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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06025-00

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06025-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Juan Pablo González Benítez Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, URNA Radicado: 11001-03-15-000-2026-06025-00 señor Juan Pablo González Benítez, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06025-00

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06025-00
Demandante: JUAN PABLO GONZÁLEZ BENÍTEZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA1

Temas: Tutela de fondo. Ejercicio de la profesión de abogado. Declara
la improcedencia por no cumplir el requisito de la
subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Petición de amparo constitucional

El señor Juan Pablo González Benítez2 presentó acción de tutela contra el
Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, al trabajo, a la libertad de escoger profesión,
al mínimo vital, a la igualdad y al debido proceso, así como la aplicación del
enfoque diferencial dada su calidad de sujeto de especial protección
constitucional.

La parte accionante consideró vulneradas sus garantías constitucionales por la
negativa de la entidad demandada de permitir la radicación y expedición de su
tarjeta profesional como abogado debido a que la Resolución URNAR26-184 del

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URNA
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Quien manifestó ser sujeto de especial protección constitucional por su condición de víctima de
desplazamiento forzado y miembro de la comunidad afrocolombiana.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo González Benítez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, URNA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06025-00

10 de julio de 20263, con la cual se publicaron los resultados del examen de
Estado para abogados, no se encuentra en firme.

Asimismo, solicitó como medida provisional que se ordene a la entidad
demandada expedir, en un plazo de 24 horas, una certificación transitoria de
idoneidad con validez legal para ejercer la abogacía o que se habilite en el sistema
la «expedición/radicación» de su tarjeta profesional para evitar la pérdida de su
vinculación contractual con la organización «Afro Murmare» mientras se dicta el
fallo de tutela.

1.2. Pretensiones

ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - URNA que, en el
término de 48 horas, proceda a expedir y entregar la Tarjeta Profesional de
Abogado a favor del accionante o, en su defecto, expedir una Certificación Especial
de Habilitación Profesional Inmediata.

1.3. Hechos

Sostuvo que es víctima de desplazamiento forzado y miembro de la comunidad
afrocolombiana y que, luego de culminar satisfactoriamente sus estudios de
pregrado en derecho, obtuvo el título profesional de abogado, el cual fue otorgado
por la Universidad Cooperativa de Colombia (Campus Bucaramanga) el 13 de
diciembre de 2024.

Indicó que, con el fin de consolidar su idoneidad en el sector público y
administrativo, cursó y aprobó la especialización en derecho administrativo
otorgada por la Universidad Santo Tomás el 4 de diciembre de 2025.

Agregó que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1905 de 2018, se inscribió y
presentó el examen de Estado para abogados, el cual, según la Resolución
URNAR26-184 del 10 de julio de 2026 aprobó con un puntaje de 47.61905.

Explicó que el 5 de febrero de 2026 suscribió el convenio privado de Asociación y
Cooperación Estratégica con la organización sin ánimo de lucro comunidad de
familias negras Marelsy Moreno Murillo «Afro Murmare», para desempeñarse de
manera exclusiva como asociado consultor/asesor jurídico con unos honorarios
equivalentes al 30% del rubro de administración/consultoría.

Mencionó que el 21 de julio de 2026 presentó una solicitud ante la URNA para que
se le expidiera inmediatamente la tarjeta profesional o para que se adoptara una
medida administrativa provisional de certificación.

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«Por la cual se publican los resultados del examen de Estado para abogados de la Ley 1905 de
2018, aplicación 2026-I»

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Demandante: Juan Pablo González Benítez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, URNA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06025-00

Afirmó que, mediante comunicación enviada el 24 de julio de 2026, dicha entidad
le negó lo pedido e impidió la radicación y expedición de dicho documento, debido
a que dicha resolución no se encontraba en firme y era susceptible de recursos de
terceros, y que solo hasta el 25 de agosto de 2026 se habilitaría la radicación.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte accionante consideró vulneradas sus garantías constitucionales por la
negativa de la entidad demandada de permitir la radicación y expedición de su
tarjeta profesional como abogado debido a que la Resolución URNAR26-184 del
10 de julio de 20264, con la cual se publicaron los resultados del examen de
Estado para abogados, no se encuentra en firme.

