Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06016-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06016-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-06016-00
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06016-00
Demandantes: TRUMAN ANTONIO BERBÉN CÓRDOBA Y OTRA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
B
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de la Sala Plena de esta
Corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Los señores Truman Antonio y Asunción Berbén Córdoba, por conducto de
apoderado, promovieron acción de tutela en contra de la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y al
“precedente judicial”.
Consideraron vulneradas las mencionadas garantías con ocasión de la sentencia
proferida el 17 de abril de 2026, que confirmó el fallo de 11 de diciembre de 2024
dictado por el Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 004, que declaró
probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa
identificado con el radicado 47001-23-33-000-2003-00202-00/01, promovido por el
señor Joaquín Antonio Berbén Polo contra la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora solicitó:
1. Amparar a mis poderdantes, los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, al debido proceso, y al precedente judicial.
2. Dejar sin efecto la providencia judicial de fecha 17 de abril de 2026, proferida
por la sección tercera, subsección “B” de Consejo del Estado.
1
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Demandantes: Truman Antonio Berbén Córdoba y otra
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
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3. Ordenar a la corporación accionada, emitir una nueva decisión respetando las
garantías constitucionales y legales, dentro de un plazo prudencial de cinco días.
4. Adoptar las medidas necesarias para la protección efectiva de los derechos
fundamentales de mis poderdantes1.
1.3. Hechos
En el escrito de tutela los accionantes mencionaron los siguientes supuestos
fácticos:
El señor Joaquín Antonio Berbén Polo2 era propietario del predio denominado
Tierra Mala, ubicado en el corregimiento Piñuela del municipio de Pivijay,
Magdalena. Señalaron que en el año 19923, en dicho inmueble se instalaron unas
redes de transmisión y distribución de energía eléctrica compuesta de 7 postes de
concreto de 12 metros hincados en una longitud de 100 metros, los cuales soportan
3 conductores correspondientes a la línea eléctrica Salamina-Piñuela de 13.2 KV.
A juicio de los tutelantes, los trabajos mencionados constituyen servidumbre,
conforme al artículo 870 del Código Civil. Además, con la ejecución de las obras se
talaron árboles frutales, maderables, hubo muerte de animales, riesgo de la salud
de las personas y desvalorización de las tierras, daños que no fueron indemnizados
por la empresa demandada.
Relatan que los trabajos no se construyeron de manera instantánea. En esa
medida, los daños han sido de tracto sucesivo, continuos y prolongados en el
tiempo, entre otras, como consecuencia de las redes de conducción de energía, las
cuales producen impacto electromagnético.
En virtud de lo anterior, el 11 de diciembre de 2000, el señor Joaquín Antonio
Berbén Polo presentó demanda de reparación directa en contra de la empresa
Electricaribe S.A. E.S.P., la cual fue decidida en primera instancia por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, Despacho 004 que en fallo de 11 de diciembre de
2024 declaró probada la excepción de caducidad de la acción con fundamento en
la afirmación del demandante según la cual la ocupación permanente se efectuó 8
años antes de interponer el medio de control.
Asimismo, consideró que no se trata de un daño de tracto sucesivo, porque este se
produjo de manera inmediata con la instalación de las torres de conducción de
energía en su predio y es a partir de ese momento, del conocimiento de la
servidumbre de paso, cuando ocurrió la ocupación por la obra pública, tiempo en el
que disponía de dos años para demandar, sin embargo, lo hizo 8 años después.
La parte demandante apeló la anterior decisión con fundamento en que los postes
y las redes de conducción de energía eléctrica siguen en su predio, razón por la
cual el daño no ha cesado, este es continuado, permanente o prolongado en el
tiempo y en ese orden de ideas no ha operado la caducidad.
En segunda instancia la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado
1 Trascripción literal del original con posibles errores.
2 Padre fallecido de los tutelantes.
3 Los accionantes no precisaron la fecha exacta de instalación de los postes y redes de transmisión.
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confirmó la decisión proferida por el a quo por considerar que la demanda se
instauró en el año 2000, es decir, más de 2 años después de la ocurrencia de los
hechos (contados desde la instalación de las torres y redes).
1.4. Sustento de la vulneración
Los accionantes argumentan que la sentencia cuestionada adolece del defecto
sustantivo o material por desconocimiento del precedente judicial. Al respecto
mencionaron que la interpretación de la Sección Tercera, Subsección B es
abiertamente irrazonable frente al numeral 8 del artículo 136 del CCA (hoy artículo
164 del CPACA), al no tener en cuenta las sentencias SU-024 de 2018 y T-001 de
2025 de la Corte Constitucional, esta última relativa a daños permanentes o
continuados en relación con fallas en el servicio por actividades riesgosas, como es
la trasmisión de redes eléctricas.
