Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05951-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05951-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-05951-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
8 de septiembre de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, ocho (8) de septiembre dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05951-00
Demandante: ANDREA CAROLINA NIÑO VILLAMIZAR
Demandado: SUBSECCIÓN F DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la providencia de segunda instancia que revocó la
decisión que accedió parcialmente a las pretensiones de una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió encaminada a que se declarara la existencia de una
relación laboral y negó las pretensiones al no encontrar probado el elemento de la subordinación.
No obstante, la Sala negará las súplicas de la demanda en tanto no se configuró el defecto fáctico
planteado ni el desconocimiento del precedente horizontal.
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Andrea Carolina Niño
Villamizar1 en contra de la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para la protección de sus derechos fundamentales del
debido proceso, igualdad, trabajo y acceso a la administración de justicia consagrados
en los artículos 11, 13, 25, 29 y 229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados
con ocasión de la providencia del 17 de marzo de 2026, proferida por dicha autoridad
judicial en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 25269-
33-33-003-2022-00190-01.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1 El escrito fue radicado el 29 de julio de 2026.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05951-00
Actor (a): Andrea Carolina Niño Villamizar
Acción de tutela
1) La señora Andrea Carolina Niño Villamizar prestó sus servicios como médica general
para la ESE Hospital María Auxiliadora de Mosquera durante distintos segmentos
temporales mediante contratos de prestación de servicios.
2) El primer segmento reclamado judicialmente comprendió del 16 de noviembre de 2019
al 30 de junio de 2020 y dio lugar al proceso con radicación no. 25269-33-33-003-2022-
00188-00/01, y el segundo segmento comprendió del 1 de enero al 31 de julio de 2021 y
dio lugar al proceso no. 25269-33-33-003-2022-00190-00/01.
3) Las dos demandas fueron presentadas en contra de la misma entidad (la ESE Hospital
María Auxiliadora de Mosquera), oportunidades en las que se alegó que la actividad de
médica general era permanente e inherente al objeto mismo del hospital, funciones que
comprendían la atención a pacientes, urgencias, hospitalización, atención de partos y
consulta externa.
4) En el proceso no. 2022-00190-01, el Hospital demandado propuso como excepción
previa la existencia de pleito pendiente y argumentó que cursaba ante el mismo despacho
otro proceso judicial igual, motivo por el cual, en auto de 3 de febrero de 2025, el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Facatativá declaró no probada esta excepción con
el argumento de que, aunque en ambos procesos se controvertían los mismos actos
administrativos, el objeto de cada demanda era distinto, pues en el proceso 2022-00188-
00 la pretensión se dirigía a obtener la declaratoria de existencia de una relación laboral
respecto de un periodo de ejecución diferente al que ocupa el análisis del proceso 2022-
00190-00.
5) El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Facatativá, mediante sentencia del
5 de noviembre de 2025 proferida en el proceso 2022-00190-00, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, para lo cual declaró la existencia de una verdadera
relación laboral entre el 1 de enero al 31 de julio de 2021, pues encontró acreditadas la
prestación personal, la remuneración y la subordinación, pero negó las pretensiones
relativas a la indemnización moratoria por consignación tardía de las cesantías, el pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud y riesgos laborales, y la
indemnización por despido sin justa causa.
6) La actora interpuso recurso de apelación en el que manifestó que existen médicos
generales de planta que cumplen funciones equivalentes, por lo que se debía realizar un
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05951-00
Actor (a): Andrea Carolina Niño Villamizar
Acción de tutela
juicio de equidad y similitud; asimismo, sostuvo que el fallo hizo una referencia genérica
e imprecisa a las prestaciones sociales a reconocer, sin identificar de manera concreta
cada una de ellas.
7) El Hospital María Auxiliadora ESE de Mosquera también presentó recurso de apelación
en el que controvirtió el reconocimiento de la relación laboral y sostuvo que lo que existió
fue mera coordinación propia de los contratos de prestación de servicios profesionales.
8) En sentencia de 17 de marzo de 2026, la Subsección F de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la sentencia de primera instancia y negó
la totalidad de las pretensiones tras considerar que la disponibilidad previa era compatible
con la autonomía, que los turnos y actividades podían corresponder a coordinación
contractual, que no existían llamados de atención personales y que no se había aportado
el manual de funciones y competencias laborales que permitiera comparar formalmente
sus funciones con las de los médicos de planta.
