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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05981-00

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05981-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la desvinculación presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 20 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022. 21 Ibidem 22 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de febrero de 2021. 13 Radicación: 11001-03-15-000-2026-05981-00 Accionante: Luz Marina Ortiz Santos SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05981-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-05981-00
Accionante: LUZ MARINA ORTIZ SANTOS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara
improcedente por no cumplir el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra el Tribunal
Administrativo de Santander y la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Luz Marina Ortiz Santos, a través de apoderado judicial, solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, mínimo vital, a la vida digna, igualdad y seguridad social
en conexidad con el principio de legalidad, cuya vulneración le atribuyó a i) la
providencia de 26 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con número de radicación 68001-33-33-006-2024-00039-00/01 y ii) la falta de
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
68001-33-33-006-2024-00039-00/01 contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP con
el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución núm. RDP 017358 del 13 de
julio de 2021, por la cual le fue negada la pensión de sobreviviente; y a título de
restablecimiento del derecho que se ordenara a la entidad demandada a reconocer

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05981-00
Accionante: Luz Marina Ortiz Santos

y pagar dicha pensión, así como el retroactivo por concepto de mesadas
pensionales, en su calidad de hija de la afiliada fallecida señora Marina Santos de
Ortiz.

2.2. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Bucaramanga, autoridad judicial que, mediante
providencia del 15 de diciembre de 2025, negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Señaló que inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación y el
Tribunal Administrativo de Santander, a través de providencia de 26 de marzo de
2026, confirmó la decisión de primera instancia.

2.4. Revisado el expediente, se tiene que la parte accionante interpuso “[…] recurso
extraordinario de casación […]” contra la anterior decisión, dicho recurso se
encontraba dirigido a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia; y
mediante providencia de 24 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de Santander
lo rechazó por improcedente.

2.5. En ejercicio de la acción de tutela, la parte actora resaltó sobre su condición de
salud, la cual le impide trabajar y la hacía dependiente económicamente de su madre,
debido a que fue diagnosticada con artritis reumatoidea.

2.6. Consideró que la providencia mencionada supra vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, mínimo
vital, a la vida digna, igualdad y seguridad social en conexidad con el principio de
legalidad por haber incurrido en los defectos fáctico y sustantivo.

2.7. Como fundamento del defecto fáctico, indicó que no se realizó “[…]una
interpretación sistemática en cuanto a que la fecha de estructuración fijada por el
dictamen técnico es posterior, al fallecimiento de la causante, desconoció que la
finalidad de la sustitución pensional, esta prestación también puede otorgarse
cuando la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral de la hija
causante es posterior a su muerte. […]”. Añadió que la sentencia demandada “[…]
dejo (sic) de valorar los elementos probatorios obrantes en el proceso los cuales
demostraban la dependencia económica de la accionante de la prestación pensional
de su madre. […]”

2.8. Sobreel defecto sustantivo adujo que “[…] la Sentencia no aplico (sic) la
Normatividad aplicada al caso Articulo (sic) 46 y 47 de la ley 100 de 1993. dejando
en claro que el artículo 47 dice “no condiciona la prestación de sobrevivencia de
forma expresa a que el estado de invalidez sobrevenga en vida del causante,
teniendo en cuenta la fecha de fallecimiento de la pensionada causante: 23 de
febrero de 2018. […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05981-00
Accionante: Luz Marina Ortiz Santos

“[…] PRIMERA: Dejar sin efectos la Sentencia Nº060 proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER de fecha 26 de marzo de
2026.
SEGUNDA: Ordenar a LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES UGPP, el
pago de las mesadas derivas de la sustitución pensional y el retroactivo
pensional al que hubiere lugar.
TERCERO: Ordenar a LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES UGPP,
adelantar los tramites (sic) ADMINISTRATIVOS Para el pago. […]”. [Negrilla del
texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 3 de agosto de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación del
proceso admitió la presente acción de tutela y vinculó en calidad de tercero con interés
directo en el resultado del proceso al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Bucaramanga.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y vinculada,
se allegaron los siguientes informes:

5.1. ElJuzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bucaramanga solicitó
declarar la improcedencia de la acción o en subsidio, se niegue el amparo
constitucional solicitado. Señaló que las decisiones adoptadas estuvieron
debidamente motivadas, fundadas en las pruebas allegadas y sustentadas en las
disposiciones normativas aplicables al caso concreto. Así mismo, sostuvo que no
existió vulneración de derechos fundamentales.

5.2. El
Tribunal Administrativo de Santander solicitó declarar improcedente el
amparo, debido a que no se evidencia la configuración de un defecto que
comprometa los derechos fundamentales invocados, sostuvo que la providencia
cuestionada contiene las razones que condujeron a la decisión adoptada y que se
trataba de un desacuerdo de la accionante con la valoración probatoria y las
conclusiones jurídicas alcanzadas por la Sala.

