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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06015-00

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06015-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por Importadora AMG S.A.S, de conformidad con las razones expuestas con anterioridad. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Radicación: 11001-03-15-000-2026-06015-00 Demandante: Importadora AMG S.A.S SEGUNDO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06015-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06015-00
Demandante: Importadora AMG S.A.S
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar

Temas: Tutela contra providencia judicial. Acción ejecutiva. Integración
del título ejecutivo.
Decisión: Niega el amparo

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Importadora
AMG S.A.S contra el Tribunal Administrativo de Bolívar.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 30 de julio de 2026, Importadora AMG S.A.S., por intermedio de apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
efectivo a la administración de justicia1, con ocasión del Auto de 27 de junio de 2025
proferido dentro de la acción ejecutiva con Rad.13001-33-33-010-2022-00319-
00/012.

2. A título de amparo constitucional, solicitó dejar sin efectos el Auto del 27 de
junio de 2025 y en su lugar ordenar al Tribunal proferir una nueva decisión en donde
se realice una valoración integral del material probatorio y examine los requisitos
del título ejecutivo complejo de conformidad con la Constitución.

3. Como fundamentos fácticos del escrito de tutela y anexos, se observa que
la accionante instauró demanda ejecutiva en contra del Municipio de El Carmen de
Bolívar, para que se librara mandamiento de pago sobre el dinero adeudado dentro
del Contrato No. S.A-MC-03-20193 y sus intereses.

4. El 5 de mayo de 2023, el Juzgado 10 Administrativo de Cartagena negó el
mandamiento de pago solicitado, expuso que la procedencia de la ejecución exige

1
Mencionó también el principio de prevalencia del derecho sustancial
2
El auto fue notificado por estado el 25 de febrero de 2026.
Decisión que se notificó a través de estado el 25 de febrero de 2026.
3
Contrato suscrito entre Importadora AMG S.A.S y el Municipio de Carmen de Bolívar, cuyo objeto era «COMPRAR E
INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN Y EL MONTAJE DEL CENTRO DE
PRODUCCIÓN MUSICAL DE LA ESCUELA DE MÚSICA LUCHO BERMUDEZ»

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Demandante: Importadora AMG S.A.S

la existencia de un título ejecutivo que contenga una obligación clara, expresa y
exigible. Asimismo, indicó que, en materia de contratos estatales el título ejecutivo
suele ser complejo, por lo que debe estar integrado por los documentos que
permitan acreditar la existencia, el perfeccionamiento y la ejecución del contrato.

5. Asimismo, advirtió que la parte ejecutante no aportó el registro presupuestal,
la póliza de cumplimiento, el acta o documento de liquidación, ni los soportes que
acreditaran el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con seguridad social
y aportes parafiscales, requisitos exigidos para efectuar el pago. En consecuencia,
concluyó que los documentos allegados con la demanda no permitían demostrar la
existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo del Municipio de El
Carmen de Bolívar, por lo cual negó el mandamiento de pago.

6. El accionante interpuso recurso de apelación, y como fundamento de su
inconformidad sostuvo que: (i) el contrato y los documentos aportados cumplían los
requisitos legales de existencia, perfeccionamiento y validez para los contratos
estatales; (ii) la carga de acreditar el registro presupuestal recaía exclusivamente
en la entidad; (iii) el acta de inicio demostraba que se cumplieron los requisitos
legales para la ejecución del contrato; (iv) el acta de liquidación no resultaba
indispensable para la conformación del título ejecutivo cuando no existen
controversias sobre saldos o compensaciones pendientes; y (v) la factura y los
documentos anexos a la demanda reunían los requisitos necesarios para librar el
mandamiento de pago.

