Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05999-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-05999-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05999-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05999-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
31 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 31 de agosto de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05999-00
Demandantes: Jhon Fredy Gómez Múnera y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto fáctico | Relevancia
constitucional| Desconocimiento de precedente horizontal – Niega
Síntesis del caso: El demandante interpuso acción de tutela con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales, que consideró vulnerados con ocasión de las
sentencias de primera y segunda instancia proferidas en un proceso de reparación directa.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Jhon Fredy Gómez
Múnera y su núcleo familiar contra el Tribunal Administrativo de Atlántico y
el Juzgado 15 Administrativo de Barranquilla.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de las partes accionadas y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 30 de julio de 2026, Jhon Fredy Gómez Múnera y su núcleo familiar2,
a través de apoderado, presentaron una acción de tutela en contra del
Tribunal Administrativo de Atlántico y el Juzgado 15 Administrativo de
Barranquilla, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a
la igualdad, acceso a la administración de justicia, debido proceso,
principio de seguridad jurídica y principio de congruencia, con ocasión de
las Sentencias de 30 de enero de 2026 y 15 de septiembre de 2025,
proferidas, respectivamente, por las autoridades judiciales accionadas en el
proceso de reparación directa Rad. 08001-33-33-015-2023-00046-00/01.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Su hijo HMGA, Dora Elena Múnera de Gómez, Viviana Patricia Rodríguez Contreras, Cristal Camila Gómez
Rodríguez, Fernando Albeiro Martínez Porras, Alyson Dayana Gómez Cañas, Jhon Esteban Gómez Cañas, Daniel
Santiago Gomez Villadiego, Hecto Mauricio Gómez Munera, Juan Camilo Gómez Múnera, Joaquín Eusebio Gómez
Múnera, María Camila Gómez Múnera, Graciela de Jesús Tapias de Múnera, Luis Enrique Múnera Tapias, Hernando
Antonio Gómez Palacio, Cindy Paola Albor Gómez, Cindy Marcela Castillo Chiquillo y Julián Eduardo Gómez
Múnera quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijas ZMGC y JMGC (Se suprime los nombres de
niños, niñas y adolescentes, en aras de salvaguardar sus intereses superiores, entre ellos, su derecho a la intimidad).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05999-00
Demandantes: Jhon Fredy Gómez Múnera y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________
2. A título de amparo constitucional, la parte accionante solicitó (se
trascribe):
“Lo expuesto previamente, conduce entonces a que se revoque el fallo
atacado proferido por la Sala “A” del Tribunal Administrativo del Atlántico con
ponencia de la Magistrada Carmen Rosa Lorduy González dentro del proceso
de reparación directa 08001-33-33-015-20223-00046-01-CL en el que figura
como demandante Dora Elena Múnera y otros, el que a su vez confirmó la
sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado 15 Administrativo del
Circuito, que negó inicialmente las pretensiones de la demanda.
En su lugar, solicito a su señoría, que mediante la presente acción constitucional
como mecanismo extraordinario se conceda el amparo de tutela a mis
representados el amparo a los derechos fundamentales invocados, derechos
a la igualdad, acceso a la administración de justicia, debido proceso, principio
de seguridad jurídica y principio de congruencia.
Como consecuencia de lo anterior, le solicito a su señoría que se ordene
expedir fallo de reemplazo dentro de la acción de reparación directa de
radicado 08001333301520230004601-CL, con estricta observancia de los
principios procesales deprecados y los derechos fundamentales incoados,
dentro del plazo que usted considere razonable.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:
4. 1) Juan Pablo Gómez Múnera se encontraba recluido en la Cárcel
Distrital El Bosque de Barranquilla.
5. 2) El 11 de mayo de 2021, Juan Pablo Gómez Múnera realizaba labores
de aseo en uno de los patios internos del centro carcelario con vista hacia
la vía pública, delimitado por una malla metálica cubierta con polisombra,
cuando un sujeto se aproximó desde el exterior del establecimiento
penitenciario y le disparó en múltiples oportunidades, causándole la muerte.
6. 3) Con ocasión de la muerte de Juan Pablo Gómez Múnera, sus
familiares3 promovieron, el 12 de mayo de 20234, una demanda, en ejercicio
del medio de control de reparación directa, contra el Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla, al considerar que existió una falla del
servicio al interior del establecimiento penitenciario donde se encontraba
recluido. Los demandantes solicitaron la reparación de los perjuicios
3 Dora Elena Múnera De Gómez (madre de la víctima); Viviana Patricia Rodriguez Contreras (compañera
permanente de la Víctima); Cristal Camila Gómez Rodríguez (hija de la víctima); Fernando Albeiro Martinez Porras
(padre de crianza de la víctima); Jhon Fredy Gómez Múnera (hermano de la Víctima) actuando en nombre propio
y en representación su hijos: HMGA y Jhon Elyth Gómez Serrano (sobrinos de la víctima), Julián Eduardo Gómez
Múnera (hermano de la Víctima) actuando en nombre propio y en representación de sus hijas: ZMGC y JMGC
(sobrinos de la víctima); Hector Mauricio Gómez Múnera, Juan Camilo Gómez Múnera, Joaquin Eusebio Gómez
Múnera y Maria Camila Gómez Múnera (Hermanos de la víctima), Graciela De Jesús Tapias De Múnera (abuela
materna de la víctima); Luis Enrique Múnera Tapias y Hernando Antonio Gómez Palacio (tíos de la víctima); Juan
Carlos Múnera Betancur (primo de la víctima); Cindy Paola Albor Gómez y Cindy Marcela Castillo Chiquillo
(cuñadas de la víctima). (Se suprime los nombres de niños, niñas y adolescentes, en aras de salvaguardar sus
intereses superiores, entre ellos, su derecho a la intimidad).