Señalaron que para daños continuados o de efectos permanentes se entiende que
si la exposición al riesgo por los cables eléctricos se mantiene en el tiempo de forma
ininterrumpida (daño de tracto sucesito), el término de dos años se comienza a
contar al día siguiente a la terminación de la situación dañosa o a la cesación del
perjuicio.
A su vez, consideraron que se vulneraron los derechos de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso por:
i) Computar el término de caducidad desde la fecha de instalación de las torres y
redes eléctricas, sin considerar que los daños son de tracto sucesivo y continuo (no
han cesado), constituye un error grave en el cómputo del término, un exceso de
rigor formal que impidió resolver de fondo y desconoció que la caducidad no es
absoluta y que, en caso de duda, el juez debe flexibilizar la interpretación de los
plazos a favor del derecho sustancial. Además, sostuvieron que la vulneración
persiste, generando perjuicios a los animales, los cultivos y el medio ambiente.
ii) Aplicar de manera incorrecta las normas procesales al no contabilizar de forma
exacta y razonable los términos legales y por imponer cargas procesales
desproporcionadas a los accionantes.
1.5. Trámite y contestación de la tutela
Mediante auto de 4 de agosto de 2026 se inadmitió la acción de tutela con el fin de
que los accionantes precisaran el vínculo jurídico o procesal con el señor Joaquín
Antonio Berbén Polo, demandante en el proceso de reparación directa, o su
condición al interior del medio de control reseñado.
Mediante memorial del 6 de agosto siguiente, los accionantes aportaron el registro
civil de defunción del señor Berbén Polo, así como sus registros civiles de
nacimiento en los que consta su condición de hijos del entonces demandante, por
lo que se dio por cumplido el requerimiento efectuado en el auto inadmisorio.
Por auto de 18 de agosto de 2026 se admitió la solicitud de tutela y se ordenó
notificar esta decisión a la parte actora y como demandados a los magistrados de
la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado. Asimismo, se ordenó
3
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vincular a los magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena, a los
presidentes de la Electrificadora del Caribe - Electricaribe S.A. E.S.P., de Transelca
S.A. E.S.P., de la Electrificadora del Magdalena S.A. E.S.P. y al director de la
empresa Air-e S.A.S. E.S.P. como terceros con interés en las resultas del proceso.
Remitidas las respectivas comunicaciones se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
El magistrado ponente de la sentencia cuestionada argumentó que la tutela es
improcedente por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional debido a
que pretende crear, indebida e injustificadamente, una tercera instancia frente a
una sentencia que hizo un correcto análisis fáctico, probatorio y jurídico ya que fue
sustentada en derecho y con base en los medios de prueba valorados de manera
conjunta y racional.
Adujo que, en la sentencia objeto de la presente tutela se expuso, juiciosa y
detalladamente, el análisis de cada una de las pruebas practicadas en el proceso,
para concluir que la acción se ejerció de manera extemporánea.
1.5.2. Fiduciaria La Previsora S.A.4
Solicitó que se declare que ese Patrimonio Autónomo (PA) y la Fiduprevisora S.A.
carecen de legitimación en la causa por pasiva, y en subsidio, que se declare
improcedente la tutela por cuanto no fueron parte, vinculados ni intervinientes en el
proceso de reparación directa de la referencia, el cual se dirigió contra la
Electrificadora del Magdalena S.A. E.S.P. en liquidación, Traselca S.A. E.S.P., AIR-
E S.A.S. E.S.P. y Electricaribe S.A. E.S.P. y que solo conocieron de su existencia
con ocasión de la presente acción.
Señaló que el PA FONECA fue constituido exclusivamente para administrar y pagar
el pasivo pensional y prestacional de Electricaribe S.A. E.S.P. asumido por la
Nación5, no para asumir obligaciones derivadas de la prestación del servicio de
energía ni de servidumbres u ocupación de inmuebles. En ese sentido, citó el
contrato de fiducia mercantil irrevocable No. 6-1 92026, cuya cláusula de
"contingencias jurídicas" limita la representación de FONECA solo a tutelas y
procesos de índole pensional y prestacional.
Por otra parte, mencionó que Electricaribe S.A. E.S.P. en liquidación conservó las
obligaciones derivadas de la operación del servicio público; en esa medida, el
traspaso a FONECA solo cubrió el pasivo pensional, no las condenas por
responsabilidad extracontractual como la aquí discutida.
Por otra parte, sostuvo que el Consejo de Estado analizó correctamente los
argumentos, valoró las pruebas y aplicó la jurisprudencia sobre caducidad, por lo
4 Pese a no haber sido ordenada su notificación, esta entidad intervino en el presente proceso en
calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional del Pasivo Pensional
y Prestacional de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. – FONECA.
