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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06045-00

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06045-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero. NEGAR la tutela solicitada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-06045-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., Veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 1001-03-15-000-2026-06045-00
Accionantes: Oscar Oswaldo Barreto Rosero y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera-
Subsección B y otro

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Levantamiento de
medida cautelar. Existencia de defecto procedimental absoluto,
sustantivo y fáctico. NIEGA AMPARO

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sala decide la acción de tutela instaurada por los señores Oscar Oswaldo Barreto
Rosero, María Nury Rosero Patiño y Geidy Daniela Rodríguez Gutiérrez, mediante
apoderado, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección B y el Juzgado Primero Administrativo de Girardot.

ANTECEDENTES

Los accionantes pretenden que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, prevalencia del derecho sustancial y acceso efectivo a la
administración de justicia, que consideran vulnerados con ocasión de los autos del
25 de abril y 18 de julio de 2025 del Juzgado Primero Administrativo de Girardot y
el auto del 14 de julio de 2026 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que, el 19 de enero de 2024, se presentó demanda ejecutiva en contra de la Nación
-Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación- con el fin de obtener el cobro judicial
de una sentencia de reparación directa por privación injusta de la libertad de que
fuera víctima el señor Oscar Oswaldo Barreto Rosero. Que, dicho proceso se
encuentra en trámite y es de conocimiento, en primera instancia, por el Juzgado
Primero Administrativo de Girardot, con radicado 25307-33-33-001-2024-00017-00.

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Que, al interior del proceso judicial, se han promovido dos solicitudes de decreto de
medidas cautelares para asegurar el pago de la obligación. Que la primera de ellas
está relacionada con embargo y retención de dineros en cuentas bancarias y la
segunda con el embargo y secuestro de bienes fiscales de las entidades públicas,
específicamente de 14 camionetas.

Que, en relación con el embargo y secuestro de bienes fiscales, el Juzgado Primero
Administrativo de Girardot, mediante auto del 24 de octubre de 2024, resolvió
favorablemente la solicitud y ordenó decretar el embargo y secuestro de 14
camionetas. Que, contra dicho auto, no se interpuso recurso legal alguno.

Que, una vez registradas las medidas de embargo, se solicitó al Juzgado Primero
Administrativo de Girardot que procediera a comisionar la aprehensión de los
vehículos. Que, en respuesta a lo anterior, el despacho profirió el auto del 21 de
febrero de 2025, por medio del cual ordenó a su secretaría emitir oficios de
requerimiento a las Secretarías de Movilidad que no habían registrado aun las
medidas de embargo de los vehículos, previo a disponer su aprehensión.

Que, contra la anterior decisión, las apoderadas de la Nación -Rama Judicial y
Fiscalía- interpusieron recurso de reposición y en subsidio apelación, cuestionando
el decreto de las medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes fiscales, es
decir del auto del 24 de octubre de 2024, que ya se encontraba ejecutoriado. Que
dichos recursos señalaron como principal argumento que la decisión desconocía
que aquellos vehículos eran inembargables por estar destinados para el uso de los
esquemas de seguridad de los servidores de las entidades.

Que, el Juzgado Primero Administrativo de Girardot, a través de auto del 25 de abril
de 2025, repuso la decisión inicial de requerir a la Secretarías de Movilidad para la
inscripción de la medida y, en su lugar, ordenó levantar las medidas de embargo y
secuestro decretadas, acogiendo el argumento que las camionetas son
inembargables por pertenecer a esquemas de seguridad de altos funcionarios.

Que, los demandantes presentaron recurso de reposición y en subsidio apelación
en contra de lo dispuesto en el anterior auto. Se argumentó que: (i) Contra el auto
del 25 de abril de 2025 no eran procedentes los recursos por ser un auto de
cúmplase (ii) la oportunidad legal estaba concluida, pues el auto que se debió
cuestionar fue el del 24 de octubre de 2024 que decretó las medidas cautelares (iii)
el levantamiento de las medidas cautelares no tenía soporte jurídico y desconocía
lo establecido en los artículos 599 y 600 del CGP y (iv) no estaba probado
debidamente que el secuestro de los vehículos pusiera en real y eminente riesgo la
seguridad de los altos funcionarios.

