Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-05992-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-05992-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-05992-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05992-00
Demandante: Óscar de Jesús Ruiz Álvarez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Temas: Tutela contra providencia judicial. Trámite de insistencia para la
revisión eventual de sentencia dictada en el marco de una acción
popular. Defectos procedimental y fáctico.
Decisión: Niega el amparo solicitado.
La Sala decide la acción de tutela formulada por Óscar de Jesús Ruiz Álvarez en
contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 29 de julio de 2026, Óscar de Jesús Ruiz Álvarez presentó acción de tutela
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición,
debido proceso y acceso a la administración de justicia. Como consecuencia de lo
anterior, solicitó dejar sin efectos el auto proferido el 9 de febrero de 2026 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro del trámite de insistencia para la
revisión de la sentencia dictada el 11 de abril de 2025 en la acción popular con
radicado 05837-33-33-002-2024-00104-01, para, en su lugar, ordenar a la
corporación judicial precitada emitir una nueva decisión, en la que se analicen todos
los argumentos planteados. Adicionalmente, peticionó exhortar a la autoridad
precitada para que no incurra nuevamente en las actuaciones que dieron lugar a la
formulación de esta acción.
2. Como fundamentos fácticos, de la revisión del expediente, se observa que
Yuliana Almanza Gómez presentó acción popular en contra del municipio de
Apartadó, por presunta vulneración y agravio del derecho colectivo al goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, ante la
omisión de protección de tales derechos por parte del municipio, en relación con el
lote parqueo lateral A de la Urbanización La Navarra de Apartadó y la Zona Verde
No. 1, ocupados por el señor Óscar de Jesús Ruiz Álvarez.
3. El 10 de marzo de 2025, el Juzgado 2 Administrativo de Turbo amparó el
derecho colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes
de uso público, al considerar que la entidad territorial no había hecho valer sus
derechos de propiedad de los bienes públicos ocupados de manera irregular e ilegal
por el señor Ruiz Álvarez con un establecimiento de comercio.
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Demandante: Óscar de Jesús Ruiz Álvarez
4. El 11 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la
sentencia de primera instancia, puesto que, de acuerdo con las pruebas obrantes
en el expediente, los lotes ocupados por el señor Ruiz Álvarez corresponden a
zonas de cesión gratuita obligatoria que adquirieron la calidad de bienes de uso
público imprescriptibles. Por tanto, consideró que el municipio vulneró los derechos
colectivos reclamados, al no proteger y conservar en debida forma los bienes de
uso público que se encuentran a su cargo, por lo que ordenó efectuar las actividades
y gestiones administrativas pertinentes para que dichos lotes de terrenos sean
recuperados en su integridad.
5. El 5 de mayo de 2025, Óscar de Jesús Ruiz Álvarez solicitó la revisión de la
anterior providencia, toda vez que se obtuvieron elementos de prueba nuevos que
no fueron tenidos en cuenta por la sentencia cuya revisión se solicitó, relativos a
que los bienes cuya ocupación se discute no incrementaron el patrimonio del
municipio, por cuanto no le habían sido entregados. Se habría configurado también
una falsedad en una de las anotaciones registrales. Agregó que el Tribunal carecía
de competencia para conocer la acción popular, dada la existencia de un proceso
de pertenencia ante la jurisdicción ordinaria sobre los bienes ocupados.
6. El 19 de junio de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado no seleccionó
para revisión la sentencia del 11 de abril de 2025. Para soportar esta decisión, indicó
que el objeto de la solicitud era constituir una tercera instancia, para que se
estudiaran aspectos que ya habían sido debatidas dentro del trámite de la acción
popular, lo cual excede el propósito unificador de la jurisprudencia sobre derechos
e intereses colectivos, propio de la revisión eventual. Igualmente señaló que el
solicitante confundió el mecanismo de revisión eventual de los fallos emitidos en
procesos promovidos para la protección de los derechos e intereses colectivos,
regulado en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, con el recurso extraordinario de
revisión contemplado en los artículos 248 a 255 CPACA, que tiene un propósito
diferente, en tanto alegó como razones para llevar a cabo la revisión eventual, la
configuración de varias causales de revisión de la sentencia recogidas en el artículo