Señaló que, pese a haber satisfecho dicho requisito, la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia no le permitió adelantar
inmediatamente el trámite de expedición de la tarjeta profesional, debido a que
dicho acto administrativo no había cobrado firmeza y, por esa razón, la radicación
únicamente se habilitaría a partir del 25 de agosto de 2026.

Expuso que esa dilación administrativa supedita su derecho al trabajo y a percibir
sus honorarios al transcurso de más de un mes de espera por los eventuales
recursos de terceros contra el mencionado acto administrativo, lo que le genera un
perjuicio irremediable al estar en riesgo inminente de perder su «contrato», lo cual
se incrementa debido a su condición de víctima de desplazamiento forzado y
ciudadano afrodescendiente.

1.5. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto del 4 de agosto de 2026 se admitió la demanda y, en consecuencia,
se dispuso la notificación de la presidente y de los demás magistrados que
integran el Consejo Superior de la Judicatura, así como del director de la Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

Asimismo, se denegó la medida cautelar solicitada por la parte accionante puesto
que de los hechos que sustentaron la tutela no se advirtió una amenaza inminente
a los derechos fundamentales invocados.

1.6. Contestación

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia

Esta entidad se opuso a la prosperidad de la solicitud de amparo al considerar que
los supuestos fácticos y jurídicos sobre los cuales el accionante edificó su

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«Por la cual se publican los resultados del examen de Estado para abogados de la Ley 1905 de
2018, aplicación 2026-I»

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Juan Pablo González Benítez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, URNA
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demanda no corresponden a la realidad del procedimiento administrativo previsto
para el examen de Estado ni a las disposiciones reglamentarias expedidas por el
Consejo Superior de la Judicatura.

Precisó que la unidad se limitó a aplicar las normas que regulan la convocatoria,
sin imponer requisitos adicionales ni adoptar decisiones arbitrarias.

Hizo referencia al procedimiento administrativo adelantado para destacar que por
medio de la Resolución URNAR26-184 del 10 de julio de 2026, fueron publicados
los resultados iniciales del examen de Estado para abogados, aplicación 2026-I.

Explicó que en dicho acto se dispuso expresamente que los aspirantes que
aprobaran el examen únicamente podrían adelantar el trámite de expedición de la
tarjeta profesional una vez fueran publicados los resultados definitivos, tras la
resolución integral de los recursos administrativos procedentes contra los
resultados inicialmente publicados.

Mencionó que dio respuesta a la petición que presentó el actor el 21 de julio de
2026, en la cual le explicó el marco jurídico aplicable a la expedición de la tarjeta
profesional y le precisó que, si bien había obtenido un resultado aprobatorio del
Examen, lo cierto es que los referidos resultados publicados aún no habían
adquirido carácter definitivo debido a la posibilidad de interponer los recursos
previstos en el procedimiento.

Añadió que también se le informó que la radicación y el estudio de la solicitud para
la expedición de la tarjeta profesional solo podrían adelantarse una vez culminara
dicha etapa y se publicaran los resultados definitivos, escenario que se encuentra
previsto para el 25 de agosto de 2026.

Advirtió que lo pretendido por el actor desconoce las reglas previamente
establecidas para la convocatoria y el procedimiento aplicable a la consolidación
de sus resultados, pues la calificación publicada inicialmente aún se encuentra
sujeta a los recursos procedentes.

Precisó que la tarjeta profesional resulta necesaria para aquellas actuaciones en
las cuales la ley exige la representación de terceros por un abogado habilitado y
que, según el escrito de tutela, su contrato corresponde a «asociado consultor /
asesor jurídico encargado de la estructuración técnica y jurídica de proyectos»,
para lo cual basta la inscripción en el Registro Nacional de Abogados, trámite que,
a la fecha, el actor no ha radicado.

Agregó que, a la fecha de presentación de la acción de tutela, el accionante
tampoco ha adelantado el trámite consagrado en el Acuerdo PCSJA25-12294 de
2025 para la expedición de la tarjeta profesional, puesto que, si bien mediante
petición solicitó su expedición inmediata, dicha actuación no sustituye el
procedimiento establecido, el cual exige al interesado realizar la correspondiente

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preinscripción y aportar la documentación requerida.