9) Por su parte, en sentencia del 29 de abril de 2026 proferida por la Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso 2022-
00188-01 se confirmó sustancialmente la decisión de reconocer la relación laboral que
medió entre las partes en el período de 16 de noviembre de 2019 a 30 de junio de 2020,
providencia en la que se consideró que, aunque existiera concertación de disponibilidad
horaria y fuera posible prestar servicios simultáneamente en otras entidades, la sujeción
a la programación de turnos, protocolos, instrucciones, lugares de trabajo y necesidades
institucionales demostraba con claridad que existía una subordinación propia de una
verdadera relación laboral.
2. Fundamento de la vulneración
La parte actora sostuvo que la sentencia cuestionada incurrió en defecto fáctico por
valoración probatoria irrazonable, en tanto desconoció pruebas directas, coherentes y
concordantes que, a su juicio, acreditaban la existencia de subordinación real y
continuada durante el tiempo en que prestó sus servicios.
En su criterio, se cumplen con los criterios establecidos para declarar la relación laboral,
pues en el expediente se evidencian la prestación personal, actividad misional, turnos de
alta intensidad, programación institucional, reuniones e instrucciones, protocolos
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05951-00
Actor (a): Andrea Carolina Niño Villamizar
Acción de tutela
obligatorios, supervisión por personal de planta, instalaciones y equipos institucionales y
funciones equivalentes a las de médicos generales, motivo por el cual se demostró la
existencia de una verdadera relación laboral.
Precisó que las cuentas de cobro e informes incorporados al proceso registran 204 horas
en enero, 210 en marzo, 198 en abril, 210 en mayo, 216 en junio y 72 en julio de 2021,
con turnos de mañana, tarde y noche, lo que demuestra la intensidad de las funciones y
la necesidad de cumplir horarios y órdenes.
El tribunal otorgó especial relevancia al hecho sobre el cual la actora debía informar
disponibilidad antes de la elaboración del cuadro de turnos, obviando que informar
disponibilidad no equivale a conservar libertad sobre el modo, lugar y condiciones de
ejecución una vez asignado el turno.
La ausencia de memorandos o llamados de atención no demuestra la inexistencia de
poder subordinante, pues esto solo demuestra que no fue necesario ejercer esta sanción
individual y aceptar lo contrario implica equiparar automáticamente la inexistencia de
sanciones personales contra la accionante con la inexistencia de capacidad de dirección
o control dentro de la organización.
Se exigió indebidamente el manual de funciones y competencias laborales para
establecer la similitud funcional con los médicos de planta, pues en el expediente existían
pruebas que acreditaban la similitud de sus funciones como son los contratos, descripción
concreta de actividades, testimonios, información del hospital, identificación de cargos de
médico general de planta y evidencia de los servicios efectivamente desarrollados.
Finalmente, consideró incongruente que, en 2 procesos similares, el 25269-33-33-003-
2022-00190-00/01 y 25269-33-33-003-2022-00188-00/01 se falle de forma
completamente diferente el mismo caso, sin que se evidencie algún hecho probado que
justifique que la misma médica, para el mismo hospital y en la misma actividad, haya sido
considerada subordinada en un segmento y autónoma en el siguiente.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05951-00
Actor (a): Andrea Carolina Niño Villamizar
Acción de tutela
“1. AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
acceso a la administración de justicia y primacía de la realidad sobre las
formalidades.
2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 17 de marzo de 2026 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
dentro del proceso 25269-33-33-003-2022-00190-01.
3. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, que dentro del término que se fije profiera una nueva sentencia
de segunda instancia, con valoración integral y conjunta del acervo probatorio,
atendiendo las reglas de la sana crítica, sin convertir la ausencia del manual de
funciones en tarifa probatoria y resolviendo de manera expresa la convergencia
de los indicios de subordinación acreditados.
4. ORDENAR que en la nueva decisión se valore de manera específica la
intensidad horaria, la programación de turnos, las funciones asistenciales, los
protocolos, reuniones e instrucciones, la supervisión por personal de planta, el
uso de infraestructura y equipos institucionales, la permanencia de la necesidad
asistencial y la prueba relativa a médicos generales de planta.
