Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06043-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06043-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06043-00
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06043-00
Demandante: NURIS CECILIA LÓPEZ FUENMAYOR
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA Y OTROS
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisitos de inmediatez
y subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en
ejercicio de la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la
Constitución y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Con escrito presentado el 30 de julio de 2026, la señora Nuris Cecilia López
Fuenmayor, por conducto de apoderada, promovió acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de La Guajira, el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Riohacha y la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Fiscal y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante
UGPP), con el propósito de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al
mínimo vital, a la vida digna y de acceso efectivo a la administración de
justicia.
Consideró vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión de las
sentencias del 28 de junio de 2023 y 23 de mayo de 2022, proferidas por el
Tribunal Administrativo de La Guajira y el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Riohacha, respectivamente, mediante las cuales se negó
las pretensiones de la demanda y confirmó esta decisión dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 44001-33-40-002-
2017-00389-00/01 promovido contra la UGPP.
A su vez, la accionante controvierte que la UGPP no accediera al reajuste de
su pensión de jubilación, sin tener en cuenta los factores salariales frente a los
cuales sí cotizó, por lo que considera que dicha entidad decidió sus solicitudes
1
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Demandante: Nuris Cecilia López Fuenmayor
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sin resolver de fondo sus argumentos, reiterando interpretaciones que no
aplicaban a su caso.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la actora elevó las siguientes pretensiones:
1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad
social, mínimo vital, vida digna y acceso efectivo a la administración de justicia.
2. Dejar sin efectos la providencia judicial cuestionada, si se concluye que
incurrió en un defecto constitucional conforme a la jurisprudencia sobre tutela
contra providencias judiciales.
3. Ordenar que se profiera una nueva decisión respetando el precedente
constitucional, el derecho a la igualdad y el debido proceso.
4. Ordenar a la UGPP realizar un nuevo estudio integral del reconocimiento
pensional conforme a la Constitución y a la jurisprudencia aplicable.
5. Como medida de protección transitoria, ordenar las actuaciones necesarias
para evitar la afectación del mínimo vital mientras se adopta la decisión
correspondiente.
6. Disponer las demás medidas que el despacho considere necesarias para
garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales.1
1.3. Hechos
En el escrito de la tutela se hizo mención de los siguientes supuestos fácticos:
La accionante relató que nació el 3 de diciembre de 1938, laboró en el
Hospital Nuestra Señora de los Remedios ubicado en Riohacha (La Guajira),
desde el 1º de abril de 1970 hasta el 1º de febrero de 2002 y adquirió el
estatus pensional por tiempo de servicio el 1º de abril de 1990.
Narró que el 15 de diciembre de 1999 solicitó el reconocimiento de la pensión
de jubilación ante la extinta Caja Nacional de Previsión Social - CAJANAL
(hoy en día UGPP), la cual fue otorgada mediante la Resolución 007760 del 8
de mayo del 2000, una vez demostrado el retiro definitivo, con un monto del
75% de su ingreso base salarial promedio del último año de servicios, en el
que solo se tuvieron en cuenta como factores salariales la asignación básica
y la bonificación por servicios prestados.
Indicó que se reliquidó el beneficio pensional por medio de la Resolución
25090 del 4 de septiembre de 2002, en la que se tomó como ingreso base de
liquidación el 75% de la asignación básica, la bonificación por servicios
prestados, la prima de antigüedad y el recargo nocturno. Sin embargo, se
desconocieron otros factores salariales.
Puso de presente que requirió la revisión de la aludida prestación, por no
estar conforme con el monto reconocido y haber aportado nuevos tiempos de
servicio. No obstante, esta petición fue negada en la Resolución RDP 046142
del 13 de octubre de 2013, contra la cual interpuso los recursos de reposición
y apelación, los cuales fueron resueltos desfavorablemente mediante las
resoluciones RDP 050339 del 30 de octubre de 2013 y RDP 052048 del 12 de
noviembre del mismo año.
1
Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.
