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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06012-00

Fecha
9 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06012-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la solicitud de tutela promovida por la señora Angie Carolina Pinto Millán contra la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura- Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06012-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

9 de septiembre de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06012-00
Demandante: Angie Carolina Pinto Millán

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06012-00
Demandante: Angie Carolina Pinto Millán
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Tema: Hábeas data procesos penales. Accionadas no responsables.
Subsidiariedad.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Angie Carolina Pinto Millán
contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1.º del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 30 de julio de 2026, la parte actora interpuso acción de tutela contra las referidas
entidades por estimar vulnerados los derechos fundamentales al hábeas data, al buen
nombre, a la honra, a la intimidad, a la presunción de inocencia, al trabajo y a la
dignidad humana. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«PRIMERA. Amparar mis derechos fundamentales al hábeas data, al buen nombre, a la
honra, a la intimidad, a la presunción de inocencia, al trabajo y a la dignidad humana, los
cuales considero vulnerados como consecuencia del tratamiento desproporcionado de
mi información personal en los sistemas públicos de consulta administrados por las
entidades accionadas.

SEGUNDA. Ordenar a las entidades accionadas que, dentro del ámbito de sus
competencias, adopten las medidas necesarias para que el tratamiento de mi
información personal se ajuste a los principios constitucionales de finalidad, necesidad,
proporcionalidad, circulación restringida, calidad del dato y veracidad, en los términos
previstos por el artículo 15 de la Constitución Política y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.

TERCERA. Ordenar a las entidades accionadas que adopten las medidas necesarias
para que, en las consultas públicas realizadas mediante mi nombre o número de
identificación, no se divulgue información que permita identificar el delito objeto de
imputación ni otros datos que, sin corresponder a una sentencia condenatoria
ejecutoriada, generen frente a terceros una apariencia de responsabilidad penal
incompatible con mi verdadera situación jurídica.

CUARTA. Ordenar a las entidades accionadas que adopten las medidas necesarias para
que la información públicamente consultable asociada a mi identidad refleje de manera
clara, completa y comprensible mi realidad jurídica actual, de manera que ninguna
consulta pública permita inferir la existencia de antecedentes penales o de una sentencia
condenatoria cuando tales circunstancias no corresponden a mi realidad jurídica.

QUINTA. Ordenar a las entidades accionadas que, en ejercicio de sus competencias,
adecúen el tratamiento de mi información personal a los estándares constitucionales
desarrollados por la Corte Constitucional en materia de hábeas data y protección de
datos personales, garantizando que la publicidad de la información judicial no produzca
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efectos estigmatizantes ni genere interpretaciones erróneas sobre la situación jurídica
de personas que no registran antecedentes penales ni sentencias condenatorias
ejecutoriadas.

SEXTA. Adoptar las demás medidas que el despacho considere necesarias para
garantizar la protección efectiva de mis derechos fundamentales y el cumplimiento
integral del fallo que llegue a proferirse.»

2. Hechos

En el escrito de tutela, la actora informó como hechos relevantes los siguientes:

Señaló que, a los 19 años y mientras desempeñaba su primer empleo, estuvo
vinculada a investigaciones penales derivadas de circunstancias personales, que
culminaron con preclusión, extinción de la acción y cancelación de anotaciones;
ninguna con sentencia condenatoria en su contra.

Con posterioridad, inició estudios universitarios en derecho hasta obtener su título
como abogada y ejercer la profesión, en el año 2024.

Advirtió que cada vez que un posible empleador (entidad pública o empresa) ingresa
su nombre e identificación en las plataformas oficiales de consulta judicial se
encuentra con las investigaciones penales en las que años atrás estuvo vinculada,
con la mención del delito, audiencias y actuaciones procesales, con las que puede
reconstruirse la investigación adelantada en su contra. Como soporte aportó capturas
de pantalla en las que se observa la búsqueda por su nombre en la plataforma de la
Rama Judicial Consulta de Procesos Nacional Unificada (CPNU) y resaltó dos
procesos en particular (rad. 11001600000020170074500 y
11001600005020110130000).

