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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06023-00

Fecha
7 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06023-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por el señor Francisco José Agudelo Henao contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06023-00

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

7 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06023-00
Accionante: FRANCISCO JOSÉ AGUDELO HENAO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Vinculados: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - JUZGADO TREINTA (30)
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Niega el amparo / Acción de repetición /
Cuestionamientos sobre valoración probatoria y responsabilidad subjetiva / Los defectos
alegados no se configuran.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. La Sala negará el amparo. Aunque la controversia tiene relevancia constitucional,
pues se alega un defecto fáctico por falta de valoración probatoria que comprometería
el derecho fundamental al debido proceso, los argumentos formulados por el señor
Francisco José Agudelo Henao no demuestran los defectos atribuidos a la decisión
del Tribunal Administrativo de Antioquia que resolvió el recurso de apelación dentro
del proceso de repetición.

2. El accionante cuestiona el alcance dado a las pruebas, la calificación de su
conducta y la respuesta a sus argumentos de defensa, asuntos que fueron
examinados en el proceso ordinario. Su desacuerdo con lo decidido no demuestra,
por sí solo, una actuación arbitraria o caprichosa de la autoridad judicial.

II. ANTECEDENTES

La demanda

3. El 30 de julio de 2026, el señor Francisco José Agudelo Henao, en nombre propio,
presentó acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta
de Decisión, por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso con
ocasión de la Sentencia no. 294 del 19 de noviembre de 2025, corregida en auto del
30 de enero de 2026, dictada dentro del medio de control de repetición con radicado
05001-33-33-030-2016-00904-01.

Hechos relevantes

4. El 4 de diciembre de 2002, el señor Albeiro de Jesús Jaramillo Escalante fue
capturado dentro de una investigación iniciada en 1996 con declaraciones de testigos
con reserva de identidad. El señor Francisco José Agudelo Henao, en calidad de
Fiscal 29 Delegado ante los Jueces Promiscuos del Circuito de Santa Rosa de Osos,

1 Índice 002 de Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06023-00
Accionante: Francisco José Agudelo Henao
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción De Tutela

le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva el 17 de diciembre de
2002 y, el 3 de abril de 2003, profirió resolución de acusación.

5. El 30 de octubre de 2003, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Segovia ordenó
la libertad del señor Albeiro de Jesús Jaramillo Escalante por vencimiento de términos
y, el 30 de enero de 2004, profirió sentencia absolutoria.

6. Posteriormente, el señor Albeiro de Jesús Jaramillo Escalante y sus familiares
promovieron una demanda de reparación directa. En sentencia del 26 de septiembre
de 2012, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró patrimonialmente
responsable a la Fiscalía General de la Nación, a título de falla del servicio, al
considerar que la medida de aseguramiento y la resolución de acusación se
sustentaron en declaraciones de testigos con reserva de identidad que, para entonces,
no podían ser valoradas, por haber sido declarada inexequible la norma que amparaba
esa reserva.

7. En cumplimiento de esa condena, la Fiscalía General de la Nación expidió la
Resolución 0000967 del 25 de mayo de 2015 e hizo el pago correspondiente.
Posteriormente promovió acción de repetición contra el señor Francisco José Agudelo
Henao.

8. En la Sentencia no. 8 del 19 de enero de 20222, el Juzgado Treinta Administrativo
del Circuito de Medellín accedió a las pretensiones, declaró patrimonialmente
responsable al señor Francisco José Agudelo Henao a título de culpa grave y lo
condenó a reintegrar a la Fiscalía $107.261.012.

9. El demandado apeló3. Cuestionó, principalmente, la valoración probatoria hecha
para establecer el elemento subjetivo de la repetición y la falta de congruencia de la
sentencia respecto de los demás medios de defensa propuestos.

10. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en la Sentencia no. 294 del 19 de
noviembre de 20254, confirmó el fallo de primera instancia y actualizó inicialmente la
condena a $253.148.280,66. Ante la solicitud presentada por el accionante, el Tribunal
profirió el Auto no. 18 del 30 de enero de 2026, en el que corrigió la actualización de
la condena5.