4 Índice 1 SAMAI, proceso de reparación directa Rad. 08001-33-33-015-2023-00046-00.
2 de 15
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05999-00
Demandantes: Jhon Fredy Gómez Múnera y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________
derivados de su muerte, bajo el argumento de que mantenían con la
víctima vínculos de apoyo moral y económico.
7. 4) El conocimiento del proceso de reparación directa correspondió,
en primera instancia, al Juzgado 15 Administrativo de Barranquilla5, con Rad.
08001-33-33-015-2023-00046-00, el cual, mediante Sentencia de 15 de
septiembre de 2025, negó las pretensiones de la demanda6 porque, aunque
se encontraba acreditada la muerte de Juan Pablo Gómez Munera
mediante certificado de defunción aportado al proceso, no existían
elementos de prueba suficientes para establecer las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, ni para demostrar que
el daño fuera imputable al Distrito de Barranquilla. El despacho señaló que
la parte demandante no acreditó que la víctima se encontrara recluida en
la Cárcel Distrital El Bosque, y que los recortes de prensa allegados no
constituían prueba idónea para demostrar tales hechos.
8. 5) Inconforme con la decisión, la parte demandante promovió recurso
de apelación7, en el que sostuvo que la decisión de primera instancia
desconoció el material probatorio obrante en el expediente y concluyó
erróneamente que no se encontraban acreditadas las circunstancias de la
muerte de Juan Pablo Gómez Múnera. La parte actora alegó que el
Juzgado omitió valorar adecuadamente las publicaciones de la prensa que
constituían un hecho notorio y daban cuenta de que la víctima se
encontraba recluida en la Cárcel Distrital El Bosque y de que murió como
consecuencia de un ataque con arma de fuego ocurrido al interior de dicho
establecimiento. Asimismo, afirmó que existía una conducta omisiva por
parte del Juzgado 15 Administrativo de Barranquilla, con fundamento en
que una vez decretadas las pruebas que no se lograron obtener por
derecho de petición, era el juzgado del conocimiento el encargado de
oficiar a las entidades y reiterar las solicitudes, so pena de incurrir en
desacato.
9. Igualmente, el recurrente señaló que (se trascribe) “cursó ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo en el Juzgado 12 Administrativo
del Circuito Oral con fallo favorable y posteriormente confirmado en
segunda instancia por la Sala A del Tribunal Administrativo del Atlántico con
ponencia de la Magistrada Judith Romero Ibarra, con origen en los mismos
hechos, el DEIP de Barraquilla fue condenado en primera y segunda
instancia a indemnizar a los demandantes de la otra víctima fatal de nombre
5 Mediante Auto de 8 de septiembre de 2023, el Juzgado 15 Administrativo de Barranquilla decidió admitir la
demanda de reparación directa.
6 Sentencia de primera instancia de 15 de septiembre de 2025, proferida por el Juzgado 15 Administrativo de
Barranquilla, Rad. 08001-33-33-015-2023-00046-00. “Primero.- Denegar las súplicas de la demanda, de conformidad
a las motivaciones precedentes. (…)”
7 Índice 27 de SAMAI, proceso de reparación directa, Rad. 08001-33-33-015-2023-00046-00.
3 de 15
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05999-00
Demandantes: Jhon Fredy Gómez Múnera y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________
JUAN GÓMEZ MÚNERA. Link de consulta en el aplicativo SAMAI
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?gui
d=08001 3333012202200078000800133”.
10. 6) El Tribunal Administrativo de Atlántico, mediante Sentencia de
segunda instancia de 30 de enero de 20268, decidió confirmar la sentencia
apelada9, al considerar que el proceso presentaba una orfandad
probatoria, pues, aunque se acreditó la muerte de Juan Pablo Gómez
Múnera, mediante el certificado de defunción aportado por la parte
recurrente, de dicho certificado se desprendía que Juan Pablo Gómez
Múnera murió de forma “violenta”, sin que del documento hubiera sido
posible inferir las causas concretas que la ocasionaron.
11. El tribunal señaló que no era posible determinar que el fallo fuera
imputable al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, dado que
la parte demandante no acreditó que Juan Pablo Gómez Múnera se
encontrara privado de la libertad en la Cárcel Distrital El Bosque de
Barranquilla, ello sin que las publicaciones periodísticas resultaran idóneas
para corroborar o dar fe de tales circunstancias, aun cuando podían ser
apreciadas como medios de prueba, estas no constituían prueba plena en
sí misma, en la medida en que únicamente acreditaban la existencia de una
información o su registro mediático, mas no su veracidad.
