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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-05963-00

Fecha
31 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-05963-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR la solicitud de amparo presentada por Centro Automotor Diesel S.A. contra la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. 19 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, sentencia del 8 de mayo de 2025, Rad. 25000- 23-37-000-2022-00019-00, M.P. Carmen Amparo Ponce Delgado. 20 Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-05963-00 Accionante: Centro Automotor Diesel S.A. Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B TERCERO. Si la presente sentencia no fuere impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-05963-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

31 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Treinta y Uno (31) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-05963-001
Accionante : Centro Automotor Diesel S.A. - CENTRODIESEL
Accionado : Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B
Vinculados : Juzgado Treinta y Nueve (39) Administrativo de Bogotá y otro2
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial / medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho / impuesto sobre las ventas en
productos derivados del petróleo, reclasificación de ingresos
Decisión : Sentencia de primera instancia

1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela

incoada por Centro Automotor Diesel S.A. - CENTRODIESEL contra la Subsección
B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y la tutela
judicial efectiva3.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por la empresa actora frente a la providencia judicial objeto de censura; luego,
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, resolverá
lo pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela

3. Centro Automotor Diesel S.A. - CENTRODIESEL, quien actúa a través de
apoderado judicial, interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y la tutela judicial
efectiva, presuntamente vulnerados por la Subsección B de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
3
También alegó el desconocimiento del principio de legalidad.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-05963-00
Accionante: Centro Automotor Diesel S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B

4. Por consiguiente, solicitó:

[…] DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 16 de abril de 2026 proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. SECCIÒN [sic] CUARTA.
SUBSECCIÒN [sic] B, que resolvió revocar la sentencia proferida el 19 de diciembre
de 2023 por el JUZGADO 3[9] ADMINISTRATIVO DE BOGOTÀ [sic].

ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. SECCIÒN
CUARTA. SUBSECCIÒN B, que, como consecuencia del amparo otorgado, dicte
sentencia de reemplazo dentro de los 20 días siguientes a la emisión de esta
sentencia, en la que efectúe el análisis y valoración de toda la prueba documental,
especialmente de la documental incorporada mediante auto de noviembre 10 de 2023
por el JUZGADO 3[9] ADMINISTRATIVO DE BOGOTÀ, diferenciando dentro de las
facturas entre las actividades de venta de aceite que no causan IVA (venta de aceite
en mostrador y venta de aceite con instalación Chevy Express) y las que no lo causan
por ser servicios (venta de aceite en mantenimiento y reparaciones).

ORDENAR que como consecuencia de la referida diferenciación, declare la nulidad
parcial de la Liquidación Oficial de Revisión No. 312412020000066 del 25 de
noviembre de 2020 y de la Resolución No. 010989 del 3 de diciembre de 2021, por la
cual se resolvió un recurso de Reconsideración, proferidas por la DIAN, y que a título
de restablecimiento del derecho se reliquide el IVA del Bimestre 1 del Año Gravable
2019 de la sociedad CENTRODIESEL, excluyendo de la base gravable las facturas
por venta de aceite y cambio de aceite Chey Express.

SE ADOPTEN todas las demás decisiones y medidas que el H. CONSEJO DE
ESTADO considere necesarias para el restablecimiento de los derechos
fundamentales del CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. - CENTRODIESEL.

Hechos4

5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la

parte accionante se puede evidenciar que, Centro Automotor Diesel S.A. se
dedica a la venta de vehículos de la marca Chevrolet, a la prestación de diversos
servicios y venta de productos, entre ellos, aceite lubricante para motor,
directamente por mostrador o dentro de los servicios de mantenimiento preventivo
y correctivo.

6. El Catorce (14) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019), la empresa presentó la

declaración del impuesto sobre las ventas (IVA) correspondiente al primer
bimestre del año gravable 2019, en la que registró en el renglón 39 (ingresos por
operaciones excluidas) la suma de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES
QUINIENTOS SIETE MIL PESOS ($538.507.000). De ese valor, la suma de
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL
PESOS ($473.065.000) correspondía a las cuentas 41350427 («trabajos excluidos
otros talleres clientes»), 41350615 («lubricantes taller excluidos clientes» ) y 41350618

4
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico en SAMAI, índice 2, archivo 1.
2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-05963-00
Accionante: Centro Automotor Diesel S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B

(«lubricantes taller excluidos garantías Colmotores»). En ese mismo renglón incluyó los
ingresos registrados en las cuentas 41350603 ( «lubricantes excluidos mostrador
clientes») y 41350622 («insumos excluidos mostrador clientes» ), que corresponden a

ventas en mostrador.

7. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) profirió requerimiento

especial núm. 312382020000005, en el que propuso modificar esa declaración.
La propuesta consistió en gravar con IVA la venta de aceites lubricantes utilizados
en el servicio de mantenimiento declarados por la sociedad como operaciones
excluidas.

8. Tras la respuesta del Centro Automotor Diesel S.A. al requerimiento especial,

el Veinticinco (25) de Noviembre de Dos Mil Veinte (2020), la DIAN profirió
liquidación oficial de revisión núm. 312412020000066, mediante la cual modificó
la declaración e impuso sanción por inexactitud. La modificación consistió en la
reclasificación de ingresos por operaciones excluidas a ingresos por operaciones
gravadas de las cuentas 41350427 («trabajos excluidos otros talleres clientes»),
41350615 («lubricantes taller excluidos clientes») y 41350618 («lubricantes taller excluidos
garantías Colmotores»). La entidad mantuvo como excluidos los ingresos registrados

en las cuentas 41350603 («lubricantes excluidos mostrador clientes») y 41350622
(«insumos excluidos mostrador clientes») por tratarse de ventas en mostrador, que no
hacen parte de un servicio prestado (caso en el cual sí aplicaría el IVA).