Que el Juzgado Primero Administrativo de Girardot, a través de auto del 18 de julio
de 2025, resolvió el recurso de reposición y confirmó lo decidido, con los mismos
argumentos y precisando que el despacho no podía obviar la información de
seguridad y riesgo que representaba el secuestro de vehículos destinados a

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esquemas de seguridad de altos dignatarios; que el juez debía limitar las medidas
cautelares en virtud del principio de proporcionalidad y que ya estaban decretadas
otras cautelas como el embargo de cuentas bancarias y, finalmente, concedió el
recurso de apelación.

Que el recurso de apelación correspondió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que, mediante decisión del 14 de
julio de 2026, confirmó la decisión de levantar las medidas cautelares. Sostuvo que
los bienes sí son susceptibles de embargo y secuestro, pero que el mantenimiento
de las medidas no era necesario, pues existía otra cautela suficiente para asegurar
el resultado del proceso y se ponía en riesgo a los funcionarios, al acreditarse que
al menos 7 de las camionetas eran para esquemas de seguridad.

Considera que las autoridades accionadas reabrieron indebidamente una discusión
que ya estaba cerrada; que las entidades ejecutadas no recurrieron oportunamente
el auto de octubre de 2024 que decretó el embargo, sino que posteriormente
atacaron el auto de febrero de 2025 que buscaba materializarlo. Que, al aceptar
dichos recursos y levantar la medida cautelar, concurrieron tres defectos
específicos.

I) defecto procedimental, pues el auto del 21 de febrero de 2025 era de cúmplase y,
por tanto, no susceptible de recursos; i) defecto sustantivo, pues no existe norma
que establezca que un bien fiscal se vuelve inembargable por estar destinado a un
esquema de seguridad y, además, se habrían desconocido artículos del CGP iii)
defecto fáctico, pues el juzgado levantó las medidas sin prueba idónea de que los
vehículos pertenecían a esquemas de seguridad y lo hizo sobre todas las
camionetas.

PRETENSIONES

Que se amparen los derechos invocados y se deje sin efecto: (i) los autos del 25 de
abril y 18 de julio de 2025, proferidos por el Juzgado Primero Administrativo de
Girardot dentro del radicado 25307-33-33-001-2024-00017-00 y (ii) el auto del 14
de julio de 2026, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B. Que, en consecuencia, se ordene al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca que emita una nueva decisión libre de los defectos
constitucionales denunciados o, en su defecto, que se ordene mantener el auto del
24 de octubre de 2024, proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Girardot,
por medio del cual se decretó las medidas de embargo y secuestro sobre las
camionetas de las entidades y se prosiga con su aprehensión.

TRÁMITE PROCESAL

El 3 de agosto de 2026 se admitió la acción, se vinculó a la Nación -Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación - como terceros
con interés y se ordenó notificar a las partes y a los vinculados.

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POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot expresó
que, el 4 de abril de 2024, posterior a la inadmisión y debida subsanación de la
demanda, se libró el mandamiento de pago solicitado y en la misma fecha se
decretó el embargo y la retención de las sumas de dinero depositadas en diversos
productos bancarios de las entidades demandadas.

Que el 25 de octubre de 2024 se decretó el embargo y retención de otras sumas de
dinero, así como el embargo y secuestro de vehículos de las entidades demandadas
y el 21 de febrero de 2025, se profirió un auto de requerimiento a la Secretaría de
Movilidad de Bogotá para registrar la medida decretada sobre los vehículos
enlistados. Que contra dicha decisión, la Fiscalía interpuso recurso de reposición y
en subsidio de apelación, señalando que los vehículos son de uso exclusivo del
esquema de seguridad de servidores de la entidad que requieren especial
protección y adjuntó certificación expedida por el jefe del Departamento de
Transportes.

Que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial también cuestionó la decisión,
indicando que los bienes objeto de la medida son inembargables pues se
encuentran destinados al funcionamiento de la administración de justicia.