Pretensiones

11. El accionante solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso.
Como consecuencia, pidió dejar sin efectos la Sentencia no. 294 del 19 de noviembre
de 2025, corregida en el auto no. 18 del 30 de enero de 2026, y ordenar al Tribunal
Administrativo de Antioquia proferir una sentencia de reemplazo.

Fundamentos

12. El señor Francisco José Agudelo Henao sostuvo que la sentencia cuestionada
incurrió en defecto fáctico porque no valoró individual y conjuntamente los
testimonios practicados para controvertir la culpa grave que se le atribuyó. Esas

2 Índice 001 de Samai. P. 64 – 84.
3 Índice 001 de Samai. P. 85 – 99.
4 Índice 001 de Samai. P. 100 – 124.
5 Índice 001 de Samai. P. 125 – 128.

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Accionante: Francisco José Agudelo Henao
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción De Tutela

declaraciones demostraban que, atendidas las circunstancias existentes para la
época, su actuación se ajustó a las exigencias previstas en la Ley 600 de 2000.

13. Agregó que tampoco se valoraron los demás elementos probatorios que, en su
criterio, constituían indicios graves de responsabilidad distintos de los testimonios con
reserva de identidad. Por ello, cuestionó la conclusión según la que, excluidos esos
testimonios, no existían elementos suficientes para imponer la medida de
aseguramiento y proferir la resolución de acusación.

14. También afirmó que los jueces trasladaron al proceso de repetición las
conclusiones de la sentencia de reparación directa y, con ello se desconoció la
sentencia SU-354 de 2020, que exige examinar autónomamente la responsabilidad
subjetiva del agente en el proceso de repetición. Por esta misma razón, alegó
desconocimiento del precedente.

15. Por último, alegó la violación directa de los artículos 90 y 31 de la Constitución.
Frente al primero, sostuvo que fue condenado sin que se acreditara una conducta
dolosa o gravemente culposa. En relación con la doble instancia, señaló que el
Tribunal no resolvió los argumentos de la apelación relacionados con el hecho de un
tercero y la negligente defensa de la Fiscalía en el proceso de reparación directa.

Trámite impartido

16. En auto del 3 de agosto de 20266, este d espacho admitió la acción de tutela y
ordenó notificar a los magistrados de la Sala Sexta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia. Vinculó a la Fiscalía General de la Nación y al Juzgado
Treinta Administrativo del Circuito de Medellín.

17. Se tuvieron como pruebas los documentos aportados con la tutela. También se
requirió al Tribunal para que remitiera las actuaciones relacionadas con la Sentencia
294 de 2025 y su corrección, y al Juzgado Treinta Administrativo para que enviara
copia completa del expediente de repetición. Asimismo, se suspendieron los términos
desde el 3 de agosto de 2026 hasta el reingreso del expediente al despacho.

Intervenciones

18. El Tribunal Administrativo de Antioquia7 contestó y consideró que el asunto
carece de relevancia constitucional porque el accionante pretende reabrir el debate
probatorio resuelto por los jueces ordinarios y utilizar la tutela como una instancia
adicional.

19. La sentencia accionada está debidamente sustentada y las declaraciones con
reserva de identidad fueron determinantes en las decisiones adoptadas, pese a que
la norma que permitía su utilización había sido declarada inexequible. En el proceso
de repetición sí se analizaron los testimonios invocados por la defensa y se
contrastaron con los demás medios de prueba. Por último, la tutela no puede utilizarse
para rectificar una interpretación judicial adoptada dentro del ámbito de la autonomía
del juez.

6 Índice 005 de Samai.
7 Índice 014 de Samai.

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Accionante: Francisco José Agudelo Henao
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción De Tutela

20. La Fiscalía General de la Nación8 contestó y solicitó declarar improcedente la
acción y considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, porque las
providencias cuestionadas fueron proferidas por las autoridades judiciales y no por
esa entidad.