12. Finalmente, el fallador de segunda instancia se pronunció sobre el
argumento de la parte demandante relativo a la conducta omisiva por
parte del Juzgado 15 Administrativo de Barranquilla en la obtención de las
pruebas decretadas. Al respecto, señaló que la carga de acreditar los
supuestos fácticos de la demanda recaía en la parte actora, quien disponía
de distintos mecanismos para obtener e incorporar las pruebas necesarias
al proceso. Destacó que, ante la eventual falta de respuesta de las
autoridades a las solicitudes formuladas, los demandantes podían acudir a
instrumentos judiciales idóneos, como la acción de tutela para la protección
del derecho de petición, sin que hubieran hecho uso de ellos. Por ende,
concluyó que la parte demandante no desplegó las actuaciones
necesarias para superar las dificultades probatorias advertidas y que no era
procedente trasladar al juez la responsabilidad derivada de esa falta de
actividad procesal.
13. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora
argumentó que la providencia enjuiciada incurrió en:
8 Índice 7 de SAMAI, proceso de reparación directa, Rad. 08001-33-33-015-2023-00046-01.
9 Sentencia de segunda a instancia de 30 de enero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico,
Rad. 08001-33-33-015-2023-00046-01. “CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2025, por parte
del Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Barranquilla, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia. (…)”
4 de 15
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05999-00
Demandantes: Jhon Fredy Gómez Múnera y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________
14. Una indebida valoración probatoria. Sostuvo que las autoridades
judiciales realizaron una valoración probatoria irrazonable al concluir que el
proceso carecía de elementos de convicción suficientes para acreditar las
circunstancias de la muerte de Juan Pablo Gómez Múnera y la
responsabilidad de la entidad demandada.
15. Señaló que durante el trámite del medio de control de reparación
directa solicitó, a través de derecho de petición, diversas pruebas
encaminadas a demostrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
que incurrieron los hechos que originaron la muerte de Juan Pablo Gómez
Múnera al interior de la Cárcel Distrital El Bosque de Barranquilla. Indicó que
dichas pruebas fueron decretadas por el Juzgado 15 Administrativo de
Barranquilla, pero no fueron incorporadas al expediente debido a la falta de
respuesta de las entidades requeridas.
16. La parte accionante afirmó que las autoridades judiciales incurrieron
en una conducta omisiva, debido a que la decisión de negar las
pretensiones por orfandad probatoria desconoció que la ausencia de
determinados medios de prueba no obedeció a la inactividad de la parte
demandante, sino a la imposibilidad de obtener la información solicitada a
las autoridades que la tenían bajo su custodia. En ese sentido, consideró que
los jueces atribuyeron indebidamente a la parte actora las consecuencias
derivadas de la falta de recaudo de pruebas, toda vez que, una vez
decretadas las pruebas que no se lograron obtener por derecho de
petición, era el juzgado del conocimiento el encargado de oficiar a las
entidades y reiterar las solicitudes, so pena de incurrir en desacato.
17. Asimismo, agregó que las providencias cuestionadas omitieron valorar
integralmente los elementos de convicción obrantes en el expediente,
particularmente los recortes de prensa que permitían inferir que Juan Pablo
Gómez Múnera se encontraba recluido en la Cárcel Distrital El Bosque, y que
su muerte ocurrió en el marco de una serie de disparos que le fueron
propiciados mientras estaba al interior de dicho establecimiento
penitenciario. A juicio de la parte accionante, dichos elementos tenían la
calidad de hechos notorios y permitían establecer las circunstancias de
tiempo modo y lugar.
18. Por otra parte, invocó un desconocimiento de precedente judicial
horizontal, debido a que la sala de Decisión Oral A del Tribunal Administrativo
de Atlántico se apartó injustificadamente de una decisión anterior proferida
5 de 15
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05999-00
Demandantes: Jhon Fredy Gómez Múnera y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________
por esa misma Sala10, integrada por las mismas magistradas, dentro del
proceso de reparación directa Rad. 08-001-33-33-012-2022-00078-00/01,
promovido por otros familiares de Juan Pablo Gómez Múnera, en el que se
declaró la responsabilidad del Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla por los perjuicios ocasionados con la muerte de la víctima11, y
pese a que el asunto tenía origen en los mismos hechos y contaba con un
material probatorio similar, la providencia cuestionada decidió negar las
pretensiones.
19. Señaló que existía identidad entre ambos procesos, toda vez que se
referían a la misma víctima fatal, al mismo hecho dañoso y a la misma
entidad demandada, así, la única diferencia radicaba en los integrantes del
grupo familiar que actuaron en calidad de demandantes para reclamar la
indemnización de perjuicios en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo a través de una demanda de reparación directa. Asimismo,
señaló que la existencia de dicho precedente fue puesta en conocimiento
del Tribunal Administrativo de Atlántico, sin que este explicara las razones
que justificaban apartarse de la decisión previamente adoptada.