7. El 27 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó la
decisión de primera instancia. Para sustentarla, señaló que, de conformidad con el
artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los artículos 422 y 430 del CGP, así como la
cláusula 4 y 28 del Contrato No SA-MC-03-2019, para acreditar la exigibilidad de la
obligación era necesaria la concurrencia de documentos tales como el registro
presupuestal, la aprobación de la garantía y la certificación expresa de paz y salvo
por concepto de aportes parafiscales y seguridad social. Sin embargo, advirtió que
dichos documentos no fueron allegados con la demanda ejecutiva.

8. Asimismo, indicó que el acta de recibo a satisfacción y la comunicación
suscrita por el alcalde no cumplían los requisitos necesarios para constituir un título
ejecutivo. Explicó que el acta de recibo no contenía la certificación de paz y salvo
por concepto de aportes parafiscales exigida contractualmente, razón por la cual
por sí sola no podía acreditar la exigibilidad de la obligación. Igualmente, destacó
que el acta de liquidación resultaba relevante para establecer el estado definitivo de
los derechos y obligaciones de las partes y determinar la existencia de saldos
pendientes. En consecuencia, concluyó que la ausencia de dichos documentos
impedía tener por acreditada una obligación clara, expresa y exigible. Finalmente,
reiteró que correspondía a la parte ejecutante aportar los documentos necesarios
para conformar el título ejecutivo complejo que sirviera de fundamento a la
ejecución.

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9. Como fundamento de la vulneración, la accionante sostuvo que el Auto del
27 de junio de 2025 incurrió en defecto fáctico al valorar de forma indebida el
material probatorio allegado a la demanda, en particular el contrato estatal, la
factura, el acta de inicio y el acta de recibo a satisfacción, los cuales, en su criterio,
eran suficientes para constituir el título ejecutivo. Asimismo, manifestó que la
autoridad judicial no explicó las razones por las cuales el acta de inicio carecía de
relevancia para determinar el cumplimiento de las condiciones necesarias para la
ejecución del contrato.

10. Asimismo, indicó que el acta de recibo a satisfacción fue analizada
exclusivamente desde su contenido formal y no a partir de los hechos que
acreditaba, particularmente la recepción satisfactoria de las prestaciones
contratadas. De igual manera, cuestionó que no se hubiera otorgado relevancia a la
comunicación suscrita por el alcalde, en la que se reconocía la existencia de la
obligación y se informaba que el pago sería efectuado dentro de los 15 días
siguientes.

11. Adicionalmente sostuvo que la providencia incurrió en un defecto sustantivo
debido a una interpretación irrazonable de los requisitos del título ejecutivo
contractual, configurándose un exceso de ritual manifiesto. Señaló que el acta de
inicio acreditaba que la entidad había cumplido las condiciones exigidas por el
régimen de contratación estatal para la ejecución del contrato. Afirmó que el registro
presupuestal, la aprobación de la garantía y las certificaciones relacionadas con
aportes parafiscales corresponden a documentos que emanan de la administración
y no del contratista. También indicó que el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011 no
prevé el acta de liquidación como una condición general o indispensable para
acreditar la exigibilidad de la obligación ni para conformar el título ejecutivo derivado
de un contrato estatal.

12. Finalmente, sostuvo que la providencia cuestionada presentó una
motivación aparente e incongruente, al evidenciar una ruptura entre el problema
jurídico planteado, la tesis anunciada por el Tribunal y las consideraciones
efectivamente desarrolladas para justificar la decisión adoptada. Señaló que la
providencia enunció una tesis referida a un asunto distinto del efectivamente
debatido4.

Intervenciones5

13. El Tribunal Administrativo de Bolívar indicó que el escrito de tutela no
cumple con el presupuesto de relevancia constitucional, ya que los argumentos
expuestos corresponden a la apreciación subjetiva del demandante y se sustentan

4 «Tesis de la Sala. La Sala confirmará la decisión apelada y sostendrá la tesis de que, el Juez de primera instancia en la

providencia recurrida no desconoció las reglas de excepción al principio de inembargabilidad de los recursos públicos
consagrados en el Presupuesto General de la Nación que jurisprudencialmente se han determinado, sino que por el contrario
fueron el fundamento de su decisión, se confirmará la providencia apelada»
5
Mediante Auto de 3 de julio de 2026, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Bolívar y vinculó al Municipio de El Carmen de Bolívar.