5 Decreto 042 de 2020, art. 315 Ley 1955 de 2019.
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que la tutela no evidencia defecto constitucional que habilite la intervención del juez
de tutela.
1.5.3. Transelca S.A.
Argumentó que la tutela se origina únicamente en la inconformidad de los
accionantes con la decisión judicial cuestionada y que al tratarse de una obra
pública con vocación de permanencia debe aplicarse la regla jurisprudencial general
de caducidad de dos años para presentar el medio de control de reparación directa,
contados desde la finalización de la obra o desde que el afectado tuvo o debió tener
conocimiento del hecho —no desde el cese indefinido de sus efectos—.
1.5.4. Tribunal Administrativo del Magdalena
La corporación manifestó que ese tribunal no profirió la providencia cuestionada ni
tiene competencia para modificarla o dejarla sin efectos, por lo que carece de
legitimación en la causa por pasiva respecto de los reproches formulados en la
solicitud de amparo, razón por la que solicitó su desvinculación del presente trámite.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2.2. Cuestión previa
La sala accederá a la solicitud de desvinculación elevada por la Fiduciaria La
Previsora S.A., por cuanto el patrimonio autónomo FONECA fue constituido para
asumir el pasivo pensional y prestacional de la Electrificadora del Caribe S.A.
E.S.P., bajo un contrato de fiducia mercantil celebrado con la Fiduprevisora S.A.,6
cuyo propósito es la gestión y el pago del pasivo pensional y prestacional de la
electrificadora, es decir, que no fue constituido con la finalidad de atender a
obligaciones diferente a las razones por las que fueron constituidas o ajenas al
ámbito jurídico o funcional del patrimonio autónomo.
Por otra parte, se despachará negativamente la misma petición realizada por el
Tribunal Administrativo del Magdalena por cuanto su vinculación a este trámite
constitucional se realizó en calidad de tercero por haber sido la autoridad judicial
que profirió el fallo de primera instancia en el asunto de la referencia.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la sala analizar si la autoridad judicial accionada incurrió en alguna
irregularidad que atente contra los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y al “precedente judicial” de los
6 De conformidad con el parágrafo 2 del artículo 315 de la Ley 1955 de 2019.
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accionantes al proferir la sentencia de 17 de abril de 2026, que confirmó el fallo de
11 de diciembre de 2024 dictado por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
Despacho 004, que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control
de reparación directa identificado con el radicado 47001-23-33-000-2003-00202-
00/01, promovido por el señor Joaquín Antonio Berbén Polo contra la Electrificadora
del Caribe S.A. E.S.P.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente,
de encontrarse superados se estudiará iii) el fondo del reclamo.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20127, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se
ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que
se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que
debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto – procedencia adjetiva.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
7 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 26 de junio de 2022
explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada,
cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión
judicial “...el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar
un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’.”
En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional “protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales” y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar
si se supera esta exigencia, los cuales son:
...(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de
una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales.8
8 Destacado por la Sala.
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En el presente asunto se observa que la parte actora atribuyó la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la sentencia de 17 de abril de 2026,
que confirmó el fallo de 11 de diciembre de 2024 dictado por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, Despacho 004, que declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control de reparación directa identificado con el radicado
47001-23-33-000-2003-00202-00/01, promovido por el señor Joaquín Antonio
Berbén Polo contra la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
En su criterio, la autoridad judicial accionada al proferir la mencionada providencia
incurrió en un defecto sustantivo o material por desconocimiento del precedente
judicial al no tener en cuenta las sentencias SU-024 de 2018 y T-001 de 2025 de la
Corte Constitucional, ambas relativas a daños permanentes o continuados y por la
vulneración de los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido
proceso por cuanto computó el término de caducidad desde la fecha de instalación
de las torres y redes eléctricas, sin considerar que los daños son de tracto sucesivo
y continuos, es decir, que no han cesado.
En el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por los tutelantes
no satisface el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que las
inconformidades planteadas no contienen la carga argumentativa necesaria que dé
cuenta de las razones del porqué el asunto requiere la intervención del fallador de
esta sede; es decir, no tienen la entidad o trascendencia para aplicar, interpretar o
desarrollar mandatos constitucionales.
Lo primero que se advierte es que el extremo actor, si bien alegó la posible
configuración de los defectos mencionados en precedencia, lo cierto es que no
cumple con la argumentación mínima para su estudio, de conformidad con lo
establecido por la Corte Constitucional cuando se le atribuye la vulneración de
derechos fundamentales a una providencia judicial.
En ese sentido, revisada la motivación de la sentencia que puso fin a la litis y que
ahora es objeto de cuestionamiento, se evidencia que, la autoridad judicial
accionada indicó:
(…) la Sala encuentra que el propio demandante asegura que la instalación de la obra
ocurrió ocho (8) años antes de interponer la demanda, esto significa que la ocupación
ocurrió en el año 1992 si se tiene en cuenta que la demanda se presentó en el año
2000, ocupación respecto de la cual el demandante conoció sobre ese hecho desde
el momento en que ocurrió, tal como él mismo lo reconoció.