21. Las decisiones accionadas no vulneraron el debido proceso del accionante y la
tutela pretende controvertir nuevamente asuntos probatorios definidos en el proceso
de repetición. Por ello, no se configuró alguno de los defectos que habilitan
excepcionalmente el control constitucional de una providencia judicial.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

22. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso
de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591
de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 20199.

Problema Jurídico y metodología de la decisión

23. Corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo presentada por el señor
Francisco José Agudelo Henao satisface el requisito de relevancia constitucional. Solo
en caso afirmativo y de encontrarse acreditados los demás requisitos generales de
procedencia, habría lugar a establecer si el Tribunal Administrativo de Antioquia
incurrió en los defectos atribuidos a la sentencia del 19 de noviembre de 2025.

Procedencia excepcional de la tutela contra providencia judicial

24. La acción de tutela contra providencias judiciales procede de forma excepcional.
La Corte Constitucional sistematizó los requisitos generales de procedencia en la
Sentencia C-590 de 200510: que la cuestión discutida tenga relevancia constitucional,
que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, que
se cumpla la inmediatez, que la irregularidad procesal alegada tenga incidencia en la
decisión, que la parte identifique razonablemente los hechos y derechos vulnerados,
y que no se trate de una sentencia de tutela.

25. La relevancia constitucional no se satisface con la sola invocación de derechos
fundamentales ni con la denominación formal de defectos. La acción de tutela contra
providencias judiciales constituye un juicio de validez constitucional y no un juicio de
corrección del fallo cuestionado; por ello, no puede utilizarse como instancia adicional
para discutir asuntos probatorios o de interpretación legal resueltos por el juez
natural11.

26. La Corte Constitucional señaló que este requisito cumple tres finalidades:
preservar la competencia e independencia de los jueces de las jurisdicciones distintas
a la constitucional, restringir la tutela a controversias que comprometan derechos

8 Índice 013 de Samai.
9 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos entre las

secciones”.
10 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-352 de 2025, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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Referencia: Acción De Tutela

fundamentales e impedir que el amparo se convierta en un recurso adicional para
controvertir decisiones judiciales12.

27. Un asunto carece de relevancia constitucional cuando la discusión se limita a la
determinación de aspectos legales de un derecho o cuando tiene naturaleza
estrictamente económica, particular o privada, salvo que de esa controversia se
desprenda claramente una violación de derechos fundamentales13. También carece
de relevancia cuando la tutela busca reabrir un debate ya decidido por la jurisdicción
competente, sin mostrar una actuación judicial arbitraria o ilegítima.

Caso concreto

28. La Sala encuentra satisfechos los requisitos de legitimación. El señor Francisco
José Agudelo Henao fue parte demandada en el proceso de repetición y resultó
condenado en la providencia que cuestiona, por lo que está legitimado para solicitar
la protección de sus derechos fundamentales. A su vez, el Tribunal Administrativo de
Antioquia está legitimado por pasiva, pues profirió la sentencia de segunda instancia
objeto de la tutela.

29. También se cumplen la inmediatez y la subsidiariedad. El Auto 18 del 30 de enero
de 2026, que corrigió la sentencia cuestionada, se notificó en esa fecha 14 y la tutela
se presentó el 30 de julio siguiente, dentro de un término razonable. Además, el señor
Francisco José Agudelo Henao interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia y el Tribunal lo resolvió en la providencia que ahora cuestiona, por
lo que agotó el mecanismo ordinario.

30. La solicitud de amparo satisface el requisito de relevancia constitucional, porque
el accionante alega un defecto fáctico por falta de valoración probatoria que, de
configurarse, comprometería el derecho fundamental al debido proceso. Ese
planteamiento trasciende la mera legalidad y habilita el estudio de los defectos
alegados.

31. La solicitud, por otra parte, identifica los hechos y derechos presuntamente
vulnerados y no se dirige contra una sentencia de tutela, por lo que están acreditados
los requisitos generales de procedencia.