En concreto, mencionó que participó en el proceso de selección de una empresa del
sector automotor y superó todas las etapas del proceso, pero al realizar la verificación
de seguridad previa a la contratación, aparecieron registros relacionados con
procesos penales en su contra, por lo que el proceso no continuó. De esa manera,
evidenció el impacto que la información consultable públicamente puede generar
sobre su acceso al empleo.

Frente a lo anterior, formuló petición ante la Fiscalía General de la Nación para que le
informara sobre todos los registros existentes a su nombre, el estado de las
investigaciones, el cumplimiento de las órdenes de cancelación de anotaciones y la
situación de la información que reposa en las bases de datos administradas por dicha
entidad. En esa oportunidad también pidió copia de los expedientes
11001600000020170074500 y 11001600005020110130000.

Indicó que la citada entidad como respuesta le manifestó que no registra antecedentes
penales y que la información consultable corresponde a anotaciones judiciales
derivadas de actuaciones surtidas en procesos penales, pero que estas no constituyen
antecedentes penales, que no son de acceso público y que respecto de ella opera
plenamente el principio constitucional de presunción de inocencia.

3. Argumentos de la acción de tutela

La actora sostuvo que sus derechos fundamentales resultan vulnerados de forma
permanente por el tratamiento desproporcionado que se da de su información
personal en los sistemas públicos de consulta judicial, administrados por las

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autoridades accionadas; y por los efectos que la divulgación pública de esa
información le causan.

En concreto, explicó que cada vez que cualquier tercero accede a los sistemas
públicos de consulta judicial e ingresa su nombre o documento de identidad encuentra
información detallada de las investigaciones penales en su contra y puede reconstruir
su historial procesal, por ello ha tenido que enfrentarse con un estigma social y
profesional incompatible con el Estado Social de Derecho y se han frustrado
oportunidades laborales por la percepción que sus posibles empleadores tienen sobre
su idoneidad profesional.

Sostuvo que la anterior circunstancia contradice el alcance práctico de la respuesta
dada por la Fiscalía General de la Nación, puesto que, aunque esa entidad aseguró
que las anotaciones registradas no constituyen antecedentes penales y no son de
acceso público, sí producen un efecto estigmatizante equivalente al de un antecedente
penal.

En suma, señaló que la referida entidad dio la anterior respuesta sin adoptar medida
alguna encaminada a revisar, actualizar, restringir o adecuar el tratamiento y la
divulgación de la información que continúa siendo accesible a terceros mediante las
plataformas oficiales de consulta, por lo que se mantiene incólume la afectación de
sus derechos fundamentales.

En efecto, advirtió que la forma en que actualmente se encuentra organizada y
disponible la información permite que cualquiera acceda al historial de actuaciones
judiciales asociadas a su identidad sin que el sistema advierta de manera clara y
suficiente que tales registros no equivalen a antecedentes penales ni corresponden a
una sentencia condenatoria ejecutoriada.

En consecuencia, concluyó que el tratamiento de la información induce a terceros a
concluir que tiene antecedentes penales o que fue condenada penalmente, a pesar
de que ello no corresponde a la realidad jurídica certificada por las autoridades
penales.

Por lo anterior, señaló que el perjuicio que sufre y cuya protección solicita es actual
porque continúa produciéndose en el presente; concreto porque ha incidido en
oportunidades laborales específicas; personal porque recae directamente sobre sus
derechos fundamentales; y continuado porque se causa cada vez que un tercero
consulta su nombre o documento de identidad en los sistemas oficiales de información
judicial.

Precisó que el perjuicio que hoy enfrenta consiste, además de la frustración de
determinadas oportunidades de empleo, en que un hecho ocurrido hace más de una
década continúa proyectándose en el presente a través de un tratamiento de datos
personales que impide que su trayectoria profesional sea valorada por sus
capacidades, experiencia y formación académica, pese a que no existe sentencia
condenatoria ejecutoriada en su contra.

Resaltó que la Constitución Política protege el buen nombre de quien nunca ha sido
investigado, pero también la posibilidad de que toda persona pueda reconstruir su
proyecto de vida y desarrollar plenamente su personalidad sin quedar sometida
indefinidamente a mecanismos de estigmatización derivados de actuaciones estatales
que exceden los fines constitucionales de la publicidad judicial. Como soporte
jurisprudencial, citó la sentencia SU-458 de 2012 de la Corte Constitucional.

