Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06003-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06003-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06003-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Ingrid Aydee Marcela Torres Moreno.
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Putumayo y otro.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06003-00.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por no cumplir
con el requisito de inmediatez.
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa y el Tribunal
Administrativo de Putumayo.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. La señora Ingrid Aydee Marcela Torres Moreno en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda
contra la ESE Hospital Pío XII de Colón, Putumayo, con el fin de que se
declare la nulidad del Oficio No. SG-2021-06-190 del 15 de junio de
2021, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales que, según afirma, se causaron durante el
período comprendido entre el 7 de mayo de 2003 y el 31 de agosto de
2020.
1.2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa mediante
sentencia de 29 de septiembre de 2023, negó las pretensiones de la
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demanda.
1.3. Contra la decisión anterior la parte aquí accionante presentó recurso de
apelación al correo electrónico “[…]
j01admmoc@cendoj.ramajudicial.com.co […]”.
1.4. Por auto del 21 de mayo de 2024, el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Mocoa declaró extemporáneo el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante. Para sustentar dicha decisión,
consideró que “[…] revisado el expediente digital, el recurso de
apelación interpuesto por la abogada demandante fue radicada en
fecha 6 de marzo de 2024 […]”, por lo que “[…] el recurso interpuesto
resulta extemporáneo […]”. Asimismo, señaló que “[…] existe una
constancia de envío con asunto ‘2021-293 APELACIÓN SENTENCIA’
de fecha 12 de octubre de 2023, 10:29 a. m., y dirigido a la dirección
electrónica j01admmoc@cendoj.ramajudicial.com.co, correo
electrónico que no corresponde a este Juzgado como tampoco a un
ente adscrito a la Rama Judicial a efecto de entenderse por recibido,
situación por la cual la mentada comunicación no podrá tenerse en
cuenta […]”. En consecuencia, concluyó que el recurso no fue
presentado oportunamente dentro del término legal correspondiente.
1.5. Contra la anterior decisión, la parte aquí accionante presentó recurso
de reposición y, en subsidió queja.
1.6. Mediante auto de 18 de junio de 2024, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Mocoa se abstuvo de reponer la
providencia de 21 de mayo de 2024, por medio de la cual declaró
extemporáneo el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
de primera instancia, y concedió el recurso de queja formulado por la
parte interesada.
1.7. El 17 de julio de 2025 el Tribunal Administrativo del Putumayo se
abstuvo de conceder el recurso de queja interpuesto por la parte
demandante del proceso al considerar que “[...] este despacho
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encuentra acertada la decisión adoptada por el Juzgado Primero
Administrativo de Mocoa, al considerar que la apoderada judicial de la
parte demandante remitió el recurso de apelación al correo electrónico
j01admmoc@cendoj.ramajudicial.com.co el cual no corresponde al
canal oficial del juzgado. En efecto, la dirección electrónica válida y
previamente informada a las partes es
j01admmoc@cendoj.ramajudicial.gov.co por lo tanto, al haberse
enviado el recurso a un canal incorrecto, pese a que la parte actora
conocía el canal oficial antes de su presentación, genera que dicho
escrito debe tenerse por no presentado […]”.
1.8. Inconforme con la anterior decisión la parte demandante interpuso
recurso de súplica y mediante auto del 10 de julio de 2026 el Tribunal
Administrativo del Putumayo rechazó el mismo por improcedente.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora sostuvo que las providencias cuestionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva, así como los derechos de
impugnación y de acceso a la segunda instancia, además del principio de
prevalencia del derecho sustancial.
Aseguró que se configuró un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto porque las autoridades judiciales accionadas trataron un error
meramente formal en la dirección electrónica como si el recurso nunca hubiera
sido presentado, pese a que la voluntad de apelar estaba demostrada y pese
a que la sanción fue la pérdida total del derecho a la segunda instancia. Por
ello considera que las providencias incurrieron en un exceso ritual manifiesto,
al privilegiar la forma procesal sobre el acceso efectivo a la justicia y el derecho
sustancial.
La parte actora manifestó que “[…] En el presente caso no existía duda acerca
de que la voluntad de impugnar fue exteriorizada dentro del término legal. El
error consistió exclusivamente en una equivocación material al digitar la
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terminación del correo institucional. Por ello se agotaron todos los recursos
existentes para procurar que el despacho judicial acceda al conocimiento del
recurso de apelación […]”.
Afirmó que “[…] El único motivo por el cual el recurso no ingresó al despacho
consistió en un error involuntario al escribir la terminación del correo
electrónico institucional, digitándose ".com.co" en lugar de ".gov.co" […] Así
las cosas, quedó plenamente acreditado que el recurso había sido preparado
y enviado dentro del término legal. Sin embargo, la autoridad judicial decidió
desconocer completamente esta realidad procesal y concluyó que el recurso
es extemporáneo […]”.
Finalmente, arguyó que “[…] la vulneración de los derechos fundamentales no
provino únicamente del error inicial de digitación, sino de la decisión
consciente de mantener la sanción procesal pese a conocer todas las
circunstancias relevantes. Ese aspecto refuerza la tesis del exceso ritual
manifiesto y de la vulneración del acceso a la justicia, porque el Tribunal tuvo
la oportunidad de corregir la situación y optó por mantener una interpretación
estrictamente formalista […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y prevalencia
del derecho sustancial.
SEGUNDA: Dejar sin efectos el Auto mediante el cual se rechazó el
recurso de apelación.
TERCERA: Dejar sin efectos el Auto que negó el recurso de reposición y
el recurso de queja.
CUARTA: Dejar sin efectos el Auto que rechazó el recurso de súplica.
QUINTA: Ordenar a la autoridad judicial accionada admitir el recurso de
apelación presentado dentro del término legal y darle el trámite
correspondiente para que sea resuelto por el superior funcional.