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en consideraciones de naturaleza eminentemente legal. Asimismo, sostuvo que no
se configuró irregularidad procesal alguna y que la decisión cuestionada fue
adoptada con observancia de las normas aplicables y con fundamento en las
pruebas allegadas al expediente.

14. Indicó que el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los artículos 422 y 430 del
CGP, y las cláusulas 4 y 28 del contrato S.A M.C 03-2019 exigían la acreditación de
determinados requisitos para demostrar la exigibilidad de la obligación, entre ellos,
el registro presupuestal, la aprobación de la garantía y el acta de liquidación.
Asimismo, destacó que en el expediente no obraba la certificación de cumplimiento
de aportes parafiscales, requisito que consideró esencial para la procedencia del
pago. Añadió que la comunicación suscrita por el alcalde no constituía título
ejecutivo ni podía suplir los requisitos omitidos.

15. El Municipio de El Carmen de Bolívar no se pronunció.

II.CONSIDERACIONES

Competencia

16. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

17. Corresponde a la Sala, una vez verificados los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, determinar si el
Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso efectivo a la administración de justicia6 de la accionante, al
confirmar la decisión que negó el mandamiento de pago contra el Municipio de El
Carmen de Bolívar, por considerar que los documentos allegados no cumplían las
exigencias legales necesarias para constituir un título ejecutivo.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

18. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, comoquiera que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al al debido proceso y acceso efectivo a la administración de
justicia7; se argumentaron con suficiencia los reparos alegados y no se trata de un
asunto de mera legalidad o carácter eminentemente económico; (2) se tiene
acreditada la legitimación, tanto activa como pasiva, puesto que la accionante es la

6
Mencionó también el principio de prevalencia del derecho sustancial
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Mencionó también el principio de prevalencia del derecho sustancial

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titular de las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas y el
Tribunal Administrativo de Bolívar fue la autoridad que profirió la decisión que se
cuestiona en el escrito de amparo; (3) no existe otro mecanismo judicial que permita
a la parte actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales; (4) la acción
de tutela se presentó el 30 de julio de 2026, es decir, dentro de los 6 meses
siguientes a la notificación del Auto del 27 de junio de 20258; (5) no se cuestionó
una irregularidad procesal; (6) se identificaron razonablemente los hechos y
argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos
fundamentales; y (7) la tutela no se interpone contra una providencia de igual
naturaleza.

Análisis de la vulneración alegada: Estudio de defectos

19. La Sala negará el amparo solicitado, por no haberse estructurado los
defectos alegados por el accionante, de acuerdo con las razones que a continuación
se exponen:

20. Respecto al defecto fáctico invocado, la parte accionante sostiene que el
contrato estatal, la factura, el acta de inicio y el acta de recibo a satisfacción fueron
indebidamente valorados, pues considera que las pruebas no se apreciaron de
manera integral. En este contexto, la Sala estima necesario examinar los
fundamentos expuestos por el Tribunal Administrativo de Bolívar para confirmar la
decisión del Juzgado 10 Administrativo de Cartagena, mediante la cual se negó el
mandamiento de pago solicitado por la sociedad Importadora AMG S.A.S contra el
Municipio de El Carmen de Bolívar.

21. Al respecto, se observa que la autoridad accionada señaló que el acta de
recibo a satisfacción no incorporaba la certificación de cumplimiento de aportes
parafiscales, requisito que consideró esencial para la procedencia del pago.
Asimismo, indicó que la comunicación suscrita por el alcalde no constituía título
ejecutivo, ni suplía la ausencia de los documentos exigidos para acreditar la
exigibilidad de la obligación. Finalmente, destacó que la falta del acta de liquidación
y de la certificación correspondiente impedía tener por demostrada la existencia de
una obligación clara, expresa y actualmente exigible.