Aclaró que el argumento sustentado en la igualdad con enfoque diferencial y la
condición de víctima de desplazamiento forzado y de integrante de la comunidad
afrocolombiana que alegó el actor no le exime del cumplimiento de las reglas
objetivas que establecen la Ley 1905 de 2018 y el procedimiento administrativo,
las cuales fueron aplicadas de manera uniforme a todos los participantes de la
aplicación 2026-I.

Precisó que tampoco es posible acceder a la «certificación especial de habilitación
profesional inmediata», por cuanto implicaría otorgar efectos definitivos a un
resultado que, por disposición expresa de la citada ley y el reglamento del
examen, se encuentra condicionado a la resolución de los recursos. Afirmó que,
antes de ese momento, el puntaje individual y la media nacional pueden ser objeto
de modificación, lo cual impide jurídicamente certificar la aprobación definitiva del
examen.

Solicitó que se deniegue lo solicitado por el demandante puesto que no vulneró
sus derechos fundamentales, ya que, por el contrario, con la solicitud de amparo
se pretende interpretar de forma aislada la normativa aplicable y que se inapliquen
las reglas generales de la convocatoria en su favor, en desmedro de los principios
que rigen la actuación administrativa.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en
atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si se vulneraron los derechos fundamentales del
señor Juan Pablo González Benítez con ocasión de la negativa de la entidad
demandada de permitir la radicación y expedición de su tarjeta profesional como
abogado debido a que la Resolución URNAR26-184 del 10 de julio de 2026, con la
cual se publicaron los resultados del examen de Estado para abogados, no se
encuentra en firme.

A efectos de resolver el anterior planteamiento, de manera preliminar se
abordarán los siguientes temas: (i) la procedencia de la acción de tutela, (ii) el
derecho a la libertad de escoger profesión u oficio, (iii) el trámite de inscripción y
expedición de la tarjeta profesional de abogado y (iv) el caso concreto.

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Demandante: Juan Pablo González Benítez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, URNA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06025-00

2.3. De la procedencia de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional, según
el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los
jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los
particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en el
artículo 6º del Decreto 2591 de 19915, entre otros motivos, la relativa a la existencia
de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho
que se alega amenazado o vulnerado (subsidiariedad).

2.4. Del derecho a la libertad de escoger profesión u oficio

El artículo 26 de la Constitución Política consagra el derecho a la libertad de
escoger la profesión y oficio en los siguientes términos:

ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá
exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán
el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan
formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo
social.

Para la sala es importante resaltar que el alcance y contenido de este derecho no
solo implica la potestad de escoger profesión, sino también la posibilidad real de
ejercer la labor u oficio para la cual la persona se ha preparado. Los fundamentos
de esta garantía constitucional son los derechos fundamentales al trabajo, al libre
desarrollo de la personalidad y a la igualdad. Así se pronunció la Corte
Constitucional al declarar exequibles las disposiciones que regulan la licencia
profesional para los topógrafos:

El derecho a escoger profesión u oficio es una derivación directa del derecho al
trabajo. Por ende, el razonamiento expuesto se aplica también al derecho
consagrado en el artículo 26 de la Carta. Se trata tanto de un elemento estructural
del sistema constitucional, como de un derecho subjetivo que despliega una
especial eficacia vinculante frente al poder público. De otra parte, si bien la
Constitución garantiza el derecho a escoger profesión u oficio, lo cierto es que tal
derecho se vería lesionado si de él no se dedujera el derecho a ejercer la profesión
u oficio escogido, en condiciones de libertad e igualdad, dentro de los parámetros de
la Constitución…

En similar sentido, el tribunal constitucional determinó lo siguiente al estudiar una
tutela presentada por la Universidad Nacional de Colombia contra el Consejo

5
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.

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Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, en vista de que no les
estaba expidiendo la licencia profesional a sus egresados:

…Como lo ha sostenido en reiteradas oportunidades la jurisprudencia de esta
Corporación, la libertad de escoger profesión u oficio, reconocida en el artículo 26
de la Carta, se sitúa en el marco del derecho al trabajo, en relación directa con otros
derechos como el libre desarrollo de la personalidad o la igualdad. Y no sólo
comprende el ámbito volitivo que supone la liberalidad en la escogencia, sino que se
proyecta, como es apenas lógico, en la facultad de ejercer la actividad en la que se
ha recibido formación6.