250 CPACA.
7. El 8 de julio de 2025, el señor Ruiz Álvarez presentó solicitud de insistencia de
la revisión eventual, pues, a su juicio, la solicitud de revisión no se confundió con el
recurso extraordinario de revisión, comoquiera que no se interpuso como recurso,
sino como acción independiente del trámite de la acción popular, en los términos de
los artículos 272 a 274 del CPACA. Para ello, afirmó que presentó una comparación
entre la sentencia del Tribunal de Antioquia objeto de la solicitud, y otra del Tribunal
Administrativo de Bolívar que justificaría la unificación de jurisprudencia sobre si
cabe decidir mediante una acción popular sobre la naturaleza (privada o pública) de
un predio, o si eso corresponde a la jurisdicción civil.
8. El 27 de noviembre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó
el recurso de insistencia, toda vez que el solicitante no demostró la existencia de
pronunciamientos jurisprudenciales contradictorios que justificaran una unificación.
Además, indicó que la insistencia pretendía realmente reabrir y revivir el trámite de
la acción popular concluida ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, lo que
desnaturaliza el objeto del mecanismo de revisión eventual.
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9. El 10 de diciembre de 2025, el señor Ruiz Álvarez interpuso recurso de
reposición contra el anterior auto. Sin embargo, el 9 de febrero de 2026, la Sección
Cuarta del Consejo de Estado rechazó por improcedente dicho instrumento, puesto
que, de conformidad con el artículo 243A del CPACA, no son susceptibles de
recursos ordinarios las decisiones que, por expresa disposición de ese código o de
otros estatutos procesales, no admitan tales medios de defensa. En ese sentido,
precisó que el artículo 318 del Código General del Proceso establece que el recurso
de reposición no procede contra los autos dictados por las salas de decisión,
respecto de los cuales únicamente puede solicitarse aclaración o complementación.
10. Como fundamentos de vulneración, la parte accionante afirmó que la
providencia dictada el 9 de febrero de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado incurrió en defecto procedimental absoluto, puesto que omitió pronunciarse
respecto de la solicitud de complementación que formuló en relación con la
providencia que negó el recurso de insistencia, toda vez que rechazó el recurso de
reposición, pero no hizo ningún análisis sobre dicha petición.
11. Adicionalmente, manifestó que se configuró la causal de defecto fáctico,
debido a que no se valoraron las 6 páginas de la solicitud de adición o
complementación, en la que trasladó todo el contenido del recurso de insistencia,
incluidas las consideraciones y explicaciones relativas a la existencia de decisiones
contradictorias entre el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, así como los demás argumentos dirigidos a activar el
mecanismo de revisión.
12. Finalmente, señaló que se incurrió en defecto sustantivo, dado que la
autoridad accionada de forma «amañada» «escoge lo que lee, observa y analiza de
los escritos», desconociendo lo dispuesto en la Sentencia T-961 de 2000, en la que
la Corte Constitucional indicó que el «juzgador que actúa en contra de esa realidad
fáctica, no hace cosa distinta que darle primacía a su voluntad, a su querer interno,
dejando de lado los principios que rigen la actividad judicial, razón por la que su
decisión no puede ser calificada como una providencia judicial, pese a que en
apariencia lo sea».
Intervenciones1
13. La Sección Cuarta del Consejo de Estado afirmó que la decisión realmente
cuestionada fue la proferida el 27 de noviembre de 2025, mediante la cual se negó
la solicitud de insistencia, ya que esa decisión fue la que resolvió en forma definitiva
el trámite de la revisión eventual. Asimismo, precisó que el auto del 9 de febrero de
2026 se limitó a rechazar, por improcedente, el recurso de reposición, el cual no
tiene la virtualidad de reabrir ni de prolongar el término para el ejercicio de la acción
de tutela.
14. En esa medida, explicó que el auto del 27 de noviembre de 2025 fue
notificado por comunicación electrónica el 3 de diciembre de igual anualidad, por lo
que, de aplicarse lo dispuesto en el artículo 205 del CPACA, la notificación se habría
surtido a más tardar el 5 de diciembre de 2025, de manera que no se cumpliría el
requisito de inmediatez, comoquiera que el término de 6 meses venció el 5 de junio
1 El 3 de agosto de 2026, se admitió la acción de tutela en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado
y se vinculó al municipio de Apartadó (Antioquia).