5. TENER como prueba de contexto el expediente y las providencias del
proceso 25269-33-33-003-2022-00188, exclusivamente para evidenciar las
condiciones materiales sustancialmente equivalentes de los dos segmentos de
prestación del servicio, sin atribuir a la sentencia posterior efectos retroactivos
de precedente.
6. VINCULAR a la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Mosquera, por tener
interés directo en el resultado de la presente acción, y al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Facatativá, como autoridad judicial de origen y
custodio del expediente de primera instancia.”. (archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI - índice 2).
4. Actuación procesal
Mediante auto del 3 de agosto de 2026, se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección F de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al tiempo que se vinculó
como tercero con interés, al titular del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial
de Facatativá y al director o quien hiciera sus veces del Hospital María Auxiliadora
Empresa Social del Estado de Mosquera, con el fin de que allegaran un informe sobre
los hechos que motivaron el ejercicio de la acción (índice 04 de Samai).
5. Intervenciones de las autoridades demandadas y vinculadas
La Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(índice 12 de Samai) precisó que, contrario a lo manifestado por la actora, sí se realizó
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05951-00
Actor (a): Andrea Carolina Niño Villamizar
Acción de tutela
una valoración de las pruebas en su conjunto, entre ellas las certificaciones, los contratos
de prestación de servicios, acuerdos expedidos por el Concejo del municipio de
Mosquera, informes de gestión, informe escrito rendido bajo la gravedad del juramento
por parte de la Gerencia del hospital, así como los testimonios de los señores Francisco
José Avellaneda Nivia, Gloria Yaneth Gómez Valencia, Angie Viviana Castillo Sánchez y
el interrogatorio de parte practicado a la accionante; valoración que permitió establecer
que los contratos de prestación de servicios celebrados entre las partes mantuvieron su
naturaleza jurídica y se ajustaron a la premisa normativa prevista en el numeral 3° del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, toda vez que fueron suscritos para atender necesidades
asistenciales ante la insuficiencia de personal de planta y por el tiempo estrictamente
necesario para satisfacer esa necesidad institucional, teniendo en cuenta que en el
presente caso se la vinculó por alrededor de 7 meses sobre la base de una disponibilidad
horaria previamente informada por ella y una remuneración calculada conforme al
número de horas efectivamente ejecutadas.
Así las cosas, evidenció que la intención de la actora es utilizar la acción de tutela como
una tercera instancia judicial, lo cual no solo desnaturaliza su propósito, sino que además
compromete la estabilidad del sistema jurídico.
El Hospital María Auxiliadora (índice 14 de Samai) indicó que en la presente acción de
tutela no se encuentra acreditada una actuación arbitraria, caprichosa o manifiestamente
contraria al ordenamiento jurídico por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
que permita predicar la vulneración de los derechos fundamentales alegados, pues el
fallo se fundamentó en la adecuada valoración probatoria de los turnos, horarios,
disponibilidad, actividades desarrolladas, mecanismos de coordinación, supervisión y
utilización de infraestructura que llevaron a concluir que no se demostraba la
subordinación.
Adicionalmente, aseguró que el proceso no. 25269-33-33 003-2022-00188-01 no puede
usarse de referencia en tanto corresponde a un proceso distinto relacionado con otro
periodo, sumado al hecho de que la sentencia objeto de estudio fue proferida el 17 de
marzo de 2026, esto es, antes de que se hubiese expedido la sentencia dentro del
proceso 2022-00188-01, la cual data del 29 de abril de 2026, de modo que no puede
existir un desconocimiento del precedente sobre una decisión que no existía para esa
época.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05951-00
Actor (a): Andrea Carolina Niño Villamizar
Acción de tutela
Las demás autoridades accionadas, a pesar de haber sido notificadas, no presentaron
escrito de contestación.
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección F
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de que se
protejan los derechos constitucionales fundamentales antes mencionados,
presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia del 17 de marzo de 2026.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala negará las pretensiones,
por las siguientes razones:
2.1 Análisis de los requisitos generales de procedencia
Para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de procedibilidad, por
cuanto: i) se agotaron todos los medios de defensa judiciales disponibles al alcance de
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05951-00
Actor (a): Andrea Carolina Niño Villamizar
Acción de tutela
la parte afectada, sin que sea procedente algún otro; ii) se cumplió con el requisito de la
inmediatez2; iii) no se atacó una sentencia de tutela y, iv) la parte actora identificó de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que
estimó transgredidos.