De las anteriores citas jurisprudenciales se puede advertir que el derecho a
escoger profesión u oficio comprende dentro de su contenido mínimo la potestad
de elegir la actividad económica a la que la persona se quiere dedicar para lograr
los objetivos de su proyecto de vida, sino también la posibilidad real de ejercer y
practicar dicha actividad.

Es importante resaltar que el mismo artículo 26 de la Constitución también
establece que la ley puede exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de ciertas
profesiones. El fundamento de esta exigencia no es otra cosa que reconocer que
el ejercicio de algunas actividades profesionales implica un riesgo social. Por tal
motivo, es necesario que el Estado pueda constatar que las personas que las
ejercen son idóneas para prestar estos servicios a la comunidad.

2.5. Del trámite de inscripción y expedición de la tarjeta profesional de
abogado

El ejercicio de la profesión se encuentra regulado en el Decreto 196 de 1971 –
Estatuto del Ejercicio de la Abogacía. El artículo 4° de ese cuerpo normativo
estableció que, para poder ejercer dicha labor, es necesario estar inscrito como
abogado7. A su vez, el artículo 158 del mencionado decreto ordena que luego de la
inscripción se debe expedir tarjeta profesional y el artículo 22 de la misma
normativa establece que esta se debe exhibir cuando se actúe como apoderado
judicial9.

6
Corte Constitucional, sentencia T-701 de 2005.
7
«ARTÍCULO 4°. Para ejercer la profesión se requiere estar inscrito como abogado, sin perjuicio
de las excepciones establecidas en este Decreto».
8 «ARTÍCULO 15. En firme la providencia que decrete la inscripción se comunicará al Ministerio de

Justicia para que incluya al interesado en el Registro Nacional de Abogados, expida la Tarjeta
Profesional y publique la inscripción, a costa del interesado, en la Gaceta del Foro, o en su defecto,
en un periódico de circulación nacional».
9 «ARTÍCULO 22. Quien actúe como abogado deberá exhibir su Tarjeta Profesional al iniciar la

gestión, de lo cual se dejará testimonio escrito en el respectivo expediente. Además, el abogado
que obre como tal, deberá indicar en todo memorial el número de su tarjeta. Sin el cumplimiento de
estas formalidades no se dará curso a la solicitud».

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Es decir, en Colombia la tarjeta profesional de abogado tiene una marcada
relevancia, pues para el ejercicio de la labor como apoderado judicial es necesario
que quien pretenda actuar bajo esa calidad, exhiba ese documento, con el cual se
acredita la calidad y la autenticidad del título, como se explicó en el numeral
anterior.

En este punto, conviene señalar que, mediante la Ley 1905 de 2018, el Congreso
de la República expidió una serie de disposiciones relacionadas con el ejercicio de
la profesión de abogado. Así, en el artículo 1° se señala lo siguiente:

ARTÍCULO 1. Para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos
exigidos en las normas legales vigentes, el graduado deberá acreditar certificación
de aprobación del Examen de Estado que para el efecto realice el Consejo Superior
de la Judicatura (CSJ).

Se entenderá aprobado el Examen de Estado cuando el resultado supere la media
del puntaje nacional de la respectiva prueba. En el resultado individual de cada
examen, el CSJ señalará la representación porcentual del puntaje obtenido sobre la
media nacional.

PARÁGRAFO 1. Si el egresado o graduado no aprueba el examen, se podrá
presentar en las siguientes convocatorias que señale el CSJ hasta tanto obtenga el
porcentaje mínimo exigido.

PARÁGRAFO 2. La certificación de la aprobación del Examen de Estado será
exigida por el Consejo Superior de la Judicatura o por el órgano que haga sus veces
para la expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado. Para ser representante de
una persona natural o jurídica para cualquier trámite que requiera un abogado, será
necesario contar con la tarjeta profesional de abogado, que solo se otorgará a
quienes hayan aprobado el examen. Para las demás actividades no se requerirá
tarjeta profesional.
…