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de 2026 y la acción de tutela solo fue radicada el 29 de julio de 2026; esto es,
transcurridos más de 7 meses desde la notificación de la providencia realmente
cuestionada.
15. En caso de encontrarse superada dicha exigencia, aseguró que no se
cumple el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que los defectos
invocados se reducen a reiterar los planteamientos relativos a la naturaleza jurídica
de los bienes ocupados, la supuesta falsedad de una anotación registral, la
competencia del tribunal frente al proceso de pertenencia y la valoración de las
pruebas; aspectos que fueron debatidos y resueltos en las dos instancias de la
acción popular y que, además, fueron objeto de pronunciamiento expreso en las
providencias del 19 de junio y del 27 de noviembre de 2025, en las que se explicó
que tales inconformidades no revelan un conflicto de interpretación judicial que
amerite la intervención unificadora del máximo órgano de lo contencioso
administrativo, sino un desacuerdo con la valoración probatoria realizada por el juez
natural, lo cual resulta ajeno al objeto de la revisión eventual de los fallos sobre
derechos e intereses colectivos.
16. Adicional a ello, resaltó que la decisión cuestionada fue proferida por el
Consejo de Estado, frente a lo cual la Corte Constitucional ha establecido un
requisito adicional de procedencia, en el sentido de que se constate la configuración
de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez
constitucional, presupuesto que no se acreditó en ese caso. En ese orden de ideas,
solicitó declarar improcedente la acción de la referencia.
17. La Alcaldía de Apartadó (Antioquia) indicó que en el presente asunto no se
encuentra satisfecho el presupuesto de inmediatez, dado que la decisión que busca
controvertirse fue dictada hace más de seis meses. Además, señaló que los demás
requisitos son planteamientos subjetivos del actor que deberá resolver el juez de
tutela como en derecho corresponda.
18. Agregó que en caso de que prosperen las pretensiones, deberá ordenarse
a la autoridad accionada que emita una nueva providencia de acuerdo con las
pruebas obrantes, ya que, aunque se considere que los lotes no tienen carácter de
público, esa entidad territorial puede dar fe que ha tenido la posesión de estos o
franjas desde más de 20 o 25 años, por lo que la decisión al final, en caso de que
se ordene su estudio y posterior decisión, no tendría cambios sustanciales.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
19. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa
20. Previo a abordar el problema jurídico objeto de análisis, la Sala considera
pertinente precisar que, si bien la accionante invocó la configuración de un defecto
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sustantivo, los argumentos expuestos para sustentar dicho cargo guardan una
estrecha relación con el reproche relativo al defecto procedimental. Así pues, la
inconformidad planteada se fundamenta, esencialmente, en la presunta falta de
pronunciamiento sobre la «solicitud de complementación» formulada respecto de la
providencia que resolvió el recurso de insistencia. Por tal razón, la Sala examinará
dichos cuestionamientos desde la perspectiva del defecto procedimental, por ser
esta la causal que refleja de manera más adecuada la naturaleza de la censura
propuesta
Problema jurídico
21. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, si la providencia dictada el 9 de febrero de
2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, al incurrir
en los defectos procedimental y fáctico.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
22. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, comoquiera que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia; se
argumentaron de forma adecuada los reparos, los cuales fueron encuadrados en
las causales de defecto procedimental y fáctico; y no se trata de un asunto de mera
legalidad o carácter eminentemente económico; (2) se tiene acreditada la
legitimación, tanto activa como pasiva, puesto que el accionante es el titular de las
garantías constitucionales que se invocan como vulneradas, y la Sección Cuarta del
Consejo de Estado fue la autoridad judicial que profirió la decisión que se cuestiona
en el escrito de amparo; (3) no existe otro mecanismo judicial que permita a la parte
actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales; (4) la acción de tutela
se presentó el 29 de julio de 2026, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la
notificación de la providencia del 9 de febrero de 20262; (5) la irregularidad procesal
tiene un efecto decisivo en el auto controvertido; (6) se identificaron razonablemente
los hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de
derechos fundamentales; y (7) la tutela no se interpone contra una providencia de
igual naturaleza.
23. Así las cosas, al haberse superado los anteriores requisitos, la Sala
analizará de fondo la controversia.