22. Por otra parte, en relación con el registro presupuestal, la aprobación de la
garantía y el paz y salvo por concepto de aportes parafiscales, el Tribunal sostuvo
que la carga de acreditar tales requisitos recaía sobre la parte ejecutante. En
consecuencia, consideró que esta debía aportar con la demanda todos los
documentos necesarios para demostrar la existencia, el perfeccionamiento, la
ejecución y la exigibilidad de la obligación. Asimismo, precisó que dicha carga no
podía satisfacerse mediante simples referencias a documentos que reposaran en
sistemas públicos, ni trasladarse al juez a través del ejercicio de sus facultades
oficiosas. Con lo que se evidencia que el Tribunal si examinó dichos documentos y

8
El auto fue notificado por estado el 25 de febrero de 2026.
Decisión que se notificó a través de estado el 25 de febrero de 2026.

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explicó el motivo por el cual, carecían de aptitud suficiente para acreditar la
exigibilidad de la obligación.

23. Examinadas las razones expuestas por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
la Sala no observa una apreciación arbitraria del acervo probatorio, sino que, aquella
autoridad, en ejercicio de su autonomía e independencia judicial, efectuó una
interpretación razonada de los elementos de prueba allegados al proceso con el
propósito de verificar si estos satisfacían los requisitos legales para constituir un
título ejecutivo. En consecuencia, el desacuerdo de la parte accionante con las
conclusiones alcanzadas por el juez natural no permite configurar un defecto fáctico.

24. Ahora bien, en relación con el defecto sustantivo invocado, la parte
accionante cuestiona la aplicación del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, por
considerar que la autoridad judicial exigió documentos adicionales para la
conformación del título ejecutivo. Al respecto, la providencia cuestionada afirmó lo
siguiente:

«12. No obstante, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los
artículos 422 y 430 del CGP, así como en la cláusula vigésima octava y cláusula cuarta
del contrato No. SA-MC-03-2019, resulta incontrovertible que la exigibilidad del pago
se encuentra supeditada a la concurrencia de la totalidad de los requisitos contractuales
y legales; a saber: (i) expedición del registro presupuestal; (ii) aprobación de la garantía
única de cumplimiento; y (iii) presentación de la certificación expresa de paz y salvo
por aportes parafiscales y seguridad social, entre otros.

13. Del análisis integral de las piezas procesales, se constató que, si bien se allegaron
el contrato estatal, la factura, el acta de inicio y el acta de recibo a satisfacción, no obra
constancia alguna en el expediente del registro presupuestal, ni de la aprobación formal
de la garantía, ni de la certificación de paz y salvo en materia parafiscal conforme a las
exigencias contractuales.

14. La ausencia de estos documentos no puede considerarse una simple omisión
formal, sino que constituye un impedimento estructural para la integración de un título
ejecutivo complejo válido, toda vez que imposibilita predicar la claridad, expresividad y
exigibilidad actual de la obligación.

15. Ello se desprende del marco normativo citado, que exige al ejecutante allegar con
la demanda la totalidad de los documentos que permitan verificar, de manera
indubitable, el cumplimiento de todas las condiciones contractuales y legales que
tornan exigible la obligación frente a la administración.»

25. En ese sentido, el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 dispone que el contrato
estatal se perfecciona cuando existe acuerdo sobre el objeto y la contraprestación
y este se eleva a escrito. Asimismo, prevé que para la ejecución, se requiere la
aprobación de las garantías correspondientes y la existencia de las disponibilidades
presupuestales correspondientes. De igual forma, establece el deber del contratista
de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social y
aportes parafiscales.

