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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-05989-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05989-00

Fecha
7 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05989-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NO ACCEDER a la solicitud de desvinculación planteada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Educación Nacional. SEGUNDO: NEGAR el amparo constitucional solicitado respecto de los derechos fundamentales de la parte actora. 7 Alrespecto se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-442/13, T-736/15 y T-201/26 de la Corte Constitucional. Radicación: 11001-03-15-000-2026-05989-00 Demandante: Nicole Daniela Valderrama Manrique Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia) TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela en relación con los cuestionamientos de carácter general. CUARTO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05989-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

7 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., siete (07) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05989-00
Demandante: Nicole Daniela Valderrama Manrique
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Niega amparo en relación con unas pretensiones ante
la inexistencia de una amenaza cierta y concreta de los derechos fundamentales
invocados / Declara improcedentes los cuestionamientos de carácter general por
falta de subsidiariedad.

Surtido el trámite de ley, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del trámite
constitucional de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. NicoleDaniela Valderrama Manrique instauró acción de tutela en contra del
Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
por la presunta “vulneración y amenaza” de sus derechos fundamentales a la
igualdad, educación, mínimo vital, dignidad humana, trabajo y libertad de escoger
profesión u oficio, ante la ausencia de mecanismos de apoyo económico para
estudiantes de Derecho que realizan prácticas y judicatura en la Rama Judicial.

2. Como fundamento fáctico, relató que cursa octavo semestre del programa de
Derecho en la Fundación Universitaria de Navarra, en cuyo plan de estudios se
contemplan prácticas jurídicas en distintas instituciones, entre ellas, la Rama
Judicial.

3. Expuso que el desarrollo de estas prácticas exige asistencia presencial al
despacho o dependencia correspondiente, cumplimiento de horarios, atención de
instrucciones de los funcionarios responsables, ejecución de las actividades
asignadas y permanencia durante la jornada establecida hasta completar las horas
requeridas. Estas obligaciones generan gastos de transporte, alimentación,
vestimenta, materiales, conectividad y demás costos asociados a la permanencia en
el lugar de práctica, que deben ser asumidos directamente por los estudiantes.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05989-00
Demandante: Nicole Daniela Valderrama Manrique
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

4. Señaló que, una vez culminadas las asignaturas del programa académico, los

egresados pueden realizar la judicatura, como una de las modalidades reconocidas
para cumplir el requisito de práctica jurídica necesario para obtener el título de
abogado. Indicó que, en determinados escenarios, esta puede desarrollarse bajo la
modalidad ad honorem, esto es, sin remuneración económica.

5. Manifestó que, durante la judicatura, el estudiante o egresado también debe asumir

los gastos de transporte, alimentación, vestimenta y demás costos derivados de su
asistencia diaria al lugar de práctica. Además, debe cumplir horarios, atender
instrucciones, desarrollar las funciones asignadas y someterse a la coordinación y
supervisión de los funcionarios del despacho o dependencia correspondiente.

6. Destacó que la única protección económica o de seguridad social que recibe el

estudiante durante la realización de sus prácticas consiste en la cobertura del
Sistema General de Riesgos Laborales (ARL), la cual, aunque es necesaria frente a
los riesgos de la actividad, no constituye remuneración, auxilio de transporte, apoyo
de sostenimiento ni compensación por los gastos cotidianos.

7. Sostuvo que dicha situación afecta especialmente a los estudiantes y egresados

que carecen de recursos económicos suficientes para asumir durante varios meses
los costos asociados a una práctica o judicatura no remunerada. En su caso
particular, indicó que financia sus estudios mediante un crédito educativo del ICETEX
y que debe asumir directamente el 30 % del valor de la matrícula. A ello se suman
los gastos de transporte, alimentación, vestimenta y demás costos derivados de sus
prácticas y, posteriormente, de la judicatura, sin contar con recursos suficientes para
atenderlos.

8. Afirmó que esa circunstancia genera una diferencia material entre quienes cuentan

con respaldo económico familiar para desarrollar actividades no remuneradas y
aquellos que dependen de sus propios ingresos y recursos limitados para cubrir sus
necesidades básicas y los costos de su formación profesional; diferencia que puede
comprometer su derecho a la igualdad.