Asimismo, para la Sala v) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional,
en tanto se alegó la supuesta vulneración de derechos constitucionales fundamentales
con ocasión de la providencia que revocó la decisión de primer grado que había accedido
parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró la existencia de una relación
laboral entre el 1 de enero al 31 de julio de 2021, la cual, como fue favorable a sus
intereses, la demandante no tuvo la oportunidad de cuestionar con los argumentos que
ahora plantea, que recaen sobre la sentencia de segunda instancia y que cuestionan la
decisión de la accionada de arribar a una conclusión distinta a la que sobre el mismo
contrato pero con otros extremos temporales se llegó en otra sentencia; tampoco se
evidencia que se persiga un fin eminentemente económico ni que se busque emplear la
acción como una instancia adicional al proceso ordinario, sino que la controversia tiene
importantes implicaciones respecto de los derechos fundamentales.
2.2 Caracterización del defecto fáctico
El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas
que tiene una incidencia directa en la decisión, al respecto, la Corte Constitucional
reconoce que tiene dos dimensiones: una dimensión negativa y una positiva 3.
La dimensión negativa se produce por omisiones del juez: i) ignorar o no valorar,
injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace del proceso, ii)
decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión o iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que
el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo.
Por su parte, la dimensión positiva tiene lugar cuando el juez efectúa una valoración por
completo equivocada o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello, ya sea:
iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan
2 La providencia se notificó el 14 de abril de 2026 y la tutela se presentó el 29 de julio de 2026, esto es,
en el término de los seis meses.
3 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-041 del 16 de febrero de 2018, exp. T-6312452, MP Gloria Stella
Ortiz Delgado.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05951-00
Actor (a): Andrea Carolina Niño Villamizar
Acción de tutela
determinantes en el sentido de la decisión o v) por decidir con medios de prueba que, por
disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia.
2.3 Análisis del defecto fáctico en el caso concreto
1) En el presente caso se invocó como causales específicas de procedibilidad contra
providencias judiciales un defecto fáctico en el que se sostuvo que la autoridad judicial
accionada realizó una valoración probatoria irrazonable, al restar eficacia demostrativa a
las cuentas de cobro e informes incorporados al proceso, elementos que, apreciados en
conjunto, acreditaban la existencia de subordinación real y continuada,
2) Se otorgó especial relevancia a que la actora debía informar disponibilidad para
cuadrar los turnos, la ausencia de llamados de atención y la falta de aporte del manual
de funciones y competencias laborales, por lo que la conclusión adoptada en la sentencia
cuestionada desconoció el alcance probatorio de dichos medios de convicción.
3) No obstante, la Sala considera que no le asiste razón a la parte demandante en
cuanto a dicho planteamiento, en tanto no se advierte la configuración de una omisión
probatoria determinante ni de una valoración abiertamente irrazonable, en razón a que
de la providencia cuestionada se desprende con claridad que el tribunal efectuó una
apreciación conjunta de las pruebas allegadas, en la medida en que valoró los elementos
documentales, los testimoniales y el interrogatorio de parte conforme con las reglas de la
sana crítica y explicó el mérito que otorgó a cada uno de ellos para sustentar su
conclusión.
4) En esos términos, se tiene que la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en sentencia de 17 de marzo de 2026, con el fin de
determinar si se encontraba probada la subordinación de la actora, valoró los siguientes
medios de prueba:
“Conforme lo argüido, la Sala de decisión entrará a analizar si en el presente
asunto se encuentran demostrados los elementos de la relación laboral y que
han sido desarrollados por la jurisprudencia, los cuales corresponden a:
prestación personal del servicio, remuneración y subordinación.
Adicional a ello, es necesario determinar que el vínculo no se haya desarrollado
sobre una simple y concreta necesidad de coordinación del servicio, pues es
imperativo que la labor sea inherente a la entidad y que la actividad realizada
se asimile a las demás que realizan los empleados de planta.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05951-00
Actor (a): Andrea Carolina Niño Villamizar
Acción de tutela
Obran en el expediente, certificación expedida por la Subgerencia del Hospital
y copias de los contratos de prestación de servicios suscritos entre la señora
Andrea Carolina Niño Villamizar y el Hospital, los cuales dan cuenta que entre
las partes se suscribieron contratos con las siguientes características:
(…).