1.2. Posición de las partes accionadas y demás vinculados12
20. El Tribunal Administrativo de Atlántico13 solicitó declarar improcedente
la acción de tutela y, de manera subsidiaria, negar el amparo. Señaló que
la sentencia cuestionada examinó de forma expresa los argumentos
formulados por el actor en el recurso de apelación y concluyó que, si bien
se encontraba acreditada la muerte de Juan Pablo Gómez Múnera, no
existían elementos de convicción que permitieran atribuir dicho resultado al
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, toda vez que la
decisión se sustentó en la existencia de una evidente orfandad probatoria,
pues el único elemento relevante aportado para acreditar los hechos fue el
10
Sentencia de segunda instancia de 6 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico,
Rad. 08-001-33-33-012-2022-00078-01. “PRIMERO. - CONFIRMAR la Sentencia dictada en Audiencia Inicial, el día
primero (01°) de diciembre de 2023, proferida por el Juzgado Doce (12°) Administrativo Oral del Circuito de
Barranquilla, mediante el cual, se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia. (…)”
11 Sentencia de primera instancia de 1 de diciembre de 2023, proferida por el Juzgado 12 Administrativo de
Barranquilla, Rad. 08-001-33-33-012-2022-00078-00. “1. DECLÁRASE al DISTRITO DE BARRANQUILLA responsable
administrativamente por los perjuicios causados a los demandantes JAZMIN PAOLA CATAÑO ANAYA JUAN PABLO
GOMEZ CATAÑO, RITA HELENA RODRIGUEZ CATAÑO y SEBASTIAN BEDOYA CATAÑO, con ocasión al deceso del
señor JUAN PABLO GOMEZ MUNERA, acaecido el 11 de mayo de 2021. (…)”
12 Mediante Auto de 31 de julio de 2026, el despacho ponente (1) admitió la acción de tutela, (2) tuvo como
demandado al Tribunal Administrativo de Atlántico y el Juzgado 15 Administrativo de Barranquilla y (3) vinculó a
Dora Elena Múnera de Gómez, Viviana Patricia Rodríguez Contreras, Cristal Camila Gómez Rodríguez, Fernando
Albeiro Martínez Porras, Alyson Dayana Gómez Cañas, Jhon Esteban Gómez Cañas, Héctor Mauricio Gómez Albor,
Daniel Santiago Gómez Villadiego, Jhon Elyth Gómez Serrano, Julián Eduardo Gómez Múnera, Zharick Milagros
Gómez Castillo, Juliana Marcela Gómez Castillo, Héctor Mauricio Gómez Múnera, Juan Camilo Gómez Múnera,
Joaquín Eusebio Gómez Múnera, María Camila Gómez Múnera, Graciela De Jesús Tapias De Múnera, Luis Enrique
Múnera Tapias, Hernando Antonio Gómez Palacio, Juan Carlos Múnera Betancur, Cindy Paola Albor Gómez, Cindy
Marcela Castillo Chiquillo, al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, como terceros interesados en el
asunto.
13 Índice 14 de Samai.
6 de 15
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05999-00
Demandantes: Jhon Fredy Gómez Múnera y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________
certificado de defunción de la víctima. Dicho documento únicamente
permitía establecer que Juan Pablo Gómez Múnera murió en Barranquilla el
11 de mayo de 2021 y que su muerte fue catalogada como violenta, pero
no acreditaba las circunstancias en que ocurrieron los hechos ni las causas
concretas que la produjeron. Además, indicó que no se demostró que la
víctima se encontrara privada de la libertad en la Cárcel Distrital El Bosque
para la fecha de los hechos, ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar
en que, según la demanda, ocurrió el ataque que ocasionó su muerte.
21. Respecto de los reportes periodísticos aportados al proceso, sostuvo
que estos no constituían prueba suficiente para acreditar los hechos
alegados. Precisó que, aunque la jurisprudencia admitía su valoración como
medio de prueba, tales publicaciones únicamente acreditaban la
existencia de una información difundida por un medio de comunicación,
mas no la veracidad de los hechos narrados, razón por la cual carecían de
la entidad necesaria para desvirtuar la insuficiencia probatoria advertida
por la Sala.
22. Frente al cargo por desconocimiento del precedente horizontal,
afirmó que la decisión invocada por el accionante no resultaba equiparable
al caso objeto de estudio. Explicó que, en el proceso utilizado como
referencia, obraban pruebas que permitían acreditar la permanencia de la
víctima en un centro de reclusión y establecer las circunstancias relevantes
para efectuar el juicio de imputación. Por el contrario, en el proceso
promovido por el actor únicamente se acreditó la muerte de Juan Pablo
Gómez Múnera, sin que se demostrara su condición de persona privada de
la libertad al momento de los hechos ni las circunstancias en que estos
ocurrieron. En consecuencia, consideró que no existía identidad fáctica y
probatoria entre ambos asuntos que permitiera predicar el desconocimiento
del precedente alegado.