9. Adujo que la ausencia de mecanismos de apoyo económico también puede afectar

su derecho fundamental a la educación, entendido no solo en su dimensión de
acceso a una institución de educación superior, sino en la de permanencia,
continuidad y culminación efectiva de los estudios superiores. En ese sentido, explicó
que las condiciones económicas asociadas a una práctica o judicatura no
remunerada pueden constituir una barrera material para cumplir los requisitos
necesarios para obtener el título profesional.

10. Indicóque también se puede comprometer su derecho al mínimo vital, pues
depende de sus propios recursos para atender sus necesidades básicas y debe
asumir los costos de su formación profesional. Añadió que la dedicación exigida por
las prácticas y la judicatura puede limitar sus posibilidades de desarrollar
simultáneamente una actividad laboral remunerada que le permita garantizar su
subsistencia.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05989-00
Demandante: Nicole Daniela Valderrama Manrique
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

11. Destacó que el ordenamiento jurídico ha establecido mecanismos de protección

económica en otros escenarios de formación práctica. En particular, se refirió a la
Ley 2466 de 2025, que modificó el régimen del contrato de aprendizaje, reconoció
protección económica para los aprendices y contempló, en determinados supuestos,
la vinculación de estudiantes universitarios bajo esta modalidad y el correspondiente
apoyo de sostenimiento. Asimismo, mencionó las medidas adoptadas por el Estado
para reconocer económicamente a los internos de Medicina, quienes desarrollan
actividades prácticas y asistenciales, cumplen jornadas y se encuentran sujetos a
supervisión durante su formación.

12. A partir de ello, sostuvo que el carácter formativo de una actividad no constituye,

por sí solo, una razón suficiente para excluir toda forma de protección económica.
Su situación como estudiante de Derecho es materialmente comparable con otros
escenarios de formación práctica, pues debe cumplir jornadas, desarrollar
actividades en instituciones, atender instrucciones, someterse a procesos de
supervisión y coordinación, asumir gastos de desplazamiento y alimentación y
dedicar una parte significativa de su tiempo a actividades directamente relacionadas
con su formación profesional, sin que exista un mecanismo general de apoyo
económico equivalente.

13. Por esa razón, estima que la diferencia de trato debe examinarse a la luz del

principio constitucional de igualdad, dado que el Estado ha establecido mecanismos
de protección económica para determinados estudiantes que desarrollan actividades
de formación práctica, mientras quienes realizan prácticas jurídicas o judicatura
afrontan cargas económicas y formativas semejantes sin mecanismos equivalentes
de sostenimiento.

14. Resaltó que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que las actuaciones

administrativas relacionadas con la judicatura pueden incidir en los derechos
fundamentales cuando impiden, dificultan o condicionan de manera
desproporcionada la culminación de la formación profesional y el acceso al título de
abogado.

15. En razón a lo expuesto, formuló las siguientes pretensiones: (i) declarar que la

ausencia de mecanismos de apoyo económico para estudiantes de Derecho que
realizan prácticas y judicaturas puede constituir una barrera material para la
permanencia y culminación de su formación profesional, en especial para quienes
se encuentran en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica; (ii) ordenar al
Consejo Superior de la Judicatura efectuar un estudio integral de las condiciones
económicas y materiales en las que dichos estudiantes desarrollan tales prácticas;
(iii) ordenar al Consejo Superior de la Judicatura y a las demás entidades
competentes realizar un examen de igualdad que permita establecer los motivos por
los cuales no cuentan con mecanismos de apoyo económico equivalentes a los
existentes en otros escenarios de formación práctica, así como diseñar e
implementar un mecanismo de apoyo económico, auxilio de sostenimiento,

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05989-00
Demandante: Nicole Daniela Valderrama Manrique
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

transporte, alimentación, estímulo o cualquier compensación para los estudiantes de
Derecho que desarrollan prácticas y judicaturas en la Rama Judicial.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

16. Mediante auto del 6 de agosto de 2026, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela;

(ii) notificar de su presentación a las entidades accionadas; (iii) vincular a los
ministerios de Educación Nacional y de Justicia y del Derecho, en calidad de terceros
con interés; (iv) negar las solicitudes de medida provisional y de pruebas formuladas
por la parte actora; y (v) comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

(i) Dirección Ejecutiva de Administración Judicial1

17. Precisó que la judicatura cuenta con un régimen normativo propio, distinto del

aplicable a las prácticas académicas, que contempla diversas modalidades para su
realización, remuneradas y no remuneradas. Señaló que en el ordenamiento jurídico
no existe una disposición que imponga la obligación de reconocer remuneración en
todas las judicaturas que se realicen en la Rama Judicial.