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En su caso, aclaró que mediante esta acción no cuestiona la competencia legal de las
entidades para conservar registros judiciales ni pretende la supresión de la memoria
institucional del Estado; lo que controvierte es el tratamiento que actualmente se da a
su información personal y la forma en que investigaciones penales concluidas sin
sentencia condenatoria permanecen disponibles para consulta pública con un nivel de
detalle que excede los fines constitucionalmente legítimos del principio de publicidad
de la administración de justicia y que permite que cualquier tercero reconstruya,
mediante una simple consulta nominal, un historial procesal que genera graves
afectaciones de sus derechos fundamentales.

En ese orden, lo que solicita es que se examine si la forma en que actualmente se
administra, organiza, indexa y pone a disposición del público esa información, a través
de los sistemas oficiales de consulta: (i) respeta los principios constitucionales [de
finalidad, necesidad, utilidad y circulación restringida] que regulan el tratamiento de
los datos personales; y (ii) garantiza una adecuada armonización entre el principio de
publicidad de la administración de justicia y los demás derechos fundamentales
involucrados, como son el hábeas data, el buen nombre, la honra, la intimidad, la
presunción de inocencia, el trabajo y la dignidad humana.

Resaltó que el «Estado no vulnera el hábeas data únicamente cuando conserva información
falsa. También lo vulnera cuando organiza y divulga información verdadera de una manera
que permite construir una percepción jurídica equivocada sobre una persona, desconociendo
los principios constitucionales que gobiernan el tratamiento de los datos personales.». En ese
entendido, pidió hacer un test de proporcionalidad del tratamiento de la información
personal porque el conflicto que plantea es entre el principio de publicidad judicial y el
derecho fundamental al hábeas data, en conexidad con el buen nombre, la honra, la
intimidad, la presunción de inocencia, el trabajo y la dignidad humana.

Advirtió que la divulgación pública del delito imputado no supera el juicio de necesidad
ni de proporcionalidad. En su caso, indicó que las accionadas no explicaron ni es
evidente «cuál es el interés constitucional que justifica que cualquier ciudadano pueda
conocer el delito imputado a una persona cuya situación jurídica no terminó con una
declaración de responsabilidad penal.»

En ese punto, agregó que la divulgación del delito imputado deja de cumplir una
finalidad estrictamente informativa para convertirse en un elemento que favorece
interpretaciones incompatibles con la presunción de inocencia, el buen nombre y el
derecho al hábeas data; pues es precisamente ese dato el que genera la
estigmatización social y laboral.

En ese contexto, consideró que la simple referencia a la existencia de un proceso
judicial sin indicar el delito no necesariamente permite construir un juicio negativo
sobre una persona. Entonces, destacó que si el Estado certifica que no tiene
antecedentes penales y que no existe una sentencia condenatoria ejecutoriada en su
contra pierde justificación constitucional que el dato con mayor potencial
estigmatizante [el delito imputado] permanezca disponible en una consulta pública
vinculada directamente con su identidad.

En la misma línea, indicó que existe una contradicción entre la realidad jurídica
certificada [no tener antecedentes penales] y la forma en que la información se
presenta al público [delito investigado], esta última es la que produce una afectación
innecesaria y desproporcionada de sus derechos fundamentales.

Por último, aseveró que el modelo actual de tratamiento de la información le traslada
una carga que la Constitución no impone, esta es, la de explicar permanentemente el
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contexto, la evolución y el resultado de un proceso penal para evitar que la sola
divulgación del delito imputado sea interpretada como un antecedente penal o como
una declaración de responsabilidad.

Sobre lo anterior, observó que el derecho fundamental al hábeas data no puede
entenderse satisfecho cuando el tratamiento de la información obliga al titular del dato
a corregir, una y otra vez, las conclusiones erróneas que razonablemente genera el
propio sistema de información administrado por el Estado.

En esas condiciones, concluyó que el tratamiento de su información dejó de cumplir
una función meramente informativa para convertirse en un factor que incide
directamente en el ejercicio de derechos fundamentales como el trabajo, el buen
nombre, la dignidad humana, la honra y el libre desarrollo de su proyecto de vida.