Análisis de vulneración alegada: Estudio de los defectos
24. La Sala negará el amparo solicitado por no haberse configurado las
causales específicas invocadas por la parte actora, conforme a las razones que
pasan a exponerse:
25. El accionante afirmó que en el auto del 9 de febrero de 2026 la Sección
Cuarta del Consejo de Estado incurrió en los defectos (i) procedimental absoluto,
2 La providencia fue notificada por estado el 13 de febrero de 2026.
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puesto que omitió pronunciarse respecto de la solicitud de complementación que
formuló en relación con la providencia que negó el recurso de insistencia; y (ii)
fáctico, debido a que no valoró todo el contenido de la solicitud de complementación,
incluidas las consideraciones y explicaciones relativas a la existencia de decisiones
contradictorias entre el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, así como los demás argumentos dirigidos a activar el
mecanismo de revisión.
26. De acuerdo con las pruebas obrantes, en el expediente se observa que en
la providencia del 27 de noviembre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado negó el recurso de insistencia para la revisión de la sentencia dictada el 11
de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, al considerar que el
solicitante no acreditó la existencia de pronunciamientos jurisprudenciales
contradictorios que justificaran la unificación de la jurisprudencia. Asimismo, advirtió
que la solicitud pretendía, en realidad, reabrir el debate de la acción popular y
cuestionar aspectos ya discutidos, como la naturaleza del bien, la competencia del
tribunal y la valoración probatoria.
27. Finalmente, precisó que la insistencia no constituye una oportunidad para
plantear un nuevo debate jurisprudencial ni para subsanar las deficiencias de la
solicitud inicial de revisión. Textualmente, expuso: «[No] se demostró que esa
Corporación haya obviado la existencia de decisiones contradictorias entre
tribunales sobre un mismo supuesto de hecho y de derecho en relación con el
derecho al espacio público, ni la necesidad de sentar un nuevo criterio
jurisprudencial a ese respecto. Cabe añadir que la insistencia no es la oportunidad
para plantear ex novo un eventual debate jurisprudencial que no fue expuesto con
ocasión de la solicitud de revisión inicial, en tanto la insistencia no tiene por objeto
subsanar las falencias de la solicitud inicial, sino de demostrar (si cabe) las razones
que desestiman la decisión de negar la escogencia de la sentencia impugnada para
unificar jurisprudencia en la materia indicada».
28. Contra la anterior decisión, la parte aquí accionante presentó escrito
denominado «RECURSO DE REPOSICIÓN O COMPLEMENTACIÓN A DECISIÓN
DE INSISTENCIA», en el cual sostuvo que la decisión no había tenido en cuenta la
totalidad de los argumentos expuestos en la insistencia y reiteró que existía una
contradicción entre las decisiones proferidas por los tribunales administrativos de
Bolívar y Antioquia respecto de la protección del espacio público y la definición de
la naturaleza jurídica de un inmueble. En consecuencia, solicitó «tomar nueva
postura o al menos, pronunciarse sobre los tópicos previstos, que no fueron tenidos
en cuenta al momento de proferir su providencia, la cual DEBERÍA SER
COMPLEMENTADA para incluirlos».
29. En el auto del 9 de febrero de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado rechazó por improcedente el recurso de reposición, bajo los siguientes
argumentos:
«[…] El artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo – CPACA, establece la procedencia del recurso de reposición, en los siguientes
términos:
Artículo 242. Reposición. <Artículo modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021.
El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de reposición procede contra todos los autos,
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salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo
dispuesto en el Código General del Proceso.
Por su parte, el artículo 243A del CPACA, que fue adicionado por el artículo 63 de la Ley 2080
de 2021, precisó que no son susceptibles de recursos ordinarios las decisiones que, «(…) por
expresa disposición de este código o por otros estatutos procesales, no sean
susceptibles de recursos ordinarios».
En concordancia con lo anterior, el artículo 318 del Código General Proceso, regula la
procedencia y oportunidad del recurso de reposición, así:
«Artículo 318. Procedencia y oportunidades. Salvo norma en contrario, el recurso
de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado
sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.
(…)
Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse
su aclaración o complementación, dentro del término de su ejecutoria».
Conforme con lo anterior, es evidente que el recurso de reposición es improcedente cuando
se pretende controvertir autos dictados por las Salas de decisión. Criterio que, además, ha
sido reiterado por esta Corporación.