9. La sociedad interpuso recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de

revisión, y, el Tres (3) de Diciembre del mismo año, la Subdirección de Recursos
Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN profirió la Resolución
núm. 010989, que resolvió el recurso y confirmó la liquidación oficial de revisión.

10. Centro Automotor Diesel S.A. presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la DIAN, con el fin de
obtener la nulidad de liquidación oficial de revisión núm. 312412020000066 de
2020 y la Resolución núm. 010989 de 2021 que resolvió el recurso de
reconsideración interpuesto contra la primera. A título de restablecimiento, solicitó
el reconocimiento de la firmeza de su declaración privada y declarar que la
empresa no estaba obligada a pagar el mayor impuesto a cargo ni la sanción por
inexactitud.

3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-05963-00
Accionante: Centro Automotor Diesel S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B

11. El conocimiento correspondió, bajo el proceso con radicado núm. 11001-33-

37-039-2022-00363-00, al Juzgado Treinta y Nueve (39) Administrativo de Bogotá
que, en sentencia del Diecinueve (19) de Diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023),
accedió parcialmente a las pretensiones. La autoridad judicial declaró la nulidad
parcial de ambos actos administrativos y ordenó, a título de restablecimiento del
derecho, la reliquidación del IVA del primer bimestre del año gravable 2019,
excluyendo de la base gravable «las facturas referenciadas en el acápite 11.2.32 de la
providencia». Además, ordenó disminuir el monto de la sanción por inexactitud, de

forma proporcional.

12. Tanto Centro Automotor Diesel S.A. como la DIAN apelaron la decisión. La

parte demandante expuso que el juez analizó una muestra mínima de facturas e
ignoró otras miles que obraban en el expediente e hicieron parte del informe técnico
aportado. Además, esta última prueba fue desestimada sin justificación, pese a que
demostraba que la sociedad, en gran parte de los casos, no cobró ningún valor por
mano de obra. Expuso que, en consecuencia, el juzgado arribó a conclusiones
erradas en lo que respecta al hecho generador de IVA, en tanto, confundió
operaciones distintas (la venta de aceite y el servicio de mantenimiento), e
incongruentes, porque reconoció la no causación del IVA solo respecto de ocho (8)
facturas, pero arribó a la conclusión opuesta para todas las demás, pese a tratarse
de situaciones equivalentes. La empresa agregó que no procedía la sanción por
inexactitud, por cuanto, aplicó una interpretación razonable y no hubo falsedad u
ocultamiento.

13. Mediante sentencia del Dieciséis (16) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), la

Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
revocó los numerales primero, segundo, tercero y cuarto de la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. El Tribunal
desmintió una premisa en la que se apoyaba la sociedad «consistente en asumir que,
en escenarios de fiscalización tributaria, resulta jurídicamente exigible el análisis individual de la
totalidad de los documentos que soportan las operaciones del contribuyente, aun cuando se trate
de universos documentales masivos». Consideró entonces admisible la verificación por

muestra representativa, al señalar que resulta «razonable y justado [sic] a los principios
de eficacia administrativa y economía procesal acudir a técnicas de verificación basadas en
muestras representativas» , y atribuyó a la demandante la carga de acreditar que las

facturas no examinadas contenían «elementos diferenciadores capaces de modificar el
juicio efectuado por la Administración» .
4

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-05963-00
Accionante: Centro Automotor Diesel S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B

14. Concluyó que «al encontrarse comprobado que, en la prestación de servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo de automotores, los lubricantes se utilizaron como insumos
esenciales, es de concluir que el hecho generador del impuesto sobre las ventas del 1er. bimes tre
del año 2019 correspondió a la prestación de un servicio de mantenimiento cuya base gravable
está conformada por el valor total del mismo» . Precisó, además, que la Administración
«no le exigió al contribuyente que cobre IVA sobre la venta de aceite, lo que glosó fue la base
gravable por la prestación de los servicios de reparación y mantenimiento por excluir el valor del
aceite».

15. En su tutela, Centro Automotor Diesel S.A. alegó, primero, la configuración de

los defectos orgánico y de violación directa de la Constitución, por desconocimiento
de los artículos 121, 150 y 338 superiores. Sostuvo que el aceite tiene un régimen
especial de responsabilidad regulado en el artículo 444 del Estatuto Tributario y
que la sociedad no es productora, importadora o vinculada económica de los
productores o importadores, ni distribuidora mayorista o comercializadora industrial
de productos derivados del petróleo. Bajo esa premisa afirmó que «cuando el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ex[tendió] a la venta con cambio de aceite y las actividades Chevy
Express el cobro del IVA que solo corresponde a los servicios de mantenimiento y las reparaciones
mayores», incurrió en defecto orgánico, pues, el Congreso es la única autoridad

competente para la creación de impuestos a nivel nacional.

16. En segundo término, alegó la existencia de un defecto sustantivo por la
aplicación inadecuada del artículo 1.3.1.2.1 del Decreto 1625 de 2016. Adujo que
la definición de servicio para efectos del impuesto exige cuatro elementos, y que
el cuarto (la contraprestación en dinero o en especie que constituye la base
gravable) no concurre en la venta de aceite en mostrador ni en el cambio de aceite
con instalación gratuita Chevy Express. Señaló que la DIAN y el Tribunal «funden
todo bajo la noción de “servicio”» sin diferenciar entre las operaciones que causan el

impuesto (como cambio de aceite con mantenimiento y reparaciones) y las que
no (como ocurriría con el cambio de aceite Chevy Express).