4. Trámite procesal de la acción de tutela

En auto del 31 de julio de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a la parte demandante y al Consejo Superior de la Judicatura y a la
Fiscalía General de la Nación, en calidad de demandados.

5. Oposición

La directora del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) del Consejo
Superior de la Judicatura señaló que esa dependencia no vulneró los derechos
fundamentales invocados por la actora, en la medida en que no adelantó proceso
judicial alguno ni realizó el registro de las actuaciones, pues esas son funciones que
corresponden exclusivamente a los despachos judiciales. Lo anterior, lo sustentó,
entre otras razones, de la siguiente manera:

Explicó que es el administrador funcional del portal web www.ramajudicial.gov.co de
la Rama Judicial y garantiza el espacio para la publicación de la información
administrativa y judicial de las diferentes dependencias de la Rama Judicial, de
conformidad con el Acuerdo PSAA11-9109 de 2011. Precisó que son las
corporaciones y despachos judiciales, así como las dependencias administrativas, las
que generan la información, la recolectan y la publican directamente conforme su
gestión y competencias, sin perjuicio de los sitios dispuestos por las Corporaciones.

Sobre la información disponible en el portal web de la Rama Judicial, afirmó que no
cuenta con usuario, permisos, facultades ni competencia para registrar, diligenciar o
modificar información en el sistema de Consulta de Procesos Nacional Unificada
(CPNU), el cual funciona como un registro de actuaciones judiciales que tiene como
objetivo fundamental dar publicidad y facilitar la consulta a los usuarios de la
administración de justicia.

Destacó que esa publicidad cumple con el artículo 228 de la Constitución Política y
los artículos 2° y 7° de la Ley 1712 de 2014, normativa que regula la transparencia y
el derecho de acceso a la información pública nacional. En esa línea, afirmó que la
publicación de información veraz sobre las actuaciones judiciales a través de los
canales institucionales no implica vulneración a quienes, por sus actos deben afrontar
un proceso judicial. Como soporte citó apartes de una providencia de la Corte
Suprema de Justicia que reafirma el principio de publicidad a través de las plataformas
digitales de la Rama Judicial, al evaluar la naturaleza de la información publicada y
concluir que su disponibilidad no constituye, en sí misma, una violación de derechos1.

1
Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Civil, rad. STC12103-2025, sentencia de 6 de agosto de 2025
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Según la anterior providencia, resaltó que la publicación de datos procesales en el
portal web de la Rama Judicial no se enmarca como una actividad de reporte de
conducta sino como una herramienta de gestión y transparencia esencial a la
administración de justicia, diferenciándola categóricamente de las bases de datos
crediticias o de antecedentes. Y, que, la información de las partes de un proceso, el
tipo de acción y el estado de las actuaciones, en principio, no califica como «datos
sensibles».

Frente al caso concreto, indicó que la información publicada en CPNU es un reflejo de
lo incluido directamente por los despachos y corporaciones judiciales.

Concretamente en lo que se refiere a la accionante, Angie Carolina Pinto Millán,
encontró los expedientes núm. 11001600000020170074500;
11001418904320260152700; 11001408804320200019800;
11001310303420240054100; 11001023000020260115200, cuyas anotaciones
obedecen a los registros efectuados por: Despacho 000 - Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial DESAJ - Civil - Laboral – Bogotá Centro de
Servicios Sistema Penal Acusatorio; Juzgado 043 de Pequeñas Causas y
Competencia Múltiple de Bogotá; Juzgado 043 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Bogotá; Juzgado 034 Civil del Circuito de Bogotá y Despacho
000 - Corte Suprema de Justicia - Penal - Bogotá Ponente: Dr. Carlos Roberto
Solórzano Garavito, en el marco de sus funciones jurisdiccionales. Agregó pantallazos
de cada uno.

Enseguida, indicó que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia2 ha
establecido que la tutela es inviable para la protección del derecho fundamental al
hábeas data cuando los supuestos fácticos se derivan del sistema de consulta de los
procesos judiciales. La publicación de los datos judiciales no entraña en sí misma un
quebrantamiento de las prerrogativas del accionante.