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Señaló que el 26 de mayo de 2014 pidió nuevamente la reliquidación de la
pensión de jubilación, al considerar que es beneficiaria del régimen de
transición previsto en la Ley 100 de 1993. Así que se debían incluir todos los
factores salariales que percibió en el último año de servicios, pero la UGPP
no accedió a su requerimiento en la Resolución RDP 023781 del 30 de julio
de 2014, decisión confirmada en las resoluciones RDP 027044 del 3 de
septiembre y RDP 029788 del 29 de septiembre de 2014.
Expuso que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la UGPP, en el cual controvirtió la legalidad de los actos en
mención, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito Judicial de Riohacha que, en sentencia del 23 de mayo de 2022,
negó las pretensiones de la demanda tras concluir que, aunque su pensión
debía reconocerse conforme con lo establecido en la Ley 33 de 1985, el
ingreso base de liquidación (IBL) debía calcularse según la Ley 100 de 1993,
pues no es objeto de transición.
Aludió que interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal
Administrativo de La Guajira en la providencia del 28 de junio de 2023, por
medio de la cual confirmó el fallo del a quo con respaldo en que no se
acreditó que respecto de los factores reclamados (recargos nocturnos,
dominicales y festivos) se hubieran efectuado cotizaciones, de modo que no
podían incluirse en la pensión de jubilación bajo el criterio de la Corte
Constitucional fijado en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015.
1.4. Sustento de la petición
A juicio de la accionante, en las providencias controvertidas se configuró un
defecto sustantivo por cuanto se realizó una lectura excesivamente restrictiva
del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin tenerse en
cuenta que para la fecha en que se consolidó su derecho pensional, la
jurisprudencia del Consejo de Estado ordenaba incluir todos los factores
salariales devengados periódicamente en el último año de servicios.
En ese sentido, refirió que las decisiones cuestionadas prescindieron dentro
de su interpretación de los principios de inescindibilidad normativa y de
favorabilidad laboral, lo que condujo a que en su caso se aplicaran reglas que
no correspondían al marco jurídico vigente al momento de la causación del
beneficio prestacional.
La señora López Fuenmayor invocó el desconocimiento del precedente de la
Sección Segunda del Consejo de Estado2, según el cual era viable reliquidar
las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición con todos los
factores salariales efectivamente devengados y cotizados. Además, trajo a
colación que en el proceso 44001-23-33-000-2016-01290-01 esta corporación
resolvió un proceso similar al suyo de manera favorable a sus pretensiones.
2
Al respecto, se hizo referencia a las sentencias del 4 de agosto de 2010 (sin indicar un dato
adicional), 10 de diciembre de 2015, M.P. Carmelo Perdomo Cueter, rad. 1001-03-15-
0002015-03140-00, 25 de febrero de 2016, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, rad. 25000-23-
42-000-2013-01541-01 y 15 de marzo de 2016, M.P. Carmelo Perdomo Cueter, rad. 11001-
33-15-000-2016-00034-00.
3
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Igualmente, consideró que las decisiones objeto de reproche adolecen de un
yerro fáctico, toda vez que se omitió la valoración de los certificados laborales
del Hospital Nuestra Señora de los Remedios, mediante los cuales se
acreditaba la naturaleza salarial de los valores reclamados pues devengó de
manera periódica primas, bonificaciones, recargos y auxilios respecto de los
cuales efectuó cotizaciones en el sistema pensional, lo que condujo a una
conclusión contraria a la realidad.
A su vez, la actora planteó la violación directa de la Constitución, en especial
de los artículos 1º, 13, 48 y 53, por cuanto la negativa de reliquidar su pensión
de jubilación originó una afectación directa a su vida digna y a su subsistencia,
en tanto que la UGPP y las autoridades judiciales accionadas otorgaron un
trato diferente sin una motivación suficiente.
En lo referente a la UGPP, la accionante mencionó que esta entidad excluyó
primas, bonificaciones, recargos y auxilios que le fueron pagados
periódicamente y frente a los cuales cotizó en el sistema pensional. Aunado a
que incurrió en negligencia administrativa, debido a que emitió decisiones sin
resolver de fondo los argumentos expuestos en sus solicitudes, pues
simplemente reiteró interpretaciones que no correspondían a su situación
particular.