Ahora bien, respecto al elemento de subordinación y dependencia de la
demandante, esta Colegiatura procede a analizar el acervo probatorio allegado
al plenario, con el propósito de determinar si es posible establecer la
configuración de este elemento en el marco del vínculo que existió entre las
partes por el específico periodo determinado en la demanda, así como si en el
asunto se configuró una limitada apreciación de la prueba documental y
testimonial en el marco de la valoración probatoria.
De conformidad con el Acuerdo Municipal 021 de 2003 del Concejo Municipal
de Mosquera (Cundinamarca), mediante el cual el Centro de Salud Policlínico
de Mosquera fue transformado en la Empresa Social del Estado María
Auxiliadora, se establece que el objeto de la institución hospitalaria consiste en
la prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio público a cargo
del Estado. En desarrollo de dicho objeto, la entidad debe adelantar acciones
de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud.
De conformidad con lo establecido en Acuerdo núm. 06 del 21 de julio de 2020,
del Concejo Municipal de Mosquera (Cundinamarca), a través del cual se
determinó el incremento a la escala salarial de los empleos de la planta de
personal del Hospital, se logra establecer que esa institución hospitalaria cuenta
con los siguientes empleos:
(…).
Ahora bien, de la verificación de los contratos allegados al expediente, se
advierte que dentro de la justificación que soporta la contratación la Gerencia
del Hospital indicó lo siguiente:
(…).
Dentro de los contratos de prestación de servicios se consignaron como
obligaciones específicas de la accionante como Médica General, las siguientes:
(…).
Adicionalmente se evidencia el registro de otras obligaciones contractuales
generales y de aseguramiento de la calidad y humanización de la atención, que
consistían en:
(…).
Es pertinente indicar que fueron aportados algunos reportes anexos a los
informes de gestión, en los cuales se dejó constancia de los momentos en los
cuales la accionante cumplió con sus obligaciones contractuales, veamos:
(…).
Finalmente, se tiene que mediante informe escrito rendido bajo la gravedad del
juramente por la Gerencia del Hospital se absolvieron los siguientes
interrogantes conforme al decreto probatorio efectuado por el a quo en la
audiencia inicial; los interrogantes y respuestas se reportan por la Sala en los
siguientes términos:
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05951-00
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(…).
De otro lado es menester resaltar que en la audiencia de pruebas celebrada los
días 4 y 5 de agosto y 8 de septiembre de 2025, se practicaron los medios
probatorios decretados, dentro de los cuales se encuentran los testimonios de
los señores Francisco José Avellaneda Nivia, Gloria Yaneth Gómez Valencia,
Angie Viviana Castillo Sánchez y el interrogatorio de parte a la demandante; de
las declaraciones vertidas en las diligencias se logran extraer como elementos
relevantes del vínculo desarrollado entre las partes las siguientes: (…)”.
5) De conformidad con las pruebas mencionadas y allegadas al proceso, en especial
los informes, la modalidad de prestación personal y el interrogatorio de parte, la autoridad
judicial demandada estimó que, si bien se encontraban demostrados unos elementos de
la relación laboral correspondientes a la prestación personal del servicio y la
remuneración, lo cierto es que en este caso no había certeza de la subordinación, sino
que se trataba de un esquema contractual de turnos ajustado a la propuesta de servicios
presentada, así:
“i. La contratación se generó por ausencia de personal de planta y el
ejercicio de actividades misionales no implica, por sí mismo, la utilización
inadecuada de la figura contractual
A partir del análisis de la justificación contractual y el interrogatorio que le fuera
practicado a la demandante esta colegiatura advierte que su contratación se
generó por virtud de la ausencia de personal de planta que pudiera cumplir
con las actividades relacionadas con el proceso asistencial a cargo de la
institución hospitalaria.
Es pertinente destacar, que si bien las pruebas arrojan la existencia de 4
profesionales médicos (de los cuales 2 de estos, cumplen con su servicio social
obligatorio), los restantes tienen a su cargo actividades relacionadas con
procesos de orden administrativo al interior del Hospital tal y como fue afirmado
por la Supervisora del contrato la Enfermera Angy Viviana Castillo Sánchez.
Del contenido del Acuerdo municipal se logra establecer que la planta de
personal del Hospital, para el momento de los hechos se integraba apenas por
13 servidores públicos, dentro de los cuales solo 2 reportan la denominación del
cargo como Médico General.