Observó que esa misma Corte, en otro pronunciamiento sostuvo que «Las anotaciones
del portal web de la Rama Judicial no constituyen un desconocimiento de los derechos al buen
nombre, honra y habeas data, en tanto no contiene un reporte negativo para la accionante, ni
constituyen un antecedente penal o disciplinario.»3

Además, refirió que según el artículo 248 de la Constitución Política solo las
sentencias condenatorias definitivas tienen la calidad de antecedentes penales.

De todas formas, indicó que si lo que se pretende es la anonimización y/o modificación
de la información que aparece registrada en los sistemas de consulta, lo que
corresponde es que se dirija directamente a los despachos judiciales que registraron
los datos y la información relevante del proceso judicial.

Sobre ese punto, informó que la Unidad de Transformación Digital e Informática de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través del oficio DEAJIF14-1648
definió el procedimiento técnico aplicable, el cual se desarrolla en los documentos
denominados «Manual Ocultamiento JXXI Cliente Servidor.pdf» y «Manual
Ocultamiento JXXI Web.pdf». Esos instrumentos establecen las directrices para que,
una vez analizada la solicitud del peticionario, el despacho judicial pueda adoptar la
decisión de acceder a lo requerido conforme a la normativa vigente.

2
Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Penal SP081-2023, rad. 130278, MP Diego Eugenio Corredor Beltrán, sentencia
de 15 de marzo de 2023.
3
Corte Suprema de Justicia, rad. STC9483-2025, MP Octavio Augusto Tejeiro Duque, sentencia de 25 de junio de 2025.
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Por último, citó la sentencia T-398 de 2023 de la Corte Constitucional en la que
reconoce el derecho al olvido o el principio de caducidad del dato negativo que «se
traduce en la imposibilidad de que informaciones negativas acerca de una persona tengan
vocación de perennidad, razón por la cual, después de algún tiempo, deben desaparecer
totalmente del banco de datos respectivo.»

La Fiscalía General de la Nación guardó silencio sobre los hechos que dieron origen
a la presente acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

A la Sala le corresponde determinar si la Fiscalía General de la Nación y el Consejo
Superior de la Judicatura- Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) vulneraron
los derechos fundamentales al hábeas data, al buen nombre, a la honra, a la intimidad,
a la presunción de inocencia, al trabajo y a la dignidad humana invocados por la
señora Angie Carolina Pinto Millán por el tratamiento desproporcionado de la
información asociada a su nombre e identificación, respecto de los procesos con
radicado 11001600000020170074500 y 11001600005020110130000, cuyas
actuaciones pueden consultarse en la plataforma de Consulta de Procesos Nacional
Unificada (CPNU) de la Rama Judicial.

La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de tutela porque las entidades
vinculadas como accionadas no son las competentes para satisfacer las pretensiones
de amparo formuladas por la actora.

Para resolver la controversia, la Sala abordará los siguientes temas: (i) Requisito de
subsidiariedad cuando se invocan los derechos al buen nombre y al hábeas data, (ii)
Análisis del caso frente a la Fiscalía General de la Nación; y (iii) Análisis del caso
frente al Consejo Superior de la Judicatura- Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ).

(i) Requisito de subsidiariedad cuando se invocan los derechos al buen nombre
y al hábeas data

La Ley 1581 de 20124, en el artículo 15, regula la forma en la que debe reclamarse
cuando el titular de la información contenida en determinada base de datos advierta
que debe corregirse, actualizarse o suprimirse o el presunto incumplimiento de
cualquiera de los deberes contenidos en esa ley. La norma dispone, entre otras reglas,
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Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales
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que el titular de la información debe dirigir la solicitud (reclamo) al responsable del
tratamiento o al encargado del tratamiento de la información; indicar su identificación;
describir los hechos que dan lugar al reclamo; la dirección; y acompañar los
documentos o soportes que quiera hacer valer.