1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones
Mediante auto de 4 de agosto del año en curso, se admitió la acción de tutela
y se ordenó notificar esta decisión a la señora López Fuenmayor y como
demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de La Guajira, al
juez Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Riohacha y al director
general de la UGPP.
En esta providencia también se denegó la medida cautelar solicitada, pues de
los hechos que sustentan la acción constitucional no se advirtió, a priori, una
amenaza inminente a los derechos fundamentales de la actora.
Remitidas las respectivas comunicaciones3, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Tribunal Administrativo de La Guajira
En el informe rendido señaló que la solicitud de amparo es improcedente por
no cumplir los requisitos de «subsidiariedad e inmediatez», pues la sentencia
cuestionada se profirió el 28 de junio de 2023 y la tutela se presentó
transcurridos más de 36 meses, así que la accionante pretende reabrir un
debate propio del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Con todo, puntualizó que la decisión cuestionada no incurrió en los cargos
planteados, ya que lo decidido se basó en el material probatorio obrante en el
plenario, así como el criterio jurisprudencial sobre el tema en discusión,
diferente es que se advirtiera que la demandante no demostró cotizaciones
3
Mediante oficios enviados el 6 de agosto de 2026.
4
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sobre los factores salariales que pretendía fueran incluidos para calcular su
pensión.
1.5.2. Unidad Administrativa Especial de Gestión Fiscal y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP
La entidad se opuso al amparo deprecado por la señora López Fuenmayor, al
considerar que las providencias dictadas en el proceso con radicado 44001-
33-40-002-2017-00389-00/01 fueron acertadas, sin que este mecanismo
constitucional se pueda utilizar para revivir un asunto respecto del cual ya se
emitió un pronunciamiento y se configuró la cosa juzgada.
1.5.3. Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Riohacha
En el memorial allegado el despacho puntualizó que las pruebas fueron
valoradas correctamente en el proceso objeto de controversia y aplicó la
jurisprudencia vigente al momento de dictarse el fallo, así que la tutelante en
realidad buscaba reabrir un debate resuelto, pese a que contó con todas las
garantías procesales dentro del proceso, con el propósito de que se aplique
un precedente –sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010– que es
posterior, incluso, a la consolidación del estatus pensional. Por ello, solicitó
que se declare la improcedencia de la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción constitucional, según lo previsto en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021,
así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20194.
2.2. Cuestión previa
Cabe aclarar que, aun cuando la parte actora identificó como autoridad judicial
enjuiciada al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Riohacha,
el estudio del presente asunto se abordará a partir de los argumentos
contenidos en la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de La
Guajira, por ser la decisión que puso fin al proceso controvertido.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la sala analizar si el Tribunal Administrativo de La Guajira
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y de acceso efectivo a la
administración de justicia de la señora López Fuenmayor, con ocasión de la
providencia dictada en el proceso con radicado 44001-33-40-002-2017-00389-
01 y, si esto lo hizo, la UGPP al no reliquidar su pensión de jubilación con la
inclusión de todos los factores salariales percibidos.
4
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
5
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2.4. Caso concreto
La problemática expuesta por la actora radica, de un lado, en que la sentencia
del 28 de junio de 2023 del Tribunal Administrativo de La Guajira adolece de
varios yerros que atentan contra sus garantías iusfundamentales y, por el otro,
en las presuntas irregularidades en las que incurrió la UGPP tras resolver la
solicitud que elevó para que se ajustara el beneficio pensional que le fue
reconocido, lo cual se resolverá de manera independiente.
2.4.1. Controversia relacionada con el Tribunal Administrativo de La
Guajira
2.4.1.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20125, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones
que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta
el momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es
un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.
5
M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6
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En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del
asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no
intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4.1.2. Cabe señalar que esta acción fue estatuida por el constituyente con el
objeto de proveer una protección inmediata de los derechos fundamentales
conculcados, lo que supone que el amparo sea rápido, urgente, actual y
eficaz.6 De ahí que el requisito de inmediatez exija que la tutela se presente
tan pronto se produce el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la
vulneración de los derechos fundamentales, o por lo menos dentro de un
término prudencial y consecuencial a su ocurrencia.