23. El Juzgado 15 Administrativo de Barranquilla14 solicitó declarar
improcedente la acción de tutela. Sostuvo que los reproches formulados por
el accionante estaban dirigidos a cuestionar las consideraciones jurídicas y
probatorias que sustentaron las sentencias de primera y segunda instancia,
particularmente en lo relacionado con la valoración de las pruebas y con la
conclusión según la cual no se acreditaron los presupuestos necesarios para
declarar la responsabilidad de la entidad demandada.
24. Indicó que la tutela no podía emplearse como una instancia adicional
para reabrir controversias ya resueltas por los jueces naturales del proceso ni
para obtener una nueva valoración del material probatorio. En ese sentido,
14 Índice 22 de Samai.
7 de 15
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05999-00
Demandantes: Jhon Fredy Gómez Múnera y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________
afirmó que la parte accionante pretendía utilizar el mecanismo
constitucional para controvertir decisiones adoptadas dentro de un proceso
ordinario en el que se agotaron las instancias previstas por el ordenamiento
jurídico.
25. Asimismo, frente al argumento según el cual el despacho incurrió en
una conducta omisiva respecto del recaudo de las pruebas decretadas,
señaló que el accionante contó con oportunidades procesales para
cuestionar las decisiones adoptadas en materia probatoria, particularmente
durante la audiencia inicial celebrada el 19 de marzo de 2025. Sin embargo,
no hizo uso de los recursos procedentes en esa etapa procesal.
26. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla15 solicitó que se
declarara que no vulneró derecho fundamental alguno y, en consecuencia,
que fuera desvinculado del trámite de tutela. Sostuvo que la presunta
afectación alegada por la parte accionante no era atribuible al ente
territorial, sino a las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales
accionadas dentro del proceso de reparación directa, debido a que su
intervención en el proceso ordinario se limitó al ejercicio de su derecho de
defensa como parte demandada
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio y de defectos. 2.2.
Subsanación del requerimiento. 2.3. Solicitud de desvinculación. 2.4. Procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. 2.5. Verificación de defectos alegados y/o
afectación a derechos fundamentales. 2.6. Conclusiones.
2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio y de defectos
27. El análisis de la presente acción de tutela se limitará exclusivamente a
la Sentencia de segunda instancia de 30 de enero de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Atlántico, que confirmó la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa.
Esta delimitación obedece a que, si bien la parte accionante también
cuestionó la providencia de primera instancia, fue la decisión del tribunal la
que resolvió de manera definitiva la controversia. Además, en caso de un
eventual fallo favorable, sería dicho tribunal el competente para cumplir la
orden de tutela.
28. Sobre los defectos, aunque en la acción de tutela el accionante
aludió a una indebida valoración probatoria por parte del juez de segunda
instancia, en particular respecto de las pruebas aportadas al proceso, de la
15 Índice 16 de Samai.
8 de 15
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05999-00
Demandantes: Jhon Fredy Gómez Múnera y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________
conclusión relativa a la existencia de una orfandad probatoria y de la
supuesta omisión de las autoridades judiciales en el recaudo de las pruebas
solicitadas mediante derechos de petición, la Sala advierte que tales
cuestionamientos se enmarcan en un defecto fáctico y, por ende, los
estudiará como tal, además del desconocimiento del precedente horizontal
alegado.
2.2. Subsanación de requerimiento
29. Mediante Auto de 31 de julio de 202616 se requirió la parte actora17 y
a sus apoderados18 con el objetivo de que identificaran y precisaran a todos
los accionantes y, de ser el caso, allegaran los respectivos poderes
especiales que acreditaran la representación judicial.
30. Los apoderados de la parte accionante atendieron dicho
requerimiento e informaron al despacho que, además de Jhon Fredy Gómez
Múnera, quien presentó la acción de tutela, también comparecían al
trámite las siguientes personas, para quienes acreditaron su representación
judicial mediante los respectivos poderes especiales de la siguiente manera:
Dora Elena Múnera De Gómez (madre de la víctima); Viviana Patricia
Rodríguez Contreras (compañera permanente de la víctima); Cristal Camila
Gómez Rodríguez (hija de la víctima); Fernando Albeiro Martínez Porras
(padre de crianza de la víctima); Jhon Fredy Gómez Múnera (hermano de
la víctima) actuando en nombre propio y en representación su hijos: HMGA
y Jhon Elyth Gómez Serrano (sobrinos de la víctima), Julián Eduardo Gómez
Múnera (hermano de la víctima) actuando en nombre propio y en
representación de sus hijas: ZMGC y JMGC (sobrinos de la víctima); Héctor
Mauricio Gómez Múnera, Juan Camilo Gómez Múnera, Joaquín Eusebio
Gómez Múnera y María Camila Gómez Múnera (hermanos de la víctima),
Graciela De Jesús Tapias De Múnera (abuela materna de la víctima); Luis
Enrique Múnera Tapias y Hernando Antonio Gómez Palacio (tíos de la
víctima); Juan Carlos Múnera Betancur (primo de la víctima); Cindy Paola
Albor Gómez y Cindy Marcela Castillo Chiquillo (cuñadas de la víctima). (Se
suprime los nombres de niños, niñas y adolescentes, en aras de salvaguardar
sus intereses superiores, entre ellos, su derecho a la intimidad). Por ende, en
esta providencia se les reconocerá personería.