La Corte Constitucional estudió dos demandas de inconstitucionalidad
interpuestas contra la Ley 1905 del 2018. Así, en la sentencia C-138 del 2019, el
tribunal constitucional consideró que el hecho de exigir la presentación de un
examen estatal a las personas que vayan a ejercer como abogados no es una
exigencia contraria a la Carta Política, debido a la trascendencia social del
ejercicio de dicha profesión a la que se ha hecho alusión en esta providencia. A tal
efecto, la alta corporación dijo lo siguiente:

e esta o ma en desa ollo del a t culo u e io li e tad de esco e o esión u
oficio), en el caso de la abogacía le es dado al legislador exigir títulos de idoneidad,
toda vez que, dicha profesión implica un riesgo social. Ello es así, justamente,
porque la conducta individual del abogado se encuentra vinculada a la protección
del interés general o común, de manera que el ejercicio inadecuado o irresponsable
de la profesión, puede proyectarse negativamente sobre la efectividad de diversos
derechos fundamentales de terceros, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el

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derecho a la defensa y el acceso a la administración de justicia, así como también,
poner en entre dicho la vigencia de principios constitucionales de interés general,
orientadores de la función jurisdiccional, tales como la eficacia, la celeridad y la
buena fe.

Luego, la citada corte en la sentencia C-594 del 2019 declaró la exequibilidad
condicionada del inciso 1º y los parágrafos 1 y 2 del artículo 1º de la Ley 1905 del
2018 en el entendido de que el requisito de aprobar el examen de Estado es
exigible únicamente al graduado que pretenda desarrollar la profesión por medio
de la representación de otras personas (abogacía en estricto sentido) y solicite el
trámite de expedición de la tarjeta profesional.

Para iniciar el proceso de implementación de la Ley 1905 de 2018 y garantizar los
derechos de los abogados sujetos a esta ley, el Consejo Superior de la Judicatura
expidió el Acuerdo PCSJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, por el cual se
establecen normas para la expedición de la tarjeta profesional de abogado y se
dictan otras disposiciones, acto en el que se establecía lo siguiente:

ARTÍCULO 2°. REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA
PROFESIONAL DE ABOGADO. Para la inscripción y expedición de la Tarjeta
Profesional de Abogado, el interesado deberá presentar ante la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la
Judicatura, por los medios dispuestos para tal fin, el formulario único para múltiples
trámites totalmente diligenciado, a través del proceso de preinscripción en línea
desde la página web https://sirna.ramajudicial.gov.co junto con los siguientes
documentos:

…

e. Certificación expedida por el Consejo Superior de la Judicatura que acredita la
aprobación del Examen de Estado ordenado por la Ley 1905 de 2018.

El anterior acto fue derogado por el Acuerdo PCSJA24-12162 del 9 de abril de
2024, por el cual se establecen normas para la inscripción en el Registro Nacional
de Abogados, la expedición de la tarjeta profesional de abogado y se dictan otras
disposiciones, en el cual se estableció lo siguiente:

Artículo 11 Transitorio. Tarjeta profesional con anotación de vigencia provisional. El
abogado destinatario de la Ley 1905 de 2018 podrá solicitar, sin la acreditación de
aprobación del Examen de Estado para Abogados, el trámite de registro y
expedición de la tarjeta profesional de abogado, la cual contendrá la denominación
“P ovisional” y tend á vi encia hasta la u licación inal de los esultados de la
prueba aplicada el 26 de mayo de 2024.

Parágrafo. El abogado con tarjeta profesional con anotación de vigencia provisional
que haya aprobado el Examen de Estado para Abogados señalado en la Ley 1905
de 2018, podrá solicitar la expedición de la tarjeta profesional de abogado sin
anotación de provisionalidad, para lo que deberá adelantar el trámite de cambio
descrito en el artículo 6 de este Acuerdo.

Artículo 12. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la

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Gaceta de la Judicatura y deroga el Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022 y demás
disposiciones que le sean contrarias.

Finalmente, la Corte Constitucional en la sentencia SU-128 de 2024, precisó lo
siguiente:

G) La relevancia del Examen de Estado como herramienta para mejorar la calidad
en el ejercicio de la abogacía y fortalecer la probidad de los abogados en un Estado
Social de Derecho
…
146. En conclusión, el Examen de Estado creado por la Ley 1905 de 2018
encuentra su justificación en la relevancia social de la profesión de abogado y el
riesgo que implica su ejercicio. En esa medida, el Examen constituye un mecanismo
encaminado a mejorar la calidad en el ejercicio de la abogacía y a fortalecer la
probidad de los abogados, y su aplicación deberá contribuir al progreso de la
formación jurídica en Colombia y a la consecuente mejora en el acceso de los
ciudadanos a la administración de justicia. En últimas, la creación de este examen
por parte del Legislador refuerza la idea, que aquí se ha expuesto, de reconocer en
la educación jurídica el sustrato para la realización de los valores y principios
propios de un Estado Social de Derecho.