Que el 25 de abril de 2025, el Juzgado repuso la decisión adoptada y, en su lugar,
ordenó levantar la medida cautelar de embargo y secuestro que había sido
decretada. Que si bien, el argumento sobre la inembargabilidad debió ser planteado
al momento de decretarse la medida cautelar, lo cierto es que una vez puesto en
conocimiento de la autoridad judicial la destinación de dichos bienes, la misma no
podía ser ignorada, sino que se imponía la necesidad de examinar la procedencia
de la medida.

Que uno de los presupuestos esenciales para el decreto y mantenimiento de las
medidas cautelares es el periculum in mora y que este no se encontraba acreditado.
Que dicha providencia fue objeto de recurso de reposición y en subsidio apelación
por parte de la demandante, siendo resuelto el primero desfavorablemente
mediante sentencia del 18 de julio de 2025.

Que en esa decisión, el despacho aclaró que los autos proferidos con ocasión de la
ejecución y levantamiento de medidas cautelares no podían considerarse de
cúmplase, pues contenían decisiones de fondo y se impartieron órdenes orientadas
a impulsar y continuar el trámite procesal. Que la decisión de levantar la medida
cautelar no careció de motivación, sino que explicó que fue proferida con
posterioridad a que se allegaran las certificaciones en las que se acreditó que los
vehículos estaban destinados al transporte de funcionarios vinculados al programa
de protección y que, por tanto, la decisión contaba con una carga argumentativa
suficiente.

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Que, la finalidad última del embargo y secuestro de bienes muebles es su remate,
actuación que supondría la salida de los bienes del patrimonio de la entidad y la
obligaría a suplir el servicio, generando costos adicionales y perjuicios superiores.
Que, el interés general debe primar. Que, la decisión recurrida no configura defecto
fáctico, sustantivo ni procedimental alguno.

Que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al examinar el recurso de
apelación, confirmó la decisión adoptada. Señaló que, si bien las providencias
mediante las que se decretan medidas cautelares son susceptibles de los recursos
de reposición y apelación en los términos previstos por la normativa procesal
vigente, la oportunidad procesal para controvertir su procedencia no limita la
facultad del juez de verificar, en cualquier estado del proceso, tanto los
presupuestos que justificaron su adopción como la necesidad de su permanencia.

Que, las medidas cautelares no responden a una finalidad exclusivamente
sancionatoria, sino que constituyen instrumentos encaminados a garantizar la
efectividad de la decisión judicial y la satisfacción de la obligación cuya ejecución
se persigue; en consecuencia, cuando durante el trámite procesal surgen
circunstancias objetivas que evidencian que una medida ha dejado de ser necesaria
o proporcional, el juez se encuentra habilitado para modificarla, sustituirla o
levantarla.

Afirmó que, considerar que la procedencia y permanencia de una medida cautelar
depende exclusivamente del ejercicio oportuno de los recursos procesales dirigidos
a controvertirla equivaldría a predicar su inmodificabilidad; lo que resulta
incompatible con la naturaleza instrumental, provisional y mutable que caracteriza
esta clase de decisiones.

Que los vehículos asignados a esquemas de seguridad no pueden ser considerados
meramente como bienes patrimoniales susceptibles de valoración económica, sino
que deben ser analizados a partir de la destinación específica que cumplen dentro
de las medidas de protección implementadas a favor de sus beneficiarios y que al
efectuar el examen de proporcionalidad, idoneidad y necesidad de la medida
concluyó, que aun cuando dichos bienes fueran jurídicamente embargables, en el
caso concreto no resultaba necesario mantener su afectación cautelar.

Que el Juzgado había decretado previamente el embargo y retención de recursos
depositados en cuentas bancarias de las entidades ejecutadas y que eso era
suficiente para garantizar la satisfacción de la obligación perseguida y, tanto la
providencia de primera como la de segunda, expusieron de manera clara, suficiente
y detallada los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentaron la decisión
adoptada y que no se configuraron los defectos alegados.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, expuso un recuento fáctico de los hechos y dijo que no se configura

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defecto sustantivo, pues la providencia cuestionada no declaró inembargables los
vehículos ni creó una causal de inembargabilidad; sino que reconoció que si se
podían embargar pero que la medida resultada innecesaria y desproporcionada.
Que no se configura defecto fáctico, pues la prueba relativa a la destinación de siete
vehículos ya obraba en el expediente electrónico SAMAI de primera instancia.

