Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05983-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05983-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-05983-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
7 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., siete (07) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05983-00
Accionante: Pedro Alonso Bedoya Moreno
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Improcedente – RELEVANCIA CONSTITUCIONAL
– carga argumentativa.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional.
I. A N T E C E D E N T E S
A. La demanda y sus fundamentos
1. El 9 de julio de 2026, el señor Pedro Alonso Bedoya Moreno presentó acción de
tutela en contra de la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, con
el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
seguridad social, mínimo vital, igualdad y acceso a la administración de justicia; los
cuales considera vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 16 de abril de
2026, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2 que promovió en
contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP; cuyo fin era obtener la nulidad de las
resoluciones que le negaron la pensión de sobreviviente, en calidad de cónyuge de
la señora Teresa Rodríguez de Bedoya.
2.
La Sala Cuarta del Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia proferida
el 16 de septiembre de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. Determinó que, al momento del fallecimiento, la señora Rodríguez había
cotizado más de 50 semanas al sistema y que la convivencia con el demandante
superaba los 5 años, razón por la cual el señor Pedro Alonso Bedoya Moreno tenía
derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en aplicación de la Ley
100 de 1993.
1
Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de
2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
2
Proceso con número radicado: 41001-23-33-000-2019-00489-01.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05983-00
Accionante: Pedro Alonso Bedoya Moreno
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
3.
El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, en fallo de 16 de abril
de 2026, revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones. Estimó que
la norma aplicable para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes era la
vigente al momento del deceso de la señora Rodríguez de Bedoya, concretamente
la Ley 12 de 1975 y el Decreto Ley 3135 de 1968, en los que se estableció un tiempo
de servicio de 20 años -continuos o discontinuos- y una edad de 50 años si era mujer.
4.
Conforme a ello, afirmó que el señor Pedro Bedoya no tenía derecho al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes regulada por los artículos 46, 47 y
48 de la Ley 100 de 1993, puesto que la expectativa causada con ocasión del
fallecimiento de su cónyuge se consolidó en vigencia de la norma anterior, que exigía
haber completado el tiempo de servicios de 20 años; pero, la causante solamente
laboró por 16 años, 6 meses y 5 días, para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
5.
La parte actora expresó que la postura adoptada por la autoridad judicial
accionada se apartó de los precedentes establecidos por la Corte Constitucional,
conforme a los cuales, si del examen de la situación de vulnerabilidad se cumplían
las condiciones para aplicar el principio de la condición más beneficiosa, en
concordancia con el de favorabilidad, debía aplicarse el artículo 46 de la Ley 100 de
1993, como lo sostuvo el a quo.
6. Seguidamente, indicó que la accionada incurrió en un defecto sustantivo, pues
además de que no valoró a fondo las pruebas con las que contaba, desconoció lo
preceptuado en los artículos 25, 26, 27, 28, 29 y 30 del Acuerdo 049 de 1990
aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Además, desatendió el precedente
judicial y los artículos 13 y 46 de la Ley 100 de 1993, modificados por la Ley 797 de
2003.
7. También adujo que se presentaba una violación directa de la Constitución
Política, concretamente de los artículos 1, 2, 13, 29, 46, 48 y 53, en armonía con los
artículos 25, 26, 27 y 30 del Acuerdo 049 de 1990.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
8.Mediante auto de 6 de agosto de 20263, se admitió la presente acción, se ordenó
notificar de su presentación a la autoridad accionada y se vinculó a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, en calidad de tercero con interés.
9. Se comunicó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, si
lo consideraba pertinente dentro del marco de las competencias a ella asignadas,
interviniera en el presente asunto. También se requirió al Tribunal Administrativo del
Huila para que remitiera copia digital del expediente 41001-33-33-000-2019-00489-
00/01.
(i) Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B4.
3
Notificado el 12 de agosto de 2026.
4
Contestación enviada al correo electrónico, consta de 6 folios.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05983-00
Accionante: Pedro Alonso Bedoya Moreno
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
10.
Frente al defecto sustantivo adujo que en la decisión se aplicó la posición
mayoritaria que tiene la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la cual se ha
indicado que no resulta procedente emplear la Ley 100 de 1993 a situaciones
jurídicas consolidadas con anterioridad a su entrada en vigencia, aun bajo el
argumento del principio de favorabilidad, toda vez que el derecho pensional debe
determinarse con fundamento en la normativa vigente al momento en que ocurrieron
los hechos que dieron lugar a su consolidación. Adicionó que tampoco se advertía
que se hubieran inaplicado arbitrariamente los artículos 25 a 30 del Acuerdo 049 de
1990, y el accionante no explicó por qué dicho régimen se ajustaba a una situación
pensional consolidada con el fallecimiento de la causante en 1983.
11.
Respecto de la violación directa de la Constitución Política, adujo que los
argumentos expuestos por el accionante no evidenciaban una contradicción directa
entre la providencia cuestionada y los mandatos superiores invocados, sino su
inconformidad con la decisión adoptada.