H) La tarjeta profesional de abogado y su evolución normativa en Colombia
…
157. El recorrido mostrado hasta aquí evidencia que la tarjeta profesional de
abogado, como sustituto del carné de inscripción profesional, tuvo su origen en el
Decreto 196 de 1971 que además previó otras dos categorías de documento, la
licencia provisional y la licencia temporal. Ninguna de estas categorías se
corresponde con la tarjeta profesional provisional creada por el C. . de la J.
mediante el Acuerdo PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022, luego derogado por
el Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024 que también previó dicha
categoría de tarjeta en el artículo 11 transitorio. Con la creación de la tarjeta
profesional ovisional el C. . de la J. uscó emedia la situación de los aduados
destinatarios de la Ley 1905 de 2018, ante su imposibilidad de acreditar la
aprobación del Examen de Estado ordenado por dicha ley y cuya primera aplicación
aún no se ha realizado.

2.6. Caso concreto

El señor Juan Pablo González Benítez consideró vulnerados sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, al trabajo, a la libertad de escoger profesión,
al mínimo vital, a la igualdad y al debido proceso, así como la aplicación del
enfoque diferencial dada su calidad de sujeto de especial protección constitucional
por su calidad de víctima del desplazamiento forzado y por ser miembro de una
comunidad afrocolombiana. Lo anterior con ocasión de la negativa de la entidad
demandada de permitir la radicación y expedición de su tarjeta profesional como
abogado debido a que la Resolución URNAR26-184 del 10 de julio de 2026, con la
cual se publicaron los resultados del examen de Estado para abogados, no se
encuentra en firme.

Por tanto, el actor pretende que a través de esta acción de tutela se ordene a la
entidad demandada que, en un plazo de 48 horas, proceda a expedirle y
entregarle la tarjeta profesional de abogado o, en su defecto, a expedir una

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certificación especial de habilitación profesional inmediata para evitar la pérdida de
su vinculación contractual con la organización «Afro Murmare» mientras se dicta el
fallo de tutela.

Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia se opuso a la prosperidad de la acción de
tutela pues considera que no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor y
que por el contrario este pretende interpretar de forma aislada la normativa
aplicable y que se inapliquen las reglas generales de la convocatoria en su favor
en desmedro de los principios que rigen la actuación administrativa.

De igual manera, dicha unidad sostuvo que no es posible desconocer el
procedimiento administrativo de inscripción y expedición de la tarjeta profesional
tal y como lo pretende el actor, puesto que dicho acto debe cobrar firmeza y por
esa razón, la radicación únicamente se habilitaría a partir del 25 de agosto de
2026, fecha en la cual, según el cronograma, se publicará el listado final de
resultados del examen de Estado.

Así las cosas, debe indicarse que la Ley 1905 del 28 de junio de 2018, por la cual
se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado,
señaló que para ejercer dicha profesión será necesario acreditar la aprobación del
Examen de Estado para Abogados, requisito que solamente «se aplicará a
quienes inicien la carrera de derecho después de su promulgación».

De igual manera, el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 1905 de 2018 especificó
que «[p]ara ser representante de una persona natural o jurídica para cualquier
trámite que requiera un abogado, será necesario contar con la tarjeta profesional
de abogado, que solo se otorgará a quienes hayan aprobado el examen. Para las
demás actividades no se requerirá tarjeta profesional.»

A su vez, el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA24-
12162 de 202410 estableció en su artículo 1° que para ejercer la profesión de
abogado se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Abogados. De igual
manera, en los artículos 2 y 3 de dicho acuerdo se estipuló el trámite para la
inscripción en el Registro Nacional de Abogados y el de la expedición de la tarjeta
profesional de abogado.