5.3. Asimismo,resaltó que “[…] el dictamen de pérdida de capacidad laboral
practicado por la EPS Salud Total el 18 de febrero de 2021 determinó una pérdida
de capacidad laboral del 67,36 % y fijó como fecha de estructuración de la invalidez
el 18 de febrero de 2021. En consecuencia, la Sala concluyó que, para el 23 de
febrero de 2018, fecha del fallecimiento de la causante, la señora Luz Marina Ortiz
Santos, no acreditaba la condición de invalidez exigida para acceder a dicha
prestación. […]”

5.4. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP solicitó declarar la improcedencia de
la acción constitucional y denegar las pretensiones. Expresó que la intención de la

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05981-00
Accionante: Luz Marina Ortiz Santos

accionante es utilizar la acción de tutela como una instancia adicional y considera
que la autoridad accionada aplicó correctamente la ley y valoró razonablemente el
material probatorio, agregó que lo que se pretende es un beneficio netamente
económico. Finalmente, manifestó que no existió vulneración de derecho
fundamental alguno por parte de la entidad, puesto que su actuar ha estado ligado
a la Ley y en cumplimiento de las garantías constitucionales del debido proceso.

5.5. Alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva de la UGPP, debido a que
las pretensiones van dirigidas contra el Tribunal Administrativo de Santander, por
ende, consideró que es el citado Despacho quien debe pronunciarse frente a lo
solicitado por el aquí accionante, esgrimió que no existe nexo causal entre la
vulneración de derechos fundamentales y el accionar de la UGPP.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previo a la definición del problema jurídico que se resolverá,
resulta necesario pronunciarse respecto de la falta de legitimación en la causa por
pasiva invocada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20067, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la

1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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Accionante: Luz Marina Ortiz Santos

causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

9. En el caso objeto de estudio, se observa que la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
fue parte demandada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación núm. 68001-33-33-006-2024-00039-00, por lo tanto, la Sala
considera que sí le asiste el interés jurídico y no hay lugar a que sea desvinculada
de esta acción constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la accionante.

11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05981-00
Accionante: Luz Marina Ortiz Santos

13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
9
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial , la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.

17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05981-00
Accionante: Luz Marina Ortiz Santos

18. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

19. La señora Luz Marina Ortiz Santos, a través de apoderado judicial, solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, mínimo vital, a la vida digna, igualdad y seguridad social
en conexidad con el principio de legalidad, cuya vulneración le atribuyó a i) la
providencia de 26 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con número de radicación 68001-33-33-006-2024-00039-00/01 y ii) la falta de
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente.

20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

21. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental12 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones13.

22. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales14, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.

23. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
14
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
15
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05981-00
Accionante: Luz Marina Ortiz Santos

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

17
24. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues

17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05981-00
Accionante: Luz Marina Ortiz Santos

eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

25. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.

26. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales19.

27. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que el Tribunal Administrativo de Santander, vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, mínimo vital, a la vida digna, igualdad y seguridad social en conexidad con
el principio de legalidad por haber incurrido, presuntamente en los defectos fáctico
y sustantivo.

28. Como fundamento del defecto fáctico, indicó que no se realizó “[…]una
interpretación sistemática en cuanto a que la fecha de estructuración fijada por el
dictamen técnico es posterior, al fallecimiento de la causante, desconoció que la
finalidad de la sustitución pensional, esta prestación también puede otorgarse
cuando la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral de la hija
causante es posterior a su muerte. […]”. Añadió que la sentencia demandada “[…]
dejo (sic) de valorar los elementos probatorios obrantes en el proceso los cuales
demostraban la dependencia económica de la accionante de la prestación pensional
de su madre. […]”.

18
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Accionante: Luz Marina Ortiz Santos

29. Sobre el defecto sustantivo adujo que “[…] la Sentencia no aplico (sic) la
Normatividad aplicada al caso Articulo (sic) 46 y 47 de la ley 100 de 1993. dejando
en claro que el artículo 47 dice “no condiciona la prestación de sobrevivencia de
forma expresa a que el estado de invalidez sobrevenga en vida del causante,
teniendo en cuenta la fecha de fallecimiento de la pensionada causante: 23 de
febrero de 2018. […]”.

30. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional; ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural del asunto.

31. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la accionante motive suficientemente las razones por las que
considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación desproporcionada
a sus derechos fundamentales […]”.

32. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, no está poniendo de presente
que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino
que el motivo de su inconformidad gira en torno a que el Tribunal Administrativo de
Santander confirmó la decisión de primera instancia, la cual negó las pretensiones
de la demanda.

33. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo de Santander en la providencia cuestionada:

“[…] Bajo ese horizonte de comprensión, no se cumple el presupuesto exigido
por la norma que gobierna la sustitución pensional, debido a que la señora Luz
Marina Ortiz Santos para la fecha en que falleció la causante, no se encontraba
en estado de invalidez.

Esto es así, porque el dictamen de pérdida de capacidad laboral aportado al
proceso fijó la estructuración de la invalidez el 18 de febrero de 2021, esto es,
con posterioridad al deceso de la señora Marina Santos de Ortiz, ocurrido el 23
de febrero de 2018, lo que impide tener por acreditado uno de los requisitos
esenciales para acceder a la prestación en calidad de hija inválida.

Predicar lo contrario implicaría desconocer el procedimiento legal y técnico
previsto para la calificación de la invalidez, así como los parámetros
jurisprudenciales antes referidos, que exigen certeza en cuanto a la
estructuración del estado de invalidez con anterioridad al fallecimiento del
causante como condición para el reconocimiento de la sustitución pensional.

Ahora bien, como lo advirtió el juez de primera instancia, dicha circunstancia,
por sí sola, conduciría a negar las pretensiones de la demanda, pues no satisfizo
el requisito ya estudiado; empero, dado que en el recurso de apelación también
se cuestionó la dependencia económica de la demandante frente a su

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Accionante: Luz Marina Ortiz Santos

progenitora, la Sala abordará este cargo con el fin de dar respuesta integral al
problema jurídico planteado.

Por un lado, el a quo consideró que el hecho de que la demandante actualmente
reciba una sustitución pensional, junto con el retroactivo reconocido y la ayuda
económica de su hijo, descartaba que existiera dependencia económica. En la
misma línea, la UGPP al responder el recurso, señaló que la demandante ha
tenido compañeros permanentes y que su actual pareja, el señor Tarazona
Sánchez, también le brindaba apoyo económico, lo que, según la entidad,
confirma lo dicho por el juez.

[…]

Se sigue de lo anterior que le asiste razón a la parte recurrente al sostener que,
parala (sic) fecha del fallecimiento de la señora Marina Santos de Ortiz, no había
sido reconocida la sustitución de la pensión de jubilación que actualmente
percibe la demandante, de manera que dicha circunstancia no desvirtuaría la
posible existencia de una dependencia económica para el 23 de febrero de
2018, fecha en la que hubiera adquirido el estatus de beneficiaria de estar
demostrada su invalidez.

En ese orden, la valoración efectuada por el a quo y reiterada por la UGPP, en
cuanto a la percepción actual de dicha prestación, desconoce que el análisis de
la dependencia económica debe situarse en el momento del deceso del
causante y no a partir de circunstancias sobrevinientes que no inciden en la
configuración del derecho.

[…]

Con todo, incluso si se admitiera que la demandante percibía algún ingreso
contaba con apoyos adicionales, ello no desvirtuaría la dependencia
económica, toda vez que, conforme a la jurisprudencia constitucional, esta no
se define a partir de la ausencia absoluta de recursos, sino de la falta de
condiciones materiales suficientes para garantizar una subsistencia digna y
autónoma.

En tal sentido, la existencia de ingresos ocasionales o complementarios no
excluye la dependencia cuando estos no resultan suficientes para asegurar el
mínimo vital, criterio que ha sido reiterado en la interpretación del artículo 47 de
la Ley 100 de 1993 y desarrollado por la Corte Constitucional, en particular en
la sentencia C-066 de 2016, al precisar que solo hay independencia económica
cuando la persona puede sufragar por sí misma sus necesidades en
condiciones dignas.

No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que en el caso concreto
no se acreditó que el estado de invalidez de la demandante se hubiese
estructurado con anterioridad al fallecimiento de la causante, requisito
indispensable para el reconocimiento de la sustitución pensional, razón por la
cual hay lugar a confirmarla sentencia apelada. […]”.

34. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

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Accionante: Luz Marina Ortiz Santos

35. En este contexto, la tutela ejercida por la parte accionante busca prolongar el
debate ante el juez natural, como si se tratara de un recurso ordinario, situación que
claramente escapa de la competencia del juez de tutela, ya que no hay argumento
que identifique la cuestión debatida como un asunto de genuina relevancia
constitucional.

36. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”20. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”21.

37. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”22.

38. Finalmente, frente a las pretensiones encaminadas a que se ordene a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP, el pago de las mesadas derivadas de la sustitución
pensional, junto con el retroactivo pensional a que hubiere lugar, así como a que
adelanten los trámites administrativos necesarios para efectuar dicho pago, la Sala
considera que tales solicitudes resultan improcedentes, toda vez que esto fue objeto
de estudio por el juez natural de la causa, sentencia respecto de la cual no se
cumple el requisito de relevancia constitucional como se indicó supra.

39. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la desvinculación presentada por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
• UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
21
Ibidem
22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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Accionante: Luz Marina Ortiz Santos

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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