Que no se superó el examen de relevancia constitucional ni se evidenció afectación
actual o inminente de los derechos fundamentales invocados. En consecuencia,
solicitó negar la tutela o en su defecto declarar su improcedencia.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial expuso un recuento de los
antecedentes e indicó que la obligación objeto de ejecución no cuenta actualmente
con turno de pago asignado, ya que la documentación requerida para el trámite
administrativo no ha sido presentada de manera completa ni en debida forma.

Que no existe vulneración actual de derechos, pues el levantamiento de las medidas
cautelares sobre determinados vehículos no comportó la pérdida del derecho de
crédito ni impidió el ejercicio de los mecanismos legales tendientes a obtener el
pago.

Que, lo realmente pretendido por el actor es reabrir una controversia procesal ya
decidida por el juez natural; que la controversia planteada carece de relevancia
constitucional; que no se encuentra acreditado el requisito de la subsidiariedad; que
no existe una irregularidad procesal con incidencia definitiva, pues se efectuó un
análisis de proporcionalidad, idoneidad y necesidad.

Que, no se configuró un defecto sustantivo, por cuanto los vehículos estaban
destinados a esquemas de protección de funcionarios públicos; que las entidades
ejecutadas son estatales permanentes que no presentan riesgo de insolvencia y
que ya existían medidas cautelares sobre cuentas bancarias que garantizaban el
resultado del proceso ejecutivo.

Que, no se presentó un defecto procedimental, pues el trámite surtido respetó
plenamente las garantías propias del debido proceso y lo que se evidencia es una
inconformidad del accionante frente a la interpretación jurídica y la valoración
efectuada por los jueces. Que, no existe un perjuicio material o constitucional y que
la obligación a cargo de las entidades condenadas no ha sido desconocida ni
extinguida y el proceso continúa su curso normal.

Que, se declare improcedente la acción de tutela y subsidiariamente se niegue el
amparo por no acreditarse los requisitos generales ni los defectos específicos
exigidos por la jurisprudencia constitucional.

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La Fiscalía General de la Nación guardó silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C-590 de
20052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU-
128 de 2021, se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:

«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada4.

3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Sentencia SU-074 de 2022.

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[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, [...]. Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela6.»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

Los accionantes consideran que el Juzgado Primero Administrativo de Girardot y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección tercera, Subsección B-
vulneraron los derechos invocados con ocasión de los autos del 25 de abril y 18 de
julio de 2025 y el auto del 14 de julio de 2026, proferidos dentro del proceso ejecutivo
con radicado 25307-33-33-001-2024-00017-00, por incurrir en los siguientes
defectos: (i) procedimental absoluto: el auto del 21 de febrero de 2025 era un auto
de cúmplase, no susceptible de recursos. (ii) sustantivo: no existe norma que
establezca que un bien fiscal se vuelve inembargable simplemente porque está
destinado a un esquema de seguridad y, además, se habrían desconocido los
artículos 597 y 600 del CGP. (iii) fáctico: cuando el Juzgado levantó las medidas no
existía prueba idónea sobre la destinación de los vehículos, sino que apareció una
certificación expedida por fuera de las oportunidades probatorias.

Se precisa que la providencia que será objeto de análisis por parte del juez
constitucional es la sentencia del 14 de julio de 2026, decisión definitiva sobre el
levantamiento de la medida que se discute.

La Sala observa que la acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia,
ya que: a) tiene relevancia constitucional, en la medida en que se alega la presunta
vulneración de los derechos fundamentales por incurrir en los defectos citados y los
accionantes argumentaron suficientemente la solicitud; b) los actores no cuentan
con otro medio de defensa para discutir lo aquí expuesto; c) se cumple con el
requisito de inmediatez, pues la acción se instauró el 31 de julio de 2026, esto es,
dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria del auto de fecha 14 de julio de
2026 y, d) la tutela no se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.