SEXTA: Disponer las demás medidas necesarias para restablecer
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plenamente los derechos fundamentales vulnerados […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Mediante auto de 4 de agosto de 2026, se admitió la presente acción de tutela
contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa y el Tribunal
Administrativo de Putumayo y se vinculó a la ESE Hospital Pío XII de Colón,
Putumayo en calidad de tercero con interés directo en el resultado del proceso.
III. INTERVENCIONES
El Tribunal Administrativo del Putumayo solicitó declarar improcedente la
acción de tutela y, subsidiariamente, negar las pretensiones de la demanda.
Como fundamento de su posición, señaló que al resolver el recurso de queja
interpuesto contra la decisión que rechazó la apelación concluyó que esta
había sido correctamente rechazada, por cuanto fue presentada a través de
un canal distinto al dispuesto oficialmente para la recepción de memoriales.
Indicó que dicha decisión se sustentó en los artículos 103 y 186 del CPACA,
que imponen a las partes el deber de atender las cargas procesales y utilizar
los medios tecnológicos habilitados para las actuaciones judiciales. Asimismo,
precisó que se apoyó en el auto de 7 de febrero de 2022 proferido por el
Consejo de Estado, según el cual los memoriales remitidos a correos
electrónicos distintos del canal oficial deben tenerse por no presentados.
Finalmente, precisó que “[…] se encontraba acertada la decisión adoptada por
el Juzgado Primero Administrativo de Mocoa, al considerar que la apoderada
judicial de la parte demandante remitió el recurso de apelación al correo
electrónico j01admmoc@cendoj.ramajudicial.com.co el cual no corresponde al
canal oficial del juzgado. En efecto, la dirección electrónica válida y
previamente informada a las partes es
j01admmoc@cendoj.ramajudicial.gov.co, por lo tanto, al haberse enviado el
recurso a un canal incorrecto, pese a que la parte actora conocía el canal oficial
antes de su presentación, genera que dicho escrito debe tenerse por no
presentado. Además, si se observa es solo hasta casi cinco (5) meses después
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de la remisión que la togada constata el error cometido, lo cual evidencia
también una falta de cuidado en su gestión que hoy pretende sea asumida por
las instancias judiciales […]”.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:
B) Determinar si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante.
3. Caso concreto
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
Respecto del requisito general de inmediatez, la jurisprudencia constitucional
ha sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida como
un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de los derechos
fundamentales que se consideran vulnerados; y que aunque no tenga previsto
un término de caducidad para su presentación, es necesario que se invoque
tal protección dentro de un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de
transcurrir un lapso injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la
protección y la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia
del mecanismo […]”4 .
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción constitucional
se ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un examen más
riguroso en aras de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica y de salvaguardar el interés de terceros, cuya situación podría verse
2 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ)
y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras.
4 Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
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injustamente afectada por el otorgamiento tardío de la protección
constitucional5.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 20146, precisó que, en tratándose
de acciones contra de providencias judiciales, el plazo considerado como
razonable es el de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la
decisión judicial objeto de tutela.
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición de la acción
de tutela, la jurisprudencia constitucional7 ha establecido excepciones a la
aplicación del presupuesto de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y
justificarse por el accionante en cada caso particular8 , así:
“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida
transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración,
siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la
inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente
en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”9.
En el presente caso, se advierte que la parte actora atribuye la vulneración de
sus derechos fundamentales a las providencias de21 de mayo de 2024, 18 de
junio de 2024, 17 de julio de 2025 y 10 de julio de 2026 proferidas por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa y el Tribunal
Administrativo de Putumayo dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación 86001-33-33-001-2021-00293-
00/01.
5 Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto
de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 Sentencia T-584 de 2011.
8 Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida
por la Sala Plena del Consejo de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
9 Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
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Ahora bien, para efectos de verificar el cumplimiento del requisito de
inmediatez, la Sala tomará como referencia la fecha de notificación de la
providencia de 17 de julio de 2025. Ello, por cuanto el auto de 10 de julio de
2026 mediante el cual se rechazó de plano el recurso de súplica formulado
contra aquella decisión era un medio de impugnación abiertamente
improcedente, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 243A
del CPACA, adicionado por el artículo 63 de la Ley 2080 de 202110.
En ese orden, la Sala recuerda que, tratándose de acciones de tutela contra
providencias judiciales, el requisito de inmediatez debe examinarse a partir de
la notificación de la decisión que definió de manera definitiva la actuación
respectiva. En el presente asunto, ese referente temporal corresponde al auto
de 17 de julio de 2025, mediante el cual se resolvió la controversia relacionada
con la concesión del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de
primera instancia.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que, de acuerdo las constancias
obrantes en el proceso objeto de controversia, la notificación de la providencia
de 17 de julio de 2025 se surtió el 18 de julio de esa misma anualidad; mientras
que la acción de tutela se presentó el 29 de julio de 2026, es decir con
posterioridad al plazo de seis (6) meses establecidos por esta Corporación
como término razonable.
Sumado a lo anterior, no se advierte justificación alguna para la tardanza en
la presentación de la solicitud de amparo, ni tampoco situación que se
enmarque en alguno de los supuestos establecidos por la jurisprudencia
constitucional que puedan justificar su presentación por fuera del término
establecido por la Sala Plena del Consejo de Estado.
10 “ARTÍCULO 243A. PROVIDENCIAS NO SUSCEPTIBLES DE RECURSOS
ORDINARIOS. <Artículo adicionado por el artículo 63 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto
es el siguiente:> No son susceptibles de recursos ordinarios las siguientes providencias:
[…]
4. Las que decidan los recursos de apelación, queja y súplica”.
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Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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