32. Para resolver los defectos, se confrontarán los argumentos de la tutela con lo
decidido por las autoridades judiciales, sin hacer una nueva valoración de las pruebas.

33. El accionante cuestiona, en primer lugar, la valoración de los testimonios de Fanny
Lucía Correa Osorio, Gildardo Zapata Giraldo, Javier Darío Velásquez Jaramillo y
Leonel Bedoya López, practicados a solicitud de la defensa para controvertir la
atribución de dolo o culpa grave.

34. La sentencia de primera instancia sí hizo referencia conjunta a esas
declaraciones. El Juzgado señaló que los testigos coincidieron, desde las funciones
que desempeñaron en el proceso penal, en que la actuación del señor Agudelo Henao

12 Ibidem.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
14 Índice 025 de Samai. Expediente 05001-33-33-030-2016-00904-01.

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Referencia: Acción De Tutela

se ajustó a las exigencias del artículo 356 de la Ley 600 de 2000, que requería dos
indicios graves de responsabilidad15.

35. No obstante, el Juzgado no acogió la conclusión que la defensa pretendía derivar
de esas declaraciones. Al contrastarlas con la resolución de acusación del 3 de abril
de 2003, consideró que los testimonios recibidos bajo reserva de identidad fueron los
principales elementos utilizados para vincular al señor Jaramillo Escalante con el delito
de rebelión. También tuvo en cuenta la formación y experiencia profesional del
entonces fiscal y concluyó que su conducta fue gravemente culposa 16.

36. Este cuestionamiento se reiteró en el recurso de apelación. El demandado sostuvo
que los testimonios no habían sido valorados integralmente y que, examinados con
las demás pruebas, permitían establecer la existencia de indicios graves de
responsabilidad distintos de las declaraciones con reserva de identidad.

37. El Tribunal resolvió el reparo y consideró que no podía afirmarse que el Juzgado
hubiera omitido los testimonios, pues la sentencia hizo referencia a esas
declaraciones y reconoció que los testigos consideraron ajustada la actuación del
demandado. Además, analizó la resolución de acusación y destacó los apartes en los
que el entonces fiscal acudió a los testigos identificados bajo reserva, para concluir
que esas declaraciones constituyeron un fundamento relevante de la acusación y que,
para entonces, la disposición que amparaba esa modalidad probatoria había sido
declarada inexequible.

38. Así, el desacuerdo del accionante no se origina en que los testimonios hubieran
sido ignorados, sino en el mérito que las autoridades judiciales les atribuyeron frente
a los demás elementos de convicción. La circunstancia de que el Tribunal no hubiera
desarrollado individualmente cada declaración con la extensión pretendida por la
defensa tampoco demuestra, por sí sola, la configuración de un defecto fáctico.

39. En esa misma línea, el accionante sostiene que las decisiones penales se
apoyaron en otros elementos distintos de los testimonios con reserva de identidad,
entre ellos la información suministrada por funcionarios del DAS, la utilización de otra
identidad por parte del procesado, sus antecedentes, las contradicciones relacionadas
con su lugar de residencia y los elementos encontrados en la diligencia de registro y
allanamiento practicada en 1996. Según su planteamiento, esos elementos
constituían indicios graves suficientes para adoptar la medida de aseguramiento y la
resolución de acusación.

40. La suficiencia de esos indicios también fue objeto de discusión en el proceso
ordinario. La primera instancia consideró que, excluidas las declaraciones con reserva
de identidad, solo subsistía como indicio la utilización de otra identidad por parte del
procesado, y no atribuyó a los demás elementos el alcance pretendido por la defensa.
Esa conclusión se cuestionó en la apelación y el Tribunal mantuvo la calificación de
culpa grave.

41. Resolver ahora este reparo exigiría establecer nuevamente qué elementos podían
constituir indicios graves y si, apreciados conjuntamente, satisfacían los presupuestos

15 Índice 001 de Samai. P. 78 – 79.
16 Índice 001 de Samai. P. 79 – 80.

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de los artículos 356 y 397 de la Ley 600 de 2000, labor que corresponde al juez natural
y que, por sí misma, no evidencia una valoración arbitraria de las pruebas.