17. En tercer lugar, invocó el defecto fáctico, en sus dos modalidades. La primera,

por no valorar el dictamen técnico incorporado al expediente mediante auto del
Diez (10) de Noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023), y sus anexos, entre ellos la
memoria USB con el detalle de las facturas que soportaban los cuadros de ventas
de lubricantes, el cuadro de resumen del total de ventas de lubricantes en el taller
por bimestres y categorías, y el certificado del revisor fiscal de la empresa. La
5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-05963-00
Accionante: Centro Automotor Diesel S.A.
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segunda, por no diferenciar, en su actividad probatoria, entre las actividades que
a su juicio no causan IVA (la venta de aceite en mostrador y el servicio Chevy
Express) y las que sí lo causan por constituir servicios (tales como el
mantenimiento correctivo con mecánica especializada y las reparaciones
mayores). Sobre este punto afirmó que el Tribunal se limitó «a avalar la valoración de
las “muestras significativas” de las facturas que había efectuado la DIAN para emitir sus actos
administrativos, sin considerar analíticamente la prueba documental» .

II. TRÁMITE PROCESAL

18. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del Tres

(3) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)5, admitió la presente acción de tutela.
En dicha decisión (i) ordenó notificar a la autoridad judicial accionada; y (ii) dispuso
vincular al Juzgado Treinta y Nueve (39) Administrativo de Bogotá y a la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, en los términos del artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991.

2.1. Contestaciones de la acción

19. 2.1.1. El Juzgado Treinta y Nueve (39) Administrativo de Bogotá 6, tras hacer

un recuento de las actuaciones procesales que precedieron la providencia
censurada, compartió copia digital del expediente y solicitó declarar la
improcedencia de la acción, por cuanto, no ha «incurrido en una vía de hecho en sus
decisiones, pues […] se limitó a adelantar la acción de Nulidad y restablecimiento del derecho dentro
de los parámetros legales y constitucionales establecidos».

20. 2.1.2. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN7 se opuso a

la solicitud de dejar sin efectos la providencia del Dieciséis (16) de Abril de Dos Mil
Veintiséis (2026). En su concepto, la tutela resulta improcedente porque «pretende
reabrir una controversia jurídica y probatoria que fue examinada y decidida por la jurisdicción
competente», cuando la decisión censurada «contiene una valoración razonada de las
pruebas obrantes en el expediente y una interpretación jurídicamente admisible de las disposiciones
tributarias que regulan el hecho generador y la base gravable del IVA, particularmente el artículo
447 del Estatuto Tributario y el artículo 1.3.1.2.1 del Decreto 1625 de 2016».

21. Frente a los defectos alegados por la accionante, adujo que, el Tribunal no omitió

valorar el dictamen técnico, el cual fue incorporado como prueba documental por

5
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 5.
6
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 12.
7
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 13.
6

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decisión del Juzgado Treinta y Nueve (39) Administrativo de Bogotá, que la
sentencia se ocupó de determinar su naturaleza, alcance y aptitud probatoria, y que
su contenido fue empleado para caracterizar las modalidades de operación
desarrolladas por la sociedad, esto es, la venta de aceite en mostrador, el
mantenimiento preventivo Chevy Express, el mantenimiento correctivo con
mecánica especializada y las reparaciones mayores. Agregó que la verificación por
muestra representativa no constituye una omisión probatoria, en tanto las facturas
examinadas correspondían a una misma dinámica negocial y la demandante no
acreditó que las operaciones no analizadas tuvieran características
sustancialmente distintas.

22. En cuanto al defecto orgánico y a la violación directa de la Constitución, señaló

que parten de una premisa equivocada, pues el problema jurídico formulado por el
Tribunal consistió en establecer si la venta de aceite con instalación, efectuada en
el marco de servicios de mantenimiento o reparación de vehículos, constituía un
servicio gravado cuya base incluía el valor del lubricante. Precisó que las muestras
utilizadas correspondieron a las cuentas contables en las que la Administración
advirtió la existencia de un servicio adicional a la mera venta, y que fueron
descartadas aquellas que reflejaban ventas simples de mostrador. Con fundamento
en ello, sostuvo que ni la DIAN ni el Tribunal crearon un tributo, un hecho generador
o una categoría de responsable del IVA, y, en todo caso, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca era el competente para resolver los recursos de apelación.

23. Finalmente, descartó la existencia de un defecto sustantivo porque empleó las

disposiciones que regulan el hecho generador y la base gravable del impuesto, para
concluir que, cuando el aceite se incorpora materialmente a una operación de
mantenimiento o reparación, su valor integra la remuneración del servicio, con
independencia de la denominación que el contribuyente asigne a cada
componente. Afirmó que la inconformidad sobre el sentido atribuido a esas normas
configura un mero desacuerdo interpretativo.

24. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca guardó silencio pese a que fue

debidamente notificado8 del presente asunto.

8
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 8.
7

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

25. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2. La acción

26. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política

y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que, no se disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3. Problema jurídico

27. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar si

el fallo del Dieciséis (16) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), mediante el cual, la
Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
revocó la sentencia de primera instancia para, en su lugar, negar las pretensiones
de la demanda presentada por Centro Automotor Diesel S.A., adolece de los
defectos orgánico, sustantivo, fáctico y de violación directa de la Constitución y, por
consiguiente, es violatorio de los derechos fundamentales al debido proceso y a la
tutela judicial efectiva de la accionante.