6) En ese orden de ideas, el interesado podía interponer la demanda hasta el año
1994, pero, como lo hizo tan solo el 11 de diciembre de 2000 se impone concluir que
fue de manera manifiestamente extemporánea.
7) No le asiste razón al apelante en considerar que la demanda fue presentada en
tiempo oportuno por tratarse de un daño continuado por el hecho de que la ocupación
aún producía efectos nocivos cuando se interpuso la demanda e incluso el recurso de
apelación. La ocupación se inició en un momento determinado y con pleno
conocimiento del actor; de modo que, por no tratarse de una ocupación de carácter
temporal ni tampoco de un daño continuado ni de tracto sucesivo este no puede
prolongarse en el tiempo indefinidamente; de lo contrario, para este tipo de casos no
operaría nunca la caducidad, lo cual quebrantaría el principio de seguridad jurídica y
desconocería el ordenamiento jurídico que regula la materia.
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9) Ahora bien, si se considera que la afectación a la salud de las personas, animales
y a la vegetación, es un daño independiente a la ocupación y es continuado, la Sala
observa que no fue probado. La parte actora solicitó la práctica de unos testimonios
que fueron decretados, pero, posteriormente desistió de esa prueba (fl. 547 archivo
01.2 índice 3 SAMAI tribunal)3; a su turno, solicitó la práctica de una inspección
judicial, la cual fue denegada en primera instancia y, en su lugar, el tribunal decretó
dictamen pericial (fl. 505 ibidem), no obstante, nunca se practicó; además, ninguna
de las pruebas documentales allegadas al expediente acredita ese daño”.
En esa medida, de la lectura de la providencia cuestionada se advierte que la
autoridad judicial accionada expuso las razones jurídicas que sustentaron la
declaratoria de la excepción de caducidad al interior del medio de control de
reparación directa de la referencia, circunstancia que evidencia que la
inconformidad de la parte actora recae sobre los criterios interpretativos asumidos
por el juez natural de la causa.
Desde esa perspectiva, la controversia planteada carece de relevancia
constitucional, pues el debate propuesto se contrae a una discusión de naturaleza
legal, relacionada con la interpretación de las reglas constitucionales y orgánicas
sobre la caducidad de las acciones, aspecto que, de conformidad con lo señalado
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, no habilita la
intervención excepcional del juez de tutela.
Aunado a lo anterior, y revisados los planteamientos expuestos por los tutelantes
en el sustento de la vulneración, no se avizora que respecto de dicha providencia
se hubiese desarrollado un argumento sólido que demuestre la transgresión de sus
derechos fundamentales, que permitan superar el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que para ello se torna indispensable que el interesado
identifique y desarrolle los yerros de los cuales adolece la providencia, exponga
cómo sus garantías superiores son vulneradas con ocasión de las irregularidades
contenidas en el auto enjuiciado, y determine con suficiencia las razones del por
qué el asunto implica la intervención del fallador de esta sede.
En este orden, y si bien la parte actora intenta exponer las razones por las cuales
considera que la autoridad judicial accionada al proferir la providencia cuestionada
incurrió en una vulneración de sus garantías constitucionales, en realidad lo que se
evidencia es una simple inconformidad con lo dispuesto por éste en la decisión
censurada y las conclusiones a las cuales arribó, lo cual, per se, no implica una
trasgresión de los mencionados derechos.
Se reitera que el juez constitucional no está instituido como órgano de control de las
providencias judiciales que son adoptadas en el curso de los procesos o trámites
que se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto estableció el legislador,
ya que, de avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de tutela
y la desarticulación de la organización judicial.
Finalmente, respecto del cargo por desconocimiento del precedente, si bien se
señalaron las providencias inadvertidas por el juez ordinario, lo cierto es que no
realizó algún análisis en el que se indicara la regla o subregla determinante aplicable
a la solución del nuevo caso y su incidencia en la decisión que deba adoptar el juez
natural del asunto.
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Demandantes: Truman Antonio Berbén Córdoba y otra
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06016-00
No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.
En ese sentido, se resalta que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar las mismas vía
acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el
debate planteado por los tutelantes busca mutar el amparo constitucional en una
tercera instancia, por lo que se impone declarar la improcedencia de la presente
acción.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación elevada por el Tribunal
Administrativo del Magdalena.
SEGUNDO: Acceder a la solicitud de desvinculación realizada por la Fiduprevisora
S.A.
TERCERO: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por Truman
Antonio Berbén Córdoba y Asunción Berbén Córdoba por no superar el requisito de
relevancia constitucional.
CUARTO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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