Posteriormente, el Acuerdo PCSJA25-12294 de 202511, que en su artículo 32
derogó el Acuerdo PCSJA24-12162 de 202412, para el Registro Nacional de

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Por el cual se establecen normas para la inscripción en el Registro Nacional de Abogados,
expedición de la tarjeta profesional de abogado y se dictan otras disposiciones.
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Por el cual se establecen normas para la inscripción en el Registro Nacional de Abogados,
expedición de la tarjeta profesional de abogado, licencia temporal y carné de juez de paz y
reconsideración, se implementa la aplicación -TPA-Digital-y se dictan otras disposiciones.
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Artículo 32. Vigencia. El presente Acuerdo rige un mes después de la fecha de su publicación,
modifica el numeral 1 del artículo 12 y el artículo 13 del Acuerdo PCSJA19-11426 de 2019 y
deroga los Acuerdos No PSAA07-4089 de 2007, PSAA13-9901 del 2013, PCSJA24-12162 de 2024
y demás disposiciones que le sean contrarias.

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Abogados estableció lo siguiente:

Artículo 1. Inscripción en el Registro Nacional de Abogados. Para ejercer la
profesión de abogado se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de
Abogados.

Artículo 2. Trámite para la inscripción en el Registro Nacional de Abogados. El
trámite de inscripción en el Registro Nacional de Abogados se realizará por los
abogados ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, a través de los canales que se
dispongan para tal fin. Para ello, el interesado deberá crear o ingresar con su
usuario y contraseña, realizar la preinscripción del citado trámite y cargar los
siguientes documentos:

1. Formulario de inscripción al Registro Nacional de Abogados, totalmente
diligenciado.
2. Copia legible, por ambas caras, de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería
vigente o permiso por protección temporal (PPT) vigente.
3. Copia legible del acta de grado expedida por institución de educación superior
legalmente reconocida. En caso de que el título haya sido conferido por instituciones
de educación superior extranjeras, se debe presentar el documento de
convalidación del citado título, expedido por el Ministerio de Educación Nacional o la
autoridad competente. En este escenario, la fecha de grado que se registrará,
corresponderá a la fecha de expedición del documento de convalidación del título.

Parágrafo. El abogado sujeto a la Ley 1905 de 2018, es decir, que inició la carrera
de derecho después del 28 de junio de 2018 conforme al reporte de la institución de
educación superior de grado, que no haya aprobado el examen de Estado para
abogados, podrá adelantar el trámite de inscripción en el Registro Nacional de
Abogados para ejercer la abogacía. (Subrayado fuera del texto original)

Por tanto, el mencionado Registro Nacional de Abogados es un mecanismo
idóneo y eficaz para el acceso al ejercicio de la profesión, pues permite desarrollar
actividades jurídicas, aunque no como representante de terceros o para el
ejercicio del litigio, pues para esto último sí se requiere la expedición de la tarjeta
profesional.

En el presente asunto, se encuentra que el actor no demostró haber adelantado el
trámite para la inscripción en el Registro Nacional de Abogados, el cual no
requiere de la aprobación del examen de Estado exigido en la Ley 1905 de 2018,
tal y como se puede observar del contenido del artículo 2 del precitado acuerdo.

Por lo expuesto, frente a dicho reproche la acción de tutela se torna improcedente
por no cumplir el requisito de la subsidiariedad, puesto que no es la vía judicial
para remplazar las gestiones administrativas que corresponden a un trámite
reglado y que son propias de la parte interesada, en este caso, del demandante.

Asimismo, debe indicarse que la Corte Constitucional en la sentencia C-594 de
2019 precisó que exclusivamente deberán acreditar la presentación y aprobación
del examen de Estado para abogados quienes soliciten el trámite de expedición de
tarjeta profesional, cuyo trámite se encontraba previsto inicialmente en el artículo

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3° del Acuerdo PCSJA24-12162 de 202413, pero que fue derogado por el Acuerdo
PCSJA25-12294 de 202514, en el cual se reguló el trámite para la expedición de la
tarjeta profesional de abogado de la siguiente manera:

Artículo 3. Expedición de la tarjeta profesional de abogado. La tarjeta profesional de
abogado se expedirá a quienes lo soliciten y se encuentren en alguna de estas
situaciones:

1. Haber iniciado la carrera de derecho antes del 28 de junio de 2018, fecha de
promulgación de la Ley 1905 de 2018, conforme al reporte de la institución de
educación superior de grado.

2. Acreditar la aprobación del examen de Estado para abogados, cuando la carrera
se haya iniciado después del 28 de junio de 2018, conforme al reporte de la
institución de educación superior de grado.