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26. En el caso concreto, se advierte que la decisión de negar el mandamiento
de pago no se sustentó exclusivamente en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, sino
también lo dispuesto en los artículos 4229 y 43010 del CGP, así como las cláusulas
411 y 2812 del contrato No. SA-MC-03-2019. De acuerdo con dichas disposiciones,
el Tribunal determinó que para proceder al pago de las obligaciones resultaba
necesaria la acreditación de los requisitos: (i) expedición del registro presupuestal;
(ii) aprobación de la garantía única de cumplimiento; y (iii) presentación de la
certificación expresa de paz y salvo por aportes parafiscales y seguridad social,
entre otros.

27. En consecuencia, Tribunal Administrativo de Bolívar concluyó que dichos
soportes eran necesarios para demostrar la existencia de una obligación clara,
expresa y exigible y, como los documentos no fueron aportados con la demanda
ejecutiva, consideró que no se encontraba acreditado un título ejecutivo que
permitiera librar el mandamiento de pago solicitado. Lo anterior, no resulta arbitrario
ni incompatible con el marco normativo aplicable. Por lo que el debate planteado
por la accionante se circunscribe a la interpretación propia del juez administrativo y
no al control excepcional del juez de tutela.

28. En ese contexto, la Sala advierte que el reparo formulado por la accionante
no evidencia una aplicación arbitraria, caprichosa o manifiestamente irrazonable de
las normas que regulan la conformación del título ejecutivo derivado de contratos

9
Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que
consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen
de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las
providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y
los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí
la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.
10
Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo,
el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en
la que aquel considere legal.
Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento
ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho
recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la
sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.
Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia de los requisitos
del título ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del auto, podrá presentar demanda
ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo expediente, sin que haya lugar a nuevo reparto. El
juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la admite, ordenará notificar por estado a quien ya estuviese vinculado
en el proceso ejecutivo.
Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado.
De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la interrupción de la
prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo.
El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios en contra del
demandante, si a ello hubiere lugar.
11 CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO. El MUNICIPIO pagará al contratista el valor del contrato una vez

hay cumplido con el objeto del contrato al 100%, previa presentación de la documentación que exija la oficina
de Tesorería para tal efecto, acompañada de la certificación de servicios prestados a satisfacción de la entidad
suscrita por el supervisor del contrato, en la cual deberá constar que el contratista se encuentra a paz y salvo
por lo conceptos correspondientes a Seguridad Social y demás aportes parafiscales (salud, riesgos
profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje), para lo cual debe tenerse en cuenta lo señalado en el articulo 50 de la Ley
789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. (…)
12 CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la

suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución requiere la expedición del registro presupuestal, la aprobación de la
garantía por parte del CONTRATANTE y la suscripción del acta de inicio.

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estatales. Por el contrario, la autoridad judicial accionada realizó una interpretación
sistemática del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los artículos 422 y 430 del Código
General del Proceso y las estipulaciones contractuales pactadas por las partes, para
concluir que la exigibilidad de la obligación dependía de la acreditación de
determinados requisitos contractuales y legales. Así, la controversia planteada por
la accionante recae sobre la corrección jurídica de dicha interpretación y no sobre
la aplicación de una regla inexistente o claramente contraria al ordenamiento
jurídico, circunstancia que excluye la configuración del defecto sustantivo.

29. De igual manera, resulta pertinente recordar que la acción de tutela contra
providencias judiciales no constituye una instancia adicional destinada a sustituir el
criterio interpretativo del juez natural cuando este se encuentra fundado en
disposiciones jurídicas objetivamente aplicables al caso y ha sido expuesto
mediante una argumentación razonada. En consecuencia, aun cuando la parte
accionante considere que los documentos allegados eran suficientes para integrar
el título ejecutivo o que determinados soportes debían ser aportados por la entidad
contratante, tales discrepancias corresponden al ámbito de la interpretación y
valoración jurídica propia del proceso ejecutivo. Por ello, mientras la decisión
cuestionada se encuentre sustentada en una lectura plausible del marco normativo
y contractual aplicable, como ocurre en este caso, no le corresponde al juez
constitucional reemplazar el entendimiento adoptado por la autoridad judicial
competente.