42. El accionante cuestiona, además, que las autoridades judiciales hubieran
trasladado al proceso de repetición las conclusiones de la sentencia que declaró
responsable a la Fiscalía General de la Nación. A su juicio, ello desconoce la sentencia
SU-354 de 2020, que exige examinar autónomamente la responsabilidad subjetiva del
agente en el proceso de repetición.

43. Este planteamiento también se formuló en la apelación. La defensa sostuvo que
las conclusiones de la sentencia de reparación directa no podían extrapolarse al juicio
de repetición y que correspondía establecer de manera independiente la existencia de
dolo o culpa grave.

44. Sin embargo, la providencia cuestionada no se limitó a reproducir las conclusiones
del proceso de reparación directa. El Tribunal delimitó la controversia en torno a la
conducta del demandado, expuso las reglas relativas al dolo y la culpa grave y
examinó directamente la resolución de acusación para establecer los elementos en
los que se apoyó el entonces fiscal.

45. Por ello, el reproche formulado en la tutela se dirige contra la suficiencia y el
resultado de ese análisis, pero no evidencia que el Tribunal omitiera hacer un examen
propio de la conducta del demandado. En ese contexto, la invocación de la sentencia
SU-354 de 2020 no demuestra el desconocimiento del precedente alegado, pues el
Tribunal efectuó el examen autónomo que esa providencia exige.

46. La misma conclusión se impone frente a la alegada vulneración del artículo 90 de
la Constitución. El accionante sostiene que fue condenado sin que se acreditara una
conducta dolosa o gravemente culposa; sin embargo, determinar la existencia del
elemento subjetivo constituyó precisamente el objeto central del proceso de repetición.

47. El Tribunal examinó si la actuación desplegada podía calificarse en esos términos
y concluyó que existió culpa grave. Resolver el cargo en sede de tutela supondría
determinar nuevamente si esa calificación fue acertada, sin que se advierta una
conclusión arbitraria o carente de sustento.

48. Por último, sostuvo que se desconoció la garantía de doble instancia porque el
Tribunal no resolvió materialmente los argumentos relacionados con el hecho de un
tercero y con la negligente defensa de la Fiscalía General de la Nación.

49. Respecto del primero, la defensa alegó que el fiscal que intervino durante la etapa
de juzgamiento no solicitó la repetición de los testimonios recibidos bajo reserva y que
esa actuación incidió en la posterior absolución. El Tribunal retomó la consideración
del Ministerio Público en el sentido de que la posibilidad de practicar nuevamente esos
testimonios durante la etapa de juzgamiento confirmaba que la resolución de
acusación se había sustentado en declaraciones recibidas bajo reserva de identidad.

50. Frente a la negligente defensa, el señor Francisco José Agudelo Henao sostuvo
que la Fiscalía no lo vinculó al proceso de reparación directa; que no interpuso
oportunamente un recurso principal de apelación contra la sentencia condenatoria y
se adhirió al presentado por la parte demandante, del que esta última desistió; y que

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no propuso la excepción de culpa exclusiva de la víctima con fundamento en el artículo
70 de la Ley 270 de 1996.

51. Al resolver la censura de incongruencia, el Tribunal la descartó a través de una
consideración general, pues señaló que el Juzgado abordó los argumentos y
excepciones de la defensa. Aunque el accionante considera insuficiente esa
respuesta, determinar si el Tribunal debía desarrollar individualmente cada
planteamiento o atribuirle una consecuencia distinta implicaría revisar la corrección de
la decisión de segunda instancia, sin que la respuesta ofrecida configure una ausencia
de motivación con entidad constitucional.

52. En consecuencia, se negará el amparo, pues los cuestionamientos formulados no
demuestran la configuración de los defectos atribuidos a la sentencia del 19 de
noviembre de 2025, sino un desacuerdo con la valoración y las conclusiones del juez
natural.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por el señor Francisco José Agudelo Henao
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si esta decisión no fuere impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
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