al corregir el cómputo, estableció que la oportunidad para demandar
vencía el 11 de noviembre de 2023.
2.3. Pretensiones
13. La parte accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia y a la igualdad, así como
los principios de buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial.
14. En consecuencia, pidió dejar sin efectos el auto del 16 de abril de 2026 y la
providencia del 14 de julio del mismo año, para que se adopte una nueva decisión
sobre la admisión de la demanda de controversias contractuales.
15. De forma subsidiaria, solicitó dejar sin efectos únicamente la providencia del
Tribunal en cuanto, a su juicio, no se pronunció suficientemente sobre la
imposibilidad objetiva de formular salvedades claras y concretas antes de conocer
el porcentaje de ejecución reconocido por la Administración.
2.4. Fundamentos
16. La parte accionante sostuvo que las providencias cuestionadas incurrieron en
defecto fáctico por valoración incompleta del material probatorio y en motivación
insuficiente, porque no se examinó integralmente la incidencia que tenían en el
problema de la caducidad el procedimiento sancionatorio, el certificado SIAMED y
las demás actuaciones de supervisión y cierre desarrolladas durante 2023.
17. La parte accionante sostuvo que el Tribunal le exigió haber formulado
salvedades claras y concretas en la etapa de liquidación, pese a que para ese
momento no conocía el porcentaje de ejecución que posteriormente reconocería la
Administración. Solo con el certificado SIAMED del 19 de julio de 2023 conoció que
la supervisión reconocía una ejecución del 76 %, correspondiente a $164.791.769 8.
18. Por último, invocó la Sentencia SU-016 de 2026 para sostener que las
controversias relacionadas con el cómputo de la caducidad contractual pueden
adquirir relevancia constitucional cuando comprometen el debido proceso y el
acceso a la administración de justicia.
2.5. Trámite impartido
19. En auto del 30 de julio de 20269, el Despacho admitió la acción de tutela, ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Octava de Decisión y al
Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín, vinculó al Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de
Suministros e Insumos y requirió a las autoridades judiciales accionadas para que
rindieran informe y remitieran los antecedentes digitales del proceso ordinario de
controversias contractuales. Asimismo, negó la medida provisional solicitada.
8
Índice 002 de Samai. P. 30.
9
Índice 005 de Samai.
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Referencia: Acción de Tutela
2.6. Intervenciones
20. El Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín10 indicó
que la providencia cuestionada había examinado la falta de incidencia del
procedimiento sancionatorio en el cómputo o suspensión de la caducidad y sostuvo
que actuó conforme con las normas y jurisprudencia que estimó aplicables.
21. La Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito de Medellín11 señaló
que las funciones de supervisión y las actuaciones relacionadas con la ejecución,
liquidación y reclamaciones derivadas del contrato correspondían a la Secretaría de
Medio Ambiente. Por ello, solicitó su vinculación al trámite. Además, el juez natural
ya había resuelto la controversia sobre caducidad.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
22. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201912.
3.2. Problema Jurídico y metodología de la decisión
23. Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela presentada contra las
providencias accionadas satisface los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial.
24. En particular, deberá establecerse si los cargos relacionados con la valoración
de las actuaciones contractuales posteriores a mayo de 2021 y con la motivación
ofrecida por el Tribunal plantean un problema constitucional autónomo o si, por el
contrario, pretenden reabrir la discusión jurídica y probatoria resuelta por el juez
natural acerca de la caducidad del medio de control de controversias contractuales.
3.3. Procedencia excepcional de la tutela contra providencia judicial
25. La acción de tutela contra providencias judiciales procede de forma excepcional.
La Corte Constitucional sistematizó los requisitos generales de procedencia en la
Sentencia C-590 de 200513: que la cuestión discutida tenga relevancia
constitucional, que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial, que se cumpla la inmediatez, que la irregularidad procesal alegada
tenga incidencia en la decisión, que la parte identifique razonablemente los hechos
y derechos vulnerados, y que no se trate de una sentencia de tutela.
10
Índice 014 de Samai.
11
Índice 013 de Samai.
12
Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.
13
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Referencia: Acción de Tutela
26. La relevancia constitucional no se satisface con la sola invocación de derechos
fundamentales ni con la denominación formal de defectos. La acción de tutela contra
providencias judiciales constituye un juicio de validez constitucional y no un juicio
de corrección del fallo cuestionado; por ello, no puede utilizarse como instancia
adicional para discutir asuntos probatorios o de interpretación legal resueltos por el
juez natural14.