(ii) Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP5.
12.
Señaló que esta acción es improcedente porque radica en un tema netamente
económico, sumado a que la tutela es un mecanismo excepcional para proteger los
derechos fundamentales, pero en el caso bajo análisis no han sido violentados,
debido a que el actuar del despacho se dio en virtud de su obligación como juez
director del proceso. Adicionó que la Unidad tampoco ha vulnerado derecho alguno
del actor, pues cada acto administrativo lo emitió conforme a derecho, razón por la
cual solicitó su desvinculación del presente trámite.
13.
Agregó que el accionante pretende usar la tutela como una tercera instancia,
argumentando la existencia de una vulneración de sus derechos fundamentales por
el solo hecho de no estar de acuerdo con la decisión adversa a sus intereses.
(iii) Accionante6.
14.
El señor Bedoya Moreno, en un escrito adicional, presentó objeciones a la
contestación de la autoridad judicial accionada. Señaló que la petición de declarar
improcedente la tutela o, en su defecto, negarla; evidencia la omisión de revisar
adecuadamente su solicitud de amparo. Insiste en la procedencia de la tutela, ante
la constatación de que se incurrió en una violación directa de la Constitución.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Cuestión previa
5
Contestación enviada al correo electrónico, consta de 13 folios.
6
Memorial enviado al correo electrónico, consta de 1 folio.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05983-00
Accionante: Pedro Alonso Bedoya Moreno
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
15. Se negará la solicitud de desvinculación propuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
–UGPP, toda vez que le asiste un interés legítimo para intervenir en el presente
asunto, en la medida en que es la entidad demandada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el cual se profirió la providencia cuestionada.
D. Análisis del caso concreto
16. Se declarará improcedente la solicitud de amparo, al no encontrarse acreditado
el requisito de relevancia constitucional, debido a la falta de carga argumentativa
desplegada por la parte actora.
17. De la lectura del escrito de tutela, esta Sala advierte que los argumentos
formulados por el accionante resultan insuficientes para acreditar una cuestión de
relevancia constitucional respecto de la decisión judicial emitida por el Consejo de
Estado – Sección Segunda – Subsección B del 16 de abril de 2026.
18.
Lo anterior, en la medida en que el actor sostuvo que hubo un desconocimiento
del precedente judicial, concretamente en lo relativo a la aplicación del principio de
favorabilidad y citó de forma extensa una decisión que ni siquiera identificó; pero no
expuso cuál o cuáles sentencias habían sido efectivamente inaplicadas, si las
mismas guardan relación con su asunto; es decir, si tienen identidad de hechos y
causa, ni cuál es la ratio decidendi desconocida.
19.
Por otra parte, frente al defecto material o sustantivo, el accionante indicó que se
desconoció lo preceptuado en los artículos 25, 26, 27, 28, 29 y 30 del Acuerdo 049
de 1990 y los artículos 13 y 46 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, no explicó de
qué manera la providencia cuestionada incurrió en alguno de los supuestos que
permitirían estructurar ese yerro, pues no identificó si la decisión acusada se
fundamentó en una norma derogada, declarada inexequible o evidentemente
inaplicable al caso concreto, ni si el fallo carece de motivación material, es
irrazonable, desconoce sentencias con efectos erga omnes que hayan definido el
alcance de las normas empleadas, o no tuvo en consideración otras disposiciones
igualmente aplicables.
20. Adicionalmente, afirmó que existió una errada valoración de las pruebas. Sin
embargo, tal reparo, en principio, corresponde al defecto fáctico y no al sustantivo
que fue expresamente invocado. En todo caso, tampoco explicó cuáles pruebas
habrían sido indebidamente valoradas ni la trascendencia que estas tendrían para
modificar la decisión cuestionada.
21.
En relación con la violación directa de la Constitución Política, el señor Bedoya
Moreno únicamente expuso que se habían vulnerado los artículos 1, 2, 13, 29, 46,
48 y 53; sin esbozar argumento alguno dirigido a explicar si en su asunto se dejó de
interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional, se presentó una violación evidente a un derecho fundamental de
aplicación inmediata, no se tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme
con la Constitución, o se omitió aplicar la excepción de inconstitucionalidad.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05983-00
Accionante: Pedro Alonso Bedoya Moreno
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
22. En suma, el accionante no expone las razones fácticas o jurídicas que sustenten
el motivo por el cual la providencia judicial vulneró sus derechos fundamentales o
incurrió en alguna de las causales específicas establecidas jurisprudencialmente
para que proceda la acción de tutela contra una providencia judicial. La carga
argumentativa desplegada respecto de los defectos atribuidos a la decisión de 16 de
abril de 2026 resulta insuficiente y genérica, por lo que la Sala carece de elementos
para efectuar el análisis constitucional de esa decisión.