Superado entonces los requisitos de procedencia, corresponde determinar si se
configura alguno de los 3 defectos alegados.

5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-072 de 2018.

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Defecto procedimental absoluto

La parte actora sustentó este defecto bajo el entendimiento de que el auto del 21 de
febrero de 2025 era un auto de cúmplase, no susceptible de recursos y que las
entidades debieron controvertir oportunamente el auto que decretó el embargo, es
decir, el del 24 de octubre de 2024 por lo que, al admitir el recurso posterior, se
desconocieron los principios de preclusividad y debido proceso.

La Sala coincide, en principio, con la parte accionante, pues de la lectura del auto
en cuestión, se observa que el propósito del mismo es la materialización y ejecución
del embargo y secuestro de los bienes identificados en el auto del 25 de octubre de
2024.

En efecto, el auto objeto de análisis contiene unas disposiciones resolutivas
concretas, tales como: (i) requerir al apoderado de la parte demandante para indicar
y acreditar la fecha en la que aportó ciertos documentos (ii) requerir a ambos
apoderados para que alleguen las constancias de notificación de determinados
actos administrativos y (iii) requerir a la Secretaría de Movilidad de Bogotá para
registrar la medida de embargo y secuestro sobre los vehículos referenciados.

Se observa que, en ningún momento, dicha providencia analiza cuestiones de fondo
o se emerge como un auto de trámite que contiene una mera sustanciación. Es un
auto netamente operativo que no afecta los derechos de las partes, sino que
simplemente pretende darle vía al secuestro y embargo; dando órdenes como,
requerir para que se envíen las fechas y documentos y, se registre una medida ya
decretada. En consecuencia, constituye un verdadero auto de cúmplase y no era
susceptible de recursos.

No obstante, se halla razón en los argumentos de las accionadas, relativos a que
las medidas cautelares son provisionales y mutables y que, por tanto, el juez
conserva la facultad de verificar durante el proceso si siguen siendo necesarias y
proporcionales y, en consecuencia, puede modificarlas, sustituirlas o levantarlas.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que las medidas
cautelares se distinguen por el hecho de que, por medio de ellas, el ordenamiento
jurídico resguarda temporalmente, mientras se desarrolla el proceso, la integridad
de un derecho que se encuentra en controversia. Asimismo, aseguran que la
decisión tomada pueda ser efectivamente ejecutada.

El alto tribunal de lo constitucional ha establecido que, dada su finalidad, las
medidas cautelares se caracterizan por ser instrumentales, provisionales,
accesorias, preventivas y urgentes.

«La instrumentalidad radica en que constituyen un medio para alcanzar un fin,
lo que en el proceso judicial se refleja de forma clara, dado que con las medidas
cautelares se busca asegurar que una eventual sentencia favorable pueda

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cumplirse, y el derecho no sea solo reconocido formalmente, sino que consiga
ejercerse materialmente. El carácter provisional se deriva de que permanecen
vigentes mientras subsistan los supuestos de hecho o de derecho que
originaron su imposición. Además, porque “son susceptibles de modificarse o
suprimirse a voluntad del beneficiado con ellas o por el ofrecimiento de una
contragarantía por el sujeto afectado y, desde luego, cuando el derecho en
discusión no se materializa”. Asimismo, son generalmente accesorias porque
su imposición y vigencia dependen de la existencia de un proceso, “como ocurre
en los casos del proceso ejecutivo, o en materia penal con el embargo y
secuestro de los bienes del imputado”. Finalmente, de acuerdo con
circunstancias particulares, se caracterizan por ser preventivas y urgentes,
sobre todo porque, como se verá en seguida, están regidas por el principio
de periculum in mora, según el cual, no adoptarlas pronto podría aumentar el
riesgo de que se presenten daños irreversibles en el derecho pretendido y, en
esa medida, hacerlo oportunamente previene tal posibilidad»7

Y sobre los dos presupuestos esenciales para decretar una medida cautelar:

«La jurisprudencia constitucional ha considerado que deben darse dos
presupuestos esenciales para decretar una medida cautelar, a efectos de
asegurar su proporcionalidad y congruencia. El periculum in mora (o peligro en
la demora), “tiene que ver con el riesgo de que al no adoptarse la medida
cautelar sobrevenga un perjuicio o daño mayor del que se expone en la
demanda, que de gno precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo. Tiene
igualmente que ver con un temor fundado de que el derecho se frustre o sufra
menoscabo durante la sustanciación del proceso”. Y el fumus boni iuris (o
apariencia de buen derecho), que “aduce a un principio de veracidad en cuanto
a la afectación del derecho invocado como fundamento de la pretensión
principal».