27. La Corte Constitucional señaló que este requisito cumple tres finalidades:
preservar la competencia e independencia de los jueces de las jurisdicciones
distintas a la constitucional, restringir la tutela a controversias que comprometan
derechos fundamentales e impedir que el amparo se convierta en un recurso
adicional para controvertir decisiones judiciales15.
28. Un asunto carece de relevancia constitucional cuando la discusión se limita a la
determinación de aspectos legales de un derecho o cuando tiene naturaleza
estrictamente económica, particular o privada, salvo que de esa controversia se
desprenda claramente una violación de derechos fundamentales16. También carece
de relevancia cuando la tutela busca reabrir un debate ya decidido por la jurisdicción
competente, sin mostrar una actuación judicial arbitraria o ilegítima.
3.4. Caso concreto
29. La Sala encuentra satisfechos los presupuestos de legitimación e inmediatez.
ASOPLAMA fue la contratista del Contrato 4600088400 de 2020, respecto del que
se promovió el medio de control de controversias contractuales cuyas providencias
se cuestionan en esta sede constitucional. La asociación comparece por conducto
de Mauricio Sandoval Vivas, quien figura como vicepresidente y, según los
estatutos, tiene las funciones del presidente o representante legal y puede ejercer
la representación de la asociación 17. La providencia de segunda instancia fue
notificada el 15 de julio de 202618 y la acción de tutela se presentó el 28 de julio
siguiente19, dentro de un término razonable.
30. También se satisface la subsidiariedad. Contra el auto que rechazó la demanda
se interpuso recurso de apelación, cuya sustentación se tuvo como oportuna por el
juzgado y posteriormente resuelta por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
31. La parte accionante cuestiona las providencias porque, en su criterio, las
autoridades judiciales valoraron de forma incompleta las actuaciones
administrativas posteriores a mayo de 2021 y no explicaron suficientemente por qué
el procedimiento sancionatorio, el certificado SIAMED, la revisión documental y la
posterior remisión del acta de terminación carecían de incidencia en la
determinación de la caducidad.
32. La Sala advierte que esos reparos no plantean un problema constitucional
autónomo. La controversia se concentra en determinar cuál era el hito jurídicamente
relevante para computar la caducidad y qué efectos podrían atribuirse a las
14
Corte Constitucional, Sentencia T-352 de 2025, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
15
Ibidem.
16
Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
17
Índice 002 de Samai. P. 107 – 108.
18
Índice 007 de Samai. Expediente 05001-33-33-035-2026-00082-01.
19
Índice 003 de Samai.
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actuaciones posteriores a la finalización del plazo de ejecución contractual. Se trata,
por tanto, de cuestiones relacionadas con la interpretación del régimen legal de
liquidación y caducidad contractual y con la valoración probatoria hecha por el juez
natural.
33. La demanda de controversias contractuales partió de un acta de terminación
fechada el 15 de mayo de 2021, en la que se consignó como fecha de terminación
material del contrato el 10 de mayo del mismo año. Asimismo, la parte demandante
afirmó que, para la fecha de presentación de la demanda, el contrato no había sido
liquidado bilateral ni unilateralmente.
34. El Tribunal identificó los principales reparos de la apelación: la omisión de los
dos meses correspondientes a la liquidación unilateral, la incidencia del
procedimiento sancionatorio en la determinación de los porcentajes físico y
financiero del contrato y la alegada valoración incompleta de la fecha de
terminación.
35. La autoridad judicial accionada aceptó el primero de esos reparos. Consideró
que el juzgado había errado al contabilizar únicamente los cuatro meses
correspondientes a la liquidación bilateral y adicionó los dos meses previstos para
la etapa unilateral. No obstante, concluyó que esa corrección no modificaba el
resultado, pues el término de dos años venció el 11 de noviembre de 2023 y la
solicitud de conciliación extrajudicial se radicó el 19 de agosto de 2025.
36. Tampoco se observa que el Tribunal hubiera ignorado el planteamiento general
relacionado con las actuaciones posteriores a la terminación del contrato. Al reseñar
los fundamentos de la apelación, identificó expresamente el certificado SIAMED del
19 de julio de 2023 y la suma de $164.791.769 invocados por la recurrente. Al
resolver, examinó el acta de terminación y los correos de 2023 y, respecto de esos
elementos, consideró que no modificaban el término previsto para efectuar la
liquidación ni demostraban que el negocio jurídico hubiera continuado en ejecución
hasta ese momento.
37. Frente al procedimiento administrativo sancionatorio, el Tribunal estimó que
podía incidir en la determinación de los porcentajes y valores finales, pero no
suspendía el término de liquidación. Por ello, señaló que esa circunstancia podía
consignarse en una liquidación bilateral con salvedades, identificando el trámite
pendiente y la información necesaria para establecer los valores definitivos.