3.4. La acción de tutela contra providencias judiciales

28. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 9 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado10, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este

9
Sentencia C-590 de 2005.
10
Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
8

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-05963-00
Accionante: Centro Automotor Diesel S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B

contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

29. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

30. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar

9

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-05963-00
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la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

31. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta valoración
parcial de las pruebas documentales allegadas al proceso y la indebida aplicación
de las normas que definen el hecho generador del IVA, que habrían derivado en la
creación de un nuevo tributo sin que la autoridad judicial tuviera competencia para
ello; lo cual, de comprobarse, vulneraría los derechos fundamentales de la parte
actora; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno, pues
se trata de una sentencia de segunda instancia que se encuentra ejecutoriada; (iii)
se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, en la medida en
que, la providencia atacada quedó ejecutoriada el Veintiocho (28) de Abril de Dos
Mil Veintiséis (2026)11 y la solicitud de amparo se radicó ese mismo día; y (v) el
fallo acusado no obedece a uno de tutela.

32. En razón a que, se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el

fondo del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto fáctico y
sustantivo. Se descarta el estudio del defecto orgánico alegado, en tanto, la
accionante plantea que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca invadió la
competencia exclusiva del Congreso para la creación de impuestos a nivel nacional
(prevista en el numeral 12 del artículo 150 de la Constitución), pero ello no
corresponde a la causal especial de procedibilidad invocada.

33. Al respecto, cabe precisar que, el defecto orgánico se configura «cuando una

persona o un asunto objeto de litigio es juzgado por quien carece de los elementos de competencia
fijados previamente por la ley»12. Es decir, que esa causal busca controvertir la
inobservancia de la competencia en un proceso judicial, en tanto el conocimiento

11
Visible en el expediente electrónico del proceso 11001-33-37-039-2022-00363-01 en SAMAI, índice 18, según el cual se
notificó electrónicamente el 21 de abril de 2026, por lo que, conforme al artículo 203 del CPACA, la misma se entendió surtida
a los dos (2) días hábiles siguientes, esto es, el 23 de abril de 2026.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda Amaris. Reiterada en sentencia SU-041 de
2018.
10

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-05963-00
Accionante: Centro Automotor Diesel S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B

de un asunto por un juez distinto al natural, afecta el debido proceso. Así, tal
defecto puede configurarse cuando la autoridad judicial se extralimita
manifiestamente del ámbito de sus competencias constitucionales y legales,
desconociendo los márgenes decisionales de otros funcionarios judiciales; o
cuando el juez ejerce sus atribuciones y funciones por fuera del término previsto
para ello. En el caso examinado, la actora no controvirtió que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca fuera el competente para conocer de la apelación
del fallo del Juzgado Treinta y Nueve (39) Administrativo de Bogotá, por lo que no
está alegando realmente este defecto.

34. Por lo tanto, la alegada invasión, por el Tribunal, de las funciones del legislador

en materia tributaria no constituye un defecto orgánico, sino que ese cargo se
refiere a un presunto error sustantivo, esto es, a la incorrecta aplicación e
interpretación, en este caso, de las normas tributarias. De ahí que este argumento
y la supuesta violación directa de la Constitución que es planteada como una
consecuencia del defecto orgánico, deban ser estudiados bajo el yerro sustantivo
alegado por la accionante.

3.4.1. Defecto fáctico

35. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por

defecto fáctico en el evento en que, el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 13. Así mismo, este

defecto se da cuando «[…] el error en el juicio valorativo de la prueba [es] de tal entidad que
sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo [tenga] una incidencia directa en la decisión» 14.

36. Así, la Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos

aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión (negativa) ocurre en el evento
en que el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa
u omite su valoración y, sin una razón válida, da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente15. Se exige que el error

13
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
15
Corte Constitucional, sentencias T-239 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz; T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
11

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en la valoración probatoria sea ostensible, flagrante y manifiesto, es decir, que
tenga la capacidad de impactar de manera definitiva la decisión de fondo y, por lo
tanto, que afecte directamente los derechos del accionante.

37. Sobre el particular, la accionante argumenta que, se configuró el defecto fáctico,

en sus dos modalidades. La primera, por no valorar el dictamen técnico
incorporado al expediente mediante auto del Diez (10) de Noviembre de Dos Mil
Veintitrés (2023), y sus anexos, entre ellos la memoria USB con el detalle de las
facturas que soportaban los cuadros de ventas de lubricantes, el cuadro de
resumen del total de ventas de lubricantes en el taller por bimestres y categorías,
y el certificado del revisor fiscal de la empresa. La segunda, por no diferenciar, en
su actividad probatoria, entre las actividades que, a su juicio, no causan IVA (la
venta de aceite en mostrador y el servicio Chevy Express) y las que sí lo hacen
por constituir servicios (tales como el mantenimiento correctivo con mecánica
especializada y las reparaciones mayores). Sobre este punto, afirmó que el
Tribunal se limitó «a avalar la valoración de las “muestras significativas” de las facturas que
había efectuado la DIAN para emitir sus actos administrativos, sin considerar analíticamente la
prueba documental» .

3.4.2. Defecto sustantivo

38. El artículo 230 de la Constitución Política prevé que, los jueces se encuentran

sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las autoridades
judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que regulan
la materia, como expresión del principio de legalidad.

39. La jurisprudencia constitucional16 ha estimado que, la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo que:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro
en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé
lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta

16
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
12

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trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de
los derechos constitucionales17.

40. En el caso sub examine, la accionante alegó la existencia de un defecto
sustantivo por la aplicación inadecuada del artículo 1.3.1.2.1 del Decreto 1625 de
2016. Adujo que la definición de «servicio» para efectos del IVA exige cuatro
elementos, y que el cuarto (la contraprestación en dinero o en especie que
constituye la base gravable) no concurre en la venta de aceite en mostrador ni en
el cambio de aceite con instalación gratuita Chevy Express. Señaló que la DIAN
y el Tribunal «funden todo bajo la noción de “servicio”» sin diferenciar entre las
operaciones que causan el impuesto (como cambio de aceite con mantenimiento
y reparaciones) y las que no (como ocurriría con el cambio de aceite Chevy
Express).