18. En cuanto a las prácticas, indicó que su desarrollo en la Rama Judicial se
encuentra regulado por el Acuerdo PCSJA17-10870 de 2017 y exige, entre otros
requisitos, la existencia de convenios con instituciones de educación superior
oficialmente reconocidas. Precisó que estas actividades tienen naturaleza
académica y formativa, por lo que no generan, por sí mismas, una relación laboral ni
el derecho automático a recibir remuneración, salvo disposición legal expresa.

19. Manifestó que, del escrito de tutela, no se desprende con claridad que la
accionante se encuentre vinculada a una judicatura en la Rama Judicial, haya
solicitado una plaza para tal efecto o que exista una actuación administrativa de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que le haya negado un derecho
relacionado con dicha figura.

20. En ese orden, sostuvo que la solicitud de amparo no se dirige a controvertir un

acto administrativo particular de la entidad, sino que persigue la adopción de medidas
generales de política pública relacionadas con apoyos económicos para estudiantes
de Derecho y judicantes; asunto que, según afirmó, excede las competencias
funcionales de la DEAJ.

21. Explicó que la creación de incentivos, auxilios o mecanismos de apoyo económico

para estudiantes de Derecho que realizan prácticas o judicaturas requiere la
intervención de las autoridades con competencia normativa, administrativa y
presupuestal. Por tanto, señaló que dicha responsabilidad no puede trasladarse a la
entidad mediante una orden de tutela.

1 Intervención digital contenida en 11 folios.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05989-00
Demandante: Nicole Daniela Valderrama Manrique
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

22. Con fundamento en lo anterior, solicitó su desvinculación del trámite de tutela, tras

estimar que no se encuentra legitimada la causa por pasiva.

(ii) Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia2

23. Expusoque la judicatura constituye una alternativa para obtener el título de
abogado. Por tanto, aclaró que quien culmina su formación académica no está
obligado a realizar judicatura, sino que puede optar voluntariamente por esta
modalidad y asumir las condiciones previstas en el régimen jurídico aplicable, ya sea
remunerada o ad honorem.

24. Destacó que esta última ha sido reconocida como constitucionalmente válida,

pues obedece a una decisión libre del egresado y permite cumplir una finalidad de
servicio a la comunidad, así como adquirir experiencia y conocimientos prácticos
relevantes para el ejercicio profesional. En ese sentido, sostuvo que la ausencia de
remuneración no vulnera, por sí sola, los derechos a la igualdad o al trabajo, dado
que esta modalidad no configura una relación laboral con el Estado.

25. Argumentó que la acción constitucional no constituye el mecanismo idóneo para

modificar las condiciones establecidas en la ley y los reglamentos. Señaló que los
acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura son susceptibles de
control ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

26. Agregó que tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que

justificara la intervención del juez de tutela. Señaló que la sola manifestación de una
situación personal o económica, sin elementos que permitan corroborarla y
establecer su incidencia concreta en los derechos cuya protección se reclama,
resulta insuficiente para desplazar los mecanismos ordinarios de defensa.

(iii) Ministerio de Justicia y del Derecho3

27. Indicó que la parte actora no acreditó una vulneración o amenaza cierta, actual y

concreta de los derechos fundamentales invocados, ni una acción u omisión
atribuible a dicha cartera ministerial. Afirmó que las afectaciones planteadas se
sustentan en situaciones hipotéticas o futuras, pues la accionante cursa octavo
semestre, se encuentra inscrita en consultorio jurídico y no ha culminado su plan de
estudios, no se encuentra realizando una judicatura, no ha solicitado un apoyo
económico ni demostró ser destinataria de una decisión que afectara su situación
académica o económica.