Según la referida disposición, el término máximo para resolver la solicitud es de quince
(15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Si no es
posible hacerlo en ese plazo, el responsable debe informar al interesado los motivos
de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, que no puede superar los
ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

El anterior reclamo debe agotarse antes de invocar la protección de los derechos al
buen nombre y al hábeas data, a través del ejercicio de la acción de tutela, así lo
consideró la Corte Constitucional en la sentencia T-125 de 20255, en la que en sede
de revisión estudió una acción de tutela en la que se pidió el amparo de los citados
derechos al mantener publicada en la página de consulta de procesos SPOA de la
Fiscalía General de la Nación, por ocho años, la existencia de una noticia criminal en
contra del actor.

Y, en la sentencia T-509 de 2020, la Corte sostuvo: «En relación con la protección
al hábeas data, la Corte ha señalado que la acción de tutela es el mecanismo judicial
procedente para solicitar la supresión de información contenida en bases de datos, siempre y
cuando, el interesado lo haya solicitado previamente ante el sujeto responsable de su
administración, conforme lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012.»

(ii) Análisis del caso frente a la Fiscalía General de la Nación

En el presente caso, se observa que la señora Angie Carolina Millán presenta la
demanda de tutela con el fin de que las accionadas adopten las medidas necesarias
para que en los sistemas públicos de consulta no se continúe divulgando información
negativa que permita asociar inmediatamente su identidad con los delitos imputados
en el pasado, puesto que esa circunstancia ha producido una afectación real, actual y
continua de sus derechos fundamentales.

Advirtió que «agotada la gestión administrativa mediante el ejercicio del derecho de petición,
y al persistir la vulneración que denuncio, acudo a la acción de tutela como el mecanismo
judicial idóneo para obtener la protección inmediata de mis derechos fundamentales.»

Para efectos de determinar si es procedente abordar de fondo el asunto puesto en
consideración del juez de tutela, es relevante verificar que la actora haya agotado los
mecanismos de defensa idóneos ante las autoridades competentes, antes de acudir
a este mecanismo constitucional. En concreto, que la actora haya formulado ante el
despacho judicial responsable de la administración de la información la solicitud
dirigida a que se elimine o restrinja el acceso a los datos negativos asociados a su
nombre que puede consultar cualquier persona en los sistemas o bases de datos que
utiliza.

La actora informó que elevó petición ante la Fiscalía General de la Nación. En efecto,
de las pruebas aportadas con la demanda de tutela se verifica que, en el mes de julio6
de 2026, elevó petición en los siguientes términos:

SOLICITUDES

5
En idéntico sentido pueden consultarse las sentencias T-509 de 2020, T-176A de 2014 y T-490 de 2018, entre otras.
6
No es posible tener certeza del día exacto ni la actora lo informa.
8
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Demandante: Angie Carolina Pinto Millán

Solicito respetuosamente:

1. Se me expida certificación sobre todas las noticias criminales, investigaciones,
actuaciones o registros que reposen a mi nombre e identificación en las bases de datos
de la Fiscalía General de la Nación.
2. Se informe el estado actual de cada uno de dichos registros.
3. Se expida copia íntegra de los expedientes o actuaciones relacionados con los
radicados:
• 11001600000020170074500.
• 11001600005020110130000.
4. Se remita copia de las decisiones judiciales o fiscales que hayan ordenado preclusión,
archivo, extinción de la acción penal, principio de oportunidad, cancelación de
anotaciones o cualquier otra forma de terminación de las actuaciones.
5. Se informe expresamente si actualmente existen anotaciones activas, antecedentes,
registros, alertas o marcaciones asociadas a mi nombre en las bases de datos
administradas por la Fiscalía General de la Nación.
6. Se informe cuáles entidades públicas o privadas pueden acceder a dicha información
y bajo qué fundamento legal.
7. Se indique si las órdenes de cancelación de anotaciones impartidas dentro de los
procesos referidos fueron cumplidas y, en caso afirmativo, la fecha en que ello ocurrió.
8. Se expida certificación completa sobre la situación jurídica actual derivada de los
mencionados procesos.

FINALIDAD DE LA SOLICITUD
La presente solicitud se formula con el fin de verificar la exactitud, actualidad y legalidad
de la información personal que reposa en las bases de datos de la Fiscalía General de
la Nación, toda vez que la permanencia y consulta de dichos registros ha generado
afectaciones concretas en oportunidades laborales y profesionales.