3.5. Caso concreto

41. Teniendo en cuenta los anteriores cargos planteados por la accionante y revisada

la sentencia censurada, la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca realizó el siguiente análisis:

Advierte la Sala que, en el curso de la audiencia inicial, el Juzgado Treinta y Nueve (39)
Administrativo del Circuito de Bogotá negó el decreto del dictamen pericial aportado por la
parte demandante y, en su lugar, dispuso su incorporación como prueba documental. Contra
dicha decisión, la parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación,
el cual fue resuelto desfavorablemente en sede de reposición y concedido en el efecto
devolutivo para el trámite del recurso de apelación.

[…] se tiene que la parte actora allegó con la demanda un informe suscrito por un contador
público, el cual, en sede de reforma, fue presentado como dictamen pericial. Dicho
documento contiene un cuestionario orientado, entre otros aspectos, a establecer precios
de venta de lubricantes, comparaciones entre servicios prestados, tratamientos contables y
apreciaciones sobre el manejo del impuesto sobre las ventas (IVA) en las operaciones
desarrolladas por la demandante.

El juzgado negó su decreto como prueba pericial al considerar que su contenido no
correspondía a un verdadero análisis técnico especializado, sino que, en buena medida,
estaba dirigido a sustentar una determinada interpretación jurídica sobre la sujeción al IVA
de las operaciones discutidas en el proceso, razón por la cual dispuso su incorporación
como prueba documental.

Esta Sala de Decisión comparte dicha conclusión, por las siguientes razones:

El dictamen pericial, como medio de prueba, tiene por finalidad ilustrar al juez en materias
que requieren conocimientos científicos, técnicos o especializados, ajenos al saber jurídico,
de modo que contribuya a esclarecer hechos relevantes para la decisión del litigio. En ese
sentido, no resulta procedente cuando su objeto consiste en emitir juicios de valor sobre la
interpretación o aplicación del derecho, función que corresponde de manera exclusiva al
juez.

En el caso concreto, si bien el documento aportado contiene referencias a registros
contables, facturación y operaciones comerciales de la demandante, lo cierto es que el

17
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
13

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cuestionario que lo estructura se orienta, de manera predominante, a obtener conclusiones
sobre el tratamiento del IVA en la venta de lubricantes y en los servicios de mantenimiento,
así como a sustentar la tesis de la parte actora en torno a la inexistencia del hecho generador
o a la forma en que debe entenderse gravada la operación.

Así, el supuesto dictamen no se limita a exponer información técnica o a realizar
verificaciones contables, sino que trasciende hacia la construcción de una postura jurídica
sobre el problema litigioso, lo cual desborda el ámbito propio de la prueba pericial.

Adicionalmente, tampoco se advierte la necesidad de acudir a un dictamen pericial para
establecer los hechos relevantes del proceso, en tanto la controversia planteada —según
quedó fijado en la audiencia inicial— gira en torno a la interpretación de las normas que
regulan el impuesto sobre las ventas aplicable a los aceites lubricantes en el marco de
servicios de mantenimiento, así como a la configuración del hecho generador y la
procedencia de la sanción por inexactitud, aspectos que son eminentemente jurídicos.

Añadido a lo anterior, no se evidencia controversia relevante respecto de la veracidad o
integridad de la contabilidad de la demandante que hiciera indispensable la intervención de
un experto para su esclarecimiento, máxime cuando la propia administración tributaria se
apoyó en dichos registros para la expedición de los actos acusados.

[…] 6.3.2 Impuesto sobre las ventas en la prestación de servicios.

El artículo 1º del Decreto 1372 de 1992, define el concepto de “servicio” para efectos del
Impuesto sobre las ventas […].

De la norma en cita se extraen los siguientes requisitos para la configuración de la prestación
de un servicio con implicaciones en el impuesto sobre las ventas:

i. El desarrollo de una actividad, labor o trabajo prestado por una persona natural o
jurídica sin que medie relación laboral alguna con quien demande la ejecución,
materializada mediante una obligación de hacer.
ii. La contraprestación en dinero o en especie sin consideración de la forma de
remuneración o la denominación que a ella se le otorgue.

[…] El artículo 1.3.1.7.6 del Decreto 1625 de 2016 en relación con la base gravable en los
servicios dispone que salvo las normas especiales consagradas en el Estatuto Tributario
para algunos servicios y conforme con lo señalado en el artículo 447 del mismo Estatuto, la
base gravable en la prestación de servicios será en cada operación el valor total de la
remuneración que perciba el responsable por el servicio prestado, independientemente de
su denominación.

A su turno, el artículo 447 del Estatuto Tributario determina como regla general que la base
gravable será el valor total de la operación […].

El artículo 448 del Estatuto tributario presenta como factores adicionales que integran la
Base Gravable los siguientes:

«ARTICULO 448. OTROS FACTORES INTEGRANTES DE LA BASE GRAVABLE.

Además, integran la base gravable, los gastos realizados por cuenta o a nombre del
adquirente o usuario, y el valor de los bienes proporcionados con motivo de la
prestación de servicios gravados, aunque la venta independiente de éstos no
cause impuestos o se encuentre exenta de su pago […]». (Resalta la Sala)

Es del caso traer a colación la interpretación que respecto del artículo 477 del Estatuto
Tributario ha efectuado el Consejo de Estado-Sección Cuarta:

«El artículo 447 del ET establece la base gravable para determinar el impuesto
sobre las ventas a cuyo efecto indica que, por regla general, está integrada
por el valor total de la operación, la cual incluye, entre otros, los gastos
directos de financiación, accesorios, acarreos, instalaciones, seguros,
comisiones, garantías y demás erogaciones complementarias, aunque se
facturen o convengan por separado y que considerados independientemente, no se

14

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encuentren sometidos a imposición.»