28.Señaló que la comparación entre estudiantes de Derecho, aprendices e internos

de Medicina no satisface los presupuestos del juicio integrado de igualdad, conforme
a los criterios establecidos por la jurisprudencia constitucional, debido a que los
grupos comparados se encuentran sujetos a regímenes jurídicos y circunstancias

2 Intervención digital contenida en 3 folios.
3 Intervención digital contenida en 7 folios.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05989-00
Demandante: Nicole Daniela Valderrama Manrique
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

fácticas diferentes. Explicó que el contrato de aprendizaje contempla obligaciones
legales de patrocinio y sostenimiento; el internado médico obligatorio se rige por un
régimen legislativo especial; el consultorio jurídico constituye una actividad curricular
organizada por la institución de educación superior; y la judicatura es un requisito
alternativo de grado que puede cumplirse bajo modalidades remuneradas o ad
honorem.

29. Arguyó que el crédito educativo con el ICETEX y el pago de una parte de la
matrícula que asume la tutelante evidencian cargas económicas propias de la
formación universitaria, pero no acreditan, por sí solos, una afectación a su mínimo
vital o a la dignidad humana. Manifestó que en el expediente no obran elementos
que permitan identificar los ingresos, gastos indispensables o fuente de
sostenimiento de la actora, ni que haya perdido un empleo, se encuentre realizando
una judicatura no remunerada o enfrente un riesgo cierto de interrupción de sus
estudios.

30. Añadió que, aún si se acreditara una situación económica desfavorable, esta no

sería atribuible al Ministerio, pues la entidad no definió las condiciones académicas
de la accionante, le asignó una práctica, le negó un beneficio previamente
reconocido, le impuso la prestación gratuita de servicios ni le impidió acceder a una
modalidad remunerada.

31. Esgrimió que si bien tiene competencias generales de formulación, coordinación

y articulación de la política pública en materia de justicia y ejercicio de la profesión
de abogado, estas no comprenden la facultad de crear unilateralmente prestaciones
económicas, disponer el reconocimiento de auxilios a estudiantes o judicantes,
comprometer recursos de la Rama Judicial ni modificar el régimen legal de la
judicatura ad honorem. Según afirmó, dichas funciones corresponden al Consejo
Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

32. Precisó que aunque ejerce funciones de vigilancia y control sobre los consultorios

jurídicos, ello no implica que deba asumir la gestión directa de las medidas
pretendidas por la accionante. Aclaró que el consultorio jurídico y la judicatura son
figuras distintas. El primero constituye un escenario obligatorio de aprendizaje
práctico dentro de la formación académica, mientras que la segunda es un requisito
alternativo para optar al título de abogado y solo puede realizarse después de cursar
y aprobar la totalidad de las asignaturas del plan de estudios.

33. En consecuencia, solicitó su desvinculación del proceso, por estimar que carece

de legitimación en la causa por pasiva.

(iv) Ministerio de Educación Nacional4

34. Explicó
cada una de las funciones que le han sido asignada constitucional y
legalmente. Esbozado lo anterior, aseguró que no incurrió en ninguna acción u
omisión que comporte una vulneración de los derechos fundamentales invocados
4 Intervención digital contenida en 9 folios.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05989-00
Demandante: Nicole Daniela Valderrama Manrique
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

por la demandante. Por consiguiente, pidió ser desvinculado del presente asunto.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Cuestión previa

35. La Sala no accederá a las solicitudes de desvinculación propuestas por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Ministerio de Justicia y del Derecho
y el Ministerio de Educación Nacional. Si bien dichas entidades no intervienen de
manera directa en la asignación, reconocimiento o remuneración de las prácticas
jurídicas y la judicatura objeto de la tutela, las pretensiones de la demanda se
orientan al estudio y la adopción de medidas encaminadas a garantizar condiciones
económicas para los estudiantes de Derecho que desarrollen prácticas no
remuneradas en la Rama Judicial.