El 21 de julio de 2026, la Dirección Seccional Meta de la Fiscalía General de la Nación
envió respuesta a la anterior petición al correo informado por la señora Pinto Millán.
En primer lugar, le precisó que la información suministrada hace referencia a
anotaciones judiciales que no se derivan de una sentencia condenatoria ni son de
acceso al público.

En segundo lugar, observó que esas anotaciones son registros que realiza la entidad
en sus bases de datos SPOA [Sistema Penal Oral Acusatorio] y SIJUF [Sistema de
Información Judicial de la Fiscalía] y «NO constituyen antecedentes penales», en
virtud de lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política. Agregó que
prevalece el principio constitucional de presunción de inocencia previsto en el artículo
29 ib, por lo que la vinculación a una investigación penal como indiciado no significa
que en su contra exista sentencia condenatoria en firme que constituya un
antecedente penal.

En tercer lugar, informó que consultados los sistemas misionales SPOA y SIJUF en el
ámbito nacional con los nombres, apellidos y documento de identidad de la
peticionaria encontró registros de vinculación a procesos penales y de manera
detallada los relacionó uno a uno con datos como el número de noticia criminal, tipo,
calidad de la señora Pinto Millán, fecha de los hechos, seccional, etapa y estado del
caso, para un total de 11.

En cuarto lugar, aclaró que los resultados anteriores forman parte de la información
custodiada por cada uno de los despachos fiscales que tienen a cargo las
investigaciones; por ello, en relación con las noticias criminales
10016000000201700745 y 110016000050201101300, le informó que enviaría copia
de la petición a la Fiscalía 309 de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de la
Dirección Seccional de Bogotá, para que diera respuesta sobre los demás apartes.

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Demandante: Angie Carolina Pinto Millán

En quinto lugar, frente al numeral 6 de la petición, señaló que la información de los
sistemas misionales solo se entrega al titular de la información o a terceros
autorizados por el titular de la información.

Por último, le indicó: «En consideración a que la información que se otorga por el presente
es extraída de los sistemas misionales los cuales son alimentados manualmente por
servidores adscritos a los despachos, en caso de requerir ampliarla, aclararla, solicitar
copias o descartar homonimia, debe dirigirse al Despacho referido, a la Dirección
Seccional correspondiente. https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-
informacion-al-ciudadano/buzon-de-quejas-y-reclamos/»

Descritos como están los términos de la petición y de la respuesta, la Sala encuentra
que la solicitud que formuló la actora ante la Fiscalía no estaba dirigida a que esa
autoridad adoptara alguna medida encaminada al ocultamiento de la información que
permite identificar los delitos por los que se le investigó en el pasado y cualquier otro
dato negativo que genere estigmatización, que se infiere del escrito de tutela y que,
en esencia, es lo que persigue con este mecanismo constitucional.

De todas formas, se observa que por parte de la Fiscalía General de la Nación no se
advierte amenaza ni vulneración alguna de los derechos invocados por la actora, ni
del de petición [que no invocó], en el entendido de que, según informa la Fiscalía
General de la Nación, los sistemas misionales SPOA y SIJUF que maneja no son de
acceso público, es decir que tienen reserva legal porque solo tiene acceso el titular de
la información o terceros expresamente autorizados por este.

Bajo ese contexto, aunque la afectación laboral alegada por la señora Angie Carolina
Pinto Millán por la presunta estigmatización generada en sus potenciales empleadores
se predicó respecto de la Consulta de Procesos Nacional Unificada (CPNU), que es
pública, cabe indicar que, según informó la Fiscalía, las bases de datos que utiliza son
de acceso restringido, es decir que solo el personal de esa entidad puede consultarlo.
Significa que ningún tercero puede consultar las anotaciones asociadas a la actora de
forma abierta, utilizando como criterios de búsqueda el número de identificación o el
nombre.

Se concluye que, al no existir divulgación pública por parte de la Fiscalía ni expedición
de antecedentes por tales anotaciones, no existe acción u omisión de su parte de la
que pueda derivarse amenaza a los derechos fundamentales invocados. Aunado al
hecho de que no es la responsable de las anotaciones negativas asociadas a la actora,
sino el despacho que haya tenido conocimiento de los procesos penales, como se
precisará más adelante.
(iii) Análisis del caso frente al Consejo Superior de la Judicatura- Centro de
Documentación Judicial (CENDOJ).