[...] De manera que la base gravable del impuesto sobre las ventas en la venta y prestación
de servicios está determinada por todos los factores que integran la operación, así estos
individualmente considerados no causen el impuesto.

6.4. Análisis de la Sala

Descendiendo al caso en concreto, […] • En el expediente se encuentran probadas el tipo
de actividades que realiza la sociedad contribuyente, las cuales se contraen en la venta de
aceite en mostrador, el mantenimiento preventivo, el correctivo y las reparaciones mayores
de vehículos automotores, siendo ello coherente con lo informado en documento elaborado
por el contador Juan Pablo Murcia Fajardo en donde el profesional describió lo siguiente:
[…]
• Venta de lubricantes en el taller: De la misma manera, vale la pena resaltar que el
taller está dividido en dos secciones: Una es propiamente la sección de taller, y la
segunda, más pequeña en espacio, corresponde a CHEVYEXPRESS, producto
que, como se puede apreciar en el material publicitario señalado en el literal (g) de
la información anexa al dictamen, corresponde a la venta de aceite, filtros y grasa
que la compañía realiza a sus clientes incluye cambiar directamente el aceite, el
filtro e inyectar la grasa respectiva a los repuestos necesarios. Este es un producto
especializado y único que ofrece la compañía […] Centro Diesel, pensado para
servir a la comunidad transportadora del país. Por este servicio, se factura y se
cobra únicamente el valor del aceite, del filtro y de la grasa, pero no se cobra ningún
valor de mano de obra por realizar el cambio del aceite, filtro ni la inyección de la
grasa.

[…] Claro lo anterior y, partiendo de la conclusión a la que llegó el A quo según la cual en el
caso bajo estudio se presentaron dos situaciones distintas, por cuanto en 8 facturas
encontró que la compañía solo facturó productos como aceite y filtros sin advertir el cobro
de algún servicio y, por ende, sin que fuera viable la reclasificación efectuada por la UAE
DIAN. Mientras que, en otras, advirtió que se incluyeron servicios de taller tales como mano
de obra, mantenimiento y reparación en donde el aceite resultó ser un insumo necesario
para la prestación de dichos servicios y por consiguiente resultando viable la reclasificación,
procede esta Sala de decisión a analizar en primer lugar si dicha conclusión partió de una
correcta valoración probatoria al haberse analizado solo una parte del universo de facturas
que hacían parte del bimestre bajo estudio.

Lo anterior por cuanto la parte actora sostiene en su recurso de apelación que la sentencia
de primera instancia incurrió en un defecto en la valoración probatoria, al haber limitado su
análisis a un número reducido de facturas, omitiendo el examen de la totalidad de los
soportes correspondientes a las operaciones realizadas durante el período en discusión.

De entrada, la Sala advierte que dicho cuestionamiento parte de una premisa equivocada,
consistente en asumir que, en escenarios de fiscalización tributaria, resulta jurídicamente
exigible el análisis individual de la totalidad de los documentos que soportan las operaciones
del contribuyente, aun cuando se trate de universos documentales masivos.

Se debe aclarar que, en materia tributaria, cuando la Administración se enfrenta a un
volumen significativo de información contable y documental, como ocurre en este caso,
resulta razonable y ajustado a los principios de eficacia administrativa y economía procesal
acudir a técnicas de verificación basadas en muestras representativas, siempre que estas
permitan reflejar de manera adecuada el comportamiento general de las operaciones objeto
de análisis.

[…] en el caso concreto, la Sala observa que las facturas examinadas se inscriben dentro
de una misma dinámica negocial, sin que la parte actora hubiere demostrado que las demás
operaciones no analizadas respondieran a supuestos fácticos sustancialmente distintos.

En ese orden de ideas, esta Sala debe aclarar que no basta con alegar la existencia de un
número mayor de facturas para desvirtuar las conclusiones derivadas de la muestra
analizada, sino que era carga de la demandante acreditar que dichas facturas adicionales
contenían elementos diferenciadores capaces de modificar el juicio efectuado por la
Administración y avalado parcialmente por el a quo, lo cual no ocurrió en el sub examine.

15

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Así las cosas, se concluye que el análisis probatorio efectuado no adolece de las falencias
alegadas por la recurrente, en tanto se sustentó en una muestra válida y no desvirtuada,
razón por la cual no era exigible el examen individual de la totalidad de las facturas, máxime
cuando ello resultaría desproporcionado frente a la finalidad del control fiscal y a las
condiciones propias del caso.

[…] es de aclarar que si bien en las facturas nro. FVS 226693, FVS 228023, FVS 228498,
FVS 228581, FVS 228709, FVS 228772 y FVS 228992 solo se registró “cambio de aceite y
filtros” sin una revisión mecánica o eléctrica adicional para la facturación del concepto de
“mano de obra” bajo políticas de la compañía, lo cierto es que, esta Sala no advierte que se
trate de simple venta con instalación como lo consideró el juez de primer grado, toda vez
que no se puede desconocer que dicha actividad de “cambio” tiene implícitas una serie de
labores, como son, extraer el aceite viejo, limpiar, instalar el aceite nuevo, revisar y cambiar
los filtros viejos, poner los nuevos, limpiar los del filtro de aire, inyectar grasa, entre otros,
de manera que en estos supuestos, la contraprestación en el servicio de mantenimiento de
vehículos donde la sociedad no cobra por la mano de obra, debe corresponder al valor total
que el cliente paga por el aceite sumado a cualquier otro bien suministrado durante el
servicio.