38. La tutela desarrolla con mayor precisión una censura frente a esa consideración.
Sostiene que resultaba imposible formular salvedades claras y concretas mientras
ASOPLAMA desconociera el porcentaje de ejecución que posteriormente
reconocería la Administración. Sin embargo, ese planteamiento específico no
aparece formulado en esos términos como un cargo autónomo en la apelación. En
esa oportunidad, la recurrente sostuvo que el procedimiento sancionatorio impedía
determinar los porcentajes físico y financiero del contrato y cuestionó la fecha de
terminación a partir de las actuaciones administrativas y probatorias posteriores.
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39. Además, aunque el Tribunal incorporó en su razonamiento la posibilidad de
efectuar una liquidación con salvedades, esa consideración no constituyó la fuente
normativa del cómputo de la caducidad. La providencia tuvo por establecido que la
ejecución había cesado materialmente el 10 de mayo de 2021, que el contrato
requería liquidación, que esta no se produjo dentro de los términos previstos y que,
una vez vencido el período de liquidación, comenzó a correr el término para
promover el medio de control.
40. Esa conclusión corresponde al supuesto regulado en el artículo 164.2.j.v del
CPACA para los contratos que requieren liquidación y no son liquidados bilateral ni
unilateralmente. A su vez, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 permite que,
vencidos los términos ordinarios de liquidación, esta todavía pueda hacerse dentro
de los dos años siguientes, sin perjuicio de la caducidad.
41. Por ello, las actuaciones posteriores de supervisión, revisión documental o
definición económica podían resultar relevantes para el cierre contractual, pero
establecer si tenían aptitud para modificar la fecha a partir de la que debía
computarse la caducidad exigía precisamente interpretar las normas legales y
contractuales aplicables, labor que correspondía al juez natural. La inconformidad
con esa conclusión no convierte el asunto en una controversia constitucional.
42. La Sentencia SU-016 de 2026 tampoco conduce a una conclusión distinta. Allí
la Corte Constitucional estudió un contrato que había sido objeto de liquidación
unilateral tardía y una divergencia jurisprudencial sobre los efectos de esa actuación
en el cómputo de la caducidad. En este asunto, por el contrario, la propia parte
afirmó que no existió liquidación bilateral ni unilateral, por lo que no se presenta el
mismo supuesto jurídico20.
43. Incluso, la regla de unificación de la Sección Tercera del 1 de agosto de 2019,
examinada en la citada sentencia, distinguió el supuesto de ausencia total de
liquidación y precisó que el apartado v) del literal j) del artículo 164 se aplica cuando,
al momento de presentarse la demanda, no se hubiera producido liquidación
contractual alguna21.
44. Las invocaciones de la buena fe y la confianza legítima tampoco modifican la
naturaleza de la controversia. La accionante pretende atribuir a las actuaciones
administrativas posteriores efectos sobre la continuidad del procedimiento de cierre
y, en últimas, sobre el término de caducidad, cuestión que corresponde nuevamente
al juicio de legalidad propio de la jurisdicción contencioso-administrativa.
45. En ese contexto, la tutela pretende que el juez constitucional valore nuevamente
el conjunto documental y adopte una interpretación distinta sobre la fecha relevante
para el cómputo de la caducidad, los efectos del procedimiento sancionatorio y las
actuaciones administrativas posteriores, así como que revise la consideración del
Tribunal sobre la posibilidad de efectuar una liquidación con salvedades. No se
advierte, en principio, que la respuesta de la autoridad judicial resulte absurda,
contraevidente o manifiestamente irrazonable.
20
Corte Constitucional, Sentencia SU-016 de 2026, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
21
Ibidem.
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46. Que la accionante estime insuficiente la valoración efectuada o considere
jurídicamente más adecuada otra interpretación no demuestra que la autoridad
judicial hubiera decidido al margen del ordenamiento jurídico. En consecuencia, la
solicitud de amparo pretende reabrir el debate jurídico y probatorio definido dentro
del proceso ordinario, finalidad ajena a la tutela contra providencia judicial, que no
constituye una instancia adicional para revisar la corrección de los razonamientos
del juez natural.
47. Por tanto, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por falta de
relevancia constitucional y se abstendrá de estudiar los defectos específicos
invocados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
Asociación de Profesionales para el Desarrollo de Proyectos de Inversión Pública y
Privada S&A –ASOPLAMA– contra el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Octava de Decisión y el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de
Medellín, por falta de relevancia constitucional.
SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado Electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado Electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado Electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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