La señora Angie Carolina Pinto Millán, para acreditar la alegada vulneración de los
derechos fundamentales invocados, con la demanda de tutela aportó como prueba
unas capturas de pantalla de las que se observa que en la plataforma de Consulta de
Procesos Nacional Unificada (CPNU) se incluyó como criterio de búsqueda su nombre
y que como resultado arrojó los procesos a los que estuvo vinculada, con el detalle
del número de radicado, clase, tipo, delito, entre otros datos. Y la actora resalta dos
radicados específicamente (rad. 11001600000020170074500 y
11001600005020110130000).

Sobre la referida plataforma, se observa que funciona como un registro de actuaciones
judiciales que tiene como objetivo fundamental dar publicidad y facilitar la consulta a
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Demandante: Angie Carolina Pinto Millán

los usuarios de la administración de justicia y que es administrada por el CENDOJ,
según lo informó en su respuesta esa dependencia.

Asimismo, el CENDOJ indicó que son los despachos los que generan la información
sobre los procesos que conocen, la recolectan y la publican directamente en los sitios
especializados dispuestos para la consulta de los usuarios y que están vinculados con
la plataforma CPNU.

En ese orden, tampoco se advierte acción u omisión alguna de parte del CENDOJ de
la que pueda predicarse amenaza o vulneración de los derechos invocados por la
tutelante. Aunque la CPNU es un portal de acceso público, el CENDOJ es un
administrador tecnológico que no tiene competencia para alterar o suprimir
anotaciones registradas por los distintos despachos a nivel nacional.

En concreto, tal como lo advirtió esa dependencia, si lo que busca es el ocultamiento,
modificación o eliminación de la información que aparece registrada en los sistemas
de consulta, la actora debe dirigirse directamente a los despachos judiciales que
registraron los datos de los procesos penales, según sea el caso. Ese trámite
administrativo se rige por los «Manual Ocultamiento JXXI Cliente Servidor.pdf» y
«Manual Ocultamiento JXXI Web.pdf» de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.

La anterior consideración se armoniza con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley
1581 de 2012.

Cabe precisar que los asuntos penales7 sobre los cuales la señora Angie Carolina
Pinto Millán solicita la protección del habeas data fueron tramitados ante el Juzgado
Quince Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, quien es el que
administra la información relacionada con esos procesos. De modo que, la actora
puede dirigirse a ese despacho, en ejercicio del derecho de petición, y pedirle en forma
expresa la restricción, eliminación o anonimización de los datos que considera
negativos y que se asocian a su nombre e identificación y a los que tiene acceso
cualquier ciudadano al efectuar la búsqueda en la plataforma de Consulta de Procesos
Nacional Unificada (CPNU).

Se recuerda que la acción de tutela es subsidiaria y residual, por lo que no puede ser
utilizada como un mecanismo de protección principal de los derechos fundamentales
al hábeas data, al buen nombre, a la honra, a la intimidad, a la presunción de
inocencia, al trabajo y a la dignidad humana, sino que, como se explicó, se requiere
que la actora adelante el trámite administrativo idóneo, como lo es el ejercicio del
derecho de petición, ante el despacho judicial que custodia la información relacionada
con las investigaciones penales en las que estuvo vinculada años atrás.

Adicionalmente, la Sala no encuentra acreditado en este caso que exista un perjuicio
irremediable que haga procedente la tutela como mecanismo transitorio de protección
de los derechos fundamentales invocados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

7
Al efectuar la consulta por el nombre de la actora en la página web de la Rama Judicial, a través de la Consulta de Procesos
Nacional Unificada (CPNU), se encontró que los procesos identificados con radicado 11001600000020170074500 y
11001600005020110130000 fueron conocidos por el Juzgado Quince Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá,
en ambos casos, y en los que decretó la preclusión de la investigación contra la señora Pinto Millan.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06012-00
Demandante: Angie Carolina Pinto Millán

FALLA

1. Declarar improcedente la solicitud de tutela promovida por la señora Angie Carolina
Pinto Millán contra la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la
Judicatura- Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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