En las demás facturas resultan aún más claros los servicios de revisión y mantenimiento
que efectúa la sociedad, en donde para llevar a cabo correctamente su labor, suministra en
otros productos, el aceite que resulta ser materia de debate […].

Nótese que la actividad económica antes citada, dista de una simple venta con instalación,
pues conforme a lo probado, la mayor parte de los servicios que presta la compañía
requieren indiscutiblemente de conocimientos técnicos y experiencia para diagnosticar y
solucionar problemas específicos del vehículo, que se concretan en una obligación de hacer
y no solo en la transferencia del dominio del lubricante.

Aunque la demandante afirme que el cobro de la mano de obra se da por otras actividades
relacionadas con los mantenimientos, diferentes al cambio de aceite y, el contador que rindió
informe sostenga que no existen cuentas donde se registre la mano de obra por el cambio
del lubricante, lo cierto es que, en las facturas analizadas ello no se discrimina así, y por el
contrario debe considerarse que s[í] se realizaron otras labores de mecánica dentro de la[s]
cuales el aceite fue un insumo, por lo que debía ser considerada como una operación
integral.

Adicionalmente, se advierte que todos los servicios facturados están dirigidos a concretar
una sola operación económica que tiene como propósito principal garantizar que el vehículo
funcione correctamente y esté en buen estado, esto hace que el valor principal esté en el
trabajo realizado -obligación de hacer-, no solo en los productos utilizados tal y como lo
demuestra la descripción del flujograma de los procesos aportado por Centro Diesel, las
facturas y demás pruebas valoradas.

Para esta Sala de decisión, es claro que no pueden confundirse las ventas al mostrador en
donde la sociedad no realiza ningún servicio adicional, con las ventas en donde su personal
especializado despliega una serie de actividades para el cambio del lubricante y en general,
para el óptimo funcionamiento de los vehículos, pues tal y como se destaca de la liquidación
oficial de revisión esas ventas al mostrador reportadas por la sociedad en las cuentas
41350603 y 41350622 no fueron glosadas o cuestionadas mediante el acto oficial, pues
frente a ellas para la Administración de Impuestos no cabe duda la improcedencia del
gravamen. […].

42. Revisada la providencia censurada, la Sala encuentra que no se configura
ninguno de los defectos alegados, como pasa a exponerse. Primero, contrario a lo
afirmado por la accionante, no es cierto que se haya omitido la valoración del
dictamen pericial y sus anexos. El Tribunal se pronunció preliminarmente sobre ese
medio de prueba, en tanto, resolvió la apelación pendiente contra el auto, proferido
por el Juzgado Treinta y Nueve (39) Administrativo de Bogotá en la audiencia inicial
16

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celebrada el Diez (10) de Noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023), que negó su
decreto como dictamen y dispuso su incorporación como prueba documental.

43. El ad quem confirmó esa decisión en la sentencia censurada, tras advertir que

no vulneraba el debido proceso, en tanto la prueba no se limitaba a exponer
información técnica ni a efectuar verificaciones contables, sino que se orientaba a
sustentar una postura jurídica sobre el problema litigioso, lo que desbordaba la
función del dictamen. Además, agregó que tampoco era necesario acudir a un
dictamen pericial cuando la veracidad o integridad de la contabilidad de la
demandante no era objeto de controversia, sino que el debate se centraba en la
interpretación de las normas que regulan el IVA aplicable a los aceites lubricantes
en el marco de servicios de mantenimiento.

44. En línea con lo anterior, el Tribunal valoró el dictamen como una prueba
documental, que, junto al informe elaborado por el contador Juan Pablo Murcia
Fajardo, le permitió describir las modalidades de operación de la empresa y, con
ello, hacer una caracterización de las cuatro actividades desarrolladas: la venta de
aceite en mostrador, el mantenimiento preventivo Chevy Express, el mantenimiento
correctivo como mecánica especializada y las reparaciones mayores. A partir de
ese material estableció, entonces, que, en las facturas correspondientes a las
cuentas glosadas, se incluyeron labores de taller en las que el lubricante operó
como insumo necesario para la prestación del servicio. La discrepancia de la actora
no recae entonces sobre la ausencia de valoración del dictamen pericial, sino sobre
las conclusiones que el Tribunal extrajo de esa prueba.

45. Tampoco se configura un defecto fáctico por el hecho de que la providencia no

se haya pronunciado de forma individual sobre cada uno de los anexos del
dictamen pericial, esto es, la memoria USB que contendría el detalle de las facturas,
el cuadro resumen del total de ventas de lubricantes por bimestre y categoría, y el
certificado del revisor fiscal. El juez natural no estaba en la obligación de referirse
por separado a cada elemento incorporado al expediente, máximo cuando el
Tribunal se limitó a resolver los argumentos de la apelación, sin que la actora
hubiera expuesto en qué sentido esos anexos tenían la virtud de cambiar el análisis
hecho por el Juzgado sobre el hecho generador del IVA en el servicio de Chevy
Express. En ese sentido, no se advierte una irregularidad en el juicio valorativo que
tuviera la entidad de incidir en el sentido de la decisión.

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46. Se descarta también la configuración del defecto, en tanto, la providencia sí

diferenció entre las actividades que causan IVA y las que no. De hecho, señaló que
«no pueden confundirse las ventas al mostrador en donde la sociedad no realiza ningún servicio
adicional, con las ventas en donde su personal especializado despliega una serie de actividades
para el cambio del lubricante y en general, para el óptimo funcionamiento de los vehículos».

Precisó, además, que las muestras significativas recayeron exclusivamente sobre
las cuentas 41350427, 41350615 y 41350618, en las que la Administración advirtió
la prestación de un servicio de revisión y mantenimiento, adicional a la simple venta
de aceite, mientras que las ventas de mostrador registradas en las cuentas
41350603 y 41350622 no fueron glosadas ni cuestionadas en los actos oficiales.