2.3. Solicitud de desvinculación
16 Índice 5 SAMAI
17 Jhon Fredy Gómez Múnera
18 El abogado Oscar Fernández Chagin, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.471.017, portador de la
Tarjeta Profesional No. 41.720 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado principal del
demandante, y la abogada Liliana de la Cruz, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.792.185 y
portadora de la Tarjeta Profesional No. 192.668 del Consejo Superior de la Judicatura
9 de 15
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05999-00
Demandantes: Jhon Fredy Gómez Múnera y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________
31. En relación con la solicitud de desvinculación presentada por El Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, la Sala la resolverá de manera
desfavorable, ya que, aunque no se alegó una presunta vulneración de
derechos fundamentales respecto de dicha entidad, la decisión que
eventualmente se adopte podría resultarle de interés, por haber fungido en
el proceso ordinario como demandado, razón por la cual fue vinculado
como tercero desde el auto admisorio de la acción de tutela.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
32. La Sala declarará improcedente la acción de tutela respecto del
defecto fáctico, debido a que frente a la conducta omisiva por parte de la
autoridad judicial accionada respecto del decreto de pruebas que no se
lograron obtener por derecho de petición, a la indebida valoración
probatoria y a la conclusión relativa a la existencia de una orfandad
probatoria, la Sala evidencia que se incumplió con el requisito de relevancia
constitucional19, toda vez que tales cuestionamientos fueron expuestos en el
recurso de apelación20 y resueltos por el Tribunal Administrativo de Atlántico
en la Sentencia de segunda instancia, el cual dispuso lo siguiente (se
trascribe):
“(…) corresponde a la Sala adelantar el respectivo juicio de imputación, a fin de
determinar si aquel puede ser atribuido fáctica y jurídicamente a la entidad
demandada, si se configura alguna causal exonerativa de responsabilidad, o si, por
el contrario, se presenta un evento de concurrencia de acciones u omisiones en la
producción del daño cuya indemnización se reclama.
Sobre el particular, la Sala advierte en la misma línea en que lo hizo el juez de primera
instancia, que en el presente asunto se evidencia una orfandad probatoria que
impide imputar responsabilidad a la entidad demandada, en tanto ni siquiera se
acreditó en el proceso que el demandante Juan Gómez Munera se encontrara
privado de la libertad en la Cárcel Distrital El Bosque de Barranquilla, y mucho menos
las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que, según se afirma en la demanda
ocurrieron los hechos. Ello, sin que los reportes periodísticos en los cuales se funda el
recurso de apelación, resulten idóneos para corroborar o dar fe de tales
circunstancias, pues aun cuando conforme a la jurisprudencia estos pueden ser
apreciados como medios de prueba, no constituyen prueba plena por sí mismos, en
la medida en que únicamente acreditan la existencia de una información o su registro
mediático, mas no la veracidad de los hechos narrados.
(…)
De igual manera, a partir de los hechos noticiosos no puede entenderse como lo
pretende el apelante, que se esté frente a un hecho notorio, pues conforme lo ha
19 La Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 2023, estableció que la relevancia constitucional se acredita a
partir de tres criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2) perseguir la protección de
derechos fundamentales y (3) no reabrir debates concluidos. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de
Estado, en Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo expresamente que el
requisito que se analiza requiere la conjunción de varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del
accionante que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la
necesidad de su intervención en el asunto ; (2) que la solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener
una instancia adicional al proceso ordinario y (3) que se trate de una controversia sobre derechos fundamentales
y no asuntos de simple legalidad .
20 Ver párrafos 8 y 9 de esta providencia.
10 de 15
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05999-00
Demandantes: Jhon Fredy Gómez Múnera y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________
sostenido el H. Consejo de Estado, “el hecho notorio además de ser cierto, es público,
y sabido del juez y del común de las personas que tienen una cultura media. Y según
las voces del artículo 177 del C. de P. C. el hecho notorio no requiere prueba; basta
que se conozca que un hecho tiene determinadas dimensiones y repercusiones
suficientemente conocidas por gran parte del común de las personas que tiene una
mediana cultura, para que sea notorio”.
(…)
En el presente caso, no se trata de un hecho que ostente tal notoriedad, pues
conforme se afirma, un recluso habría perdido la vida al interior de un centro
carcelario, circunstancia respecto de la cual no existe certeza probatoria, ni puede
afirmarse que se trate de un hecho sabido por el juez o por el común de las personas
con una cultura media. El solo hecho de que una noticia informe sobre un
acontecimiento determinado cuya veracidad no necesariamente se encuentra
acreditada, no implica de manera automática, que este adquiera la condición de
hecho notorio.
Siguiendo con el análisis probatorio, debe destacarse que al proceso únicamente se
aportaron además de los poderes y demás documentos tendientes a acreditar la
legitimación en la causa, el certificado de defunción antecedente del Registro Civil
No. 72652773-9, del cual únicamente se desprende que el señor Juan Gómez Múnera
falleció en la ciudad de Barranquilla el 11 de mayo de 2021, y que esa muerte fue
catalogada como “violenta”, sin que del documento sea posible inferir las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni las causas concretas que la ocasionaron.