En efecto, esta sección consideró como plazo prudencial el de seis (6) meses 7
desde la ocurrencia del hecho generador –el cual se calcula desde el día hábil
siguiente a la ejecutoria de la última providencia judicial cuestionada– que da
lugar a la solicitud de protección y la presentación de la misma, y cuando este
es excesivo se declara su improcedencia.
A pesar de lo anterior, en cada caso concreto se estudia si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, para que se flexibilice su consideración y
se pueda entrar al fondo del debate jurídico planteado, tales circunstancias
fueron fijadas por la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya
tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, en los siguientes
términos:
i) [E]xista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo,
el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre
6
El artículo 86 de la Constitución prevé que «toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos (...)».
7
Tiempo que esta sala consideró razonable para ejercicio de este mecanismo constitucional
bajo los parámetros fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.
7
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el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual.8
En el presente caso, la actora considera que sus derechos fundamentales
fueron vulnerados con ocasión de la providencia dictada por el Tribunal
Administrativo de La Guajira en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra la UGPP, con el propósito
de obtener la reliquidación de su pensión de jubilación con la inclusión de
todos los factores salariales que percibió durante la prestación de sus
servicios.
De la revisión de las actuaciones surtidas en el proceso incoado por la señora
López Fuenmayor se constató que la sentencia cuestionada se profirió el 28
de junio de 2023, decisión que fue notificada el 24 de julio de ese mismo año
por correo electrónico y quedó ejecutoriada el 31 de julio de 2023, mientras
que la accionante presentó la solicitud de tutela el 30 de julio de 2026, es
decir, transcurridos casi tres años.
Esto quiere decir que no se cumple el presupuesto de procedibilidad objeto de
análisis, pues aquel no es un término que se considere razonable para acudir
al juez constitucional, dado que el paso prolongado del tiempo permite deducir
que se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección
deprecada, desvirtuándose así la inminencia de la afectación.
Ahora bien, la sala advierte que la actora no expuso alguna situación que le
impidiera promover este mecanismo constitucional con antelación o que
permita inferir que la transgresión de sus derechos fundamentales perdura en
el tiempo, por el contrario, se limitó a manifestar que «la acción se presenta
dentro de un término razonable desde la notificación de la sentencia».
Con todo, no se evidencia que la tutelante se encuentre en algún escenario
que la ubique en un estado de especial vulnerabilidad, de tal manera que sea
viable flexibilizar este requisito, pues con las pruebas allegadas al expediente
tan solo se puede verificar que ella pertenece al grupo de la tercera edad9, al
contar con 87 años de edad, circunstancia que, por sí sola, no resulta
suficiente para justificar la presentación extemporánea de la acción de tutela.
Aun cuando la accionante hizo alusión a la presunta vulneración de su
derecho fundamental al mínimo vital, no aportó un elemento de convicción que
acreditara lo afirmado ni que demuestre con grado de certeza que no puede
8
Ver sentencias T-016 de 2006, T-1044 de 2007, T-166 de 2010 y T-576 de 2010.
9
La Corte Constitucional reiteró en la sentencia T-077 de 2024 que se «entiende la “tercera
edad” como la etapa que inicia cuando la persona mayor supera la expectativa de vida
certificada por el DANE[44]. De acuerdo con la Corte, “la calidad de “persona de la tercera
edad” solo puede ostentarla quien no solo es un adulto mayor, sino que ha superado la
esperanza de vida. No todos los adultos mayores son personas de la tercera edad; por el
contrario, cualquier persona de la tercera edad será un adulto mayor” [45].
54. De lo anterior es posible concluir, como lo ha establecido la Corte, que los instrumentos de
protección de los derechos de las personas mayores amparan, por regla general, a quienes
cuentan con 60 años de edad o más [46], por lo que cobijan a las personas que superan la
expectativa de vida y por tanto se consideran de la tercera edad [47].»
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sufragar sus necesidades básicas, pese a que recibe una mesada pensional,
razón por la que no es posible abordar el presente asunto desde una óptica
diferente.