30. Finalmente, en relación con el cargo por falta de motivación, la Corte
Constitucional13 ha señalado que el defecto conocido como «decisión sin
motivación» se configura cuando la providencia atacada carece de fundamentos
fácticos y jurídicos que la soporten, lo cual deriva en una decisión arbitraria que
desconoce derechos fundamentales.

31. En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional14 ha precisado los
criterios que se deben tener en cuenta para establecer si existió un defecto por falta
de motivación, ya que dicha ausencia no puede estructurarse en cualquier
desacuerdo que exista con la justificación de la providencia atacada. Para ello y con
el fin de respetar el principio de autonomía y razonamiento del juez, su configuración
procederá cuando la argumentación sea defectuosa, insuficiente o inexistente y «se
activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación
decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir en
una arbitrariedad».15

32. Asimismo, la Corte Constitucional16 ha insistido que cuando se señale que
una providencia judicial incurrió en falta de motivación debido a la ausencia de
razonamientos que sustenten lo decidido, el juez constitucional debe salvaguardar
el derecho de los accionantes a obtener respuestas razonadas que además les

13
Sentencia C-590 de 2005.
14
Sentencia T-233 de 2007.
15
Sentencia T-709 de 2010.
16
Sentencia T-041 de 2018.

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permitan ejercer su derecho de contradicción, ya que aceptar una decisión que no
sustente las razones fácticas y jurídicas iría en contravía de la función judicial que
ostentan los administradores de justicia, situación que además conllevaría a una
flagrante violación del derecho al debido proceso.

33. De la revisión integral del expediente, la Sala observa que, en efecto, existe
una inconsistencia argumentativa entre la tesis anunciada en la providencia y el
problema jurídico desarrollado posteriormente. Sin embargo, dicha inconsistencia
no tiene la entidad suficiente para configurar el defecto por falta de motivación
alegado por la accionante. El Tribunal expuso las razones fácticas y jurídicas que
sustentaron su decisión y dio respuesta a los argumentos planteados en el recurso
de apelación. En consecuencia, aunque se advierte una deficiencia en la
formulación de la tesis de la sala, esta no afectó el núcleo argumentativo de la
decisión ni impidió comprender las razones que condujeron a la confirmación del
auto recurrido.

34. Por consiguiente, aunque la Sala reconoce la existencia de una falta de
correspondencia entre la tesis formulada y el contenido del análisis del Auto, dicha
circunstancia no generó incertidumbre sobre la ratio decidendi de la providencia ni
impidió determinar las razones que sustentaron la decisión adoptada. En
consecuencia, no se configura el defecto alegado por el accionante.

Conclusión

35. En síntesis, la Sala concluye que la providencia cuestionada no incurrió en
los defectos fáctico, sustantivo ni en la falta de motivación alegados por la parte
accionante. En efecto, se evidenció que el Tribunal Administrativo de Bolívar
examinó los elementos probatorios allegados al proceso ejecutivo, expuso las
razones por las cuales consideró insuficiente la documentación aportada para
acreditar la existencia de un título ejecutivo y fundamentó su decisión en una
interpretación razonada de las disposiciones legales y contractuales que estimó
aplicables al caso. Aunque la accionante discrepa de las conclusiones alcanzadas
por el juez natural, dicha inconformidad no revela una actuación arbitraria ni una
vulneración de derechos fundamentales, sino una divergencia respecto del alcance
jurídico atribuido a las normas y pruebas analizadas dentro del proceso ordinario.
En consecuencia, al no advertirse una afectación al debido proceso ni al acceso
efectivo a la administración de justicia, el amparo solicitado está llamado a negarse.
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por Importadora AMG S.A.S, de
conformidad con las razones expuestas con anterioridad.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06015-00
Demandante: Importadora AMG S.A.S

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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www.consejodeestado.gov.co 10

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