Lo anterior conduce a la Sala a establecer la inexistencia de defecto procedimental
alguno, toda vez que, si bien el auto del 21 de febrero de 2025 no debió ser objeto
de recurso, una vez la autoridad judicial tuvo conocimiento de la destinación de los
vehículos no podía ignorar dicha circunstancia.

Por lo anterior, los jueces apreciaron el recurso como una solicitud de levantamiento
de medida y ejercieron un análisis de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad
de la medida para el levantamiento de la misma, lo cual es potestad del juez y se
da en principal forma por la provisionalidad de la medida.

Defecto sustantivo

El segundo defecto esbozado por la parte actora es el sustantivo, sustentado en
que no existe norma que establezca que un bien fiscal se vuelve inembargable
simplemente porque está destinado a un esquema de seguridad. Además, se

7
Corte Constitucional. Sentencia C-043-2021. M.P: Cristina Pardo Schlesinger.

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habrían desconocido los artículos 597 y 600 del CGP, relativos al levantamiento de
las cautelas y la caución.

El Tribunal no discutió la embargabilidad, sino que planteó una importante distinción
entre inembargabilidad del bien y falta de necesidad o proporcionalidad de mantener
la medida decretada.

El Juzgado y el Tribunal concluyeron que el mantenimiento de la cautela era
innecesario y desproporcionado por dos razones:

1. Varios vehículos estaban destinados a esquemas de seguridad de servidores
públicos.
2. Ya existía un embargo sobre cuentas bancarias de las entidades ejecutadas
hasta por $388.549.999, suma que se consideró suficiente para garantizar el
pago de la obligación.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se sumó a dicha lógica y respaldó
la decisión judicial de desembargo de las camionetas, pues estas cumplen
funciones de seguridad; no existe riesgo de insolvencia estatal y permanecen
vigentes otras cautelas suficientes.

Debe precisar la Sala que, los bienes fiscales no son inembargables y el hecho de
que determinados bienes estén destinados a la seguridad de funcionarios públicos
no los convierte, por ese solo hecho, en inembargables; pues la condición del bien
no muta por el hecho de su destinación. Además, los bienes inembargables están
expresamente señalados en la Constitución Política y en el artículo 594 del CGP.

Conforme a lo anterior, la Sala no encuentra acreditada la configuración de un
defecto sustantivo, pues las autoridades judiciales determinaron que no era
necesario ni proporcional mantener el embargo. Por tanto, no se advierte una
interpretación manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico ni un
desconocimiento de los artículos 597 y 600 del CGP que permita estructurar el
defecto alegado.

Defecto fáctico

La parte actora alegó un defecto fáctico, bajo el entendimiento de que cuando el
Juzgado levantó las medidas no existía prueba idónea de que los 14 vehículos
estuvieran destinados a esquemas de seguridad; que en apelación apareció una
certificación sobre solo 7 vehículos, aportada por fuera de las oportunidades
probatorias y sin contradicción. Que, pese a ello, el Tribunal levantó el embargo
respecto de las 14 camionetas.

La Sala no encuentra acreditada la existencia de ese defecto, pues si bien se
estableció que la certificación sobre la destinación de vehículos para esquema de
seguridad no se dio sobre la totalidad de las camionetas; lo cierto es que la razón

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del levantamiento de la medida obedeció, a un juicio riguroso de necesidad,
razonabilidad y proporcionalidad y no exclusivamente a la destinación de los
vehículos.

En consecuencia, se negarán las pretensiones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. NEGAR la tutela solicitada, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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