Artículo 4. Trámite para la expedición de la tarjeta profesional de abogado. El trámite
se realizará ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, a través de los canales que se
dispongan para tal fin. Para ello, el interesado deberá crear o ingresar con su
usuario y contraseña, realizar la preinscripción del citado trámite y cargar los
siguientes documentos:

1. Formulario de expedición de tarjeta profesional de abogado, totalmente
diligenciado.
2. Copia legible, por ambas caras, de la cédula de ciudadanía, cédula de
extranjería vigente o permiso por protección temporal (PPT) vigente.
3. Copia legible del acta de grado. En caso de que el título haya sido conferido
por instituciones de educación superior extranjeras, se debe presentar el
documento de convalidación del citado título, expedido por el Ministerio de
Educación Nacional o la autoridad competente. En este escenario, la fecha de
grado que se registrará, corresponderá a la fecha de expedición del documento
de convalidación del título.
4. Una (1) fotografía digital reciente fondo azul, tipo documento con registro de
frente, en formato PNG o JPG.
5. Comprobante de la consignación por el valor establecido y vigente para la
expedición de la tarjeta profesional de abogado, que permita individualizar al
solicitante. (Subrayado fuera del texto original)

Al respecto, debe indicarse que el demandante tampoco acreditó haber
adelantado el trámite para la expedición de la tarjeta profesional, puesto que, si
bien mediante petición solicitó su expedición inmediata, dicha actuación no
sustituye el procedimiento establecido para el efecto, que exige al interesado no
solo acreditar la aprobación del examen de Estado para abogados, sino realizar la

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Por el cual se establecen normas para la inscripción en el Registro Nacional de Abogados,
expedición de la tarjeta profesional de abogado y se dictan otras disposiciones.
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Por el cual se establecen normas para la inscripción en el Registro Nacional de Abogados,
expedición de la tarjeta profesional de abogado, licencia temporal y carné de juez de paz y
reconsideración, se implementa la aplicación -TPA-Digital-y se dictan otras disposiciones.

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correspondiente preinscripción y aportar la documentación requerida.

De este modo, la acción de tutela tampoco es la vía judicial para anticipar los
efectos propios del procedimiento administrativo frente a la expedición de la tarjeta
profesional, como lo pretende el accionante, puesto que se trata de un trámite
reglado que debe ser gestionado por la parte interesada y que depende de que la
Resolución URNAR26-184 del 10 de julio de 2026 quede en firme.

Además, en todo caso, debe indicarse que para cuestionar lo dispuesto en normas
de rango legal o reglamentario –como la Ley 1905 de 2018 o los acuerdos
emitidos por la autoridad demandada para la implementación de dicha norma-
existen en el ordenamiento jurídico otros mecanismos de defensa, tales como las
demanda de constitucionalidad y el medio de control de nulidad, respectivamente.

De igual manera, tampoco se observa la configuración del perjuicio irremediable
que el actor sustentó en su condición de víctima de desplazamiento forzado y de
integrante de la comunidad afrocolombiana, puesto que la exigencia de la tarjeta
profesional no es una barrera laboral desproporcionada, ni le impide ejercer su
derecho al trabajo en actividades jurídicas que no requieran de tal documento.

Por consiguiente, se declarará improcedente la acción de tutela puesto que la
parte actora no acreditó el cumplimiento del requisito de subsidiariedad.

Finalmente, se precisa que el actor alegó una vulneración del derecho al trabajo,
debido a que tener que esperar a que quede en firme la Resolución URNAR26-
184 del 10 de julio de 2026, con la cual se publicaron los resultados del examen
de Estado para abogados, le genera una dilación administrativa que supedita su
labor y el pago de sus honorarios al transcurso de más de un mes de espera por
los eventuales recursos de terceros contra el mencionado acto administrativo.

En relación con este reproche, la sala encuentra que la acción de tutela también
resulta improcedente ante la ausencia del requisito de la subsidiariedad, por
cuanto el accionante debe adelantar su inscripción en el Registro Nacional de
Abogados, y una vez adelante tal trámite puede desarrollar actividades jurídicas
distintas a la representación de terceros (en la que sí necesitaría la tarjeta
profesional), como lo es el cargo que actualmente ostenta como «asociado
consultor/asesor jurídico encargado de la estructuración técnica y jurídica de
proyectos».

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el

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señor Juan Pablo González Benítez, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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