Así las cosas, la sala advierte que no se acreditó la existencia de una
condición de especial vulnerabilidad que hubiese obstaculizado a la
accionante el ejercicio oportuno del mecanismo constitucional. Por lo tanto, no
hay alguna explicación válida para la presentación de la acción por fuera del
tiempo razonable señalado por la corporación, así que se declarará la
improcedencia de la tutela por no cumplir el requisito de inmediatez en lo que
atañe a la controversia expuesta contra el Tribunal Administrativo de La
Guajira.
2.4.2. Controversia planteada contra la UGPP
De otro lado, lo expuesto por la señora López Fuenmayor se dirige a
cuestionar la decisión de la UGPP de no acceder a su solicitud de
reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores
salariales que devengó al prestar sus servicios. Además, dentro de las
pretensiones formuladas en la acción de tutela solicitó que se ordene a dicha
entidad «reali[zar] un nuevo estudio integral del reconocimiento pensional
conforme a la Constitución y a la jurisprudencia aplicable».
Sobre este punto, es oportuno indicar que el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución contempla el requisito de subsidiariedad como presupuesto de
procedencia de la tutela y determina que «[e]sta acción solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto Ley 2591 de 1991.10
La jurisprudencia estableció que en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y
administrativas, de manera que únicamente ante la inexistencia de dichas
alternativas o cuando estas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a esta acción constitucional.
Por lo tanto, el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de
los cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de
agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia de este
mecanismo.
10
«ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en
que se encuentra el solicitante».
9
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www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nuris Cecilia López Fuenmayor
Demandados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06043-00
En este orden de ideas, el juez constitucional no puede inmiscuirse en la
discusión señalada contra la UGPP, toda vez que lo pretendido se dirige, en
esencia, a la problemática relacionada con el reajuste de su pensión, la cual
ya fue planteada y definida en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 44001-33-40-002-2017-00389-
00/01, mecanismo que era el idóneo y eficaz para esta clase de controversias,
dentro del cual la demandante obtuvo un pronunciamiento del juez natural, sin
que la tutela pueda convertirse en una vía paralela destinada a obtener una
nueva decisión sobre un asunto previamente debatido.
En lo concerniente a la existencia de un perjuicio irremediable es oportuno
indicar que la Corte Constitucional lo definió como «el riesgo de consumación
de un daño o afectación cierta, negativa, jurídica o fáctica, a los derechos
fundamentales, que debe ser invocada por el juez constitucional, dada la alta
probabilidad de su ocurrencia»11 y, en ese sentido, señaló lo siguiente para
determinar su existencia:
(i) [E]l perjuicio debe ser inminente, es decir, no basta con que exista una mera
posibilidad de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que
se cause sea grave, lo que implicaría, en consecuencia, un daño de gran
intensidad sobre la persona afectada; (iii) las medidas que se requieran para
evitar la configuración sean urgentes; y (iv) la acción es impostergable, es decir,
en caso de aplazarse la misma sea ineficaz por inoportuna.12
Sin embargo, en el asunto en estudio no se encuentra la configuración de una
situación de tal naturaleza, por cuanto los documentos aportados junto con el
escrito de la tutela tan solo evidencian aspectos que precisamente fueron
objeto de reproche en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
mas no una circunstancia excepcional que obedezca a la necesidad de
conjurar un riesgo cierto, actual e inminente que atente contra los derechos
fundamentales de la accionante y amerite la adopción de medidas urgentes e
impostergables.
Así las cosas, escapa de la órbita funcional del juez de tutela acceder a la
súplica elevada por la actora contra la UGPP por no cumplir el requisito de
subsidiariedad, debido a que este no es un medio de protección de los
derechos fundamentales que se pueda emplear para abordar asuntos propios
del juez natural y que ya fueron debatidos, máxime cuando no existe una
causa justificable para ello.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por la señora
Nuris Cecilia López Fuenmayor.
11
Corte Constitucional, sentencia T-190 de 2020, postura reiterada en la sentencia T-003 de
2022, la cual se trae a colación como un criterio auxiliar de interpretación.
12
Corte Constitucional, sentencias SU-508 de 2020, T-190 de 2020 y T-235 de 2018.
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Demandados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06043-00
SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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