De acuerdo con la exposición de la testigo Angy Viviana Castillo Sánchez las
responsabilidades a cargo de estos profesionales se relaciona más
exactamente con funciones de naturaleza administrativa, toda vez que para la
gestión de procesos asistenciales no se contaba con personal de planta.
Estas circunstancias permiten inferir que el Hospital acudió a la figura
contractual de prestación de servicios con personas naturales en los
términos del numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 que autoriza
este tipo de contratación.
(…).
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Actor (a): Andrea Carolina Niño Villamizar
Acción de tutela
ii. La contratación se generó para la atención asistencial por número de
horas
Destaca la Sala que el proceso de vinculación de la accionante conforme al
interrogatorio que le fue practicado y el testimonio de la Supervisora, se generó
a partir de la manifestación en torno a la disponibilidad en la cual se
desarrollaría la prestación de los servicios conforme al parámetro de
horas, lo cual quedó plenamente consignado en la cláusula octava de los
contratos suscritos entre las partes, en los cuales se verifica la determinación
de un monto a pagar conforme a las horas ejecutadas dentro de las cuales se
disgregan los valores diferenciales conforme a los procesos de atención
adelantados por la profesional de la salud para las áreas de consulta externa,
urgencias y un valor diferencial por la atención en días de descanso.
La materialización de dicha gestión horaria se evidencia en las
documentales que registran algunos días de asistencia, las cuales
muestran que no existía una jornada diaria de trabajo, sino un esquema
de turnos ajustado a la propuesta de servicios presentada por la
contratista con el parámetro indicado. La ejecución de las actividades varió
durante todo el periodo contractual, circunstancia reflejada en que la liquidación
correspondiente a los meses de enero a julio de 2021 – la cual reposa en el
informe rendido por la representante legal del Hospital – que presenta valores
disímiles en los meses de ejecución contractual, lo que permite inferir que el
cumplimiento del objeto atendió estrictamente lo pactado, tal y como lo
manifestó la accionante en el interrogatorio de parte.
En consecuencia, no existe prueba suficiente que permita afirmar que la
actora prestó el servicio de forma permanente y continua.” (archivo
disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI – negrillas de la
Sala).
6) Asimismo, en cuanto al argumento según el cual la actora debía informar
disponibilidad horaria para cuadrar los turnos, la ausencia de llamados de atención y la
falta de aporte del manual de funciones y competencias laborales, el tribunal manifestó
que se trataba de un contrato para la atención asistencial por número de horas
desarrollado por el tiempo estrictamente necesario, sin que se desvirtuara la coordinación
propia del contrato de prestación de servicios o mucho menos que la actora demostrara
la similitud de sus funciones con el personal de planta, de la siguiente manera:
“iii. Ausencia de parámetro de identificación de similitud o paridad con
personal de planta
Conforme a la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, para declarar una
relación laboral encubierta es indispensable acreditar la existencia de un cargo
de planta equivalente al desempeñado por el contratista, a fin de evaluar si la
entidad utilizó la figura contractual para sustituir funciones propias y
permanentes asignadas a servidores públicos.
En el plenario se advierte una omisión en torno a la carga probatoria que
le asistía a la parte demandante, de conformidad con lo establecido en el
artículo 167 del Código General del Proceso, en la medida que no allegó el
manual de funciones y competencias laborales que permitiera realizar el
ejercicio de contraste de las funciones asignadas a los médicos de planta,
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Actor (a): Andrea Carolina Niño Villamizar
Acción de tutela
respecto de la profesional vinculada a través del contrato de prestación
de servicios.
(…).
iv. Inexistencia de medios probatorios que permitan demostrar
subordinación
En el proceso se recibieron los testimonios del doctor Francisco José
Avellaneda Nivia y de la enfermera jefe Angy Viviana Castillo Sánchez, quienes
describieron actividades asistenciales desarrolladas por la demandante, tales
como atención en urgencias, rondas de hospitalización, apoyo en sala de partos
y traslados de pacientes.
No obstante, la sola ejecución de tales actividades no equivale a
subordinación, pues ello corresponde a lo pactado en el contrato y es
compatible con la autonomía del profesional de la salud.
(…).