36. De esta manera, la solicitud de amparo no se circunscribe a controvertir una
actuación administrativa particular, sino que plantea la posible existencia de una
barrera estructural para estudiantes de Derecho en condiciones de vulnerabilidad
socioeconómica, que justifica la participación de dichas entidades, en tanto permite
al juez constitucional contar con los elementos necesarios para establecer, de ser
procedente, qué autoridades están llamadas a desplegar las acciones
correspondientes en el marco de sus competencias.

37. Bajoese escenario, la eventual protección de los derechos fundamentales
invocados podría requerir la adopción de medidas que involucren las competencias
propias de las entidades vinculadas, en particular aquellas relacionadas con la
formulación, coordinación, articulación o ejecución de políticas y acciones en materia
de educación superior, formación jurídica y administración de justicia, en caso de
constatarse la afectación alegada.

D. Caso concreto

38. A efectos de abordar el estudio del presente asunto, esta Subsección considera

necesario delimitar la naturaleza de la afectación alegada. La parte accionante
invocó tanto la vulneración, como la amenaza de sus derechos fundamentales a la
igualdad, educación, mínimo vital, dignidad humana, trabajo y libertad de escoger
profesión u oficio, con ocasión de la ausencia de mecanismos de apoyo económico
para los estudiantes de Derecho que realizan prácticas jurídicas y judicatura en la
Rama Judicial.

39. Sin embargo, de los hechos expuestos se desprende que su planteamiento no

parte de una afectación actual y concreta, sino de las eventuales dificultades que,
según afirma, podría enfrentar cuando deba desarrollar dichas actividades.

40. En su relato, la accionante empleó expresiones de carácter hipotético, al señalar

que la ausencia de apoyo económico “puede afectar” sus derechos fundamentales.
Además, manifestó que actualmente cursa octavo semestre y se encuentra

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05989-00
Demandante: Nicole Daniela Valderrama Manrique
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

vinculada al consultorio jurídico, sin afirmar que se encuentre realizando una práctica
jurídica o judicatura en la Rama Judicial. Por el contrario, la discusión que plantea
parte de la premisa de que, una vez avance en su proceso formativo, deberá cumplir
las actividades prácticas y, posteriormente, podrá optar por una judicatura.

41. Dicha distinción adquiere especial relevancia, si se tiene en cuenta que la Corte

Constitucional ha puntualizado que la vulneración y la amenaza de los derechos
fundamentales constituyen dos conceptos diferentes. El primero supone la
ocurrencia de una afectación actual. El segundo, en cambio, exige la existencia de
un riesgo cierto y próximo de afectación, sustentado en circunstancias objetivas que
permitan concluir que el derecho se encuentra en peligro y no en una mera
posibilidad, conjetura o apreciación subjetiva del accionante5.

42. Bajo ese escenario, la Sala encuentra que la controversia planteada se sustenta

en la preocupación de la actora frente a las eventuales dificultades económicas que
podría enfrentar cuando realice sus prácticas jurídicas o la judicatura. Por tanto, el
análisis no se dirigirá a establecer la existencia de una vulneración actual de los
derechos fundamentales invocados, sino a determinar si la ausencia de mecanismos
de apoyo económico para los estudiantes de Derecho que desarrollan dichas
actividades en la Rama Judicial tiene la entidad suficiente para configurar una
amenaza cierta, concreta e inminente de tales derechos.

43. Ahora bien, la accionante no circunscribió el debate a su situación particular, sino

que también manifestó su preocupación por las condiciones económicas de otros
estudiantes de Derecho que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Al punto
que sus pretensiones no se limitan a la adopción de medidas frente a su caso
concreto, sino que buscan el estudio y eventual implementación de mecanismos de
apoyo económico dirigidos, en general, a los estudiantes que realizan prácticas
jurídicas y judicatura en la Rama Judicial.

44. Por consiguiente, la controversia sometida a consideración de esta Subsección

comprende una dimensión individual y otra de alcance general. Respecto a lo
primero, la Sala anticipa que negará la solicitud de amparo, en tanto no se acreditó
una amenaza cierta, concreta e inminente de los derechos fundamentales de la
actora. En cuanto a la pretensión de alcance general, se declarará improcedente la
acción de tutela, por no satisfacer el requisito de subsidiariedad.

45. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, para que se configure una
amenaza a los derechos fundamentales se requiere la confluencia de dos elementos:
(i) el subjetivo, que consiste en la convicción íntima de la existencia de un riesgo o
peligro para sus derechos; y (ii) el objetivo, que se refiere a la acreditación de
circunstancias fácticas que permitan inferir razonablemente la probabilidad de que
dicho riesgo se concrete6.

46. Por lo tanto, no basta con la sola percepción de quien afirma encontrarse en

5 Al respecto, ver sentencias T-102 de 1993, T-327 de 2004 y T-1073 de 2007.
6 Ibidem.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05989-00
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riesgo. Es necesario que esta encuentre respaldo en elementos externos,
verificables y relacionados con las circunstancias concretas del caso, que permitan
establecer que la afectación alegada es cierta, probable y no meramente hipotética
o eventual.

47. En el presente asunto, la accionante considera que la ausencia de mecanismos

de apoyo económico para los estudiantes que realizan prácticas jurídicas y judicatura
en la Rama Judicial constituye una amenaza a sus derechos a la igualdad,
educación, mínimo vital, dignidad humana, trabajo y libertad de escoger profesión u
oficio. Ello, debido a que podría enfrentar dificultades para cumplir los requisitos de
su formación profesional ante la necesidad de asumir los gastos derivados de dichas
actividades y sus limitados recursos económicos.

48. No obstante, debe precisarse que las prácticas jurídicas previstas en los
programas académicos de Derecho pueden desarrollarse bajo modalidades
remuneradas o no remuneradas, según los convenios que las instituciones de
educación superior oficialmente reconocidas celebren con las entidades públicas o
privadas para el efecto. En el caso de las prácticas desarrolladas en la Rama Judicial,
el Acuerdo PCSJA17-10870 de 2017 establece que estas se desarrollarán sin
remuneración.

49. Lo propio ocurre con la judicatura, pues el ordenamiento jurídico también
contempló modalidades tanto remuneradas, como no remuneradas para su
realización. Sin embargo, a diferencia de la práctica, la judicatura constituye una
alternativa para optar por el título de abogado. De conformidad con la Ley 552 de
1999, quien ha culminado el plan de estudios puede elegir entre elaborar y sustentar
una monografía o desempeñar una judicatura.

50. Mientras la práctica jurídicase trata de una actividad obligatoria dentro de la
formación académica del abogado, la judicatura opera como una alternativa para
cumplir el requisito de grado. De cualquier forma, en ambos escenarios, el legislador
contempló la posibilidad de acceder a modalidades remuneradas, aunque también
permite, en los casos previstos, su realización sin remuneración.

51. En tales condiciones, no se advierte la existencia de circunstancias objetivas que

permitan establecer que la afectación alegada por la accionante tenga una
probabilidad cierta y próxima de ocurrir.

52. Según se constató, en la actualidad cursa octavo semestre y se encuentra inscrita

en Consultorio Jurídico. Sin embargo, no se acreditó que se encuentre realizando
una práctica en la Rama Judicial ni una judicatura ad honorem. Tampoco existe
certeza de que, llegado el momento, opte por desarrollar su práctica en cualquier
despacho de la Rama Judicial o que elija la judicatura como alternativa de grado y,
menos aún, que seleccione la modalidad no remunerada.

53. A lo anterior, se suma que en el expediente no obran elementos que permitan

evidenciar que las entidades accionadas hayan impuesto una condición concreta que

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le impida acceder a una alternativa remunerada, ni que exista una decisión actual
que la obligue a realizar una práctica o judicatura sin contraprestación económica.

54. De esta manera, la posible concreción de las circunstancias que la actora
considera lesivas depende, en gran medida, de las propias decisiones que adopte
en el desarrollo de su proceso formativo. De ahí que la eventual decisión de optar
por una modalidad sin contraprestación económica no permite, por sí sola, concluir
que sus derechos fundamentales se encuentren amenazados.

55. Para que se configure una amenaza susceptible de protección constitucional no

basta con afirmar que determinada situación podría resultar desfavorable si llegara
a presentarse. Debe acreditarse que existe una probabilidad objetiva de que estas
se materialicen y comprometan de manera cierta los derechos fundamentales que
se invocan, pero que, además, su ocurrencia sea atribuible a una acción u omisión
de las autoridades accionadas y no a la elección propia del promotor del mecanismo
de amparo.