Asimismo, obran en el expediente los registros civiles de nacimiento de los
demandantes, así como copias de diversas peticiones elevadas por la madre del
fallecido ante la Cárcel Distrital El Bosque de Barranquilla (20 de junio de 2022), el
Alcalde Distrital de Barranquilla (15 de octubre de 2021) y la fiscalía general de la
Nación (19 de octubre de 2021), mediante las cuales solicitó información relacionada
con los hechos que aquí se denuncian.
No obstante, tales solicitudes por sí mismas no permiten tener por acreditados los
hechos objeto de debate, pues si bien evidencian la diligencia de la parte actora en
procurar información por la vía administrativa, no constituyen prueba de los hechos,
ni suplen el deber procesal de solicitar, recaudar e incorporar oportunamente los
medios probatorios dentro del proceso judicial.
En efecto, como erradamente se pretende en el recurso de apelación, la carga de
la prueba no se invierte automáticamente por el solo hecho de haber acudido al
aparato judicial, ni tampoco habilita al juez para suplir la inactividad probatoria de
las partes. El juez contencioso administrativo no puede, so pretexto de garantizar el
acceso a la justicia, asumir el rol probatorio de una de las partes, ni desequilibrar la
contienda procesal ordenando de oficio pruebas que pudieron y debieron ser
solicitadas oportunamente por quien tenía interés directo en su recaudo, salvo en los
casos excepcionales de puntos dudosos, lo cual no acontece en el asunto estudiado.
(…)
En similar sentido, el artículo 173 del Código General del Proceso establece que las
pruebas solo serán apreciadas si han sido solicitadas, practicadas e incorporadas al
proceso dentro de las oportunidades legales, sin que pueda reprocharse al juez la no
práctica de aquellas pruebas que, directamente o mediante el ejercicio del derecho
de petición, la parte estaba en posibilidad de obtener y aportar, máxime cuando
estas no fueron solicitadas formalmente como medios de prueba dentro del proceso.
Inclusive, frente a la alegada omisión de las autoridades en dar respuesta a las
solicitudes formuladas, la parte actora contaba con mecanismos judiciales idóneos
como la acción de tutela, orientada a la protección del derecho fundamental de
petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución, cuya eventual vulneración
bien pudo ser reclamada oportunamente. Sin embargo, esta vía tampoco fue
ejercida. En consecuencia, el demandante dispuso de diversos mecanismos jurídicos
para procurar el recaudo probatorio y su incorporación al proceso, sin que se advierta
11 de 15
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05999-00
Demandantes: Jhon Fredy Gómez Múnera y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________
la debida proactividad en tal sentido. Por el contrario, pretende ahora trasladar dicha
carga al juez, bajo el argumento de haber formulado solicitudes administrativas no
atendidas, olvidando que tales circunstancias debieron ser oportunamente alegadas
y sustentadas en las solicitudes probatorias presentadas con la demanda.
(…)
Ahora bien, no pasa por alto la Sala que en la etapa probatoria del proceso se
recaudaron los testimonios de la señora Beatriz Maya de Palacio y de su esposo, el
señor Albeiro Palacio; sin embargo, conforme fue solicitado en el petitum probatorio,
los declarantes fueron llamados exclusivamente a pronunciarse sobre las relaciones
familiares y afectivas de los demandantes con el occiso, aspecto que se encuentra
directamente relacionado con la eventual acreditación de los perjuicios, mas no con
la imputación fáctica o jurídica del daño a la entidad demandada.
(…)
En conclusión, la parte demandante no cumplió con la carga de probar los hechos
estructurales en los que fundamentó sus pretensiones, (…)21”.
33. De conformidad con lo anterior, se evidencia que la inconformidad
del accionante se dirige, en realidad, a controvertir las conclusiones
alcanzadas por el juez natural sobre la orfandad probatoria y el
incumplimiento de la carga probatoria respecto de las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en que ocurrió la muerte de Juan Gómez Múnera, así
como de la imputación fáctica y jurídica de dicho resultado dañoso al
Distrito de Barranquilla e, incluso, del no agotamiento de los mecanismos
jurídicos para procurar el recaudo probatorio solicitado vía petición. De
manera que se trata de una reiteración de argumentos y, en ese sentido, la
acción de tutela no puede emplearse para promover una nueva valoración
del material probatorio ni para reabrir un debate ya definido en el proceso
ordinario, pues ello desbordaría su carácter excepcional y la convertiría en
una instancia adicional del proceso ordinario.
34. Distinta es la situación respecto al desconocimiento del precedente
horizontal que sí cumple con los requisitos generales de procedencia,
debido a que plantea una cuestión de relevancia constitucional respecto
de la presunta afectación del derecho fundamental a la igualdad, debido
a que dicho argumento fue alegado en el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, pero el Tribunal Administrativo de Atlántico
no se pronunció sobre ello en la sentencia de segunda instancia.