47. En particular, el Tribunal se pronunció sobre el servicio Chevy Express. Al
analizar las facturas en las que solo se registró cambio de aceite y filtros, sin
revisión mecánica o eléctrica adicional que diera lugar a facturar mano de obra bajo
las políticas de la compañía, concluyó que no se trataba de una simple venta con
instalación, porque la actividad de cambio comporta labores materiales tales como
extraer el aceite usado, limpiar, instalar el nuevo, revisar y sustituir los filtros e
inyectar grasa, de modo que la contraprestación correspondía al valor total que el
cliente paga por el aceite sumado a cualquier otro bien suministrado durante el
servicio. Añadió que esa lectura resultaba coherente con el objeto social de Centro
Automotor Diesel S.A. que comprende la prestación de toda clase de servicios de
reparación y mantenimiento de vehículos automotores. La ausencia de
contraprestación de ese servicio fue entonces desvirtuada.

48. El Tribunal explicó, al respecto, que el empleo de una muestra representativa no

viciaba esa valoración, pues, ante universos documentales masivos, resultaba
admisible acudir a técnicas de verificación por muestra, siempre que las
operaciones examinadas correspondieran a «patrones homogéneos de conducta
económica». De esa forma, verificó que las facturas seleccionadas se inscribían en

una misma dinámica negocial y precisó que, al contrario, le correspondía a la
demandante acreditar que las facturas no examinadas contenían elementos
diferenciadores capaces de modificar el juicio efectuado por la DIAN, pero no
cumplió con esa carga. La Sala no encuentra que ese razonamiento sea contrario
al artículo 167 del CGP ni que comporte una omisión en la valoración probatoria,
sino que acredita que la accionante no ejerció oportunamente su defensa y
pretende ahora reabrir un debate probatorio ya zanjado. Así, la Sala descarta la
configuración de un defecto fáctico en la decisión acusada.
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49. En cuanto al defecto sustantivo, la accionante adujo que la providencia aplicó

inadecuadamente el artículo 1.3.1.2.1 del Decreto 1625 de 2016 que la llevó a
extender el IVA a operaciones cuyo régimen de responsabilidad está regulado en
el artículo 444 del Estatuto Tributario. Sin embargo, la reclasificación estudiada y
confirmada por la autoridad censurada portó sobre los ingresos contabilizados en
las tres cuentas de taller (no en las ventas de mostrador). El debate se centró en la
conformación de la base gravable del servicio de mantenimiento, materia distinta a
la discusión sobre la calidad de responsable en la venta de productos derivados del
petróleo, propuesta por la accionante.

50. A ese supuesto se refiere expresamente el artículo 448 del Estatuto Tributario,

que citó el Tribunal en su decisión, el cual establece que integran la base gravable
«los gastos realizados por cuenta o a nombre del adquirente o usuario, y el valor de los bienes
proporcionados con motivo de la prestación de servicios gravados, aunque la venta independiente
de éstos no cause impuestos o se encuentre exenta de su pago» . En concordancia con el

artículo 447 del mismo Estatuto y con el artículo 1.3.1.7.6 del Decreto 1625 de 2016,
incluir el valor del lubricante en la base gravable del servicio obedece a las
disposiciones que regulan esa hipótesis. De manera que no puede asegurarse,
como lo hace la actora, que comporte la creación de un tributo o de un hecho
generador.

51. Adicionalmente, la definición de «servicio» contenida en el artículo 1.3.1.2.1 del

Decreto 1625 de 2016 fue debidamente aplicada. El Tribunal identificó sus
elementos, examinó las facturas y las órdenes de trabajo, y concluyó que, en las
operaciones glosadas, concurrían la obligación de hacer y la contraprestación, esta
última representada en el valor total pagado por el cliente. Tras confrontar el objeto
social, el flujograma de procesos y los soportes de facturación, la autoridad judicial
explicó entonces que, aunque la sociedad no discriminara la mano de obra en la
factura, ello no alteraba la naturaleza de la operación ni la convertía en una venta
simple.

52. A lo anterior se suma que la providencia se apoyó en la lectura del artículo 447

del Estatuto Tributario realizada por la Sección Cuarta de esta Corporación 18 y en
el precedente de la misma Sala de Decisión contenido en la sentencia del Ocho (8)

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 15 de julio de 2021, Rad. 25145,
C.P. Milton Chaves García.
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de Mayo de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida entre las mismas partes y sobre
idéntica situación fáctica y jurídica, respecto del tercer bimestre del impuesto sobre
las ventas del año 201819.

53. En virtud del anterior análisis, la Sala encuentra que no se configura el defecto

sustantivo alegado, ya que, la sentencia censurada no se fundó en una disposición
derogada o ajena al asunto decidido, ni se sirvió de una interpretación
contraevidente de las normas tributarias. La inconformidad de la accionante
corresponde a un desacuerdo interpretativo frente a la aplicación de las normas
tributarias, lo cual no habilita la intervención del juez constitucional.

54. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que

efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el de tutela cuando no observa
vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.

IV. DECISIÓN

55. Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto, la parte

accionante no acreditó que la providencia cuestionada haya incurrido en los
defectos alegados. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR la solicitud de amparo presentada por Centro Automotor Diesel
S.A. contra la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

19
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, sentencia del 8 de mayo de 2025, Rad. 25000-
23-37-000-2022-00019-00, M.P. Carmen Amparo Ponce Delgado.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-05963-00
Accionante: Centro Automotor Diesel S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B

TERCERO. Si la presente sentencia no fuere impugnada dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

21

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