23. En ese contexto, se advierte que no basta con que la parte accionante enuncie
los derechos presuntamente vulnerados, sino que tal vulneración debe estar
justificada, es decir, tener una carga argumentativa mínima, en la que se expresen
con suficiencia las razones que desde la perspectiva constitucional revelan un juicio
de desvalor de los derechos fundamentales de quien la promueve, de cara a la
acción y definición que ha adoptado el juez encargado por mandato constitucional
de definir el derecho y se debe explicar los motivos de la presunta vulneración; de
no ser así, toda providencia judicial que desestima una demanda o accede a las
pretensiones, materialmente sería transgresora de los derechos fundamentales de
la parte vencida.
24. Para el caso concreto, comoquiera que la parte actora no explicó ni desarrolló
argumento alguno tendiente a explicar el motivo por el cual los reparos endilgados a
la decisión acusada se configuraban, el juez de tutela no puede proceder a ello de
forma supletiva, dado que, tratándose de acciones de tutela contra providencias
judiciales, la carga de contar con una argumentación coherente y suficiente recae en
quien invoca el amparo constitucional y no en quien la decide, en razón a que están
de por medio el respeto por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la seguridad
jurídica y la garantía de la independencia y autonomía de los jueces, que son
elementos que hacen parte de los cimientos del Estado y como tal legitiman el obrar
de sus autoridades.
25.
Por último, esta Sala advierte que los reparos formulados se dirigen, en esencia,
a reabrir la discusión resuelta por el juez natural, pues el accionante pretende obtener
nuevamente el reconocimiento de las pretensiones que fueron acogidas en primera
instancia, pero sin exponer razones suficientes que permitan evidenciar una
vulneración constitucional.
26. Aunado a lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática
en señalar que cuando la providencia cuestionada fue proferida por una alta corte, el
examen de procedencia que debe adelantar el juez de tutela debe ser más estricto,
pues el papel de órganos de cierre que la Constitución asignó a estas corporaciones
en sus respectivas jurisdicciones, las dota de competencias hermenéuticas de mayor
alcance; en ese sentido, para este tipo de situaciones la procedencia del amparo
está supeditada no solo al cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, sino también a que
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05983-00
Accionante: Pedro Alonso Bedoya Moreno
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
el accionante acredite, a través de una carga argumentativa transversal7, “la
configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del
juez constitucional”8, es decir, que “la decisión riña de manera abierta con la
Constitución”9, presupuesto que, en el caso bajo estudio no fue acreditado.
27. La Sala no pasa por alto que el accionante es un adulto mayor de 79 años con
varias situaciones de salud que pone de presente en su solicitud de amparo, sin
embargo, esa condición etaria y médica no es suficiente para desvirtuar lo expuesto
hasta este punto, pues esos aspectos fueron conocidos por la Sección Segunda de
esta corporación al desatar la controversia y, se reitera, la carga argumentativa
expuesta no fue suficiente para denotar que la decisión judicial cuestionada era
incompatible con mandatos constitucionales. Adicionalmente, resulta importante
poner de presente que la discusión pensional que motiva esta acción fue promovida
por el señor Bedoya Moreno en 2018, cuando ya tenía 71 años y presentó su solicitud
de reconocimiento ante la administradora de pensiones. Ello, a pesar de que su
cónyuge falleció en 1983 y la Ley 100 de 1993 entró a regir el 1 de abril de 1994. En
tal sentido, que la decisión judicial censurada se adopte en esta etapa de su vida, es
consecuencia del momento en que inició su reclamación sobre el particular.
28.
En los términos expuestos, se hace evidente la falta del requisito general de
relevancia constitucional en el presente asunto, razón por la cual la Sala declarará
improcedente la presente solicitud de amparo.
29. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación planteada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social –UGPP.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
7
Sobre este punto, en la sentencia SU-573 de 2019, la Corte Constitucional indicó que cuando se cuestiona la decisión de una
Alta Corte, además de verificarse los presupuestos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial y alguna
de las causales específicas de procedibilidad, en la valoración de dichas exigencias debe quedar acreditado que “se trata de
un caso «definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido desarrollados por
la Corte Constitucional o cuando se genera una anomalía de tal entidad que es necesaria la intervención del juez
constitucional». (…) Este último requisito, más que un elemento adicional o puntual que deba verificarse, es una carga
interpretativa transversal que debe asumir el juez constitucional, a partir de la cual debe analizar tanto los requisitos genéricos
de procedencia -especialmente importantes para el estudio de la relevancia constitucional del caso - como los defectos
específicos que se alegan. Lo anterior, porque las Altas Cortes tienen un papel de unificación de la jurisprudencia ordinaria que
les confiere el deber de zanjar las diferencias interpretativas en la aplicación del ordenamiento jurídico, de allí el “valor
vinculante” de su jurisprudencia; por ello, un escrutinio diferente invadiría su órbita de competencia”.
8
Sentencias SU-917 de 2010, SU-050 de 2017 y SU-573 de 2017 de la Corte Constitucional.
9
Sentencia SU-397 de 2019 de la Corte Constitucional.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05983-00
Accionante: Pedro Alonso Bedoya Moreno
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados
tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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