56. En ese sentido, aun si la accionante llega a decidir realizar su práctica jurídica en

la Rama Judicial o escoger la judicatura como alternativa de grado y, dentro de las
opciones disponibles, optar por una modalidad no remunerada, tal elección no resulta
suficiente para revelar la ocurrencia de una afectación de índole constitucional. Ello,
porque el ordenamiento jurídico no le impone necesariamente asumir esas
condiciones, sino que reconoce distintas alternativas para que pueda cumplir con su
formación profesional.

57. Así las cosas, la Sala concluye que el riesgo planteado por la accionante se edifica

sobre un escenario meramente hipotético, que no se proyecta de manera directa
como una amenaza cierta, concreta e inminente frente a los derechos fundamentales
cuya protección se reclama.

58. Como ya se mencionó, la discusión que plantea la actora no versa exclusivamente

sobre su situación particular, sino también sobre una inconformidad general acerca
de las condiciones en que los estudiantes de derecho que optan por realizar prácticas
jurídicas en la Rama Judicial o judicatura ad honorem deben desarrollar las mismas.

59. De esta manera, sus objeciones también recaen sobre el marco normativo que

determina las condiciones bajo las cuales se desarrollan estas actividades. La
pretensión de que se estudien o adopten mecanismos generales de apoyo
económico para quienes se encuentran en dichas circunstancias, en últimas, supone
cuestionar las disposiciones de carácter general que regulan la materia; asunto que
carece de subsidiariedad.

60. El artículo 6°, numeral 5° del Decreto 2591 de 1991 establece como causal de

improcedencia del mecanismo de amparo que este se dirija contra actos de carácter
general, impersonal y abstracto. Esta causal parte de considerar, por un lado, que el
ordenamiento jurídico ha determinado otros medios de control judicial que permiten
estudiar tanto la constitucionalidad como la legalidad de ese tipo de actuaciones y,

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por otro que, dada su naturaleza, por regla general, los actos generales no tienden
a afectar de manera directa a una persona determinada o determinable y por ende
tampoco sus derechos fundamentales, debido a que versan sobre situaciones
jurídicas objetivas.

61. En ese orden, los cuestionamientos de carácter general formulados por la
accionante sobre las condiciones establecidas en la ley o en los acuerdos que
regulan las prácticas y la judicatura en la Rama Judicial deben ser ventilados ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo, a través de los medios de control
procedentes, según la naturaleza del acto que pretenda demandarse.

62. Debe recordarse que, en virtud de su carácter subsidiario, la acción de tutela no

puede emplearse como un mecanismo sustitutivo de los medios ordinarios de control
ni como una vía para que el juez constitucional ordene la adopción de políticas
públicas o medidas de alcance general y abstracto, mucho menos cuando estas
involucran la adopción de decisiones de carácter presupuestal, cuya definición
corresponde a las autoridades administrativas en el marco de sus competencias.

63.Igualmente, se advierte que la discusión planteada por la accionante no se
enmarca en ninguno de los escenarios en los que la jurisprudencia ha considerado
viable la intervención excepcional del juez constitucional para proteger derechos
individuales respecto a decisiones o actos generales que pueden implicar una
afectación desproporcionada, dentro de los que se pueden destacar: la
implementación de una política pública que desconozca la confianza legítima y otros
derechos asociados a una actividad antes desregulada, así como una omisión en
dicha política con incidencia en derechos fundamentales o que determine un déficit
de protección de aquellos7.

64. En consecuencia, se declararán improcedentes las pretensiones orientadas a la

adopción de medidas de carácter general por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad.

65. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NO ACCEDER a la solicitud de desvinculación planteada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el
Ministerio de Educación Nacional.

SEGUNDO: NEGAR el amparo constitucional solicitado respecto de los derechos
fundamentales de la parte actora.

7 Alrespecto se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-442/13, T-736/15 y T-201/26 de la Corte
Constitucional.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05989-00
Demandante: Nicole Daniela Valderrama Manrique
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela en relación con los
cuestionamientos de carácter general.

CUARTO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

8 VF

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