En el caso concreto, el señor Oscar de Jesús Ruiz Álvarez interpuso el recurso de reposición
contra el auto de 27 de noviembre de 2025, mediante el cual la Sección Cuarta del Consejo
de Estado negó la solicitud de insistencia interpuesta contra la providencia que decidió no
seleccionar para revisión la sentencia de acción popular, del 11 de abril de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia. En esa medida, al dirigirse el recurso de reposición
contra una decisión proferida por la Sala de Sección Cuarta del Consejo de Estado, tal medio
de impugnación es improcedente, por lo tanto, se impone su rechazo […]».
30. Analizadas las anteriores actuaciones, la Sala observa que la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, en ejercicio de su autonomía e independencia
judicial, determinó razonablemente que el escrito denominado «RECURSO DE
REPOSICIÓN O COMPLEMENTACIÓN A DECISIÓN DE INSISTENCIA»,
constituía un recurso de reposición.
31. Ciertamente, al revisar integralmente el contenido de dicho escrito se
observa que, más allá de cuestionar la eventual falta de pronunciamiento sobre
algún aspecto concreto de la decisión que negó la solicitud de insistencia, el
accionante buscaba poner de presente que existían decisiones contradictorias
proferidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Tribunal Administrativo de
Bolívar. Con fundamento en ello, pretendía que se reconsiderara la decisión
adoptada y que se accediera a la revisión eventual, al insistir en la necesidad de un
pronunciamiento dirigido a unificar la jurisprudencia.
32. El anterior propósito guarda relación directa con las razones expuestas por
la Sección accionada en la providencia del 27 de noviembre de 2025, mediante la
cual negó la solicitud de insistencia. Al respecto, la autoridad judicial mencionada
precisó que no se había demostrado que la Corporación hubiera obviado la
existencia de decisiones contradictorias entre tribunales sobre un mismo supuesto
de hecho y de derecho en relación con el derecho al espacio público, ni la necesidad
de fijar un nuevo criterio jurisprudencial sobre la materia.
33. Asimismo, aclaró que la insistencia no constituía una oportunidad para
plantear ex novo un debate jurisprudencial que no hubiera sido expuesto en la
solicitud inicial de revisión, pues su finalidad no era subsanar las falencias de esta,
sino demostrar las razones por las cuales debía reconsiderarse la decisión de no
seleccionar la sentencia para unificar jurisprudencia.
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34. En ese orden de ideas, resultaba razonable que la Sección Cuarta
concluyera que, a pesar de que el accionante denominó su escrito como una
solicitud de «complementación», materialmente pretendía controvertir las razones
que sustentaron la negativa de la insistencia y obtener la reconsideración de dicha
determinación. En particular, buscaba que la autoridad judicial examinara
nuevamente sus argumentos acerca de la existencia de decisiones contradictorias
entre el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Tribunal Administrativo de Bolívar
y, con fundamento en ello, accediera a la revisión eventual.
35. Por tanto, la calificación del escrito como un recurso de reposición no
obedeció a una interpretación arbitraria o caprichosa, sino a una valoración
razonable de su contenido y de la verdadera finalidad perseguida por el accionante,
pues la sola circunstancia de que el actor hubiera empleado la expresión
«complementación» no obligaba a la autoridad judicial a otorgarle tal naturaleza,
pues correspondía atender a su contenido material. En consecuencia, la
interpretación efectuada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado no evidencia
la configuración del defecto procedimental invocado.
36. En el mismo sentido, en cuanto al cargo relativo al defecto fáctico,
consistente en que la parte accionante dejó de valorar todo el escrito presentado
respecto del auto dictado el 27 de noviembre de 2025, mediante el cual se negó el
recurso de insistencia, se advierte que la decisión cuestionada no obedeció a la
omisión o desconocimiento del contenido del escrito, sino precisamente a la
valoración de este y a la determinación de la verdadera finalidad del escrito, a partir
de la cual concluyó que este pretendía obtener la reconsideración de la decisión
que negó la revisión eventual.
37. En consecuencia, al no hallarse acreditadas ninguna de las causales
invocadas, la Sala negará el amparo solicitado por Óscar de Jesús Ruiz Álvarez.
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por Óscar de Jesús Ruiz Álvarez, a
través de la acción de tutela formulada en contra de la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
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Demandante: Óscar de Jesús Ruiz Álvarez
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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