La demandante en el interrogatorio manifestó que el Coordinador Médico asistía
ocasionalmente a la institución, principalmente a reuniones administrativas, y
que algunas orientaciones se impartían por medios electrónicos. La supervisora
del contrato tampoco relató hechos que evidenciaran el ejercicio de un poder
subordinante, toda vez que su actuar se limitó a la recepción de informes y
suscripción de actas, lo cual es propio del control contractual.
Estos elementos permiten concluir que la relación estuvo marcada por la
coordinación propia del contrato de prestación de servicios, y no por
subordinación laboral, entendida como dirección continua, poder
disciplinario e integración jerárquica.
v. El contrato se desarrolló por el tiempo estrictamente indispensable en
los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993
Finalmente, se observa que la contratación se ejecutó por un término de
siete (7) meses, periodo que en criterio de esta Sala de Decisión
corresponde a la definición jurídica prevista por el numeral 3º del artículo
32 de la Ley 80 de 1993, en el entendido que la vinculación se generó por
el lapso estrictamente indispensable para la satisfacción de la necesidad
institucional identificada.
No existe duda para la Sala respecto al hecho de que el llamado de la Gerencia
a la contratista se realizó para la satisfacción de la necesidad identificada en
concreto, dada la ausencia de personal de planta para ese específico periodo,
lo cual reafirma que la naturaleza del vínculo fue estrictamente temporal.
El análisis previamente esbozado permite concluir a la Sala que las obligaciones
pactadas en los contratos de prestación de servicios encuentran delimitadas
dentro de la norma en comento, sin que por ello se desnaturalizaran sus
características, puesto que la doctora Andrea Carolina Niño Villamizar fue
contratada por parte del Hospital para el ejercicio autónomo pero coordinado en
las actividades de apoyo al proceso asistencial en los servicios de
hospitalización y urgencias, hecho que denota la especialidad en el objeto
contratado.
Tampoco se acreditó que los contratos se utilizaran de manera sucesiva
o ininterrumpida para cubrir una necesidad estructural y permanente del
servicio, lo cual impide predicar continuidad o solución de continuidad
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Actor (a): Andrea Carolina Niño Villamizar
Acción de tutela
artificiosa. En este punto incluso se advierte una superposición de los plazos
pactados entre los contratos, específicamente para el mes de junio de 2021
donde coexistieron las dos vinculaciones contractuales objeto de valoración.”
(archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI – negrillas
de la Sala).
7) Así las cosas, una vez examinado lo anterior, esta Sala encuentra que la
autoridad judicial demandada concluyó, con base en el material probatorio, que no se
demostró el elemento de la subordinación, pues sus funciones, el horario y el tiempo
pactados evidenciaban una coordinación propia de un contrato de prestación de
servicios.
8) En ese orden de ideas, contrario a lo afirmado en la demanda de tutela, el juez de
la nulidad y restablecimiento del derecho sí realizó un análisis de los medios de
convicción allegados al expediente, entre ellos los informes, las cuentas de cobro, los
testimonios y la declaración de parte, situación distinta es que, con base precisamente
en ellos, no encontró probado el elemento de la subordinación.
9) Por otro lado, frente a la existencia de otro proceso similar con radicación no.
25269-33-33-003-2022-00188-00/01 en el que se falló de forma distinta, la Sala considera
que el caso aludido en cuestión no constituye un precedente aplicable al caso en concreto
en tanto la sentencia que se aduce como desconocida es del 29 de abril de 2026, es
decir, fue proferida con posterioridad a la sentencia que aquí se cuestiona del 17 de
marzo de 2026, de modo que la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no estaba en la obligación de tener en cuenta una
providencia que no existía.
10) En esa medida, la Sala considera que la providencia proferida por la Subsección
F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no incurrió en el
defecto fáctico invocado, pues estuvo soportada en un estudio razonable y fiel de los
hechos, las pruebas documentales allegadas al proceso, así como la normativa y la
jurisprudencia aplicable al caso concreto, lo cual le permitió concluir que en el plenario
no existían suficientes elementos de juicio que brindaran certeza de la subordinación.
11) Por el contrario, la actividad intelectual que realizó el juez natural del proceso
constituye una manifestación de la autonomía e independencia judicial y, por
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05951-00
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Acción de tutela
consiguiente, las partes ni el juez constitucional pueden pretender imponer su criterio,
interpretación y lógica sobre la del juez natural.
12) En ese horizonte de comprensión, la Sala negará el amparo invocado, por las
razones hasta aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Niégase el amparo invocado, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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