35. Además, sobre dicho defecto no existe medio de defensa judicial
idóneo y eficaz que permitiera a la parte accionante alegarlo y procurar la
defensa de los derechos presuntamente vulnerados. Hubo un plazo
razonable entre la fecha de notificación de la Sentencia de segunda
instancia de 30 de enero de 2026 (27/2/202622) y la interposición de la
presente acción de tutela (30/7/2026)22. No se enjuició un fallo de tutela,
pues la controversia se relacionó la sentencia de segunda instancia dictada
21 Páginas 8 a 12 de la providencia enjuiciada.
22 Información obtenida de SAMAI, Índice 8 del proceso ordinario.
12 de 15
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05999-00
Demandantes: Jhon Fredy Gómez Múnera y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________
en el marco de un proceso de reparación directa. Se identificaron de
manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta
vulneración derivada de ellos.
2.5. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales
36. La Sala negará el amparo respecto del desconocimiento del
precedente horizontal23, tras evidenciar que no hubo trasgresión al derecho
fundamental de igualdad. Si bien el tribunal accionado, al resolver la
apelación en el proceso de reparación directa, no se pronunció sobre el
antecedente referido por la parte actora en dicho recurso, la Sala evidenció
que, aunque aquel y la providencia aquí enjuiciada guardan cierta similitud
respecto de los contornos facticos y jurídicos, lo cierto es que en cada
proceso los medios de prueba que tuvo a su disposición esa autoridad
judicial fueron diferentes.
37. En efecto, la sentencia de segunda instancia de 6 de marzo de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico24 e invocada como
desconocida, fundamentó su decisión en un acervo probatorio que permitió
acreditar las circunstancias que dieron origen a los hechos alegados. En
particular, se aportó el informe de necropsia No. 202101010800100416,
emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en
el que se determinó que la muerte de Juan Pablo Gómez Múnera fue
causada por heridas producidas por proyectil de arma de fuego y que la
razón de su muerte correspondió a un homicidio. Asimismo, se allegó la
Resolución No. 006 de 28 de abril de 2021, mediante la cual se autorizó al
interno la realización de labores de ornamentación al interior del
establecimiento carcelario, documento que acreditaba su permanencia en
el centro de reclusión para el momento de los hechos. De igual forma, el
Tribunal encontró probado que, mientras Juan Pablo Gómez Múnera
desarrollaba dichas labores en el taller de ornamentación, fue víctima de un
ataque con arma de fuego proveniente del exterior del establecimiento
penitenciario, circunstancia que ocasionó su traslado a la Clínica San
Ignacio, donde posteriormente murió.
23 La aplicación del precedente judicial en un caso determinado, encuentra su fundamento en el criterio
desarrollado por la Corte Constitucional (Sentencia T- 760A de 2011), según el cual, la actividad interpretativa que
se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la
igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios
judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se
haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente
horizontal).
24 Sentencia de segunda instancia de 6 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico,
Radicado 08-001-33-33-012-2022-00078-01.
13 de 15
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05999-00
Demandantes: Jhon Fredy Gómez Múnera y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________
38. Por el contrario, en el proceso objeto de controversia, las autoridades
judiciales advirtieron que únicamente se aportó el certificado de defunción
de Juan Pablo Gómez Múnera y recortes de prensa. El primero permitía
establecer la ocurrencia de la muerte y que esta fue catalogada como
violenta, pero no las circunstancias específicas en que ocurrió ni sus causas
concretas. El segundo únicamente acreditaba la existencia de una noticia
publicada, mas no la veracidad de los hechos allí relatados. Además, no
obraban pruebas que demostraran la permanencia de la víctima en la
Cárcel Distrital El Bosque para la fecha de los hechos.
39. Así las cosas, se evidencia que el fundamento de la decisión
cuestionada se sustentó en la ausencia de pruebas que permitieran
demostrar tales circunstancias, de manera que las diferencias probatorias
advertidas impedían predicar la identidad necesaria para exigir la
aplicación de la providencia invocada como desconocida.
2.6. Conclusiones
40. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala declarará
improcedente el amparo respecto del defecto fáctico, y lo negará frente al
desconocimiento del precedente horizontal.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por Jhon
Fredy Gómez Múnera y otros, en relación con el defecto fáctico, por las
razones expuestas en la parte motivan de esta providencia
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por Jhon Fredy Gómez
Múnera y otros, respecto del desconocimiento de precedente horizontal,
por los motivos expuestos.
TERCERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Distrito Especial, Industrial
y Portuario de Barranquilla, por las razones expuestas.
CUARTO: RECONOCER personería al abogado Oscar Fernández Chagin,
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.471.017, portador de la Tarjeta
14 de 15
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05999-00
Demandantes: Jhon Fredy Gómez Múnera y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________
Profesional No. 41.720 del Consejo Superior de la Judicatura, como
apoderado principal de los demandantes, y a la abogada Liliana de la Cruz,
identificada con cédula de ciudadanía No. 32.792.185 y portadora de la
Tarjeta Profesional No. 192.668 del Consejo Superior de la Judicatura, como
apoderada sustituta de los demandantes, en los términos de los poderes
obrantes en el expediente digital.
QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 25.
SEXTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaria, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclaración parcial de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
25 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
15 de 15
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.